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Voces: administracion de justicia ~ consejo de la magistratura ~ poder judicial ~ juez ~ interpretacion judicial ~ doctrina de la corte suprema ~ corte suprema


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Voces: ADMINISTRACION DE JUSTICIA ~ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ~ PODER JUDICIAL ~ JUEZ ~ INTERPRETACION JUDICIAL ~ DOCTRINA DE LA CORTE SUPREMA ~ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ~ CONSTITUCION NACIONAL ~ CONSTITUCIONALIDAD ~ PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES ~ PODER LEGISLATIVO ~ FACULTADES DEL PODER JUDICIAL ~ FACULTADES DEL PODER LEGISLATIVO ~ NOMBRAMIENTO DE JUEZ

Título: La composición del Consejo de la Magistratura según la ley 26.080 y el precedente "Monner Sans"

Autor: Ylarri, Juan Santiago

Publicado en: DJ13/08/2014, 15

Fallo comentado: Corte Suprema de Justicia de la Nación ~ 2014-03-06 ~ M. S., R. c. EN - Secretaría General Presidencia y otros s/ amparo ley 16.986

Cita Online: AR/DOC/2183/2014

Sumario: I. Introducción.— II. La composición del Consejo de la Magistratura.— III. Los hechos del caso y la resolución de la Corte Suprema.— IV. Los fundamentos de la sentencia de la Corte Suprema: a) El voto de la mayoría. b) El voto del doctor Zaffaroni. c) El voto de la doctora Argibay.— V. La opinión de la doctrina: a) Equilibrio no significa igualdad. b) Equilibrio implica que no exista predominio. .— VI. Críticas a la ley 26.080.— VII. Conclusiones

I. Introducción

En el precedente "Rizzo"(1) la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura dispuesta por la ley 26.855 (2), y estableció que, en aquél punto, mantendrá su vigencia el régimen anterior previsto en las leyes 24.937 (3) y sus modificatorias 24.939 (4) y 26.080. (5)

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que existían impugnaciones contra la ley 26.080, que no habían sido resueltas por el máximo tribunal, que finalmente fueron tratadas en el precedente "Monner Sans"(6) que se comenta. En efecto, la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura que establece la ley 26.080, señalando que el equilibrio que debe existir entre los distintos estamentos que conforman el Consejo no equivale a igualdad entre ellos, sino que aquel equilibrio es respetado siempre que no exista una acción hegemónica o predominio de uno de los estamentos por sobre el otro, cuestión que no se daba en el caso bajo examen.

En el presente trabajo se estudiara la composición del Consejo de la Magistratura a la luz del art. 114 de la Constitución nacional y sus leyes reglamentarias, se analizarán los hechos y fundamentos propiciados por la Corte Suprema en la sentencia en comentario y, luego de referirnos a las distintas posiciones adoptadas en la doctrina al respecto, daremos nuestra opinión en relación al caso.



II. La composición del Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura es un órgano que se encuentra en el ámbito del Poder Judicial y que tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El segundo párrafo del art. 114 de la Constitución Nacional, en relación a la composición del Consejo, establece que "será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley".

El texto constitucional no establece un número concreto de los representantes de cada uno de los sectores, sino que deja librado al legislador ordinario la cantidad de miembros de cada estamento. En este sentido, el primer párrafo del artículo mencionado afirma que el Consejo "será regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara" y el segundo párrafo dispone que la composición sea "en el número y la forma que indique la ley". Sin embargo, deja en claro la pauta de que "se procure el equilibrio". (7)

La primera ley reglamentaria del art. 114 de la Constitución fue la ley 24.937 y su complementaria 24.939, del año 1998. Estas normas establecían que el Consejo estaría integrado por veinte miembros, de acuerdo con la siguiente composición: el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; cuatro jueces del Poder Judicial de la Nación; ocho legisladores, correspondiendo cuatro legisladores por cada una de las cámaras, de los cuales dos pertenecían al bloque con mayor representación legislativa, uno a la primera minoría y uno a la segunda minoría; cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal; un representante del Poder Ejecutivo; y dos representantes del ámbito científico y académico.

Aquella norma fue modificada en el año 2006 por la ley 26.080, que estableció que el Consejo estaría integrado por trece miembros, de acuerdo con la siguiente composición: tres jueces del Poder Judicial de la Nación; seis legisladores, correspondiendo tres por cada una de las cámaras, perteneciendo en cada una de ellas dos a la mayoría y uno a la primera minoría; dos representantes de los abogados de la matrícula federal; un representante del Poder Ejecutivo; y un representante del ámbito académico y científico.

De esta forma, la ley 26.080 eliminó de la composición del Consejo al Presidente de la Corte Suprema, y se redujo un representante de los jueces, los dos legisladores por la segunda minoría, dos representantes de los abogados, y uno del ámbito académico y científico.

Finalmente, en el año 2013 fue dictada la ley 26.855 —declarada en el punto inconstitucional por la Corte Suprema en la causa "Rizzo" antes citada— que incorporó un representante más de los abogados, y agregó cinco representantes más del ámbito académico y científico. Asimismo, modificó la forma de elección de los jueces, los abogados y de los académicos y científicos.

III. Los hechos del caso y la resolución de la Corte Suprema

En el caso que se comenta, el doctor Monner Sans, invocando su calidad de ciudadano, abogado y usuario del servicio de justicia, inició una acción de amparo tendiente a que se declare la inconstitucionalidad de la ley 26.080, en cuanto modifica la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura que había establecido la ley 24.937. Asimismo, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal intervino en calidad de parte en los términos del art. 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda. Le denegó legitimación procesal a Monner Sans, y la admitió respecto al Colegio Público. Sin embargo, remitiéndose a un precedente anterior (8), rechazó la acción de amparo. Afirmó que el art. 114 de la Constitución Nacional no consagra la igualdad entre los estamentos, sino que la ley reglamentaria encomendada al Congreso de la Nación debe procurar que en la integración del cuerpo exista un equilibrio entre aquellas representaciones. Además, sostuvo que es competencia del Congreso de la Nación reglamentar lo atinente al Consejo de la Magistratura, y que a los jueces sólo les compete efectuar el control de constitucionalidad con arreglo a la noción de equilibrio consagrada en la Constitución.

Contra aquella sentencia los actores dedujeron recurso extraordinario que fue declarado improcedente por la Corte Suprema.

Los siete jueces del alto tribunal coincidieron en denegar legitimación al actor Monner Sans. Manifestaron que el accionante no había refutado los argumentos de la Cámara de Apelaciones para rechazar su reclamación. (9) Sin embargo, le reconocieron legitimación al Colegio Público. (10) Habiendo efectuado estas aclaraciones, corresponde adentrarse en la cuestión de fondo debatida en el caso.

IV. Los fundamentos de la sentencia de la Corte Suprema

a) El voto de la mayoría

El voto de la mayoría, conformada por los doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi y Maqueda —cuestión compartida por la doctora Argibay en su voto— recordó lo resuelto en el precedente "Rizzo", señalando que el equilibrio en la composición del Consejo no equivale a igualdad, sino que implica que no exista predominio de un sector sobre otro.

En tal sentido, la Corte Suprema afirmó que en el precepto del art. 114 no se dispone que la composición deba ser igualitaria sino que se exige que mantenga un equilibrio, término al que corresponde dar el significado que usualmente se le atribuye de contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas. "La concepción de los constituyentes que aprobaron el texto sancionado fue mantener en el Consejo un equilibrio entre sectores de distinto origen sin que exista predominio de unos sobre otros. Es decir que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo el cuerpo". Asimismo, sobre aquella comprensión manifestó que la norma prevé "una integración equilibrada respecto al poder que ostentan, por un lado, el sector político y, por el otro el estamento técnico. Esto es, que los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular no puedan ejercer acciones hegemónicas o predominar por sobre los representantes de los jueces, de los abogados y de los académicos o científicos, ni viceversa". (11)

En este contexto, la mayoría del máximo tribunal sostuvo que la tesis del Colegio Público, que postulaba una hermenéutica que solo admite como reglamentación legislativa válida la que exige una participación igualitaria de todos los estamentos, es constitucionalmente objetable. En tal sentido, consideró que el demandante no había realizado demostración alguna de que la composición del órgano establecida por la ley 26.080, legitime una acción hegemónica o predominio de uno de los estamentos por sobre el otro, omisión argumentativa que conducía al rechazo de la acción.

Finalmente, la Corte puso de relieve que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse (12), sino que para declarar la inconstitucionalidad de la norma se requiere que la relación de la norma con la cláusula constitucional sea "absolutamente incompatible" y que "haya entre ellas evidente oposición". (13)

b) El voto del doctor Zaffaroni

En su voto, el doctor Zaffaroni se remitió a su disidencia en la causa "Rizzo". En el mencionado precedente, en lo que respecta a la noción de equilibrio en la integración del Consejo, destacó que "el texto constitucional delegó la tarea de finalizar la estructuración del Consejo de la Magistratura en una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En esta línea, tampoco se definió su integración, pues el texto incorporado se limita a indicar los estamentos que deben estar representados, sin señalar número ni proporciones, dado que solo impone que se procure el equilibrio. Es claro que equilibrio no es sinónimo de igualdad y ni siquiera procurar es lo mismo que deber. Deber procurar significa que se debe hacer un esfuerzo en pos del equilibrio, pero nada más. Si bien suponemos que por razones de supuesta elegancia se ahorró el gerundio, con esa fórmula solo se exige un esfuerzo por parte del legislador ordinario, lo que éste hará en mayor o en menor medida, según los intereses coyunturales en pugna, conforme a la experiencia generalizada de la ya mencionada dinámica competitiva de la política". (14)

c) El voto de la doctora Argibay

La doctora Argibay, abundó en el concepto de equilibrio y destacó que el estándar bajo el cual corresponde examinar si el Congreso ha cumplido con el deber de procurar el "equilibrio", que de manera expresa el art. 114 de la Constitución pone a su cargo, se apoya en el criterio de "no predominio". Esto es, que ninguna de las representaciones mencionadas en el art. 114 de la Constitución debe contar con la posibilidad de tomar, por si sola —esto es, sin contar con la concurrencia al menos parcial de alguna otra—, las decisiones centrales para el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación.

Asimismo, se refirió específicamente a la actividad probatoria en tal sentido. Afirmó que la demostración de que la ley otorga predominio a un sector —cuando tal circunstancia no es claramente manifiesta como lo era en "Rizzo"— exigía no solo mostrar la diferencia numérica de los componentes de cada representación, sino también tomar en cuenta el peso que dicho número puede tener en la toma de decisiones, es decir, en la conformación de las mayorías necesarias.

Finalmente, sostuvo que es inocultable que la ley 26.080 incrementa la exposición del Consejo de la Magistratura al riesgo de funcionamiento anticonstitucional al acortar la distancia que debe recorrer el sector político para alcanzar una mayoría consolidada, mediante, por ejemplo, un acuerdo entre los representantes de mayoría y minoría que desdibuje su independencia de actuación parlamentaria.



V. La opinión de la doctrina

a) Equilibrio no significa igualdad

En la misma línea que el fallo anotado, también la doctrina ha señalado que el equilibrio al que se refiere el art. 114 no implica igualdad entre los distintos estamentos que conforman el Consejo, es decir, los órganos políticos representativos, los jueces, los abogados, y los académicos y científicos.

En tal sentido, Bidart Campos señala que de la norma constitucional queda claro "que el equilibrio entre las cuatro representaciones no equivale a la igualdad en cantidad de cada una". (15) En la misma línea se encuentra Sola que refiere que "la Constitución proscribe la supremacía de una representación sobre otras, no impone la representación igualitaria pero requiere que sea equilibrada es decir, que no supere una a las otras". (16) También Gelli sostiene que el equilibrio entre sectores no significa igualdad estricta entre todos ellos. (17)

En contra de esta postura se ubica Barraza, que considera que equilibrio es igualdad, es decir, igualdad entre las distintas organizaciones que conforman el Consejo de la Magistratura. (18)

b) Equilibrio implica que no exista predominio

Por otro lado, cabe referir que la doctrina también se ha expresado en el punto atinente a que la noción de equilibrio prevista en el art. 114 se refiere a que no exista predominio de ninguno de los estamentos que conforman el Consejo.

En tal sentido, Sagüés destaca que el equilibrio requerido por el art. 114 de la Constitución nacional no debe significar ni predominio absoluto de jueces en el Consejo, ya que ello conduciría a la autogestión judicial, cuestión que el constituyente quiso evitar, ni tampoco puede significar el manejo indirecto del Consejo por los partidos políticos. (19)

A su turno, Rosatti sostiene que el equilibrio al que se alude en art. 114 supone que ninguno de los cuatro sectores mencionados en la cláusula constitucional debería tener poder de bloqueo, por sí sólo, para seleccionar jueces o removerlos. (20) Por su parte, Haro destaca que el número de miembros pertenecientes a cada ámbito, debe respetar acabadamente el equilibrio institucional, de modo tal que ninguno de dichos ámbitos particularmente los políticos, tenga primacía en el funcionamiento del órgano, ya sea por el número de representantes o por los procedimientos de designación. (21)

En este punto es dable citar los debates parlamentarios de la primera ley que reglamentó el funcionamiento e integración del Consejo de la Magistratura. Respecto al tema bajo análisis, el senador Yoma expresó que "cuando el constituyente habla de procurar el equilibrio, se refiere al hecho de que un sector no predomine sobre los otros. Es decir que uno de los sectores mencionados no ejerza una acción hegemónica respecto del conjunto o que no controle por sí mismo al Consejo de la Magistratura. Si el constituyente hubiese querido una representación igualitaria, con sólo establecerlo en la Constitución hubiera sido suficiente. Es más, no hubiese encomendado al Congreso la tarea de procurar el equilibrio, ya que si se establece una representación igualitaria, no hay nada que procurar: Simplemente, cada uno tendría la misma cantidad de miembros. Cuando nos encomienda la tarea de procurar el equilibrio, está abonando la interpretación que transmitimos en nuestro proyecto de dictamen, cual es que ningún sector tenga preeminencia sobre el resto. Si nos remitimos al Diccionario de la Real Academia Española, advertimos que la cuarta acepción de la palabra 'equilibrio' es 'contrapeso, contrarresto, armonía entre otras cosas diversas'. Esto es lo que buscamos respecto del diseño legislativo del Consejo de la Magistratura: La armonía entre los diversos órganos, procurando el equilibrio, tal como nos lo encomendaran los constituyentes de Santa Fe". (22)



VI. Críticas a la ley 26.080

La modificación a la composición del Consejo de la Magistratura efectuada por la ley 26.080 no se vio exenta de críticas. En tal sentido, la doctrina ha considerado que "la ley 26.080 desquició el equilibrio representativo constitucionalmente pretendido, pues los miembros de los órganos políticos representativos tienen la mayoría absoluta del Consejo". (23)

En la misma línea, Gelli sostiene que la ley 26.080 acentúa "el desequilibrio entre sectores, ahora en dos direcciones: sobre trece integrantes, los poderes políticos cuentan con siete y hacen —por sí solos— quórum. Hacia adentro del sector político, pesa más el oficialismo de turno y se suprime la representación de la segunda minoría. Por cierto el primer desequilibrio viola el art. 114 de la Constitución Nacional, y los objetivos que llevaron a la sanción de la norma en tanto ésta se proponía atenuar la influencia de los poderes políticos en los procesos de selección y remoción de jueces". Asimismo, criticó que se elimine la representación de la Corte Suprema, ya que la presidencia del Consejo en manos del presidente de la Corte Suprema resultaba conveniente a fin de armonizar las miradas institucionales sobre los problemas y soluciones que requiere el Poder Judicial. (24)

Cabe destacar también que el Comité de Derechos Humanos creado por el art. 28, inc. 1º, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se expidió en relación a la ley 26.080, señalando que: "El Comité observa con preocupación que, a pesar del principio contenido en el art. 114 de la Constitución respecto al equilibrio que debe imperar en la composición del Consejo de la Magistratura, existe en el mismo una marcada representación de los órganos políticos allegados al Poder Ejecutivo, en detrimento de la representación de jueces y abogados (art. 2 del Pacto). El Estado Parte debe tomar medidas con miras a hacer efectivo el equilibrio previsto en el precepto constitucional en la composición del Consejo de la Magistratura, evitando situaciones de control del Ejecutivo sobre este órgano". (25)



VII. Conclusiones

En virtud de lo establecido en el punto III de la causa "Rizzo", actualmente se encuentra vigente la ley 26.080 en lo que respecta a la composición y la forma de elección de los diversos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura.

La Corte Suprema en el caso "Monner Sans" que se comenta, ha declarado la constitucionalidad de aquella norma, en tanto respeta el estándar establecido en el art. 114 de la Constitución nacional, que dispone que el Consejo será integrado "de modo que se procure el equilibrio" entre los distintos estamentos que lo conforman, es decir, los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de personas del ámbito académico y científico.

El máximo tribunal ha profundizado la interpretación del texto constitucional citado, afirmando que el equilibrio que se debe procurar no implica igualdad entre los estamentos, sino que no debe existir hegemonía o predominio de un estamento sobre otro.

Consideramos que la composición del Consejo que establecía la ley 24.937 respetaba en mayor medida el equilibrio que reclama el art. 114. Como se analizó, esta circunstancia es puesta de relieve en el voto de la doctora Argibay. Coincidimos también con la doctrina que ha criticado esta modificación.

Sin embargo, como bien lo señala el voto mayoritario, no le corresponde al Poder Judicial pronunciarse sobre la conveniencia o inconveniencia de una norma, sino únicamente pronunciarse si se opone al texto de la Constitución. (26) La Corte Suprema ha decidido que las modificaciones introducidas por la ley 26.080 no se oponen al texto de la Constitución, al menos, no de la forma "absolutamente incompatible" o "evidente" que se requiere para que la Corte Suprema lo declare inconstitucional.

Finalmente, cabe destacar que la doctora Argibay refiere que en el caso no era claramente manifiesta la circunstancia de que la ley otorga predominio a un sector, tal como había ocurrido en la causa "Rizzo" respecto a las modificaciones introducidas por la ley 26.855. Por lo tanto, resultaba esencial la actividad probatoria y argumentativa de quien alegaba la inconstitucionalidad. (27) En este sentido, la mayoría de la Corte Suprema afirmó que el demandante no había realizado demostración alguna de que la composición del órgano establecida por la ley 26.080, legitimara una acción hegemónica o predominio de uno de los estamentos por sobre el otro, omisión argumentativa que conducía al rechazo de la acción. En la misma línea se pronunció la doctora Argibay, opinando que la solución arribada al caso podría ser diferente si se argumentaba no sólo en relación a la diferencia numérica de los componentes de cada representación, sino también si también se tomaba en cuenta el peso que dicho número puede tener en la toma de decisiones, es decir, en la conformación de las mayorías necesarias.

En definitiva, la Corte Suprema consideró que toda vez que la inconstitucionalidad de la ley 26.080 no surgía de forma manifiesta, se requería que el accionante demuestre que la composición del Consejo establecida por aquella norma legitimaba una acción hegemónica o predominio de uno de los estamentos por sobre el otro. Pero en el caso, el actor no había argumentado en ese sentido, lo que conducía al rechazo de la acción. De esta forma, cabe resaltar que esta circunstancia deja abierta las puertas para que en otras causas que se encuentran en conocimiento de la Corte, el resultado sea diferente.

 (1) C.S.J.N., in re "Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/ acción de amparo c. Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13)" del 18/6/2013, causa R. 369. XLIX.

 (2) B.O. 27/05/2013.

 (3) B.O. 06/01/1998.

 (4) B.O. 06/01/1998.

 (5) B.O. 27/02/2006.

 (6) C.S.J.N., in re "Monner Sans, Ricardo c. EN - Secretaría General Presidencia y otros s/ amparo ley 16.986" del 6/3/2014, causa M. 2503. XLII.

 (7) Para un análisis más detallado sobre el equilibro en la composición del Consejo, ver Ylarri, Juan S., "El equilibrio en la Composición del Consejo de la Magistratura", Debates de Actualidad, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Rubinzal-Culzoni, Año XXVIII - Nº 207, julio - diciembre de 2013, ps. 79-93.

 (8) En tal sentido, se remitió al precedente de la propia Sala III, "AABA c. Estado Nacional" del 21/7/2006 (ver comentario de Gentile, Jorge Horacio, "La integración del Consejo de la Magistratura", La Ley, 2006-E, 768). En el caso, la Asociación de Abogados de Buenos Aires había deducido una acción de amparo con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 26.080 en cuanto modificó la composición del Consejo de la Magistratura. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia del juez de primera instancia que había rechazado la demanda. Para decidir de ese modo, sostuvo que la norma impugnada no era inconstitucional en cuanto redujo la cantidad de representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, ya que la noción de equilibrio consagrada en el art. 114 de la Constitución Nacional no es sinónimo de equivalencia o igualdad, sino que debe interpretarse como proporción, la cual ha sido respetada respecto de la representación de los abogados en la nueva conformación del órgano.

 (9) En tal sentido, recordó que el concepto de ciudadano es de notable generalidad y su comprobación, en la mayoría de los casos, no basta para demostrar la existencia de un interés "especial", "directo" o "inmediato", "concreto" o "sustancial", criterio que resultaba extensible a la alegada condición de abogado y de usuario del sistema de justicia (Fallos: 306:1125; 307:2384; 322:528; 324:2048; 333:1023). Asimismo, manifestó que el demandante no podía fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes, ya que no existen en el orden federal acciones populares que únicamente promuevan declaraciones abstractas y generales de inconstitucionalidad (conf. Fallos: 321:1352; 326:1007; 328: 2429; 333:487).

 (10) En tal sentido, la Corte destacó que el Colegio Público es una entidad pública que, entre sus funciones atribuidas legalmente, se encuentran las de gobierno de la matrícula y de control sobre el ejercicio profesional de quienes por expreso mandato constitucional necesariamente integran uno de los estamentos representados en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Además, señaló que la actora promovió la demanda en defensa de un derecho propio.

 (11) Considerando 5.

 (12) Fallos: 329:5567, in re "Dirección Nacional de Migraciones - Mº del Interior c. Valmor S.R.L. (ley 22.439)" del 12/12/2006.

 (13) Fallos: 14:425, in re "Avegno, José Leonardo c. Provincia de Buenos Aires" de 1874.

 (14) Causa "Rizzo" citada, considerando 6 de la disidencia del doctor Zaffaroni.

 (15) Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, Ediar, Buenos Aires, 2000, t. III, p. 374.

 (16) Sola, Juan Vicente, Derecho Constitucional, Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 827.

 (17) Gelli, María Angélica, "El Consejo de la Magistratura a la palestra. Las razones, el método y la subjetividad política de su enmienda", La Ley, 2006-A, 1082.

 (18) Barraza, Javier Indalecio, "Los desequilibrios de la ley. En torno al Consejo de la Magistratura y su modo de conformación", La Ley, 2006-D, 594.

 (19) SagüÉs, Néstor Pedro, Elementos de Derecho Constitucional, 2ª ed. actualizada y ampliada, Astrea, Buenos Aires, 1997, t. I, p. 519.

 (20) Rosatti, Horacio, Tratado de Derecho Constitucional, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, p. 438.

 (21) Haro, Ricardo, "El proyecto legislativo sobre el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento", La Ley, 1996-D, 1614.

 (22) Diario de Sesiones 06 y 07/03/1996, p. 619, Senador Jorge Raúl Yoma.

 (23) Rosatti, Horacio, Tratado de..., cit., ps. 438/439, nota 34.

 (24) Gelli, María Angélica, "El Consejo de la Magistratura a la palestra. Las razones, el método y la subjetividad política de su enmienda", La Ley, 2006-A, 1082. Ver del mismo autor, "El Consejo de la Magistratura en contexto político institucional", La Ley, 2009-D, 1349.

 (25) Comité de Derechos Humanos, Cuarto Informe Periódico de la República Argentina, 23/03/2010, Sesión 2708ª (CCPR/C/SR.2708), pto. 10.

 (26) En cuanto a los alcances y límites del control judicial de constitucionalidad en nuestro país, ver: Ylarri, Juan Santiago, "Constitución, democracia y control judicial de constitucionalidad", Microjuris, 18/02/2014, (cita: MJD6599).



 (27) En cuanto a la importancia de la fundamentación jurídica especialmente cuando se debaten cuestiones constitucionales, ver: Ylarri, Juan Santiago, "La necesidad de fundamentación en el recurso de inconstitucionalidad", Doctrina Judicial, La Ley, N° 7, Año XXIX, 13/2/2013, ps. 17-30.


 




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