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Vistos; Se instruyó en el proceso rol n 182-98 “Villa Grimaldi” el episodio denominado “Fernando Silva Camus y otro”


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participación culpable del acusado en el ilícito.

Se añade que el auto acusatorio no acredita la hipótesis de autoría del artículo 15 N° 3 del Código Penal:Los que concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él”.

Se estiman conculcadas las normas procesales sobre acreditación del delito de secuestro y respecto de la prueba aportada expresa que se trata de un procedimiento espurio, consistente en hacer declarar testigos falsos, inhábiles. Formula a continuación (VIII) un análisis “de los medios de prueba aportados por la querellante” y concluye que ninguno acredita ni el delito ni la participación culpable de su mandante.

En subsidio, en el 16º otrosí, invoca las eximentes del artículo 10 Nº 8 y Nº 10 del Código Penal.

En subsidio, en el 17º otrosí, hace valer las siguientes atenuantes:

1)La incompleta del artículo 10 Nº 10 del Código Penal en relación con el articulo 11 Nº 1 del mismo cuerpo legal.

2)”Atenuante” del artículo 67 inciso 4º, es decir, la rebaja en uno o más grados de la pena establecida para el delito.

3) Aplicación del artículo 68 bis del mismo Código y estimar alguna atenuante como “muy calificada”.

4)En caso de rechazarse la prescripción pide se aplique, subsidiariamente, el artículo 103 del Código Penal.



24°)Que, al contestar la acusación de oficio y las adhesiones a ella la defensa de Pedro Octavio Espinoza Bravo en el primer otrosí de fojas 3564, en subsidio de las excepciones de previo y especial pronunciamiento opuestas en lo principal, solicita la absolución de su mandante. Expone que el 9 de mayo de 2008 se le sometió a proceso como autor del delito de secuestro calificado en la persona de Claudio Silva Peralta. De los antecedentes acompañados, añade, parece que indicaran que hubo una presunta desgracia y existen presunciones fundadas que el señor Silva dejó de existir a lo menos a mediados de enero de 1975, hace más de 30 años a la fecha, por lo que si hubiere sido víctima de un homicidio el juez de la causa debió declarar de oficio la prescripción.

Además, de no estar acreditada suficientemente la existencia del cuerpo del delito, de los antecedentes no aparece una actuación personal de Pedro Octavio Espinoza Bravo que permita establecer alguna presunción de responsabilidad en los hechos investigados. Además, está acreditado que Espinoza llegó el 10 de enero de 1975, salió con feriado el 15 de enero y regresó el 15 de febrero del citado año, oportunidad en que entregó el puesto al Coronel Moren Brito, es decir, a la fecha de la desaparición de Silva Peralta, no tenía ninguna vinculación con “Villa Grimaldi”.

Los hechos materia de la acusación ocurrieron en 1975, hace ya más de 33 años por lo cual se encuentra prescrita la acción penal, de conformidad con los artículos 94 y 95 del Código Penal y procede declararla de oficio.

Por otra parte, los hechos de autos caen dentro del ámbito de aplicación de la ley de amnistía, ya que ocurrieron entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. De esta manera solicita la absolución de su representado por encontrarse extinguida su eventual responsabilidad.

En subsidio, se pide se tenga presente que ha transcurrido más de la mitad de la prescripción, por lo que debe aplicarse el artículo 103 del Código Penal, como minorante.

25°)Que, al contestar la acusación de oficio y las adhesiones a ella la defensa de Miguel Krassnoff Martchenko en el primer otrosí de fojas 3598 solicita la absolución de su mandante renovando las excepciones de previo y especial pronunciamiento de amnistía, prescripción y cosa juzgada, como defensas de fondo.

En cuanto a la amnistía estima que los hechos investigados se encuentran cubiertos por el Decreto Ley N°2191, de 1978, que se encuentra vigente. Su artículo 1° concede amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores, hayan incurrido en hechos delictuosos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978; el artículo 3° señala determinadas conductas que no se encuentran comprendidas en el beneficio, entre las cuales no aparece el secuestro. Esta institución, añade, nació para resolver dificultades en situaciones en que es conveniente que el Estado renuncie temporalmente a su facultad de juzgar y castigar determinadas conductas delictuales, en aras del orden y la pacificación social y nacional. Así lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia. En nuestra legislación tiene su expresión jurídica como causal de justificación de responsabilidad penal en el artículo 92 N°3 del Código Penal, indica que se extingue por completo la pena y todos sus efectos, lo que tiene concreción procesal en el artículo 408 N°5 del Código de Procedimiento Penal. No le parece aceptada la opinión de que porque estos delitos revisten las características de permanentes estén exceptuados para los efectos de la amnistía, dicha tesis es insostenible.

Añade que las acciones referidas a los sucesos investigados se encuentran absolutamente prescritas porque al momento de ejercerse la acción penal había pasado con creces el plazo de diez años que exige la ley para ejercerla. La prescripción, explica, es una institución jurídica penal de amplia y común aplicación en nuestro país y entre los fundamentos básicos de su existencia está el hecho de que opera por el simple transcurso del tiempo. El artículo 94 del Código Penal establece que la acción penal prescribe en el caso de los crímenes a que la ley impone pena de presidio reclusión o relegación perpetuos en 15 años y respecto de los demás crímenes en diez años, término que, de acuerdo al artículo 95, se empieza a contar desde el día en que se hubiera cometido el delito; en el caso sub-lite la prescripción comenzó a correr desde el 26 y 27 de noviembre de 1974. En el evento de considerarse ilícita la detención y privación de libertad la participación de su representado se encuentra acotada entre el 26 y 27 de noviembre de 1975 y fines de enero de 1975. Ostentaba el grado de Oficial subalterno y no hay elemento de prueba alguno que aquella se haya materializado por orden del Teniente Miguel Krassnoff. Agrega que el ilícito se define como encerrar o detener a otro sin derecho, privándolo de libertad y se le considera calificado si la privación de libertad dura más de noventa días. No es suficiente que la víctima o sus restos no aparezcan para presumir que el hechor mantiene bajo su poder o custodia a la persona física del secuestrado. La argumentación de que en el delito de secuestro el plazo de prescripción comienza a correr sólo desde que la acción típica termina “ha sido refutada magistralmente” por el profesor Francisco Grisolía en cuanto a que la tesis errada del secuestro como delito permanente lleva a una secuencia lógicamente inaceptable de presunciones y contra presunciones.

Continúa que carece de todo fundamento el que los Tratados Internacionales vigentes en Chile prohíban la aplicación de una ley de amnistía o las normas sobre prescripción. Debe tratarse de convenios ratificados y vigentes en Chile. En seguida, invoca lo principios de legalidad y reserva, por ello estima que una grave violación a la Constitución cometen los magistrados que aplican a los procesos de que conocen convenios no vigentes en Chile o simples resoluciones de la ONU “con el único propósito de omitir las leyes vigentes”.

Cabe advertir que ni en el petitorio ni en el cuerpo del escrito se fundamenta de modo alguno la excepción de cosa juzgada inicialmente anunciada por el letrado.

Analiza, en seguida, la situación que vivía el país y la región durante 1974 y expone que el joven Teniente Krassnoff, por razones desconocidas, fue sacado de su función como Oficial Instructor de la Escuela Militar y destinado a cumplir misiones en la organización de seguridad recién creada de la DINA con la misión de neutralizar elementos terroristas. Concluye que no existe la comprobación de ningún cargo procesal que lo inculpe ciertamente y de manera contundente en actividades relacionadas con violaciones a los derechos humanos de determinadas personas.

Reitera que no existe el delito de secuestro permanente y que, por otra parte, el artículo 141 del Código Penal castiga a quien encerrare o detuviere a otro, “sin derecho”; en los hechos ocurridos en “Villa Grimaldi” se actuó “con derecho”, que emanaba de la Ley de Control de Armas que facultaba para allanar y detener.El Decreto Ley N°77 consideró como asociaciones ilícitas a los partidos políticos. El Decreto Ley N°521 creó la Dirección de Inteligencia Nacional y “le dio atribuciones para detener en caso de flagrancia”.

Por otra parte, se arguye que a los empleados públicos encargados del cumplimento de órdenes de detención o arresto no le son aplicables las disposiciones de artículo 141 del Código Penal y si infringen alguna disposición legal no puede ser otra que la del artículo 148 del mismo texto, relativo a agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución.

Continúa que su mandante no tuvo participación en los hechos que se le atribuyen.

Invoca, en seguida, las atenuantes del artículo 11 N°1 del Código Penal en relación con el articulo 10 N°10 del mismo cuerpo legal. Luego la del artículo 214 del Código de Justicia Militar que atenúa la responsabilidad del subordinado y dispone “cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior que la impartió será el único responsable”. Por consiguiente, alega la atenuante del artículo 211 del Código Castrense. Finalmente, invoca la minorante del artículo 11 N°6 del Código Penal.

26°)Que, la defensa de Marcelo Moren Luis Brito,en lo principal de fojas 3647, contesta la acusación fiscal y las adhesiones a ella y solicita la absolución de su mandante por concurrir en el caso la ley de amnistía y la prescripción de la acción penal. Expone que en atención a lo dispuesto en los artículos 93 N°6 y 94 del Código Penal el período máximo de prescripción es de quince años; el artículo 95 establece que el término de la prescripción empieza a correr desde el día en que se hubieren cometido los presuntos delitos y considerando que los sucesos investigados habrían transcurrido desde el 26 y 27 de noviembre de 1974, hace 33 años, sin que se tenga noticias de Claudio Silva Peralta y Fernando Silva Camus, después del mes de noviembre de 1974, la acción penal ha prescrito. Pide se tenga por “reproducido lo argumentado” en cuanto a la improcedencia de estimar que el secuestro continuaría cometiéndose hasta el presente.

Sumado a lo anterior es procedente, sostiene, dar aplicación a la amnistía consagrada en el Decreto Ley N°2191.de 1978, en relación con el artículo 93 N°3 del Código Penal. Añade ”Como lo ha declarado en diversos fallos la Excma. Corte Suprema la amnistía es una institución cuya naturaleza es tal que no sólo extingue la pena señalada por la ley al delito de que se trata sino que del mismo modo hace perder toda eficacia a la acción penal atinente…deja a su autor en misma situación en que estaría si no lo hubiera cometido”(Corte Suprema.16.09.98).

En nuestro ordenamiento jurídico, agrega, la amnistía constituye un acto del poder legislativo que suspende la declaración de criminalidad hecha por toda ley, como consecuencia de que hace desaparecer la punibilidad del delito,de eliminar la pena y todos sus efectos en los hechos ilícitos que comprende. Siendo la amnistía una causal objetiva de extinción de responsabilidad criminal, sus efectos se producen de pleno derecho a partir del momento establecido por la ley. De la lectura del Decreto Ley N° 2.191 se aprecia nítidamente que la amnistía que concede no es personal ni particular, sino que esencialmente general.

En seguida, se expresa que ”sin perjuicio de la calificación de permanente que pueda atribuirse al delito de secuestro, es exigencia ineludible del secuestro agravado de personas que el inculpado como autor del mismo, haya tenido no solo inicialmente la voluntad o poder y disposición moral efectiva sino también el poder y la actitud material o física posterior de conservar y de mantener en el tiempo el encierro y la retención de la persona detenida víctima del secuestro…La acusación pretende que ante la ausencia de noticias ciertas del paradero de Héctor Vergara Doxroud (SIC) el supuesto secuestro se estaría hasta el presente día ejecutando, alejándose de la descripción típica que requiere conservar y mantener en el tiempo el encierro y la detención de la persona detenida víctima del secuestro…”

Luego, se expone que la acusación constata que los hechos investigados fueron realizados con conocimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia, lo que en la institución a la que pertenecía su representado implica que se realizaban justamente por orden de tales autoridades. De autos se acredita que don Marcelo Moren estuvo asignado, en el período en que se habrían practicado las detenciones investigadas, a la DINA. Pero de tal hecho no debe atribuirse la responsabilidad de las acciones que se consideren ilícitas a mi representado que actuaba en el cumplimiento de su deber de ejecutar las órdenes de sus superiores y al actuar de modo diverso habría incurrido en el delito de desobediencia contemplado en los artículos 334 y siguientes del… Código de Justicia Militar…” Por ello invoca el artículo 10 N° 10 del Código Penal que establece como circunstancia que exime de responsabilidad criminal al que “obra en cumplimiento de un deber”.

En seguida, invoca la falta de participación y arguye que respecto del acusado Moren no existen elementos que determinen su responsabilidad en los hechos; tampoco se ha determinado de manera precisa cómo actuó, ni las circunstancias de las detenciones. En ningún momento reconoce su participación en los supuestos ilícitos, por lo que debe considerarse como un antecedente de descargo y no como antecedente de su participación. El principio in dubio pro reo relacionado con la regla del onus probandi establece que la culpabilidad debe ser probada por el investigador y como ello no es posible se debe asumir la postura que mas beneficie al acusado, por lo cual se le debe absolver.

En subsidio, pide que se recalifique la figura del secuestro a detención ilegal, por constar la calidad de empleado público de Marcelo Moren y forzando los antecedentes habría de estimarse que se cometió el delito contemplado en el artículo 148 del Código Penal. En subsidio, invoca las atenuantes del artículo 11 N°6 del Código Penal, y la del artículo 11 N°1 del mismo texto en relación con el artículo 10 N°10. Finalmente pide se apliquen los artículos 67 y 68 bis del Código Penal si favorece a su mandante alguna de las minorantes invocadas.

27°)Que, al contestar la acusación de oficio y las adhesiones a ella la defensa de BASCLAY HUMBERTO ZAPATA REYES en el primer otrosí de fojas 3532 solicita la absolución de su mandante por cuanto la acción penal en su contra se encuentra cubierta por la amnistía y la prescripción, reproduciendo y renovando las excepciones opuestas como de previo y especial pronunciamiento.

Añade que los elementos que configuran la acusación no permiten al tribunal adquirir la convicción de que le hubiera correspondido participación en la detención y posterior desaparición de las víctimas. Tampoco existen antecedentes que permitan elaborar presunciones judiciales para dictar sentencia condenatoria en contra de Basclay Zapata Reyes, toda vez que no hay indicios reales y probados que sustenten su participación en la detención y posterior desaparición de las víctimas.

En subsidio, invocan la causal de extinción de responsabilidad penal, fundamentada en la amnistía; se recuerda que el artículo 1° del DL 2191 de 1978 concede “amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores, hayan incurrido en hechos delictuosos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978”, siempre que no se encontraren sometidos a proceso o condenados a la fecha de publicación de dicho cuerpo legal. Se agregan, en el artículo 3°, determinadas conductas que no se encuentran comprendidas en sus beneficios, entre las cuales no aparece el secuestro calificado, delito por el cual se acusa a los mandantes. Se añade que esta institución nació para resolver serias dificultades en casos de profundos cambios políticos y sociales en que se hace necesario que el Estado renuncie temporalmente a su facultad de juzgar y castigar determinadas conductas delictuales en aras del orden y la pacificación social y nacional. Así lo han entendido, se añade, unánimemente, la doctrina y la jurisprudencia en el sentido de que dictada una ley de amnistía ha de tenerse por anulado el carácter delictuoso del hecho y por eliminada toda consecuencia penal. La amnistía en nuestra legislación es causal de extinción de responsabilidad penal en el artículo 93 N°3 del Código Penal.

Se agrega que ”no aparece acreditada la opinión de que porque este delito reviste la característica de permanente esté exceptuado de los efectos de la amnistía…Dicha tesis es insostenible…en el proceso no existe el menor indicio que permita sospechar al menos que tal ilícito continua cometiéndose después del 10 de marzo de 1978…tal situación debería acreditarse en el proceso…”

Se continúa que se ha sostenido que los delitos investigados serían no amnistiables por así disponerlo la normativa internacional; sin embargo, los Acuerdos que se mencionarán resultan inaplicables. Así los “Convenios de Ginebra” no pudieron haber tenido aplicación pues es requisito dispensable la existencia de un conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas partes Contratantes, lo que supone la existencia de bandos contendientes y hostilidades de orden militar y la Excma.Corte Suprema en sentencia de 24 de agosto de 1990 concluyó que el artículo 3° de los “Convenios de Ginebra” no resulta aplicable al periodo que cubre el Decreto Ley N°2191. Se añade que el Decreto Ley N°5, de 1973, no hace declaración alguna de guerra interna; tampoco lo hace el Decreto Ley N° 640, de 1974. Los Tratados Internacionales anteriores a la entrada en vigencia del Decreto Ley N°2191 no han podido afectar la eficacia de dicha Ley. En cuanto a los Tratados Internacionales que hayan entrado en vigencia con posterioridad al citado decreto ley tampoco afectan su eficacia. La “Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio" no es aplicable porque no se ha establecido en la legislación nacional la pena que habría debido corresponder para castigar esas conductas. El “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” de las Naciones Unidas sólo se incorporó a la legislación nacional el 29 de abril de 1989. El “Pacto de San José de Costa Rica” se incorporó a la legislación interna sólo en 1990. Por último, el Código de Derecho Internacional Privado fue suscrito y ratificado por Chile con la reserva contenida en su artículo 3°, cual es que en caso de conflictos entre la legislación chilena y alguna extranjera, los preceptos de la legislación de Chile prevalecerán sobre dicho Código. Se concluye que corresponde absolver a los acusados, por encontrarse extinguida su responsabilidad penal.

En cuanto a la prescripción, se señala que es una institución jurídica penal de amplia y de común aplicación en nuestro país y su fundamento es que opera por el simple transcurso del tiempo. El artículo 94 del Código Penal establece que la acción penal prescribe en el caso de crímenes a que la ley impone pena de presidio perpetuo en quince años, término que, de conformidad con el artículo 95, se empieza a contar desde el día en que se hubiese cometido el delito; en el caso sub-lite la prescripción empieza a correr desde la fecha de su comisión, esto es, desde el 31 de diciembre de 1974,o en su defecto, desde la fecha en que el delito de secuestro se encuentra” consumado y esto ocurrió después de noventa días de mantener privado de libertad al presunto secuestrado”. De acuerdo con el artículo 96 la prescripción se suspende desde el momento que se dirige el procedimiento en contra del posible responsable. Si se analiza en que consiste la exigencia “que se dirija el procedimiento en contra del posible delincuente, expresa que existen distintas interpretaciones: una indica que basta que se inicie el sumario criminal para que se entienda suspendido el plazo de prescripción; otra tesis sostiene que la suspensión se produce en el momento en que la persona es sometida a proceso y es la tesis aceptada por el Código Penal Tipo para Latinoamérica y, finalmente, concluye, una tesis intermedia sostiene que esa suspensión se produce desde que se inicia la investigación criminal, en cualquier forma, siempre y cuando exista un inculpado y es la opinión mayoritaria de la doctrina y la jurisprudencia nacional y es el criterio del Código Procesal Penal. En resumen, le parece claro que el plazo de 10 años que señala el artículo 94 del Código Penal habría transcurrido con creces, sin que hubiere operado la suspensión de la prescripción. Además, invoca la falta de participación y solicita se dicte sentencia absolutoria a favor de Basclay Zapata toda vez que los elementos de la acusación no permiten al Tribunal adquirir la convicción de que a él le ha correspondido participación en los hechos que se le imputan, toda vez que no se desprende actividad alguna por parte de Zapata en la detención y posterior desaparición de las víctimas.

En seguida, invoca como atenuantes de responsabilidad criminal la “media prescripción”, establecida en el artículo 103 del Código Penal y habiendo, en consecuencia, a lo menos tres circunstancias atenuantes muy calificadas y ninguna agravante, debe aplicarse la norma del artículo 68 del Código Penal. Además, invoca la minorante del artículo 11 N°6 del Código citado.

Finalmente, respecto de Basclay Zapata expresa que como estaba en comisión de servicios en la DINA, debía cumplir las órdenes impartidas por sus superiores, ”por lo que les favorece la atenuante del artículo 211 del Código de Justicia Militar, la que solicito sea considerada como muy calificada”.

28°)Que, la defensa de Palmira Almuna Guzmán, en lo principal del escrito de fojas 3721, solicita su absolución fundado en la amnistía y la prescripción de la acción penal. En cuanto a la amnistía estima que los hechos investigados se encuentran cubiertos por el Decreto Ley N°2191, de 1978, que cubre el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978; agrega que en dicho decreto ley se exceptúan algunos delitos, pero no el de autos. Añade que nuestra legislación tiene su expresión jurídica como causal de justificación de responsabilidad penal en el artículo 92 N°3 del Código Penal. Además, solicita se declare la prescripción de la acción penal a favor de su representada por el simple transcurso del tiempo, toda vez que los hechos ocurrieron en noviembre de 1974 y que, según lo dispuesto en el artículo 94 y 96 del Código Penal, la prescripción se suspendió cuando se dirigió un proceso contra su representada, esto es, en mayo de 2008.

En seguida, invoca como atenuantes de responsabilidad criminal la irreprochable conducta anterior consagrada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal; la establecida en el artículo 103 del Código Penal y la del artículo 211 del Código de Justicia Militar.



29°) Que, en razón que las defensas de los acusados han planteado similares excepciones o alegaciones de fondo, con argumentos muy semejantes, y a fin de cumplir con el numeral 3º del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal y, al mismo tiempo, evitar repeticiones, se intentará desarrollarlas y resolverlas en forma conjunta, para lo cual se han distribuido aquellas en los siguientes acápites:
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