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Y vista: La presente causa n° 320


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Poder Judicial de la Nación



///nos Aires, 26 de Mayo 2.011.
Y VISTA:
La presente causa n° 1.320 del registro de Secretaría de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por los señores Jueces Oscar Alberto Hergott, Martín E. Vázquez Acuña y Luis R. J. Salas, presidido por el primero de los nombrados, seguida contra Carlos Alberto LARROSA CHIAZZARO –apodado “Carlitos” o “Caito”, de nacionalidad argentina, D.N.I. n° 31.965.672, nacido el día 19 de diciembre de 1.985 en Capital Federal, hijo de Eduardo Larrosa Menéndez y María del Carmen Chiazzaro Medici, soltero- asistido por el Defensor Público Oficial Adjunto de la Defensoría General de la Nación doctor Fernando Machado Pelloni; Nicolás Alejandro CULLARI -apodado “Colo” o “Colorado”, de nacionalidad argentina, D.N.I. n° 28.703.727, hijo de Carlos Alberto Cullari y de María Rosa Reynoso, soltero, nacido el 3 de abril de 1.981 en Capital Federal- y Ezequiel Fernando AGUILERA -apodado “Pulga”, de nacionalidad argentina, D.N.I. n° 32.310.534, hijo de Jorge Alejandro Soria y Vilma Daniela Aguilera, soltero, nacido el 10 de abril de 1.986 en Capital Federal- quienes son asistidos por el Defensor Público Oficial, doctor Víctor Enrique Valle, y por las Defensoras Oficiales “Ad Hoc” doctoras María del Pilar Millet y Lila Kroll, ambas de la Defensoría Pública Oficial n° 1, y por el titular de dicha dependencia doctor Víctor Enrique Valle; Julio Germán SOSA – de sobrenombre “Germán”, de nacionalidad argentina, D.N.I. n° 32.205.064, hijo de Julio Sosa y de Irene Gladys Gakbart, soltero, nacido el 15 de enero de 1.986 en Capital Federal- quien es defendido por el Defensor Oficial “Ad Hoc” de la Defensoría General de la Nación doctor Fernando Bazano; Mauro Damián DÍAZ - de nacionalidad argentina, D.N.I. n° 27.483.764, nacido el día 1° de junio de 1.979 en Capital Federal, hijo de Oscar Alberto Díaz y de Beatriz Vilches Salinas-, asistido por el doctor Reinaldo Bandini; y Jorge Ramón GONZÁLEZ –alias “Choche”, de nacionalidad argentina, D.N.I. n° 31.856.188, hijo de Rubén Víctor González y de Marcelina Frutos, soltero, nacido el 8 de octubre de 1.983 en Pilar, Provincia de Buenos Aires-, a quien defienden doctores Marcelo Augusto Mottura y Roberto Orlando Medina; en la que actúa el doctor Lisandro Yofré, como letrado apoderado de los querellantes Carlos Oscar González y Ana María Caneto; y como representantes del Ministerio Público Fiscal los doctor Marcelo Colombo, Fiscal General (subrogante) y titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (U.F.A.S.E.), y Marcelo Raffaini (designado por Resolución de la Procuración General de la Nación n° 23), de cuyo análisis
RESULTA:
I) Que a fs. 5443/5454 obra el requerimiento de elevación a juicio formulado por la –entonces- representante de la querella, doctora María José Labat, quien en dicha pieza indicó que existía mérito suficiente para endilgarle a Carlos Alberto Larrosa Chiazzaro, Julio Germán Sosa, Nicolás Alejandro Cullari y Ezequiel Fernando Aguilera, la comisión del secuestro de Rodolfo González –el día 30 de noviembre de 2008-, realizando luego llamadas extorsivas mediante las que se reclamó el pago de un rescate. También tuvo por probado la querella que, al no haber recibido la suma de dinero requerida a los familiares de la víctima, Carlos Larrosa Chiazzaro le dio muerte en presencia de Cullari y Aguilera, e inmediatamente después, Sosa incendió el cuerpo sin vida de Rodolfo González. La querella también tuvo por acreditado que los nombrados prendieron fuego el automotor de propiedad de la víctima. En otro orden, la querella expresó que los acusados Larrosa Chiazzaro, Sosa, Cullari y Aguilera contaron con la colaboración de Mauro Damián Díaz y Jorge Ramón González, antes, durante y después del hecho.

La querella expresó que el día 30 de noviembre de 2008, aproximadamente a las 19:15 horas, Rodolfo Ramón González (Rolo) se retiró del domicilio de sus padres –ubicado en Holmberg 4173 de esta ciudad- a bordo de su vehículo marca Volkswagen modelo Gol, color blanco, dominio BQQ 355. Afirmó que Rodolfo no tenía intenciones de ausentarse de su casa por mucho tiempo, conforme los dichos de sus padres, Carlos Oscar González y Ana María Caneto. Y que llevaba consigo su teléfono celular, abonado 15-3074-2143.

Momentos previos a que Rodolfo González se retirara de su domicilio –a las 17:43-, se registró una llamada entrante en su teléfono celular proveniente del abonado 6097-0967 y, luego de ello, otra saliente dirigida al referido teléfono a las 18:31 horas. Señaló que a partir del análisis de los registros telefónicos se deduce que no hubo comunicaciones entre ambos celulares en los días previos al secuestro. En otro orden, se afirmó que ese teléfono celular se encontraba a nombre de Jorge Ramón González y que, en la noche del 30 de noviembre, a las 20:58 horas, una persona que dijo llamarse Carlos cambió el número por el 3555-0942.

El representante de la querella afirmó que, a las 19:30 del domingo 30 de noviembre Rolo González se encontró con un grupo de amigos en una plazoleta ubicada en la intersección de Donado y Congreso, quienes lo invitaron a ir hasta el Shopping Unicenter, a lo cual el nombrado se negó y se retiró con dirección a su domicilio.

Asimismo, afirmó que luego de ese encuentro Rodolfo González fue privado de su libertad, y que a las 20:21 horas su padre recibió un llamado telefónico en su aparato celular –proveniente del celular de su hijo- en el cual un sujeto masculino joven le manifestó de manera amenazante que su hijo estaba secuestrado y que, para su liberación, era necesario que pagaran la suma de cincuenta mil dólares estadounidenses (u$s 50.000). Indicó que a esa llamada le siguieron otras seis –todas desde el teléfono de la víctima-, recibidas en el teléfono de línea de la familia González y en los abonados celulares 15-3074-2141 y 15-3074-2142.

En dichas comunicaciones le hicieron saber tanto a la madre de la víctima, como a su hermano, que Rolo se encontraba en poder de los secuestradores. También hubo dos ofrecimiento de dinero por parte de la familia, de cinco mil pesos ($ 5.000) primero y, luego, de nueve mil ($ 9.000). La última comunicación recibida por la familia González se produjo a las 21:34 horas desde la localidad de La Reja, en la Provincia de Buenos Aires.

A su vez, expuso que el cuerpo sin vida y parcialmente calcinado de Rodolfo González fue hallado a las 7:00 horas del 1° de diciembre de 2008 en la localidad de Bernal, a cien metros de la Av. Espora, sobre un camino de tierra. El mismo presentaba una herida compatible con un proyectil de arma de fuego en la región occipital del lado derecho y quemaduras en casi todo el cuerpo desde la rodilla hasta la cabeza. En el lugar se encontró una vaina servida calibre 45 marca Winchester y una botella de plástico color verde que contenía un líquido similar a la nafta.

El vehículo marca Volkswagen modelo Gol dominio BQQ 355 de propiedad de Rodolfo González fue hallado también el 1° de diciembre de 2008, en la intersección de las calles Rucci y Callao en la localidad de Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, aproximadamente a la 1:30 horas. El automóvil, al momento de su hallazgo, se estaba incendiando.

Finalmente, la querella indicó que Carlos Alberto Larroza Chiazzaro, Julio Germán Sosa, Nicolás Alejandro Cullari y Ezequiel Fernando Aguilera debían responder como coautores del delito de secuestro extorsivo seguido de muerte (artículo 170, 1° y 4° párrafo del Código Penal), de conformidad con las pautas de participación criminal establecidas en el artículo 45 del Código Penal. Asimismo, afirmó que Jorge Ramón González y Mauro Damián Díaz, eran partícipes secundarios del delito de secuestro extorsivo seguido de muerte (artículos 45 y 46 del Código Penal).

Todo ello fundado en los motivos que fueron expresados en el requerimiento de elevación a juicio –citado-, a los que el Tribunal se remite en honor a la brevedad.


II) Por su parte, a fs. 5460/5557, se encuentra glosado el requerimiento de elevación del señor fiscal de instrucción, doctor Oscar Ricardo Amirante. En dicha pieza el fiscal fijó el objeto procesal del juicio de acuerdo a las circunstancias de hecho que se indicará a continuación; así, tuvo por acreditado que Rodolfo Ramón González salió de su hogar el día domingo 30 de noviembre de 2008, sito en la calle Holmberg 4173 de esta ciudad, luego de recibir un llamado telefónico desde el celular 15-6097-0967, vestido con una remera color verde con rayas claras de distintos tonos, zapatillas blancas y bermudas; conduciendo su vehículo marca Volkswagen Gol color blanco, dominio BQQ-355.

Que siendo las 19 horas de ese día, Rodolfo ó Rolo se dirigió al Club “Kimberley”, sito en la intersección de las calles Tomás Lebreton y Mariano Acha de esta ciudad y aproximadamente a las 20:25 horas de ese día su padre, Carlos Oscar González, recibió un llamado en su teléfono celular 15-3074-2142 desde el celular de su hijo Rodolfo (15-3074-2143), de una persona del sexo masculino, quien le refirió en forma amenazante que tenían secuestrado a su hijo “ROLO” requiriéndole la suma de cincuenta mil dólares (u$s 50.000) para su liberación, cortándose luego la comunicación.

Destacó que luego de esta primera llamada, los captores comenzaron a comunicarse vía telefónica de manera continua con la familia de la víctima, tanto al teléfono de línea de la vivienda familiar sita en la calle Holmberg 4173 (abonado 4541-8207), como al teléfono celular de la madre de la víctima, Ana María Caneto, 15-3074-2141.

Sostuvo que uno de esos llamados fue atendido por el hermano mayor de la víctima, Carlos Eduardo González, a quien le refirieron tener cautivo a Rodolfo y se le requirió de manera agresiva la suma de cincuenta mil dólares (u$s 50.000) para su liberación.

Que en ese momento, según los dichos del señor González, les solicitó a los captores entablar comunicación con Rodolfo, a lo que le respondieron que no lo tenían con ellos sino que se encontraba en otro lugar.

Posteriormente, expuso que un nuevo llamado fue atendido por Carlos Eduardo González. En dicha oportunidad el nombrado fue comunicado con quien sería Rodolfo, lo cual no pudo ser verificado en forma certera dado que esta persona sollozaba, lo que no le permitió reconocer su voz y solamente escuchó que le decía “estoy bien, estoy bien”.

Refirió que a esta altura de las negociaciones, la familia había ofrecido la suma de cinco mil pesos ($ 5000) por la libertad de Rodolfo. Esa suma fue aumentada a $ 9.000 por la madre de la víctima, quien atendió el último llamado extorsivo realizado a la casa de la familia González. En dicho contacto, el masculino que hablaba le habría preguntado cuánto dinero tenía, respondiendo ella que su hijo había salido a buscar más, consultando ella de cuanta plata se estaba hablando, a lo cual el captor interlocutor le refirió “vos tenés una fábrica”, cortándose intempestivamente la comunicación.

Y al día siguiente, 1° de diciembre del año 2008, se tomó conocimiento por medio de las fuerzas policiales del hallazgo de un cuerpo sin vida, parcialmente calcinado en la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires, coincidiendo algunas características fisonómicas y de vestimenta con Rodolfo Ramón González.

Finalmente, una vez que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, el mismo fue reconocido por un amigo de la familia quien determinó que efectivamente se trataba de Rodolfo Ramón González.

Expuso que de acuerdo con los peritajes realizados se estableció que el deceso de Rodolfo González se produjo por un disparo de arma de fuego calibre 45 efectuado en la cabeza de la víctima y una vez muerto su cuerpo fue parcialmente calcinado.

Sobre la relación de los hechos y las probanzas colectadas en el legajo, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó a Carlos Alberto Larrosa Chiazzaro, Nicolás Alejandro Cullari, Julio Germán Sosa y Ezequiel Fernando Aguilera el delito de secuestro extorsivo seguido de muerte debiendo responder los nombrados en calidad de coautores conforme lo dispuesto por los artículos 45 y 170 -anteúltimo párrafo- del Código Penal.

Por otra parte, acusó a Mauro Damián Díaz y Jorge Ramón González el delito de secuestro extorsivo seguido de muerte debiendo responder los nombrados en calidad de partícipes secundarios conforme lo dispuesto por los artículos 46 y 170 -anteúltimo párrafo- del Código Penal.

Sostuvo que esa diferencia de imputaciones reside en el grado de participación que de acuerdo con el resultado de esta investigación se ha determinado que tuvieron los encartados en el hecho que acabó con la muerte de Rodolfo Ramón González.

En relación a la participación de cada uno de los encartados, el fiscal de instrucción entendió que Carlos Alberto Larrosa Chiazzaro, Nicolás Alejandro Cullari, Julio Germán Sosa y Ezequiel Fernando Aguilera deben responder en carácter de coautores del secuestro extorsivo seguido de muerte de Rodolfo Ramón González, tal como lo prevé el artículo 45 del Código Penal.

Afirmó que esa consideración surge de la evaluación razonada de las constancias probatorias obrantes en autos y de una interpretación precisa al respecto.

De este modo, indicó que el aporte efectuado y la finalidad perseguida por los acusados en cada uno de los hechos hasta aquí desarrollados, exceden, a su criterio, la colaboración del partícipe necesario en tanto, lo apuntado, denota claramente que Carlos Alberto Larrosa Chiazzaro, Nicolás Alejandro Cullari, Julio Germán Sosa y Ezequiel Fernando Aguilera poseían pleno dominio de los sucesos llevados a cabo entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre del año 2008.

Previo a concluir el análisis de la imputación respecto de los cuatro encartados, la Fiscalía se expidió acerca de la incineración del vehículo de la víctima, ocurrida la noche misma del hecho y que de acuerdo con los dichos de quienes reconocieron haber participado del secuestro de la víctima -Carlos Larrosa Chiazzaro y Germán Sosa- tuvo como único objetivo eliminar las huellas que pudieran surgir en el rodado, las cuales permitirían dirigir las sospechas hacia la banda; siendo en consecuencia el único objetivo la eliminación material de rastros. A criterio del fiscal de instrucción, la decisión de borrar las huellas que pudieran identificar a quienes participaron del secuestro y homicidio de Rodolfo Ramón González, forman parte de la misma maniobra ilícita que se llevó a cabo para acabar con la vida de la víctima.

En relación a los acusados Mauro Damián Díaz y Jorge Ramón González, la Fiscalía consideró que los mismos deben responder en carácter de partícipes secundarios del secuestro extorsivo seguido de muerte perpetrado por sus consortes de causa.

En relación a González, expuso que si bien en una primera aproximación a la forma en que fueron desarrollados los hechos podría sostenerse que González se encontró ajeno al secuestro aquí investigado, teniendo fundamentalmente en cuenta que únicamente era el titular del abonado telefónico 15-6097-0967 que utilizó Larrosa Chiazzaro pero lo cierto es que a criterio de esta Fiscalía participó en la producción del mismo.

A dicha conclusión arribó luego de analizar la circunstancia, para nada menor, de que conforme la prueba que obra en autos, a las 20:58 horas del día 30 de noviembre de 2008 (es decir con la víctima secuestrada y 27 minutos luego del primer llamado extorsivo a su familia), Larrosa Chiazzaro procedió a comunicarse con la empresa Nextel (*611) y solicitó el cambio de número de línea telefónica, reemplazándolo por el 15-3555-094.

Sostuvo que dicho cambio debió ser realizado con la anuencia del poseedor del denominado “PIN MAESTRO”, que conforme la Directora del Departamento de Legales de la empresa Nextel, Dra. Romina Avellaneda, se encuentra en conocimiento exclusivo del titular de la “flota”, en este caso Jorge Ramón González.

Expuso que tal circunstancia, fue corroborada por el testigo Matías Usinger, quien en oportunidad de declarar en los estrados de esta dependencia, manifestó “el PIN era Jorge el que lo sabía y lo administraba… cualquier trámite que quisiera hacer con handy era necesario hacerlo con Jorge de por medio dado que era él, el que tenía el número secreto que habilitaba distintas funciones” (sic).

Asimismo, indicó que otra de las precisiones aportadas por Usinger al momento de prestar declaración testimonial fueron las relativas a que tanto Carlos Larrosa Chiazzaro como Jorge González se conocían del barrio, que había un vínculo de amistad entre ellos, y a su vez los lazos de amistad incluían a gente del grupo cercano a la víctima.

Destacó en ese sentido que de las impresiones del sitio Fotolog perteneciente a Larrosa se corroboró este extremo, toda vez que se han encontrado, dentro del mismo, fotografías de los imputados Larrosa y González compartiendo actividades de la vida cotidiana junto con Usinger y los hermanos Hugo y Emiliano de Donato.

Asimismo, expresó que tanto Larrosa como González eran conscientes de las actividades que desarrollaba cada uno toda vez que de acuerdo con los dichos de todos los testigos pertenecientes al grupo de amigos de la víctima, son personas que se jactan del proceder ilícito de las cosas que poseen, llegando incluso al límite de tolerarse los robos de Larrosa a allegados de estas personas siempre y cuando los elementos sustraídos sean restituidos.

En ese sentido, entendió que quien posibilitó que Larrosa Chiazzaro pudiera acceder al código secreto tendiente a eludir el accionar de la justicia y las fuerzas policiales que se encontraban enmarcadas en la búsqueda y rescate con vida de Rodolfo Ramón González, para hacer efectivo el cobro de rescate ya requerido a sus familiares, tiene una participación accesoria en la comisión y ejecución de dicho delito.

Destacó que la maniobra realizada por Larrosa Chiazzaro con la colaboración de Jorge Ramón González, estaba destinada a frustrar que la investigación se centrara en el último abonado que había tenido contacto telefónico con la víctima, dado que un abonado que existía mientras Rodolfo González gozaba de su libertad “dejó de funcionar” siete (7) minutos después de la cuarta llamada extorsiva.

Agregó existen transcripciones de dos llamadas entre Jorge González y Sofía Kleywegt (del 5 y 12 de diciembre), donde se advierte el conocimiento y su cercanía con el secuestro, elementos que no pudo desacreditar en su correspondiente descargo.

Por dichas circunstancias, calificó su conducta como partícipe secundario del delito de secuestro extorsivo seguido de muerte del cual fuera víctima Rodolfo González.

En relación a Mauro Damián Díaz, sostuvo que la participación activa del mismo en el secuestro de Rodolfo Ramón González no puede serle achacada, toda vez que de acuerdo con las celdas activadas por el teléfono celular utilizado por él, surge que se encontraba en la ciudad de Mar del Plata ó en viaje desde allí hasta esta ciudad, mientras se llevaba a cabo el delito. Sin embargo, la cantidad de contactos telefónicos existentes entre los miembros de la banda antes, durante y después de la muerte de la víctima permiten asegurar que el imputado tenía pleno conocimiento de las acciones que se estaban llevando a cabo durante esa tarde/noche.

En este sentido, el señor fiscal expuso que no puede soslayarse la circunstancia de que a las 18:26 horas del día domingo 30 de noviembre, una hora antes aproximadamente de que se produjera el secuestro de la víctima, el teléfono utilizado por Díaz tomó contacto con el utilizado por Larrosa y tuvieron una comunicación que duró cerca de 3 minutos.

En resumen, concluyó: Mauro Díaz estaba al tanto de cada uno de los movimientos que efectuaban Carlos Larrosa Chiazzaro, Ezequiel Fernando Aguilera, Nicolás Cullari y Julio Germán Sosa, antes, durante y con posterioridad a la muerte de Rodolfo.

Indicó que fundaban esa premisa, los detalles de las comunicaciones telefónicas que tuvieron los imputados con posterioridad a que se difundiera por los medios de comunicación la noticia acerca de la muerte de Rodolfo.

Agregó que tal era el conocimiento que tenía Díaz del hecho investigado en autos, que al día siguiente, en horas de la tarde se habría comunicado con Ezequiel Fernando Aguilera, al teléfono que usaba la novia de éste, registrado a nombre de Juan Paviglianiti.

Expuso que más allá de que en un primer momento se lo habría desvinculado del grupo de personas que habrían actuado como secuestradores, del exhaustivo examen de las piezas probatorias colectadas e incorporadas durante la instrucción, especialmente del listado de llamados entrantes y salientes, lo cierto es que no existe en autos ningún elemento que lo desvincule de ese grupo humano y todo ello hace suponer que Díaz, tuvo participación en el secuestro de Rodolfo González prestando su colaboración al menos por vía telefónica de apoyatura –aunque sea solamente moral-, coordinación y asesoramiento durante su regreso de la ciudad de Mar del Plata.

Por todo lo expuesto, concluyó que Carlos Alberto Larrosa Chiazzaro, Nicolás Alejandro Cullari, Julio Germán Sosa y Ezequiel Fernando Aguilera deben responder en carácter de coautores del delito de secuestro extorsivo seguido de muerte de Rodolfo Ramón González, conforme lo dispuesto por los artículos 45 y 170 –anteúltimo párrafo- del Código Penal.

Y en relación a los encartados Mauro Damián Díaz y Jorge Ramón González, la Fiscalía consideró que los mismos deben responder en carácter de partícipes secundarios del secuestro extorsivo seguido de muerte perpetrado por los nombrados –en el párrafo precedente- tal como lo disponen los artículos 46 y 170 –anteúltimo párrafo- del Código Penal.
III) Abierto el debate, rendida la prueba, al finalizar se concedió la palabra a la querella para que formulara su alegato. En esa oportunidad el doctor Lisandro Yofré, abogado representante de la querella, solicitó que se condene a los imputados Carlos Alberto Larrosa Chiazzaro, Nicolás Alejandro Cullari, Ezequiel Fernando Aguilera y a Julio Germán Sosa a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por el secuestro seguido de muerte provocada intencionalmente (artículos 45 y 170, cuarto párrafo, del Código Penal), y que se declare reincidente al primero de los nombrados.

De tal modo, tuvo por acreditado que los nombrados fueron los homicidas de Rodolfo González a partir de una clarísima división de roles y dominio del hecho que lleva necesariamente a una coautoría.

Así, señaló que en la preparación del hecho cada uno puso su parte; Larrosa traía el trabajo, Aguilera hizo las llamadas extorsivas, Sosa aportó las armas y Cullari el rodado; destacando a su vez que existió una equitativa distribución de tareas, siendo Larrosa quien ejecutó a la víctima mientras que los restantes no hicieron ningún ademán para detener el curso causal pese a haber estado en condiciones de hacerlo, máxime cuando se estableció que Sosa prendió fuego el cuerpo y Cullari y Sosa sugirieron lugares donde dar muerte a González.

Si bien basta con remitir la atención al alegato que realizó la querella para tomar debido conocimiento de la valoración probatoria que sirvió de base para arribar a las conclusiones antes precisadas (cfr. el acta de debate respectiva), de momento resulta oportuno indicar algunos lineamientos que esbozó el doctor Yofré sobre la materialidad del hecho.

En efecto, la querella tuvo por acreditado que la idea de atacar a Rodolfo González con móviles económicos habitó primero en la mente de Carlos Larrosa Chiazzaro a raíz de una información falsa que suponía que la familia de la víctima tenía en su poder la suma de cincuenta mil dólares (u$s 50.000). Que la oportunidad para llevarlo a cabo fue un fingido interés de Larrosa hacia “Rolo” para comprar unos tubos de luz fluorescente, añadiendo que los medios utilizados para llevar a adelante el ilícito fueron dos armas, un auto y tres cómplices.

En esta dirección, afirmó que Aguilera realizó los llamados extorsivos, Cullari llevó el vehículo marca Volkswagen modelo Bora que utilizaron para interceptar a Rolo, y Sosa llevó las armas, dos pistolas –una calibre 22 y otra calibre 45-.

A su vez, añadió que en todo momento los imputados tomaron parte de todas las decisiones que concluyeron con la muerte de Rodolfo Gónzalez, siendo que del relevamiento de sus aparatos celulares se acreditó que existieron comunicaciones entre ellos desde antes de interceptar a la víctima y hasta después de ejecutarlo, resultando oportuno resaltar que mediante un acuerdo del conjunto supieron llevar adelante la empresa, ya sea cuando mutaron lo que en un inicio sería un robo a un secuestro extorsivo, como cuando decidieron matar a Rolo porque éste reconoció a Carlos Alberto Larrosa Chiazzaro –a quien conocía del grupo de amigos del barrio-.

Por otra parte, el representante de la querella solicitó se condene a Mauro Díaz a la pena de cuatro años de prisión como autor del delito de encubrimiento agravado por el hecho precede en base a lo normado por el artículo 277, inciso 1º, apartado “a” e inciso 3º, apartado “a” del Código Penal.

En efecto, sostuvo que Mauro Díaz ayudó a Larrosa a sustraerse de la justicia, ya sea cuando le proporcionó una coartada al sostener que había recibido una invitación de su parte para ir a bailar la noche del hecho, y luego, al hacer tratativas para alquilar una casa en Del Viso y comparar un rodado Cross Fox para esconder a Larrosa.

Añadió que sostiene esa tesis respetando la plataforma fáctica de la acusación y, por lo tanto, no hay violación al principio de congruencia, porque además el cambio de calificación es a favor del imputado.

Asimismo, requirió la absolución con costas en el orden causado de Jorge González en orden al delito que le fuera imputado.

Para ello, el doctor Yofré tuvo por acreditado que el teléfono del cual era titular y desde donde salieron las llamadas por las que se tendió la emboscada a Rolo, Jorge González se lo había entregado a Matías Usinger quien, a su vez, se lo dio a Larrosa.

En base a ello, concluyó que se pudo sostener in totum la imputación por la que se le elevó a juicio el caso.

En última instancia, solicitó la extracción de testimonios para que se investigue a Mónica Delgado y a Gabriel Papeschi por los delitos cometidos al prestar declaración en el debate, y que se libre oficio al ente de comunicaciones a los efectos que correspondan en el mismo sentido que fue indicado por el Fiscal de instrucción al requerir la elevación de la causa a juicio, en virtud de la poca colaboración de la firma Nextel conforme lo declarado –en su oportunidad- por el testigo Damone.

Al finalizar, hizo reserva de recurrir ante casación.

IV) A su turno, el doctor Marcelo Colombo, representante del Ministerio Público Fiscal, acusó a Carlos Alberto Larrosa Chiazzaro, Nicolás Alejandro Cullari, Julio Germán Sosa y Ezequiel Fernando Aguilera por ser autores responsables del delito de secuestro extorsivo agravado por haber intervenido tres o más personas y por haber producido la muerte intencionalmente a la víctima; solicitando en función de ello la imposición de la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas para cada uno de ellos, conforme lo establecen los artículos 12, 29 inciso 3°, 45 y 170 inciso 6° primer y tercer párrafo del Código Penal, y artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal.

Agregó que Carlos Alberto Larrosa Chiazzaro registraba una condena del Tribunal Oral en lo Criminal n° 22 dictada el 19 de septiembre de 2005, cuyo vencimiento operó el 18 de enero de 2009, y obtuvo la libertad condicional el día 8 de diciembre de 2007; por lo tanto, correspondía revocarle la libertad condicional, unificarle las dos condenas en los términos de la prisión perpetua y la declaración de reincidencia, porque el segundo hecho fue cometido después de haber sido condenado y de haber cumplido una porción de la misma con tal carácter, dándose las reglas de la declaración de reincidencia y del artículo 15 del Código Penal.

Sobre la base de la valoración probatoria que con exactitud realizó en su exposición (cfr. a todo evento el acta de debate), el doctor Marcelo Colombo tuvo por acreditado que a finales del año 2008, Carlos Larrosa empezó a pensar en cometer un delito contra propiedad en contra de la familia de Rodolfo González, a quien decían Rolo, a quien el primero conocía del club y con quien compartían el grupo de amigos.

Sostuvo que el hecho se concretó el 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2008, y que para poder llevar adelante el plan delictivo, Larrosa sumó a Ezequiel Aguilera apodado “El Pulga”, a Nicolás Alejandro Cullari a quien llamaban “El Colo” y a Julio Germán Sosa.

Añadió que para juntar al grupo existió una sucesión de contactos telefónicos que permitieron reconstruir las circunstancias fácticas, siendo que todo comenzó alrededor de las 15:00 y se profundizó hacia las 18:30 cuando Larrosa llamó a Rolo para llevar adelante lo que en principio aparentó ser un robo pero que luego se transformó en un secuestro extorsivo seguido de muerte.

El motivo por el cual se produjo el contacto entre Larrosa y Rolo fue la supuesta compra de unos tubos fluorescentes por parte del primero, que a su vez podía proveer el hermano de segundo. Éste se retiró de su casa aproximadamente a las 19:00 y pasó por una plaza cercana donde lo vieron algunos de sus amigos.

Inmediatamente después, la víctima emprendió el regreso a su casa en su vehículo –un Volkswagen Gol color blanco- pero fue interceptado por los cuatro imputados que se trasladaban en un Volkswagen Bora patente HGF 368 que fue aportado para la realización del hecho por Cullari. En esta ocasión se produjo la sustracción, es decir, la privación ilegal de la libertad de la víctima, que fue retenida hasta las 0:30 del día siguiente aproximadamente, momento en que fue asesinado.

Afirmó el Fiscal que es factible tener por acreditado que un primer objetivo del plan era ingresar en la casa de la familia de Rolo para robar algún dinero que posiblemente estuviera ahí, unos cincuenta mil dólares (u$s 50.000) relacionados con la compra de un bien inmueble. Luego de que esa intención original se frustró, el plan se convirtió en retener de Rolo en el baúl del Volkswagen Bora por el tiempo ya dicho, a partir de allí el objetivo era pedir un rescate a cambio de la liberación de la víctima.

Que a partir de la sustracción de la víctima condujeron por barrios aledaños a Saavedra para llegar hasta Soldati. Luego, mientras un auto estaba detenido otro circulaba por Soldati. Desde allí, ambos autos fueron hasta Luján para regresar a Soldati a las 23:02.

Mientras circulaban ambos vehículos se produjeron los llamados extorsivos a la familia desde el celular de Rolo. La suma de dinero requerida fue de cincuenta mil dólares (u$s 50.000), y los llamados fueron atendidos por el padre, la madre y el hermano de la víctima. Como la familia no tenía esa cantidad ofreció nueve mil pesos ($ 9.000).

Sobre el punto, precisó que los llamados extorsivos los hizo Aguilera, voz de los captores, hasta las 21:34 en que se produjo el último llamado desde la localidad de La Reja, Provincia de Buenos Aires, con una duración de veintiocho segundos. Desde las 23:02 hasta 23:24 el grupo se quedó en Soldati, desde donde hicieron una serie de comunicaciones, y luego, ya todos arriba del Volkswagen Bora se dirigieron hacia la zona sur, más precisamente a la localidad de Bernal en la Provincia de Buenos Aires. Una vez allí se trasladaron hasta una calle de tierra, a cien metros al norte de la Avenida Espora, a la altura del kilómetro 17 de la Autopista Buenos Aires-La Plata, hicieron descender del auto a Rolo y uno de los cuatro, presumiblemente Larrosa, pero seguro uno de ellos cuatro, le disparó en la cabeza de atrás hacia delante y de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, a una distancia superior a 50 centímetros de su cabeza. Afirmó el señor Fiscal que la muerte se produjo entre las 0:30 y las 0:45 horas del 1° de diciembre.

Luego, prendieron fuego el cadáver y regresaron a Soldati, de ahí partieron en ambos vehículos hasta Villa Alsina donde incendiaron el auto de Rolo para ocultar los rastros del hecho. Además, agregó que los cuatro –Larrosa, Cullari, Aguilera y Sosa- tomaron parte y estuvieron de cuerpo presente en cada uno de los momentos y lugares que integran las circunstancias fácticas del proceso, siempre con la intención y el plan previo de ingresar en la casa de Rolo, luego, de pedir un rescate por su liberación, y luego de ello, de dar muerte a la víctima, además de quemar los rastros de cualquier evidencia que los incrimine.

Seguidamente se refirió a la calificación jurídica que asigna al hecho y a la participación de los imputados, dijo que el delito en el que se debe encuadrar el hecho es el del artículo 170 del Código Penal, con el agravante del inciso 6°, cuando participan tres o más personas, agregó que aquí fueron cuatro.

Añadió que hay que considerar el agravante del cuarto párrafo de la norma, esto es, si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida.

Luego, afirmó que todos son coautores del delito, que se trata de un caso de coautoría funcional, y que casi todos los secuestros extorsivos se producen en tramos y hay reparto de tareas. Sin embargo, aclaró que aquí, incluso, los cuatro están presentes en la privación de libertad, en la sustracción y que, cuando se efectuaron los pedidos de rescate, Aguilera estaba junto con los otros imputados.

Agregó que el pedido de rescate responde a una ultraintención diferente del dolo, que la persona es retenida “para” pedir rescate.

Además, los cuatro imputados estaban presentes en el descampado donde se produce la muerte de la víctima, claro que la presencia de los cuatro aumenta el poder ofensivo de ellos y disminuye la capacidad de defensa de la víctima, por eso se torna irrelevante quién apretó el gatillo. Sobre el mismo punto –reparto de tareas- expresó que Cullari manejó el Volkswagen Bora.

En relación a los imputados Mauro Díaz y Jorge González, el Fiscal solicitó la absolución de ambos con relación a los hechos por los que fueron traídos al debate.

En cuanto a González, la acusación es que le había entregado un teléfono a Usinger, que éste a su vez se lo dio a Larrosa y que, cuando Larrosa cambió el número de teléfono, el pin maestro con el cual se podía hacer ese cambio González se lo habría aportado a Larrosa.

Que dicho extremo no fue demostrado en el debate, resultando que durante toda la secuencia de llamados analizados no existe un solo llamado telefónico de Larrosa a González, lo cual indica que, de haber sido cierto que Larrosa no contaba con el pin, debería haberlo llamado.

Por otra parte, antes del hecho existieron cantidad de llamados para hacer cambios de número y en alguna oportunidad el que hizo el cambio se identificó como Carlos. Las declaraciones de Usinger son de las más oscilantes que hubo en el debate, hubo dos declaraciones contradictorias en la etapa de instrucción y Usinger eligió una de las versiones para mantener en el debate.

Respecto de Díaz, el Fiscal señaló que no se pueden reconstruir los supuestos aportes ya que Díaz estaba en Mar del Plata, a diferencia de los otros imputados que estaban presentes en el lugar de los hechos en todo momento. No se conoce el contenido de las llamadas, y no hay forma de imputarle a Díaz la participación secundaria conforme fue elevada a juicio la causa a su respecto, sin ensayar meras suposiciones.

En otro orden de cuestiones, el Fiscal solicitó la extracción de testimonios sobre la base de la posible comisión del delito de falso testimonio de parte de Matías Usinger, María Catalina Paviglianiti, Matías Gabriel Papeschi, la familia de Mónica Delgado –en cuanto serían los instigadores del que habría cometido el anterior-, Mónica Beatriz Delgado, Daiana Castelnuovo y de Carlos Alejandro Lazo.

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