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Y aurora del rosario salamanca vega


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C/ PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ SEGUEL

Y AURORA DEL ROSARIO SALAMANCA VEGA

Delitos: FRAUDE AL FISCO, ESTAFA Y

NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE

Rol único: 0400.442.318-1

Rol interno: 143-2006


La Serena, siete de enero de dos mil siete.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que entre los días 4 y 27 de diciembre del año dos mil seis, ante esta Segunda Sala del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, constituida por los Jueces Juan Carlos Espinosa Rojas, quien presidió la audiencia, Marco Antonio Flores Leyton e Iván Roberto Corona Albornoz se llevó a efecto la audiencia de juicio oral de los autos rol N° 143-2006, seguidos contra PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ SEGUEL, chileno, casado, nacido el 5 de agosto del año 1964, 42 años de edad, contador y abogado, cédula nacional de identidad N° 10.231.488-3, domiciliado en calle Bilbao Nº 348 y en calle La Oración Nº 1478, Coquimbo, representado por los abogados don Vicente Ramiro Moya Suárez, domiciliado en calle Bilbao N° 348, Coquimbo, don Matías Balmaceda Mans, don Francisco Cox Vial y don Juan Ignacio Piña Rochefort, domiciliados en Brasil N° 209 La Serena y en calle Melgarejo N° 1044, Coquimbo; y en contra de doña AURORA DEL ROSARIO SALAMANCA VEGA, chilena, casada, nacida el 5 de junio de 1956, 50 años de edad, comerciante, cédula nacional de identidad N° 7.868.017-2, domiciliada en calle Las Lilas N° 259, Departamento 11, Sindempart, Coquimbo, representada por el abogado defensor particular don Andrés Campano Castro, domiciliado en calle Melgarejo N° 1438, Coquimbo.

Fueron parte acusadora en el presente juicio el Ministerio Público, representado por los Fiscales don Víctor Hugo Villarroel Valenzuela, don Sergio Vásquez Díaz y don Rodrigo Céspedes Illanes, todos domiciliados en calle Melgarejo Nº 847, Coquimbo y como acusadores particulares los querellantes don Carlos Alberto Vega Araya y don Claudio Weishaupt Milner, en representación del Consejo de Defensa del Estado, por la Ilustre Municipalidad de Coquimbo.

Actuó también en este juicio la querellante particular doña Evelyn Matthei Fornet, representada por los abogados don Mario Zumelzu Codelia y don Vladimir Mondaca Díaz, todos con domicilio en calle Balmaceda N° 124, La Serena, parte que adhirió a la acusación presentada por la Fiscalía, en cuanto a los hechos imputados, su calificación jurídica y la pena solicitada, en los mismos términos que los formulados por el Ministerio Público en su acusación.

SEGUNDO: Que los hechos materia de la acusación del Ministerio Público, según el auto de apertura del juicio oral, se hicieron consistir en los siguientes:

a) Hecho N° 1: “El Alcalde Pedro Velásquez Seguel, en representación del Municipio de Coquimbo y en ejercicio de su cargo, previamente concertado con doña Aurora Salamanca Vega, le compró en venta directa el inmueble correspondiente al lote 6 resultante de la subdivisión de la parcela N° 35 del proyecto de parcelación “El Sauce de Miramar”, situado en los predios “Resto de la Estancia de la Rinconada y faja o manga de la Estancia la Rinconada", resto de Miramar, Fundo Porvenir, San Ramón y Fundo Florencia y totalidad de San José, de la comuna de Coquimbo, de 4,7 hectáreas, mediante escritura pública de compraventa de fecha 30 de junio del año 2003, otorgada por el Notario Público de Coquimbo, don Mariano Torrealba Z., sobre la base del acuerdo N° 11, adoptado en sesión ordinaria N° 60 del Concejo Municipal de fecha 28 de mayo del año 2003, que fijara el precio en la suma de 260 millones de pesos. Este precio, que fraudulentamente propusiera el Alcalde Velásquez y que luego aprobara el Concejo Municipal en sesión ordinaria, constituyó para el Municipio un perjuicio con una pérdida efectiva de al menos 150 millones de pesos. En efecto, el fraude se inicia con la oferta del terreno que hace doña Aurora Salamanca al Municipio en la suma sobre valorada de 350 millones de pesos, unido a la exposición que el Alcalde hace en la sesión N° 60, utilizando como antecedente la tasación que un corredor de propiedades hace del inmueble en la cantidad de UF 28.734, equivalentes a dicha época a la suma de $ 488.893.206, sin considerar la tasación fiscal que a esa fecha correspondía a la suma de $11.052.517, ni la factibilidad de otros terrenos en la comuna. Para la ocasión se expuso ante los Sres. Concejales además, que el precio de venta original de la propiedad se había rebajado de 350 a 260 millones de pesos, sumado a una facilidad de pago a plazo. De esta forma el Concejo, con aquellos convenientes e inducidos antecedentes que falseaban el verdadero valor del terreno, incurrieron en el error de aprobar por unanimidad la adquisición del inmueble en los 260 millones de pesos ofrecidos, concluyendo con el otorgamiento de la escritura pública de compraventa de fecha 30 de junio del año 2003 y el posterior pago en efectivo del precio. La intervención del Alcalde Velásquez significó que el Municipio de Coquimbo pagara un precio desproporcionadamente superior al valor real del inmueble y que doña Aurora Salamanca recibiera a su vez este ilegítimo sobreprecio. A fines del mes de octubre del año 2003, Ramón Velásquez Seguel, hermano del Alcalde y amigo de Aurora Salamanca, recibió de la vendedora la suma de 5 millones de pesos, mediante cheque de su cuenta corriente del Banco del Desarrollo. Por su parte don Pedro Velásquez, en el tiempo que ha sido Alcalde de la comuna de Coquimbo, ha adquirido diversas propiedades y bienes muebles, realizando además múltiples viajes que no se justifican con sus ingresos declarados”.

Los hechos antes descritos configurarían a juicio del Ministerio Público, con relación a la participación del acusado Pedro Velásquez Seguel, un delito consumado de Fraude a la Municipalidad, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal; y, con relación a la participación de la acusada Aurora Salamanca Vega, un delito consumado de Estafa, previsto y sancionado en el artículo 468 del Código Penal en relación con el artículo 467 del mismo cuerpo legal, estimando que les cabe a los acusados participación en calidad de coautores.

b) Hecho N° 2: “Durante los años 2002 y 2003 don Pedro Velásquez Seguel, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, en el ejercicio de su cargo, tomó interés en la contratación y prestación de los servicios gastronómicos que don Juan Víctor Tonaca Martínez desarrollaba para el Municipio de Coquimbo. En virtud de tal interés, el imputado ofreció y brindó en el mismo período servicios profesionales remunerados a dicho prestador, consistente en asesorías financieras, jurídico contables. De esta forma, el Alcalde Velásquez, asesorando jurídica y contablemente a Juan Víctor Tonaca Martínez se interesa directamente en los servicios de alimentación contratados con el Municipio de Coquimbo y cursa los decretos municipales N° 1980, 2004, 5328, 5425 todos del año 2002; y, decretos N° 868 y 2846 del año 2003, ordenando el pago a su cliente, por una suma que en total asciende a $9.230.444, y obtiene de este a su vez, durante el mismo período, por concepto de honorarios profesionales la suma total de $5.600.000 aproximadamente”.

Los hechos antes descritos configurarían, a juicio del Ministerio Público, el delito consumado de Negociación Incompatible, previsto y sancionado en el artículo 240 inciso 1° del Código Penal, estimando que le cabe al acusado Pedro Velásquez Seguel participación en calidad de autor.



c) Hecho N° 3: “Durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005 don Pedro Velásquez Seguel, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, en el ejercicio de su cargo, tomó interés en los contratos de suministro de mercaderías, productos alimenticios y librería, que don Héctor Arce Cerda, a través de su sociedad Arce e Hijos Ltda., realizaba para Municipio de Coquimbo. En virtud de dicho interés, el Alcalde ofreció y prestó en el mismo período servicios profesionales remunerados a dicho proveedor, consistente en asesorías financieras, jurídico contables. De esta forma, el Alcalde Velásquez, asesorando jurídica y contablemente los negocios particulares y empresariales de don Héctor Arce Cerda se interesa directamente en los contratos de suministros celebrados con el Municipio de Coquimbo y cursa los decretos municipales N° 1715, 453, 3152 y 773 todos del año 2002; decretos N° 67, 162, 130, 131, 1709, 169, 3765, 3859, 3858, 6441 y 7992 del año 2003; decretos N° 211, 371 y 501 del año 2004; y, decreto N° 63 del año 2005, ordenando el pago a su cliente, por una suma que en total asciende a $16.881.521, y obtiene de este a su vez, durante el mismo período, por concepto de honorarios profesionales la suma total de $ 42.125.000 aproximadamente. Además, Héctor Arce durante el año 2004, una vez adquirida la propiedad ubicada en calle Las Orquídeas N° 479, sector de Sindempart, en Coquimbo, permitió en forma gratuita que el Alcalde Pedro Velásquez y su familia, hiciere uso del inmueble. Esta propiedad fue arrendada por el Municipio de Coquimbo desde el año 1996 a la empresa Socovel Ltda., para satisfacer la necesidad habitacional del Alcalde”.

Los hechos antes descritos configurarían, a juicio del Ministerio Público, el delito consumado de Negociación Incompatible, previsto y sancionado en el artículo 240 inciso 1° del Código Penal, estimando que le cabe al acusado Pedro Velásquez Seguel participación en calidad de autor.

El Ministerio Público estima que favorecería a los acusados la circunstancia atenuante de responsabilidad penal prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, cual resulta ser la de la irreprochable conducta anterior.

Señala además que, no les perjudicarían circunstancias agravantes de responsabilidad penal.

Por tanto solicita se condene al acusado Pedro Velásquez Seguel, como autor de un delito consumado de Fraude a la Municipalidad, a cumplir la pena de tres años de presidio menor en su grado medio, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio, multa equivalente al cuarenta por ciento del perjuicio causado, más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, con costas y como autor de dos delitos consumados de Negociación Incompatible, a cumplir por cada uno de ellos una pena de quinientos cuarenta y un días de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio, multa equivalente al cuarenta por ciento del interés que hubiere tomado en el negocio, más las accesorias legales de suspensión para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena, con costas; y

Se condene a la acusada Aurora del Rosario Salamanca Vega, como autora de un delito consumado de Estafa, a cumplir la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, multa de veinticinco unidades tributarias mensuales, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, con costas.

TERCERO: Que don Carlos Alberto Vega Araya, Abogado Procurador Fiscal de La Serena, en representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, ha presentado acusación particular en contra del acusado PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ SEGUEL, la que se reproducirá literalmente:

(1) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Coquimbo don Mariano Torrealba el 30 de Junio de 2003, el acusado don Pedro Velásquez Seguel, en su calidad funcionaria de Alcalde de la Municipalidad de Coquimbo, actuando en representación de esa Municipalidad y contando con el acuerdo unánime del Concejo Municipal, compró a doña Aurora Salamanca un inmueble de 4,77 hectáreas denominado sitio 6 de la parcelación El Sauce de Miramar, en la suma de $ 260.000.000.- pagadera con $ 50.000.000.- al contado y 16 cuotas mensuales de $ 10.000.000.-, más la entrega de dos inmuebles municipales avaluado cada uno de ellos en $ 25.000.000.-; uno ubicado en el sector Rinconada de Miramar de La Herradura, parcela 85, de 5,93 hectáreas inscrito a favor de dicha Municipalidad a fs. 4329 Nº 2314 del Registro de Propiedad del año 1995 del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo y el otro en el sector La Cantera. (Por escritura pública de 9 de Marzo de 2004, se modificó la anterior en cuanto a que el inmueble dado en pago por la Municipalidad del sector La Cantera se cambió por otros dos ubicados en un sector distinto).

(2) Sucede que el referido sitio 6 de la parcelación El Sauce de Miramar tenía una tasación fiscal a ese entonces de $ 11.052.517.- y, según tasación efectuada por la perito judicial Sra. Elsa Aliaga Jofré, su valor comercial ascendía a $ 109.762.900.

(3) A su vez, el inmueble de 5,93 hectáreas del sector Rinconada de Miramar de La Herradura (Parcela 85) dado en parte de pago por la Municipalidad el 30 de Junio de 2003 en $ 25.000.000.- (cláusula tercera letra B1 de la referida escritura pública de esa fecha ante el Notario de Coquimbo Sr. Torrealba), fue vendido por doña Aurora Salamanca Vega el 8 de Septiembre de 2004 a una sociedad inmobiliaria en la suma de $ 250.000.000.-, según consta en la escritura pública de esa fecha ante el Notario de La Serena don Jaime Morandé Miranda, de compraventa entre Inmobiliaria Jaime Yarur y Compañía Ltda. y doña Aurora del Rosario Salamanca Vega. Respecto de este inmueble existe también una tasación efectuada en su momento para fines bancarios particulares, específicamente el 4 de Octubre de 2003, ascendente a $ 140.000.000.- según han manifestado los socios de la sociedad inmobiliaria adquirente, don Jaime Yarur Rodríguez y don Marcos Falcón Hasbún.

(4) Por consiguiente, cuando don Pedro Velásquez Seguel, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad, al suscribir el respectivo contrato conviene el precio de compra del lote Nº 6 de la parcelación El Sauce de Miramar en $ 260.000.000.-, acepta pagar un valor que equivale a más de 23 veces el avalúo fiscal y a $ 150.000.000.- más que su valor comercial. Al efecto, es necesario destacar que con el evidente propósito de lograr el acuerdo del Concejo Municipal para comprar dicho inmueble, se prevalió en la respectiva sesión tanto de una carta oferta de la vendedora Sra. Salamanca en que indicaba un precio del mismo de $ 350.000.000.-, como de una tasación presentada por el corredor de propiedades don Julio Devoto Torres quién, como reconoce al declarar en la investigación de la fiscalía local de Coquimbo, nunca antes había realizado una avaluación comercial de inmuebles - lo que revela su utilización ex profeso a fin de conseguir el acuerdo favorable del Concejo - que estimaba en 28.734 UF ($ 488.893.206.- de la época) el valor del referido lote Nº 6. A su vez, cuando en esa misma oportunidad de suscripción del contrato y en su calidad referida de Alcalde del municipio da en pago la Parcela 85 del sector Rinconada de Miramar de La Herradura en $ 25.000.000.-, conviene enajenarlo en una suma equivalente a una décima parte de su valor comercial según surge de la venta de aquella que sólo quince meses después efectúa la Sra. Salamanca a la sociedad Inmobiliaria Jaime Yarur y Cía. Ltda. De ese modo el total defraudado por el imputado asciende al menos a la suma de $ 375.000.000.- (Trescientos setenta y cinco millones de pesos).

(5) No puede dejar de señalarse, como circunstancia de trascendencia en la presente acusación, que inmediatamente después de la suscripción de la aludida escritura pública de 30 de Junio de 2003, en el mes de Julio de ese año el Alcalde don Pedro Velásquez Seguel acompañado de su cónyuge y dos hijos, realiza coincidentemente con doña Aurora Salamanca un viaje vía aérea a Miami (USA)”.

Solicita el acusador particular que se condene al acusado Pedro Antonio Velásquez Seguel, en calidad de autor del delito de fraude al Fisco del artículo 239 del Código Penal cometido en perjuicio de la Municipalidad de Coquimbo, a las penas de tres años de presidio menor en su grado medio, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa equivalente al 50% del valor del perjuicio causado, y las accesorias legales previstas en el artículo 30 del Código Penal, esto es, suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; con expresa condenación al pago de las costas de la causa.

CUARTO: Que el Abogado Procurador Fiscal de La Serena, Carlos Alberto Vega Araya, en representación de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, asimismo, presentó demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del acusado Pedro Antonio Velásquez Seguel, a fin de que sea condenado a indemnizar a la Municipalidad de Coquimbo el total de los daños que se le causaron a raíz de los hechos ilícitos señalados en la acusación particular descrita en el numeral precedente, argumentando que la responsabilidad del demandado emana de su calidad de autor del delito por el que se le ha acusado en mérito de los hechos constitutivos del mismo que se consignan en la acusación particular. En efecto, señala, según se desprende de los artículos 24 del Código Penal y 1437, 2284, 2314 y siguientes del Código Civil, todo responsable de un delito está civilmente obligado a reparar el daño causado a quién resulte perjudicado por los hechos, indemnizando la totalidad de los correspondientes perjuicios.

Indica el demandante civil que, en la especie, a raíz de la referida conducta ilícita de don Pedro Velásquez Seguel, la Municipalidad de Coquimbo sufrió un perjuicio patrimonial consistente tanto en el pago a un tercero por la adquisición de un inmueble para el municipio de un sobreprecio ascendente a $150.000.000.- en relación a su verdadero valor comercial, como en enajenar a favor de ese mismo tercero un inmueble municipal por un precio inferior en $225.000.000.- de su real valor comercial. Ello importa una pérdida para la Municipalidad de Coquimbo equivalente tanto a la referida cantidad de dinero que en exceso pagó por la compra de un inmueble como al señalado menor valor en que con detrimento del patrimonio municipal enajenó un bien raíz de su dominio, por un total de $ 375.000.000.-, daño causado precisa y exclusivamente por el actuar delictivo del demandado que motiva la acusación particular contenida en lo principal de esa presentación.

Afirma el actor civil que, sin embargo, como es de manifiesto que ha transcurrido cierto tiempo desde que el hecho delictivo se perpetró hasta que el acusado pague a la Municipalidad de Coquimbo el monto de los perjuicios que le causó, éstos no podrán satisfacerse pagando únicamente la cantidad numérica a que ascendió la referida pérdida de $ 375.000.000.- que el demandado le ocasionara al momento de cometer el delito, en atención al fenómeno inflacionario y desvalorización monetaria. Para que la reparación sea íntegra es preciso que la señalada cantidad numérica a que ascendió la pérdida que el demandado causó al citado municipio sea incrementada reajustándose debidamente.

Por ello, solicita el representante del Consejo de Defensa del Estado, se ordene pagar como indemnización la referida suma de $ 375.000.000.- aumentada en la misma proporción en que haya variado el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre la fecha de comisión del delito -30 de Junio de 2003- y la fecha en que se haga el pago correspondiente.

Además, solicita el Abogado Procurador Fiscal que el demandado sea condenado a pagar a la Municipalidad de Coquimbo, por sobre el capital reajustado, los intereses corrientes, calculados entre las mismas fechas recién señaladas, así como las costas de la causa.

QUINTO: Que en su alegato de apertura el Ministerio Público sostuvo su acusación de la misma forma como se ha expuesto precedentemente, reiterando sus solicitudes de condena a las penas indicadas en su respectivo libelo. Hizo presente que se trata de delitos complejos, de ardua investigación, los que se acreditan con prueba directa y pericial pero fundamentalmente con prueba indirecta o indicaria, ocurriendo lo mismo respecto de la participación que se atribuye a los acusados, prueba indiciaria que no deja de ser relevante si se considera que la convicción condenatoria a que se debe arribar, más allá de toda duda razonable, mediante la apreciación libre de la prueba sin apartarse de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, no implica la exigencia de una certeza absoluta sino un medio de una verdad formal.

Destacó que con relación al delito de fraude al municipio es necesario precisar la naturaleza del bien jurídico protegido, el que corresponde a la protección del correcto desempeño de la función pública, interés que según la doctrina mayoritaria se ve lesionado cuando el funcionario no cumple con el deber de velar por los intereses patrimoniales del fisco, de acuerdo con criterios de economía y eficiencia. Que también el fraude al fisco tiene una connotación esencialmente patrimonial, toda vez que el tipo penal exige un perjuicio, lo que permite afirmar que el bien jurídico, en esencia, es la protección del patrimonio público, deber esencial y fundamental para el desempeño de los funcionarios públicos

Destacó asimismo que este delito protege el bien jurídico de la probidad administrativa, de acuerdo con lo que previene el artículo 52 de la Ley Orgánica sobre Bases Generales de Administración del Estado, bien que consiste fundamentalmente en observar una conducta intachable en el desempeño honesto y leal en la función o cargo, con preeminencia del interés público, por sobre el interés particular, lo anterior supone que el funcionario público debe encarnar principios de probidad de recto funcionamiento y de transparencia en el ejercicio de su función.

Que, en cuanto al delito negociación incompatible, el bien jurídico protegido es la apariencia de imparcialidad y la honestidad que debe rodear a la administración pública, la que se ve lesionada cada vez que el funcionario público represente a la vez un interés propio y un interés público.

Por último, luego de referirse circunstanciadamente a los hechos de su acusación, ofreció las pruebas necesarias en orden a contribuir a formar en el Tribunal la intima convicción, más allá de toda duda razonable, de que en la especie se han cometido los delitos de fraude al municipio, de estafa y dos delitos de negociación incompatible.

Del mismo modo, la querellante particular de doña Evelyn Matthei Fornet, alegó y sostuvo su adhesión a la acusación del Ministerio Público, haciendo suyos sus fundamentos y solicitudes, reiterando su petición de condena para los acusados, como autores de los delitos materia de la pretensión punitiva del acusador principal.

El querellante y acusador particular y demandante civil, representante del Consejo de Defensa del Estado, por la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, cuya pretensión se ha referido sólo al delito de fraude al Municipio contra el imputado Pedro Velásquez Seguel, hizo suyos los argumentos del Ministerio Público, haciendo hincapié en el presunto engaño al Concejo Municipal que permitió la aprobación de la compra de un inmueble pagando un precio de doscientos sesenta millones de pesos, valiéndose de una tasación que no se condice con la realidad y que asignaba a dicho inmueble un valor superior a los cuatrocientos ochenta y ocho millones, estableciendo un valor irreal por cuanto el valor comercial real de tal bien raíz correspondía a no más de ciento nueve millones de pesos, provocando un perjuicio al patrimonio municipal que ascendería a la suma de ciento cincuenta millones de pesos.

En cuanto al perjuicio ocasionado al patrimonio municipal, específicamente referido a la forma de pago del bien raíz, hizo presente que ella incluía la entrega de un bien inmueble municipal valorado en la suma de veinticinco millones de pesos, correspondiente a lo que denomina la parcela Nº 85 ubicada en el sector Rinconada de Miramar, el que posteriormente fue vendido en una suma muy superior, diferencia que representó el perjuicio señalado. Hizo presente que éste hecho no se encuentra incluido en la formalización de la investigación y, que con el objeto de que no se incurra en un vicio de nulidad, por falta de congruencia, señaló que se desiste de su acusación en dicha parte. Que de igual forma y por la misma causa, se desiste de su demanda civil de indemnización de perjuicios, en lo que se refiere al valor que se asignó al mismo inmueble y al valor en que posteriormente se vendió, limitando la demanda a la suma de ciento cincuenta millones de pesos en que estima se produjo por la compra, a un valor irreal, del lote 6 de la parcela 35, de El Sauce de Miramar.

Por su parte la defensa del acusado Pedro Antonio Velásquez Seguel solicitó la dictación de sentencia absolutoria en su favor, respecto de todos los cargos formulados en su contra, y el rechazo de la demanda civil de indemnización de perjuicios intentada por el acusador particular, fundándose en los siguientes argumentos:

En primer lugar, y en cuanto al delito de fraude a la Municipalidad, indicó la inexistencia de un engaño o ardid, ya que el Concejo Municipal estuvo perfectamente informado de todas las circunstancias que rodearon la compra del inmueble. Señaló también que no existió perjuicio alguno para el Municipio y que la decisión de compra adoptada por éste, tuvo en vista una eventual ganancia para el mismo de “ocho mil millones de pesos” y la construcción de una población, de un liceo industrial y una posta en el lote 6 de la parcela 35 del sector El Sauce.

En cuanto a los delitos de negociación incompatible, indicó que los proveedores que se han mencionado prestaban servicios para la Municipalidad desde mucho tiempo antes a la época en que su defendido asumió como Alcalde de la comuna de Coquimbo, y realizaban prestaciones absolutamente necesarias para la Municipalidad.

Por otra parte la defensa de la acusada Aurora Salamanca Vega, interviniendo en la apertura del juicio, solicitó se dicte sentencia absolutoria en su favor haciendo presente para ello:

Que no se podrá justificar por los acusadores la existencia de un engaño o ardid para engañar al Concejo Municipal, por cuanto no se ha fundado dicha imputación en la existencia de tasaciones falsas, resultando claro que el Ministerio Público considera que dichas tasaciones no son dignas de reparo, por tanto no existe el delito de estafa que se atribuye a su representada.

Que la adquisición del inmueble por la Municipalidad de Coquimbo fue fruto de un proceso que se inicia con la consideración de la existencia de una necesidad para ello, lo que fue determinado por una comisión designada por el propio Concejo, cuyas conclusiones fueron tenidas en cuenta al acordar la decisión de compra, por lo que no existió engaño alguno.


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