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SOCIEDAD CHILENA DE DERECHO AGRARIO

CRÓNICAS DEL SERVICIO


YERKO SIMUNOVIC ESTAY

con la colaboración de

OSVALDO FERREIRA URZÚA

Diciembre – 2010


INDICE

PÁGINA
PREFACIO 3
CAPITULO I

EL SERVICIO DURANTE LAS EXPROPIACIONES 4
CAPITULO II

LA REDUCCIÓN DEL SERVICIO Y EL RIGOR DE LA FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 9
CAPITULO III

EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL SERVICIO 19
CAPITULO IV

EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DOCTRINARIO DEL SERVICIO 28
CAPITULO V

LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO 41
EPÍLOGO 57

PREFACIO

El propósito de estas Crónicas es ofrecer al lector una relación objetiva e imparcial del devenir del Servicio desde julio de 1967 hasta Diciembre del 2010, en un lenguaje coloquial y sencillo, sin la solemnidad y precisión de una descarnada exposición histórica, sino con la calidez del relato de un testigo ocular que siente un entrañable afecto por el Servicio.

Narradas en primera persona, estas crónicas podrían parecer sólo un conjunto de anécdotas y, en realidad, tienen mucho de ello, pero con fines didácticos. Sinceramente creo que el método utilizado permite adquirir un conocimiento del Servicio en su conjunto, más certero que el aportado por libros, cursos y conferencias. Cada hecho narrado o situación descrita, muestra alguna interesante faceta de la Institución o de sus funcionarios, que son quienes la componen.

No debe esperarse encontrar en estas modestas crónicas mayor información histórica sobre el Servicio, incluso respecto de materias muy relevantes que, por lo mismo, son de sobra conocidas, sino más bien, un relato que nos permite conocer mejor la Institución, traer al presente, lo que ha sido, para discernir lo posible que presente lo advenidero.

Espero que el lector se entretenga leyendo estas crónicas, tanto como yo me he entretenido escribiéndolas, con la ayuda de algunos amigos, a quienes agradezco su buena voluntad, la que agradeceré también al lector amigo.


CAPÍTULO PRIMERO
EL SERVICIO DURANTE LAS EXPROPIACIONES

En julio de 1967 ... fui investido del título de abogado aunque mantuve el estatus de oficial administrativo de bajo grado, que había adquirido seis años antes al ingresar como detective a la Policía de Investigaciones siendo estudiante de Derecho. En 1964, cuando me incorporé a la Subsecretaría de Agricultura, ya era Egresado de Derecho, lo que no tenía relevancia alguna en el orden administrativo. Nada de esto es de extrañar, puesto que conocí a varios destacados profesionales del agro, que ingresaron al Servicio como obreros a jornal en la Quinta Normal de Agricultura. Las imposiciones se las colocaban con estampillas (especies valoradas) en la libreta verde del Seguro Social, personal e intransferible.

Después de titularme y durante un buen tiempo, mis remuneraciones fueron fluctuantes: la mayoría, de oficial administrativo y algunas, de profesional, gracias a las benditas suplencias, lo que me sirvió muchísimo para templar el carácter.

Pero en realidad, lo destacable de julio de 1967, fue que la ley transformó el ente fiscal dependiente del Ministerio de Agricultura, denominado Dirección de Agricultura y Pesca, en un órgano descentralizado, llamado Servicio Agrícola y Ganadero, que se relaciona con el Gobierno, por medio de dicho Ministerio.

De este Servicio nos ocuparemos en estas “Crónicas”, dejando, de partida en claro que todo el personal, los bienes y las funciones de la “DIAP”, pasaron al “SAG” y todos siguieron haciendo lo mismo, donde mismo, “mutatis mutandi”, por cierto. Así, don Emiliano Ortega, Director General de la “DIAP” y don Martín Olmedo, Asesor Jurídico de la misma, pasaron a denominarse “Director Ejecutivo” y “Fiscal”, respectivamente, del “SAG”. El Servicio no fue creado en 1967, sino transformado. Existía desde 1925 y originalmente se denominó “Dirección Jeneral de Agricultura”.

La transformación fue iniciativa del Ministro don Hugo Trivelli, quien habíase desempeñado como Director General de la “DIAP”, bajo la Presidencia de don Carlos Ibáñez, en tal condición suscribió los Convenios de Agricultura, que junto con los de Obras Públicas y Salud, constituyeron lo que se conoció como “Plan Chillán” en que desempeñó un rol relevante don Tomás Lermanda Celis, como “Jefe del proyecto Suelos” y luego como primer Director de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Concepción con sede en Chillán.

Don Hugo, Ingeniero Agrónomo, Egresado de Derecho y Profesor de Economía Agraria, estimó que el órgano de autoridad del Estado en materia agraria debía seguir el modelo del Servicio Nacional de Salud, que había sustituido recientemente a las HH Juntas de Beneficencia y que entregaba al Director General todas las atribuciones, incluidas las de organizar la institución y delegar en los jefes de los órganos respectivos las funciones correspondientes. Es decir, un órgano descentralizado, no fiscal y sin trabas burocráticas para actuar eficazmente.

Gracias a la oportuna intervención, que yo no solicité, de don Hugo Trivelli Franzolini y del profesor don Francisco Hoyos Henrinson, logré recibirme el 3 de julio de 1967.

Durante los diez años que permanecí en la Subsecretaría de Agricultura, conocí a muchas personas interesantes. Sólo recordaré aquí, a las que luego actuaron en el Servicio. De partida, a mi primer jefe, don Ricardo Roldán Alvarado, egresado de Derecho, Periodista, ex funcionario del Servicio de Prisiones, amplia cultura, facilidad de palabra verbal y escrita, llegó a desempeñarse como Secretario General del Servicio y de su pluma surgieron excelentes discursos de más de un Director Ejecutivo o Gerente General. Finalizó su carrera a cargo de los archivos de la Reforma Agraria. Falleció algunos años después de jubilar. Un grupo de amigos asistimos a su funeral. En nombre de la Asociación de Funcionarios, que yo presidía, lo despedí con un sentido y afectuoso discurso.

Dos oficiales administrativos estaban a cargo de la oficina del Personal de la Subsecretaría. Cuando el Servicio se descentralizó en 1967, el trabajo de la oficina se redujo al mínimo, por lo que uno de aquellos, don Rodolfo Faúndez, quedó a cargo de Inventarios. Tiempo después, renunció a la Subsecretaría y se incorporó al Servicio, donde siguió con el control de inventarios hasta su jubilación. Lo notable es que, diez años después de tal “evento”, fue reincorporado para continuar con el control de inventarios. ¡No se que pasaría en el ínter tanto!

Dos entrañables amigos adquirí en la Subsecretaría: Don Luis Valdés Varas y don Sergio Valenzuela Álvarez. Si mal no recuerdo, se ocupaban de los asuntos del “CONFIN”.

Años después, recordarían que cada vez que concurrían a la Subsecretaría yo les prestaba una atención rápida, amable y eficaz y ... me quejaba de dolor de cabeza Don Sergio había ingresado al Servicio de Impuestos Internos en tiempos del Presidente, don Emiliano Figueroa. Cuando era estudiante de Derecho, lo invitaron a jugar ajedrez con el Presidente, don Arturo Alessandri y cometió el error de ganarle la partida. No volvieron a invitarlo. Además del Derecho y el ajedrez, estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes. A la Subsecretaría concurrían los Jefes de Departamento, de los que recuerdo con afecto, al Dr. Lautaro Gómez y al ingeniero don Guillermo Nunhauser.

Una de las primeras preocupaciones del Servicio ya descentralizado fue la de adquirir un edificio como sede central. A tal efecto, se compró el inmueble de Avenida Bulnes 140, que en su primer piso tenía locales comerciales, tanto por Avenida Bulnes, como por calle Gálvez, hoy Zenteno. Del segundo al octavo piso era habitacional, con cuatro departamentos por piso. A medida que se desocupaban los departamentos y locales, se trasladaban determinadas dependencias del Servicio, de aquellas que habían funcionado hasta entonces en calle Teatinos Nº 40, otras siguieron funcionando en la Quinta Normal de Agricultura, como los Departamentos de Sanidad Animal, Vegetal y sus laboratorios.

Aquí es menester puntualizar que la Ley Nº 16.640 de 28 de julio de 1967 sobre Reforma Agraria que transformó la “DIAP” en el “SAG”, facultó además al Presidente de la República, para legislar sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres y fue así como se dictaron los DFL 1 de 1967 y 8 de 1968 y finalmente la Ley Nº 17.105 en 1969, traspasando al Servicio Agrícola y Ganadero, la fiscalización de la producción y comercio de las bebidas alcohólicas, que desde 1929 efectuaba el Servicio de Impuestos Internos. El Departamento de Alcoholes y Viñas, se instaló en un palacete de la Quinta Normal de Agricultura en que había funcionado el antiguo “Departamento de Vitivinicultura y Enología de la Universidad de Chile”. El traspaso de funciones, incluyó a profesionales y laboratorios. No es exacto, por tanto, afirman que el Servicio ya descentralizado siguió haciendo lo mismo: “Casi lo mismo”, sería mas propio, ya que se le agregó de partida, lo de Alcoholes y Viñas. El Servicio comenzó en terreno a levantar los catastros de viñas en regiones, actualizando la superficie plantada.

Durante sus primeros siete años le tocó al Servicio navegar por aguas turbulentas, en un ambiente agrario manifiestamente convulsionado. A mediados de 1974, fui enviado en comisión, a la División de Alcoholes, pudiendo observar que, a pesar de todo, el Servicio había logrado una organización y funcionamiento aceptables. Se había construido en la terraza del edificio de Avenida Bulnes 140, un noveno piso, para el funcionamiento del casino, que contaba con 2 grandes comedores para el personal y uno pequeño, para el cuerpo Directivo. Desde el comienzo fue una dependencia del Servicio, bajo su directa administración lo que lo convierte en el más antiguo de los casinos de los servicios públicos con tales características.

De esencial relevancia fue el sistema de telecomunicaciones por radio, que era uno de los más importantes entre los servicios públicos y que funcionaba básicamente por medio de radiogramas. Hasta 1992 estuvo a cargo de don Francisco Feliú Torres, comandante (R) del Ejército del área de telecomunicaciones, a quien sucedió doña Jovita López, desempeñándose en tal calidad hasta octubre de 1999, en que se disolvió el Departamento de Telecomunicaciones y se traspasaron los equipos a las Direcciones Regionales, quedando bajo su dependencia y responsabilidad directa.

El Departamento de Telecomunicaciones colaboraba con la Oficina Nacional de Emergencias y con el Servicio de Sismología y en el nivel interno con la Oficina de Meteorología y con el Programa de Estimulación de Precipitaciones en que se desempeñó el ingeniero agrónomo don Oscar Badilla, quien falleció en un trágico accidente aéreo, en actos de servicio. En la época de don Francisco Feliú, el servicio de radio mostró su alto grado de eficacia en la campaña para erradicar el último brote de fiebre aftosa y otro tanto ocurrió con motivo del foco de la mosca de la fruta en Til-Til durante la jefatura de doña Jovita López. Es más, en el sismo de febrero de 2010, los equipos de radiotransmisores del Servicio resultaron de gran utilidad ya que no funcionaron los restantes sistemas de comunicación. La radio no sólo es compatible con toda clase de sistemas, sino que en ocasiones es insustituible.

Cuando me desempeñaba en la Subsecretaría colaboré con don Martín Olmedo en la reorganización del Servicio de Bienestar que, a la sazón, sólo otorgaba créditos. A poco andar, se instaló en el primer piso del edificio de Teatinos Nº 40 un consultorio dental, con modernos equipos, en que atendía el Dr. Phillips. El Bienestar fue ampliándose hasta contar con un edificio propio, otorgando toda suerte de beneficios. Actualmente mantiene un convenio con una cadena de farmacias que permite despachar las recetas con una fuerte bonificación y un contrato de seguro de salud para los socios que reduce sustancialmente los costos de atención médica y hospitalaria; administra, en fin, los recintos de vacaciones que antes dependían de la División de Bienes y Servicios y que fueron construidas por los arquitectos del Departamento de Obras del Servicio y con maderas de su propiedad. Resulta interesante anotar que el recinto de las cabañas de Pelancura estaba dividido por la línea férrea que unía Santiago con Cartagena, de modo tal, que la parte delantera era y sigue siendo un sitio eriazo. El cerco y la puerta de entrada estaban al otro lado de la línea, por lo que no se podía ingresar en vehículo. Este se estacionaba afuera y el cuidador transportaba las maletas en una carretilla de mano hasta la cabaña correspondiente. Nunca se hizo algo para subsanar la anomalía, hasta que Ferrocarriles eliminó la línea y levantó los rieles. El cerco y la puerta quedaron donde mismo y se mantiene la estrechez de la abertura en la cuneta. Las cabañas podrían tener vista al mar, pero entre este y aquellas, se levanta una gruesa cortina de añosos pinos.



CAPÍTULO SEGUNDO
LA REDUCCIÓN DEL SERVICIO Y EL RIGOR DE LA FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

Cuando en julio de 1974, me enviaron en comisión al Servicio, fui destinado a la División de Alcoholes, por el querido colega don Francisco Cuevas Velasco, quien ha sido el único abogado de carrera, que ocupara el cargo de Fiscal Titular. El Director de la División era don Eugenio Swett Claro y el Jefe de Jurídica, don Sergio Valenzuela Álvarez. El Departamento lo formaban además, los abogados don Eugenio González Soulat y don Alberto Caro Gebert y los enólogos asesores don Ignacio Gardiazábal y don José María Esnaola, actuario era el gracioso “Pitín Olavaria” y las secretarias Laurita Cuadra y su prima. Don Arturo Ponce de León Llona se desempeñaba como jefe administrativo. Nos reuníamos al almuerzo con el recordado Ingeniero Químico don José Aguilera y el Ingeniero Agrónomo, don Javier Agliatti. Don José Vicente Sarría gozaba de gran prestigio y don Hipólito Vial “Polito” era un personaje clave ya que estaba a cargo de la bodega de vinos y licores.

Con don José María cantábamos gregoriano y también canciones picarescas. Él me enseñó todo lo necesario para entender las normas de la ley de alcoholes y de su reglamento, plagadas de conceptos técnicos. Yo le pedí que me enseñara, a diferencia, según me dijo varias veces, de la mayoría de los abogados que habían llegado a la División en los dos gobiernos anteriores, y para quienes una ley de setenta artículos era “pan comido”.

Se trataba de un grupo humano de cualidades excepcionales, en que a la idoneidad y eficiencia funcionaria, se unían la cultura, amabilidad y sentido del humor. Desempeñaba cada una de sus labores con la mayor seriedad y el trato interpersonal, era del todo jovial. Ciertamente debía influir en ello, el tener, siempre a mano un vaso de buen vino.

Don Ignacio era un “Enólogo de Exportación”, aunque en realidad, había sido “importado” desde España. Don Arturo Ponce de León podía contar a su respecto una infinidad de jocosas anécdotas. A tanto llegó su afecto por don Ignacio, que en una ocasión en que manifestó su admiración por la espada de oficial de la Fuerza Aérea, don Arturo se la regaló para que la conservara en el salón de su casa.

Don Sergio tenía entre otras muchas virtudes, la de ser un señor exquisitamente considerado. Jamás hacía o decía algo que pudiera causar al prójimo la más mínima molestia y además, siempre disponía de la frase oportuna para que uno se sintiera grato.

En el despacho de don Sergio había un kardex, cuyas cuatro gavetas estaban repletas de expedientes sin resolver, heredados del período del Presidente Allende, en que el Departamento Jurídico había llegado a contar con una decena de abogados a lo menos, los que se retiraron después de 11 de septiembre de 1973, salvo don Sergio Valenzuela y don Eugenio González. Así estaban las cosas, cuando en marzo de 1974 fue contratado don Alberto Caro y luego en julio, llegué en comisión de servicios. Cuando me enteré del “problema del kardex”, les pedí que me separaran los expedientes con la infracción más frecuente. Eran los vinos falsificados. Me dieron la información requerida, confeccioné un formulario, le hice sacar las copias necesarias a roneo (mimeógrafo) y en poco más de una quincena había resuelto un centenar de procesos. Seguí con “aguardientes clandestinos” y al cabo de tres meses aproximadamente, sólo quedaban una docena de expedientes sobre casos especialmente complejos. Don Sergio diría después que cuando llegué al Departamento, me había sacado la chaqueta, arremangado la camisa y tomado la pala y, sin remilgos de ninguna especie, me había puesto a palear hasta sacar el trabajo acumulado de tres años. A esas fechas, mi cargo titular era el de Asesor Jurídico del Ministerio.

Es este un lugar adecuado para formular las siguientes observaciones. La División de Alcoholes funcionaba, desde su creación, con todas las características de un Servicio dentro de otro Servicio. En efecto, contaba con unos cien funcionarios, de lo cuáles, la mitad al menos, eran inspectores, con una flota de vehículos en que dichos inspectores recorrían la zona y los jefes recorrían el país supervisando la labor de los inspectores y laboratorios de alcoholes zonales. Aislado del laboratorio central estaba el de “tercer análisis” o definitivo, atendido por un químico que no se dejaba ver y a quien se llevaba muestras de vino y licores de toda la zona. El Departamento Jurídico resolvía los procesos sancionatorios de la zona y preparaba la resolución de los recursos al Director Ejecutivo de todo el país. “Alcoholes era en suma, un asunto aparte del Servicio”.

A posteriori llegué a entender el fenómeno. Cuando el legislador traspasó la fiscalización de Viñas y Vinos del Servicio de Impuestos Internos al Servicio Agrícola y Ganadero, este no contaba con una doctrina institucional, es decir, no se había realizado ningún estudio científico-jurídico del Servicio y de las normas correspondientes. De este modo no se advertía cuál era la relación o vínculo entre la fiscalización de la producción y comercio de bebidas alcohólicas, por una parte y por otra, las demás funciones que cumplía el Servicio. Ha de tenerse presente, al respecto, que en los principales países, vitivinícolas europeos, existen y existían servicios públicos especiales encargados de la materia, incluso Francia cuenta con una universidad del Vino, cuya sede es el Chateaux de Suze-La-Rousse.

Además se consideraba el conjunto de normas legales y reglamentarias pertinentes, como una especie de “estatuto” del gremio vitivinícola y licorero y, a la División, como el órgano encargado de velar por su cumplimiento. De aquí la opinión de “expulsar del gremio” al infractor contumaz mediante la clausura definitiva, lo que según algunos, debía llevar aparejada la inhabilitación perpetua para reincorporarse.

Previa renuncia a mi cargo titular en la Subsecretaría, fui incorporado a la planta profesional del Servicio, gracias a mis distinguidos colegas don José Francisco Cuevas Velasco y don Sergio Valenzuela Álvarez, a contar del 1° de Enero de 1975.

Un fenómeno sin duda relevante ocurrido en dicho año, fue la puesta en práctica de la política de reducción del tamaño de la Administración Pública. A este respecto es necesario puntualizar que, después del 11 de Septiembre de 1973, parte del personal no regresó al Servicio. Luego se declaró “interinos” todos los cargos, lo que produjo una nueva reducción del personal, más adelante, se estableció un incentivo para los retiros voluntarios y, finalmente, se aplicó el sistema de “listas de eliminación” con lo que se redujo de cinco mil personas a menos de mil, la dotación del Servicio. Junto con los funcionarios se eliminó los grados que ocupaban en las diferentes plantas, las que adquirieron un carácter residual, permaneciendo completamente deformadas, por casi veinte años, lo que impidió hasta la sombra de una carrera funcionaria. Muchos de los que permanecieron en el Servicio después de las listas de eliminaciones, no recibieron nunca ni un mísero ascenso.

A mediados del 75, un grupo de funcionarios fuimos comisionados a la Corporación de Reforma Agraria, donde se había organizado un sistema para parcelar el mayor numero de predios expropiados, en el menor tiempo posible. Me asignaron a la Unidad Jurídica a cargo del colega don Mauricio Domínguez Jara, que dependía, de la Subdivisión de Asignación de Tierras, que contaba también con una Unidad Técnica. En la Unidad Jurídica trabajaban una docena de abogados, los que se ocupaban en preparar los títulos de asignación a los parceleros y el informe jurídico de la expropiación de los predios respectivos. Todo esto, se hacía con formularios y “en cadena”. Había un pool de dactilógrafas que mecanografiaban el documento final. Cada uno de los abogados de la Unidad ejecutaba su trabajo por separado. Periódicamente se decidía efectuar la ceremonia de entrega de títulos en algún lugar determinado, sin que se supiera hasta el final, los predios que formarían cada proyecto de parcelación, de modo tal, que era frecuente que, en los días previos, los abogados se amanecieran trabajando en la oficina. Esto me indujo a organizar un pequeño equipo con don Osvaldo Labarca y don Álvaro Silva. Éste, con su simpatía personal, se encargaba con éxito de obtener de las funcionarias de archivos, las carpetas de los predios. Don Osvaldo, meticulosamente ordenado, realizaba el trabajo propiamente intelectual y yo me encargaba de la rutina de transcribir los deslindes de los predios. Cómo éstos se incluían tanto en los títulos de adjudicación, cuánto en el informe jurídico de propiedad de los mismos, recurrí al simple expediente de copiar los deslindes con papel calco. Cuando se anunciaba entrega de títulos, don Osvaldo, Alvarito y yo nos limitábamos a “corchetear papeles” previamente preparados y revisados. Nunca nos quedamos en la oficina después de la hora.

Aún cuando los tiempos que corrían eran un tanto tensos y el porvenir funcionario, ligeramente incierto, guardamos del período de comisión en la CORA, un grato recuerdo, no obstante el carácter rutinario del trabajo. Las excepcionales cualidades personales y profesionales del Jefe don Mauricio Domínguez Jara fueron, al respecto, determinantes. El no se hacía problemas ni se los creaba a los demás. Hacíamos el trabajo con seriedad, pero en un ambiente jocoso, sin que existiera programa alguno de “Clima Laboral”.

Concluido el cometido funcionario en la “CORA”, comprobamos que había continuado la política de reducir el tamaño de los Servicios Públicos. El palacete de la Quinta Normal de Agricultura, en que funcionaba “Alcoholes” fue entregado al Servicio Nacional de Salud, el que lo restauró. No amenazaba ruina, como se suponía. Las funciones de “Alcoholes”, se integraron plenamente al Servicio, las inspectivas y sancionatorias pasaron a las Direcciones Regionales. Los laboratorios y el resto de la División fue instalada en el inmueble de calle Padre Alonso de Ovalle. Ahí trabajaban don Eugenio Swett, don Javier Agliatti, don Ignacio Gardiazabal, don José Aguilera y los colegas Sergio Valenzuela y Eugenio González. Don Alberto Caro se había presentado a un concurso especial para funcionarios públicos, convocado por Relaciones Exteriores y quedó seleccionado, por lo que, de acuerdo con las normas pertinentes, se fue en comisión a dicho Ministerio, y a los seis meses fue incorporado a la planta, desempeñándose por varios decenios en el Servicio Consular. Don Arturo Ponce de León Llona pasó a desempeñarse como jefe de Movilización y posteriormente como Director de Bienes y Servicios.

Los bienes del Servicio, como ocurrió con el personal, habían sido objeto de una drástica reducción mediante sucesivas subastas públicas, organizadas por la Comisión Liquidadora de Bienes. Se liquidó toda suerte de herramientas e instrumentos (taquímetros y niveles), talleres, equipos, instalaciones, maquinaria pesada, medios de transporte, pudiendo afirmarse que sólo se conservó parte de las oficinas, algunas camionetas, el sistema de radio y las cabañas de descanso.

El Servicio poseía bienes que habían sido muy útiles, así por vía de ejemplo, las pisciculturas en que se producían alevines para repoblar ríos y lagos. En algunos de éstos, hasta hoy se pesca salmones, producto del repoblamiento hecho por el Servicio. Sólo conocí la piscicultura de Curicó, por mera casualidad, cuando me desempeñaba en la Subsecretaría en 1965 o 1966. Acompañé a don Martín Olmedo en un cometido funcionario, para participar en la inauguración de la Feria Ganadera de Angol y el vehículo en que viajábamos, conducido por Ignacio Ponce, sólo alcanzó a llegar a Curicó. El agrónomo jefe provincial nos atendió muy amablemente mientras esperábamos que llegara el vehículo de relevo y entre otras cosas, nos llevó a conocer la piscicultura y nos describió su funcionamiento. Algo realmente valioso. En un coche flamante, conducido por don Manuel Moreno, partimos luego de algunas horas, a toda velocidad hacia Angol. A don Martín se le ocurrió preguntarle ¿No podríamos ir más despacio? A lo que don Manuel respondió ¡Si quiere maneja Ud.! De ahí no dijimos “ni pío” hasta Angol.

A propósito de maquinaria pesada, en una ocasión, el Servicio fue demandado de indemnización de perjuicios por la Empresa Nacional de Petróleos, ya que una de nuestras palas mecánicas, habría roto el oleoducto en la cuesta del antiguo camino a Valparaíso. Como abogado del Servicio, pedí que se dispusiera un peritaje y propuse al prestigioso Ingeniero Civil de la Corporación de Fomento, don Mario Barriga, quien fue aceptado por “ENAP”. En su informe pericial, el Sr. Barriga demostró que el oleoducto tenía un sistema automático para detener el flujo de combustible en caso de una fuga y por lo tanto, no pudo haber pérdida de petróleo y si la hubo, sería imputable a negligencia de los encargados del manejo y mantenimiento del oleoducto. Así ganamos el juicio, pero al perito nunca le pagaron los honorarios. Otro tanto me ocurrió con un Procurador del Numero de la Corte, lo que me llevó a la conclusión, que defender al Servicio “no era lo mío”.

Después de la drástica reducción del personal y de los bienes se reestructuró la organización del Servicio, fucionando en unos pocos, los diversos Departamentos que comprendía en 1974, tales como el Departamento de Suelos, cuyo jefe era el Ingeniero Agrónomo don Guillermo Nunhauser, el Departamento Forestal, el de Pesca y Caza, el de Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, Semillas, Alcoholes y otros.

Según organigrama de febrero de 1976, todas las dependencias de protección, quedaron agrupadas en las Divisiones de Protección Agrícola, Pecuaria y de Recursos Naturales Renovables, a lo que se agregaba la de Protección Pesquera que en 1978, pasó al Ministerio de Economía, como Servicio Nacional de Pesca. Se contemplaba además, las dependencias de Extensión Agrícola, encargada de elevar el nivel de vida de la familia campesina, que mantenía incluso, programas radiales. Se ocupaban de la organización rural, administración, créditos, producción animal, frutales, viñas, cereales, cultivos, hortalizas, otorgando asistencia técnica y crediticia.

A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en que más de treinta funcionarios directivos se reportan directamente al Director Nacional, el Servicio tenía una estructura jerarquizada. Del Director Ejecutivo dependían, la Fiscalía, la Secretaría General, la Inspectoría y la Gerencia General y, de esta última, la Gerencia de Protección, la Gerencia de Extensión y la Gerencia Administrativa. En la Fiscalía, seguía al Fiscal el Abogado Jefe y seis unidades, a saber: Administrativa a cargo de doña Marta Larraín, quien se había desempeñado en la “DIAP”, como Jefe Administrativo; la Operacional a cargo de don Fernando Ureta, la Financiera, la de Sumarios, la Judicial y de Leyes de Control, aludiendo con este nombre al control jurídico de las actividades de protección, básicamente, las labores normativas y sancionatorias. En esta unidad me encontré con un “ramillete” de colegas, Beatriz Lüher, Carmen Benavente y Rebeca Bascuñán y también con don Mario Rinsche, quien se desempeñaba como Secretario del Consejo y con don Miguel Angel Román, que había sido abogado del Bienestar.

Durante este período, se impuso una política inflexible de fiscalización y sanciones, especialmente en materia de pesca y caza, de alcoholes y de protección de la flora nativa. Abundaron los procesos en contra de los licoristas por sobrepasar el límite de metanol, calificando el producto como tóxico aún cuando el exceso de metílico fuera ínfimo. A los restaurantes que ofrecían especies en veda, le caían copiosas multas. Un muchacho campesino “sorprendido” en un camino rural con dos truchas salmonadas, podía pasar un buen tiempo en la cárcel, por vía de sustitución de la multa en sueldos vitales. No faltaba el pasajero que viajaba a Santiago y que era bajado del bus a media noche y perdía el pasaje, la garrafa con aguardiente y en algunos casos, la salud por infringir la ley de alcoholes.

La rigurosa actitud llevó a más de algún licorista al cierre de la industria, lo que se contrapone al propósito del Servicio, cuál es, proteger el normal desarrollo de la producción agraria, ejerciendo las potestades inherentes a toda autoridad: ordenar, vigilar que se mantenga el orden y corregir los desórdenes, corregir para que el infractor se enmiende y no sacarlo del comercio humano y, en ningún caso llevarlo a la quiebra, por eso el monto de la multa debe regularse prudencialmente, de acuerdo con las facultades económicas del infractor.

La política, tantas veces citada, de reducir el tamaño de la Administración Pública, perduró en el Servicio, como una política de disminuir el tamaño del… Servicio, ya que se limitó, salvo en cuanto a la “Extensión” a traspasar a otros órganos públicos, determinadas funciones, con el personal y los bienes respectivos.

En lo que atañe a la “Extensión” se suprimió la Gerencia respectiva y, con ella, sus dependencias centrales y territoriales, incluidas las sectoriales en que se desarrollaba directamente la “Extensión” , cuyo propósito, como ya se ha dicho, es la de elevar el nivel de vida de la familia campesina, lo que incluye capacitación, educación, higiene, y demás pertinentes, todo ello de gran importancia, pero que le corresponde más bien, al Instituto encargado de dar asistencia técnica, crediticia y promocional a los pequeños agricultores. Fue así como en el organigrama de la Gerencia General, quedaron dependiendo la Gerencia de Protección y la Administrativa.

De la Gerencia de Protección, se segregó en 1978, la División de Protección Pesquera, cuyas funciones, personal y bienes, pasaron al Ministerio de Economía, formando el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA). A este respecto, cabe observar que la pesca y caza marítima no es algo que incida en el desarrollo de la producción agraria y, por lo tanto, es razonable que constituya un órgano público aparte. Sin embargo, es una función inherente del Servicio, la protección de los recursos naturales, flora, fauna, suelos y aguas, estas últimas son las fluviales y lacustres y su protección abarca, por naturaleza, la flora y fauna de ríos y lagos. De esta manera, debió traspasarse al nuevo Servicio de Pesca, la pesca y caza marítima y conservar la pesca y caza fluvial y lacustre.

Con todo, la segregación de la Pesca, permitió circunscribir la función principal e inherente al Servicio, cuál es “proteger el normal desarrollo de la producción agraria”. En efecto, de acuerdo con la doctrina institucional, que dicho sea de paso, nunca se ha hecho oficial de un modo expreso, los entes protegidos son: los recursos naturales renovables, flora, fauna, suelos y aguas, en los que se sustenta la producción, los bienes que se producen, vegetales y animales, y, el ente productor, en relación con el comercio de ciertos insumos y productos.

A este respecto, es indispensable mencionar el traspaso a la Corporación Nacional Forestal, persona jurídica de derecho privado, de la administración de los Parques Nacionales, que son áreas de propiedad estatal, en que se otorga a los recursos flora, fauna, suelos y aguas una protección absoluta, es decir, en que se prohibe toda suerte de explotación y sólo se permite el acceso de visitas para que disfruten de la belleza de la naturaleza bajo la vigilancia de la autoridad. Sin duda, el Servicio es un órgano de autoridad del Estado y como tal, posee la potestad de ordenar, vigilar que se mantenga el orden y corregir los desórdenes, por lo que no se entiende porqué el Servicio renunció a su potestad de autoridad respecto de los Parques Nacionales, siéndole inherente, la protección de los recursos naturales respectivos.

Los hechos narrados precedentemente, y las reflexiones que los acompañan, no tienen otro propósito que el de esclarecer, en lo posible, la idea directriz del Servicio, lo que éste es en realidad. Toda Institución Pública tiene unas funciones que le son inherentes y que se describen en sus estatutos orgánicos, a lo que se agrega la frase “Y las demás funciones que le encomienden la leyes”. Esto obedece a un principio de economía administrativa: Cada vez que se hace necesario una nueva función, no se crea un nuevo órgano, sino que se le asigna al órgano público que resulte más adecuado. Por otra parte, todo Servicio Público tiene una función principal y otras accesorias, son de esta clase las relativas a la administración del personal, de los bienes, de las finanzas, la programación, la capacitación y otras semejantes. En una adecuada definición del Servicio, se comprenden las funciones principales y las inherentes y no se consideran las accesorias ni las “demás que le encomienden las leyes”

Lo más relevante de éstas últimas funciones es la de llevar el Registro de las Obtenciones Vegetales. El Derecho de Propiedad Intelectual sobre una nueva variedad se constituye mediante su inscripción en dicho Registro. Se trata de normas jurídicas que forman parte del Derecho Privado y no del Derecho Público como ocurre en las funciones principales e inherentes del Servicio. Esto es necesario aclararlo ya que el propio legislador, al promulgar la nueva Ley de Semillas en 1977, incurrió en el error de mezclar en un solo texto, las normas sobre producción y comercio de semillas, con las del Registro de Variedades.

Como hemos señalado, la protección del ente productor, se efectúa sometiendo determinados insumos y productos a sistemas de clasificación y tipificación, a fin de evitar, en el caso de los insumos, el engaño al productor y, en el caso de los productos, la competencia desleal en su comercio. Las semillas son al mismo tiempo, el principal insumo de la agricultura y un importante rubro de producción. El órgano competente para resolver todo lo referente a los registros de variedades no es el Servicio, sino un Comité Calificador de Variedades formado por especialistas, designados por el Ministro de Agricultura, los que en más de una oportunidad fueron confundidos por el lenguaje de las normas.

Se puede decir que, al finalizar la década de los setenta, el Servicio había logrado una organización adecuada, pudiendo mencionar al respecto, que, para reordenar la confusa situación creada por las masivas reducciones de personal, se designó Jefe del Personal al colega don Francisco Aluanlli, lo que permitió, en un breve lapso, contar con una clara y confiable información. También sirvieron para mejorar los procedimientos administrativos, una serie de luctuosos sucesos acaecidos en la segunda mitad de los años setenta, que comenzó con la falsificación de vales de bencina, siguió con la falsificación de planillas de viáticos y culminó con la falsificación de cheques de la cuenta corriente en el Banco del Estado, perpetrada por una banda de estafadores que contaron con la complicidad de un funcionario de la Tesorería del Servicio. El Tesorero era nuestro recordado amigo don Luis Valdés Varas, quien al revisar el estado diario, advirtió que aparecían cobrados dos cheques con el mismo numero de serie. El examen completo de la cuenta estableció que una gran cantidad de cheques estaban duplicados. Cuando me entrevisté con el Fiscal del Banco, éste me demostró que los cheques falsos eran idénticos a los verdaderos. Don Luis tenía parkinson y su firma era ligeramente temblorosa, la que se imitó con una destreza admirable. Los facinerosos utilizaron para imprimir el membrete del banco, la matriz del membrete del Club Deportivo del Banco del Estado de Chile.

Al descubrir las falsificaciones se empezó a estampar en los cheques el Escudo Nacional. En la segunda tanda, los cheques falsificados aparecieron con el sello, el que había sido confeccionado con una moneda de cien pesos.

A comienzos de 1976, cumplido el cometido funcionario en la CORA, me reincorporé al Servicio, en la Fiscalía, que funcionaba en el 7° Piso de Avda. Bulnes N° 140. Me tocó compartir oficina con el colega don Jorge Cavieses Grez, quien había ingresado al Servicio recientemente y que al verme entrar con cabellos y barba negra, anteojos de gruesos marcos negros, abrigo y maletín del mismo color, pensó para sus adentros “este no puede ser cristiano”, idea que desechó cuando a media tarde, mientras terminaba de sacar el despacho diario, me puse a “canturrear” el “Lauda Sion Salvatorem”.

Miles de funcionarios eliminados del Servicio habían interpuesto otras tantas demandas para obtener la “doble indemnización”. Los escritos de contestación seguían una fórmula estandarizada y los juicios terminaban acogiendo las demandas y ordenando el pago. Sin mayor información nos encargaron a don Jorge y a mi, una de las últimas demandas. Estudiamos el asunto, y como el demandante alegaba tener un “derecho adquirido” opusimos la excepción de prescripción y ¡oh cielos! ganamos el juicio.

Luego empezaron a caer sobre el Servicio las demandas de técnicos y prácticos agrícolas, que exigían la asignación profesional, representados por diversos bufetes, que atendían a distintos grupos de demandantes. Las contestaciones a las demandas, se limitaban a transcribir un dictamen de la Contraloría, cosa que yo, por entonces ignoraba. Me encargaron la defensa en un juicio, patrocinado por el distinguidísimo colega don Antonio Cavieses, quien trabajaba con el colega Rosselot. La demanda muy bien fundada, tendría unas tres o cuatro páginas. Me puse a la tarea de rebatir punto por punto de la misma, con una lógica rigurosa, lo que dio por resultado, un escrito de diez páginas. El sorprendido don Antonio replicó con uno de doce y mi dúplica pasó de las doce. Un día, el adusto ministro Echavarría, le formuló a don Antonio, este elogio: “Este juicio fue debatido en un alto nivel jurídico”.



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