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Vistos; Se instruyó en el proceso rol n 182-98 “Villa Grimaldi” el episodio denominado “Fernando Silva Camus y otro”


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(X)“La aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones de Derechos Humanos”. Karinna Fernández Neira.PietroSferrazzaTaibi.http:www.pensamientopenal.com.ar/16102008/ doctrina 03.pdf”

de Viena sobre el Derecho de los Tratados”. En este aspecto procede recordar que la Excma.Corte Suprema ha declarado que las disposiciones de esta Convención tienen rango de norma de ius cogens o principios generales de Derecho Internacional”, a pesar de no haber sido ratificada por Chile. Al respecto, cabe señalar las sentencias de la Excma. Corte Suprema de 18 de enero de 2007,rol N°2666-04, considerando 17° y de 13 de marzo de 2007, rol N°3125-04, cuyo considerando 13° expresa: “Que no obstante que la citada Convención(“ Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad”) no se encuentra incorporada a nuestro ordenamiento jurídico como tal, en realidad aquella se limitó a afirmar la imprescriptibilidad de tales deplorables hechos…lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente(ius cogens) en función del derecho internacional público de origen consuetudinario, confirmando un principio instalado por la costumbre

internacional que ya tenía vigencia al tiempo de realización de los sucesos, pues su naturaleza preexiste al momento de su positivización. Desde esta perspectiva, es posible afirmar que la costumbre internacional ya consideraba imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con anterioridad a la mentada convención y que ésta también era materia común del derecho internacional”.

Este carácter, como sabemos, ha sido reconocido en otros fallos de la Excma.Corte Suprema, en cuanto aseveran que el tiempo transcurrido no produce efecto alguno respecto de su persecución o castigo, lo que ha permitido concluir que tampoco debiera tener efecto en cuanto a la envergadura de la sanción.



II. Naturaleza jurídica de la prescripción gradual.

Corresponde a la misma naturaleza jurídica que la prescripción y se distingue de ella en los efectos jurídicos que produce, además de ser de carácter facultativo respecto a su aplicación, ya que se remite literalmente a las normas de determinación de penas de los artículos 65,66, 67 y 68 del Código punitivo.

Es así como este beneficio procede cuando “el inculpado se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo transcurrido la mitad del que se exige, en sus respectivos casos, para tales prescripciones …”, debiendo el Tribunal “considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante”.

La doctrina ha expresado que sus fundamentos se encuentran en las mismas consideraciones de estabilidad social y certeza jurídica que dieron origen al artículo 93 del referido Estatuto Penal pero que está destinada a producir sus efectos en aquellos casos en que la realización de los fines previstos para la prescripción no concurren en forma natural sino al cabo de un proceso gradual; esto es, que el lapso necesario para prescribir está por cumplirse, lo que justifica la atenuación de la pena, siendo evidente que se trata de aquellos casos que no presentan las características de los delitos de lesa humanidad, por su carácter imprescriptible. En consecuencia, el fundamento para dicha atenuación es que se trate de un delito en vías de prescribir.



III.-Tratados Internacionales.

El Estado de Chile ha contraído obligaciones que emanan de los Tratados Internacionales que ha suscrito; en efecto, el ordenamiento jurídico chileno ha reconocido la primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho interno al ratificar la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, por lo cual, en casos de conflictos entre uno y otro, Chile está obligado a hacer prevalecer las normas de este último.

Los Tratados Internacionales mantienen esa preeminencia en razón de lo preceptuado por el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República en cuanto expresa:”El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos de los Estados respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Por ende, los “Convenios de Ginebra” tienen aplicación preeminente y, en igual sentido, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 15 N°2 prescribe:”Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueren delictivos según los principios generales del Derecho Internacional reconocidos por la comunidad internacional”.

De tales principios emana la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de crímenes contra la humanidad, por sobre las instituciones extintivas de la responsabilidad.

El objeto de que la comunidad de las naciones declarara que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tiene su fundamento en evitar que la sola prolongación en el tiempo de un régimen de terror termine por favorecer con la justicia de una garantía a quienes fueron pródigos en injusticia y violaciones de las garantías más preciadas de los pueblos bajo su dominio” (Politoff L.Sergio “Texto y Comentario Del Código Penal Chileno”. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. 2002.Pág,464).

Estas fundamentaciones de carácter internacional evidentemente son aplicables a la “media prescripción”, ya que se trata de conceder beneficios previstos por el legislador para delitos comunes diferentes a los crímenes contra la humanidad, donde el transcurso del tiempo no produce efecto alguno, en que el reproche social de la humanidad no disminuye por el paso de aquel, el cual se mantiene con carácter permanente, a diferencia de lo que acontece con los delitos comunes y el reproche social de ellos, en la medida en que tales delitos son susceptibles de prescripción y la variable tiempo es un elemento que debe considerarse, rigiendo las instituciones de la prescripción y la media prescripción.(“Informe en Derecho”. Humberto Nogueira Alcalá. Doctor en Derecho Constitucional. Profesor titular de Derecho Constitucional).

Ahora bien, respecto de este aspecto conviene analizar los requisitos que debe cumplir una sanción para cumplir con esta obligación internacional.


IV. Fines de la pena.

En relación con la protección de los derechos humanos que recae sobre los Estados miembros de la comunidad internacional, la pena debe cumplir con los fines que le son propios y que fueron enunciados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2583(XXIV) de 15 de diciembre de 1969:”La sanción de los responsables por tales delitos es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y para fomentar la confianza, estimular la cooperación entre pueblos y contribuir a la paz y la seguridad internacionales”.

Por otra parte, la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad se encuentra consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana y en cuanto a que la sanción aplicable sea proporcional al crimen cometido, es un principio que se ha consagrado en diversas normativas de carácter internacional.

En efecto, en la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes”, se dispone ”Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad” (Artículo 4 N°2).

En el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño”, se señala ”Todo Estado Parte castigará estos delitos con penas adecuadas a su gravedad”. (Artículo 3 N°3).

En la “Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente protegidas”, se expone ”Cada Estado Parte hará que estos delitos sean castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta el carácter grave de los mismos”. (Artículo 2 N° 2).

En la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, se consigna:”Los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad…”(Artículo 3°).

En este mismo sentido. la Corte Interamericana ha expresado:”En cuanto al referido principio de proporcionalidad de la pena, la Corte estima oportuno resaltar que la respuesta que el Estado atribuye a la conducta ilícita del autor de la trasgresión debe ser proporcional al bien jurídico afectado y a la culpabilidad con la que actuó el autor, por lo que se debe establecer en función de la diversa naturaleza y gravedad de los hechos”.(Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafo 105, letra a).

Por su parte, la doctrina señala que para determinar la proporcionalidad de la pena debe observarse la magnitud del delito. El profesor Manuel de Rivacoba y Rivacoba ha expresado:”Lo fundamental para estimar dicha gravedad es el mayor o menor injusto del caso en cuestión y su mayor o menor reprochabilidad; lo primero, siempre que su antijuridicidad consista, por la índole del correspondiente bien jurídico y también del ataque contra él, en su lesión o menoscabo”(“Las circunstancias modificadoras de la responsabilidad criminal en la teoría general del delito”. Revista “Doctrina Penal”, N°43, año 11, página 476).

En igual sentido, la Excma. Corte Suprema en su sentencia de 30 de mayo de 1995,Rol N°30.174-94, por el homicidio calificado de Orlando Letelier, razonó estimando el caso como un delito de lesa humanidad, que el artículo 103 del Código Penal busca privilegiar al responsable, pero que su alcance y aplicación es facultativo, en cuanto el Tribunal puede o no usar dicha reducción, observando las características de la comisión del delito:”el tribunal estima prudente y de justicia mantener las sanciones que determina el fallo de primera instancia, considerando el ámbito, magnitud y proyecciones del crimen y la condición de las personas que en él intervinieron”.(Considerando 24°).

Finalmente, el mismo Excmo. Tribunal ha afirmado que de los Convenios de Ginebra surge para Chile la obligación de tomar todas las medidas legislativas necesarias en orden a fijar las adecuadas sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas que cometen o dan orden de cometer, cualquiera de las contravenciones graves definidas en el Convenio. Es así como en sentencia de diez de mayo de dos mil siete, Rol N°3452-06, se expresa:la prohibición de la auto exoneración no dice relación sólo con las consecuencias civiles de las transgresiones verificadas, sino también y de manera primordial, a las sanciones penales contempladas para ellos, pues es claro que, respecto de hechos de esta clase, cobra una importancia fundamental la función de prevención general de las reacciones punitivas, la cual exige que las amenazas contenidas en las normas correspondientes se hagan efectivas en cualquier momento en que la persecución de los responsables se haga posible y aunque la de prevención especial parezca ya satisfecha porque el transcurso del tiempo haya convertidos a los infractores en ciudadanos inofensivos. La sociedad, en efecto, no toleraría que violaciones de tal magnitud queden definitivamente impunes, con el pretexto de que el castigo ya no puede resocializar al que no está más en condiciones de reincidir pues, no obstante ello, se puede actuar reforzando para el futuro en los ciudadanos el respeto por los valores elementales sobre los que descansa la posibilidad de una convivencia pacífica (prevención general positiva) y disuadiendo a quienes se sientan inclinados a incurrir en hechos semejantes (prevención general negativa.”) (Considerando cuadragésimo segundo).

Finalmente, conviene recordar en este aspecto normas de nuestra legislación nacional. En efecto, como se ha escrito:



… la imprescriptibilidad en Derecho Internacional es una norma. Asimismo, en los Derechos Internos este principio goza de reconocimiento…e incorporado en varios ordenamientos jurídicos internos como en el caso belga…en Australia…en Alemania…En el derecho chileno, el artículo 250 del Código Procesal Penal, que trata del sobreseimiento definitivo, reconoce la existencia de crímenes internacionales donde la prescripción y la amnistía son improcedentes, al señalar en su inciso segundo que “el juez no podrá dictar sobreseimiento definitivo respecto de los delitos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, sean imprescriptibles o no puedan ser amnistiados”, salvo los casos de extinción de la responsabilidad penal por muerte del responsable o por cumplimiento de la condena.(Gonzalo Aguilar Cavallo.”Crímenes Internacionales y la imprescriptibilidad de la acción penal y civil.Referencia al caso chileno”.”Ius et Praxis”. Universidad de Talca.2008, página 171.

En resumen de lo analizado, en el momento de establecerse, jurisdiccionalmente, la sanción por el ilícito referido, por su especial connotación, debe ponderarse dicho carácter de permanencia, la extensión del mal causado y la gravedad de sus consecuencias, lo que permite exigir un castigo actual y permanente, por todo lo cual corresponde desechar la aplicación en autos de la institución denominada de la "media prescripción".



12)Circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal.

51°)Que, las defensas de Miguel Krassnoff, Marcelo Moren, Basclay Zapata y Patricia Almuna invocan, en subsidio de las absoluciones rechazadas, la existencia de la minorante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, lo cual procede acoger, por resultar de sus respectivos extractos de filiación y antecedentes que si bien los tres primeros se encuentran sometidos a proceso en un considerable número de causas en tramitación, ninguno de ellos ha sido condenado por delitos cometidos con anterioridad a la perpetración de los ilícitos por el cual ahora se les acusa.

52º) Que, los letrados defensores de Miguel Krassnoff, Basclay Zapata y de Palmira Almuna han invocado, además, la existencia de la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, por estimar que sus mandantes se encontraban, en la época de los hechos, en comisión de servicio en la DINA bajo el mando directo de un Oficial de Ejército, de quien debía cumplir las órdenes impartidas.

53°) Que, la norma citada expresa:”Fuera de los casos previstos en el inciso segundo del artículo 214, será circunstancia atenuante tanto en los delitos militares como en los comunes, el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico…”

Esta minorante, denominada de “obediencia indebida”, siguiendo a Renato Astroza (“Código de Justicia Militar Comentado”. Editorial Jurídica de Chile. Tercera Edición, página 340) tiene lugar “fuera de los casos previstos en el inciso segundo del artículo 214”,cuando el inferior comete un delito militar o un delito común por dar cumplimiento a una orden de un superior jerárquico y siempre que ese cumplimiento no constituya un caso de obediencia debida de acuerdo con lo prescrito en el articulo 334. Acorde con este precepto las órdenes imponen la obligación de ser obedecidas por los inferiores cuando se reúnen los siguientes requisitos:

1. Orden de un superior;

2. Que la orden sea relativa al servicio y, según el articulo 421 del mismo Estatuto, se entiende por “acto de servicio todo “el que se refiera o tenga relación con las funciones que a cada militar corresponden por el hecho de pertenecer a las Instituciones Armadas”;

3. Que sea dada en uso de atribuciones legítimas y

4.Si la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito se ha representado por el inferior e insistida por el superior.

Si bien podría pensarse que si se comete un delito por cumplir la orden de un superior faltando cualquiera de los 4 requisitos señalados operaria la atenuante del artículo 211”…Ello no es así, en razón de que no puede faltar el requisito en que descansa la circunstancia: la existencia de la orden del superior jerárquico (Astroza, ob.cit., página 340).

En el caso en estudio, como las defensas de los acusados Krassnoff y Almuna reiterando lo declarado por éstos, niegan toda conducta relativa a los delitos que se le atribuyen, no han podido insinuar siquiera haber recibido la orden de parte de algún superior jerárquico. En el caso de Basclay Zapata éste, en sus últimas declaraciones, se refiere, genéricamente, a las órdenes recibidas de Krassnoff pero no las relaciona específicamente con los ilícitos por los cuales ahora se le acusa. En consecuencia, como se alude en términos generales al cumplimiento de órdenes de otros Oficiales, al negar la respectiva participación en el ilícito materia de este proceso, tampoco procede tener por acreditada la existencia de dicha orden del superior jerárquico, todo lo cual permite desechar la existencia de la citada minorante.



54°) Que, las defensas de los acusados Juan Contreras, de Miguel Krassnoff y de Marcelo Moren invocan la existencia de la circunstancia atenuante del numeral 1° del artículo 11 del Código Penal, en relación con la eximente del N°10 del artículo 10 del mismo texto punitivo,(que fue desechada en el apartado 40°precedente),petición que procede desestimar puesto que, en la especie, no se trata de una eximente constituida por varios requisitos, cuya pluralidad es la que valida, precisamente, la atenuante del numeral 1° del artículo 11 citado, si concurre la mayoría de las condiciones prescritas para originar la eximente.

55°)Que, la defensa de Marcelo Moren para el caso de acogerse, a su respecto, la existencia de una circunstancia atenuante de responsabilidad, solicita que se la considere como “muy calificada”, en los términos del artículo 68 bis del Código Penal, petición que se rechaza, por cuanto, como se ha razonado por la Excma. Corte Suprema en fallos recientes al aludir a esta minorante, en otros casos penales y que nos permitimos extractar:“…los antecedentes que le dan sustento resultan insuficientes para estimarla muy calificada, pues si su sola configuración como simple atenuante se refiere al desenvolvimiento en la conducta de un individuo en el plano social, familiar e individual en forma recta, honrada, exenta de reproches, apreciar dicho comportamiento como muy calificado importa de suyo un juicio de valor aún más estricto, el cual de estimarse procedente debe sustentarse en antecedentes relevantes y extraordinarios, de cierto grado de continuidad en el tiempo...” .

13)Penalidad.

56°) Que, procede considerar que la sanción a la época del comienzo de la ocurrencia de los ilícitos contemplados en el artículo 141 de Código Penal(noviembre de 1974)era de presidio mayor en cualquiera de sus grados.

57°)Que, en la imposición de las penas que corresponden a los acusados Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, y Basclay Humberto Zapata Reyes por concurrir respecto de cada uno de ellos una circunstancia atenuante de responsabilidad criminal (fundamento 51°precedente), sin que les afecten agravantes, se considerará la norma del artículo 68 inciso 2° del Código Penal, no aplicándoseles el grado máximo de la pena que contemplaba, a la fecha de comienzo de los ilícitos que se les atribuyen, el artículo 141 del Estatuto punitivo.

Igual procedimiento se adoptará en cuanto a la acusada Palmira Isabel Almuna Guzmán, en su calidad de cómplice de un delito de secuestro calificado de Claudio Silva Peralta, aplicándosele, además, a su respecto, la norma del artículo 51 del Estatuto Penal.

Además, atendido lo solicitado por su defensa, la sanción que se le impondrá y por reunirse a su respecto los requisitos exigidos por el artículo 15 de la Ley N°18.216 se concede a la mencionada Palmira Isabel Almuna Guzmán el beneficio alternativo de cumplimiento de pena de la libertad vigilada, debiendo permanecer sujeta a la vigilancia y observación de la Sección de Tratamiento en el Medio Libre que se designe por Gendarmería de Chile por el mismo lapso de su condena y cumplir con las exigencias contempladas en el artículo 17 de la misma Ley.

Si tal beneficio le fuere revocado la pena impuesta se le contará desde que se presente o sea habida, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privada de libertad, esto es, desde el 3 de junio de 2008 al día 6 del mismo mes y año.



58°)Que, por no concurrir respecto de los acusados Contreras Sepúlveda y Espinoza Bravo, ni atenuantes ni agravantes, en la imposición de las penas correspondientes se considerará la norma del artículo 68 inciso 1° del Código sancionatorio.

59°) Que, en la imposición de las penas que corresponden a los acusados Contreras, Krassnoff, Espinoza, Moren y Zapata, en calidad de autores de dos delitos - secuestros calificados de Claudio Guillermo Silva Peralta y de Fernando Guillermo Silva Camus- les resulta más favorable imponerles sus respectivas sanciones de conformidad con la norma del artículo 74 del Código punitivo y no con la de la reiteración de crímenes contemplada en el artículo 509 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Demanda civil.

60°) Que, en el primer otrosí de fojas 3479 el apoderado de las querellantes María Inés Peralta Zamorano y Regina de la Cruz Lazo Dinamarca interpone demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko,Basclay Humberto Zapara Reyes, Palmira Isabel Almuna Guzmán y Pedro Octavio Espinoza Bravo y del Fisco de Chile, cuyo representante es don Carlos Mackenney Urzúa, ambos domiciliados en Agustinas 1687.

Expone que está expuesto en la querella y en la acusación de autos que Claudio Silva Peralta fue detenido el 26 de noviembre de 1974 y su padre fue detenido al día siguiente, por el grupo “Halcón” de la DINA y los condujeron a “Villa Grimaldi” y fueron vistos por una gran cantidad de testigos, perdiéndose el rastro de ambos durante el verano de 1975. Las detenciones fueron siempre negadas por las autoridades políticas y administrativas y sus familiares los han buscado durante largos años sin resultados. Los acusados eran funcionarios estatales, miembros de la DINA, institución de orden jerárquico y verticalidad. No puede caber duda de una participación institucionalizada en los hechos. Ambas querellantes, se agrega, han sufrido como consecuencias del desaparecimiento, una grave daño de carácter moral, que ha minado su salud en el largo tiempo transcurrido; según la jurisprudencia el daño moral es de carácter subjetivo y sicológico y se verifica cuando un hecho externo afecta la integridad física o moral de una persona con la cual se tienen lazos de parentesco que crean vínculos afectivos. La relación directa de parentesco hace presumir el daño moral. Además, las querellantes fueron afectadas por el operativo internacional fraguado por la DINA, que fue la "Operación Colombo“, ya que sus parientes aparecieron en la lista de 119 chilenos, supuestamente muertos por rencillas entre ellos o en combates cordilleranos. Se añade que no puede caber duda que el prolongado desgaste síquico y moral experimentado por las demandantes como secuela de este cúmulo de hechos delictuales, todos crímenes contra la humanidad, tipificados y condenados por el Derecho Internacional, cometidos en contra de personas de especial cercanía y parentesco, no es sustituible por suma alguna de dinero ya que éste en modo alguno puede operar como compensación de la ausencia forzosa de personas particularmente queridas. Cabe, sin embargo, una compensación pecuniaria como el Derecho Internacional lo reconoce ante crímenes de lesa humanidad.



Se agrega que la responsabilidad civil emana de la participación directa de los acusados en el ilícito generador del daño moral, según lo previenen los artículos 10 del Código de Procedimiento Penal y 2314 del Código Civil. El fundamento normativo es la actual Constitución Política del Estado, la Ley 18.575 sobre Bases de la Administración del Estadio y el Derecho Internacional. La responsabilidad del Estado es de tipo objetivo, está fundada en la existencia de un daño antijurídico, producido por una acción u omisión realizada por un órgano del Estado en el ejercicio de sus funciones. De esa naturaleza objetiva se sigue que no es necesario acreditar la negligencia o dolo de los funcionarios del Estado. La doctrina iuspublicista argumenta que existe un principio general de Derecho Administrativo que obliga al Estado a responder por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no están obligadas a soportarlos. Por otra parte, el inciso 2° del artículo 38 de la Constitución contempla una acción constitucional para hacer exigible la responsabilidad extracontractual del Estado. El juez, dada la inexcusabilidad de su función, se encuentra sujeto a la imperatividad de resolver el caso sometido a su conocimiento. La obligación del Estado de indemnizar los perjuicios no sólo encuentra sustento en la legislación interna chilena sino también en el Derecho Internacional humanitario que, a través de diversos instrumentos jurídicos. ha establecido el deber genérico del Estado de responder por las violaciones a los derechos de las personas. Se cita, al efecto, los artículos 1.1, 63.1 y 68.2 de la Convención Americana de los Derechos del Hombre y el artículo 63.1 de la Convención Americana. Se concluye que se cumplen todos los requisitos señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, las normas del Derecho de Gentes, la jurisprudencia de los tribunales nacionales, la doctrina de los tratadistas y la emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se configure la responsabilidad del Estado. Concluye solicitando se condene a los acusados y al Fisco de Chile ha pagar solidariamente a doña Maria Inés Peralta Zamorano la suma de ochenta millones de pesos y solidariamente a doña Regina de la Cruz Lazo Dinamarca la suma de ochenta millones de pesos por concepto de indemnización por el daño moral ocasionado y al pago de las costas de la causa.
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