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Vistos; Se instruyó en el proceso rol n 182-98 “Villa Grimaldi” el episodio denominado “Fernando Silva Camus y otro”


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78°) Que, por otra parte, conviene razonar sobre el argumento invocado por las defensas de los demandados relativo a “la certeza jurídica.

En primer término, además de los principios del Derecho Internacional, procede aludir al falso argumento de la certeza jurídica. Como lo ha explicitado un autor:” ¿Seguridad jurídica para quien? ¿Para la victima o sus familiares o para sus victimarios? ¿A quien deberían garantizarle certeza y seguridad jurídica los poderes públicos en un Estado de Derecho? La seguridad jurídica no es un principio absoluto y está sometida al principio de justicia. Los gobernados-en general, todo individuo - tendrá la confianza - garantizada por la Constitución - de que si no comete actos inhumanos, atrocidades y actos de barbarie, recibirá el amparo constitucional y del Derecho Internacional….La confianza legítima en la juridicidad de su actuar, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional chileno,“ implica que toda persona ha de poder confiar en que su comportamiento, si se sujeta al derecho vigente, será reconocido por el ordenamiento jurídico, produciéndose todos los efectos legalmente vinculados a los actos realizados”. (Gonzalo Aguilar Cavallo.”Crímenes Internacionales y la Imprescriptibilidad de la acción penal y civil.Referencia al caso chileno”.”Ius et Praxis”.Universidad de Talca, 2008, página 179).

Se agrega por el autor citado :”La persecución de un crimen internacional tiene un fin preventivo, un fin sancionador y un fin reparador…Estos fines no se cumplirían en materias de crímenes contra la humanidad si se admite la prescripción de la acción civil, especialmente el fin reparador...Reparación integral en caso de violación a los derechos humanos tiene múltiples funciones: disuadir, sancionar, ejemplificar y, sobre todo, restablecer la situación al estado anterior de su comisión o perpetración…la indemnización por equivalencia”.

Finalmente, respecto de la jerarquía superior del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que incide en la determinación de la procedencia del principio de imprescriptibilidad en materia civil, la Corte de Apelaciones de Santiago ha expresado”…resultan inatinentes las normas del Derecho interno previstas en el Código Civil…al estar en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir una reparación correspondiente a las victimas y familiares de éstas, estatuto normativo internacional reconocido por Chile…”(Corte de Apelaciones de Santiago.”Pedro Ruz y otro con Fisco de Chile”, Rol N 4.464-2001, de 16 de noviembre de 2006, Considerando 10).

En consecuencia, procede desechar la excepción opuesta en virtud del principio de la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales en estudio.

78)Que, con respecto a la alegación formulada por las defensas relativas a que si las demandantes han recibido alguno de los beneficios dispuestos por la ley N°19.123, la indemnización por daño moral seria incompatible y por ende debía ser rechazada, procede desechar tal alegación,si bien los informes agregados a fojas 4031 y 4032 expresan que ambas actoras han recibido bonificaciones y pensiones, puesto que, tal como lo ha resuelto en casos similares la Excma.Corte Suprema:”...no resulta incompatible con la reparación material el daño moral sufrido por las victimas como consecuencia de la comisión de los delitos cuya certeza se obtiene recién como resultado de este proceso. Por lo demás, el espíritu de la ley N°19.123,de 8 de febrero de 1992, respecto de los beneficios allí contemplados, expresa que éstos dicen relación con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con el objeto de coordinar, ejecutar y promover las acciones que fueren necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas a su vez en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, creada por Decreto Supremo N·355,de 25 d abril de 1990, circunstancias estas que en ningún caso pueden confundirse con aquellas que emanan del derecho común, relativas a la responsabilidad civil como consecuencia de un delito, conforme expresamente lo disponen los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, por lo que claramente el derecho ejercido por la actora, tanto para requerir la bonificación y la pensión mensual antes referidas como el que la habilito para demandar en estos autos, emanan de fuentes diversas



.(Considerado cuadragésimo noveno, rol N·4662-07. "Episodio Liquiñe")

79°)Que, por otra parte, debe señalarse, al tenor de lo antes resuelto en el apartado 31°, que se encuentran fehaciente y legalmente acreditada las respectivas participaciones de los acusados, en los delitos de secuestro calificado perpetrados en las personas de Fernando Guillermo Silva Camus y de Claudio Guillermo Silva Peralta.

80°)Que, en virtud de lo preceptuado por el artículo 2324 del Código Civil “El que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito.”

81°) Que, de conformidad con los documentos agregados a fojas 1 y 2 del Tomo I(certificado de matrimonio de Fernando Silva Camus y de nacimiento de Claudio Silva) y a fojas 25 del Tomo II(libreta de matrimonio de Claudio Silva Peralta), debe estimarse probada la relación de parentesco existente entre las demandantes y las víctimas del secuestro calificado de Fernando Guillermo Silva Camus y de Claudio Guillermo Silva Peralta, y por ende, legalmente acreditado el daño moral que se ha causado a doña María Inés Peralta Zamorano, en calidad de madre y cónyuge de Claudio Silva Peralta y Fernando Silva Camus, respectivamente y de doña Regina de la Cruz Lazo Dinamarca, en calidad de cónyuge del primero, por la desaparición del familiar y, en virtud de la incertidumbre de sus paraderos durante un largo lapso, las informaciones mendaces a su respecto(”Operación Cóndor”),la aflicción propia de una pérdida de un ser querido; este daño, como se ha dicho, no es cuantificable cabalmente, pero por imperativo procesal es preciso para el sentenciador señalar una cifra a título de indemnización, actuando con prudencia, considerando la actual realidad económica y las cantidades fijadas por la jurisprudencia mas reciente, por lo cual se estima adecuado, disponer que se acogen las demandas referidas sólo en cuanto se fija, por tal concepto, la suma de $100.000.000(cien millones de pesos), para doña María Inés Peralta Zamorano y la de $50.000.000 para doña Regina de la Cruz Lazo Dinamarca, sumas que serán reajustada según la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la ejecutoria del presente fallo hasta su pago íntegro, mas las costas de la causa, respecto de los demandados Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Humberto Zapata Reyes y Pedro Octavio Espinoza Bravo.

82°) Que, respecto de Palmira Isabel Almuna Guzmán, en su calidad de cómplice del secuestro de Claudio Silva Peralta, se le condena a pagar la suma de $5.000.000(cinco millones de pesos) a su viuda doña Regina de la Cruz Lazo Dinamarca.

83°)Que, tales sumas procede imponerlas a los acusados a título de indemnización por el daño moral causado por los delitos de secuestro calificado, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal en cuanto permite al juez que conoce del proceso penal resolver sobre acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil, obligue a juzgar las mismas conductas que constituyeron el hecho punible objeto del proceso penal.

84°)Que, por otra parte, al tenor de lo que dispone el artículo 2317 del Código Civil en cuanto a que ”Si un delito o cuasi delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasi delito...”, se resuelve que las sumas reguladas, a título de indemnización por el daño moral causado a las demandantes, deberán ser pagadas solidariamente por los acusados Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Humberto Zapata Reyes, y Pedro Octavio Espinoza Bravo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1º, 11 Nº 6, 14,15,25, 28,29,50,51,68 incisos 1º y 2º,74 y 141 del Código Penal; 10, 108,109,110, 111, 434,450 bis,457, 459, 473, 477, 478, 481, 488,499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, y 533 del de Procedimiento Penal, 2332 y 2317 del Código Civil; artículo 1º del Decreto Ley Nº2.191 y artículos 211,214 y 334 del Código de Justicia Militar, SE DECLARA:

I)Que se condena a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado, cometidos en las personas de Fernando Guillermo Silva Camus y de Claudio Guillermo Silva Peralta, a contar del 26 y 27 de noviembre de 1974, a sufrir, por cada uno de ellos, la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

II)Que se condena a Miguel Krassnoff Martchenko en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado, cometidos en las personas de Fernando Guillermo Silva Camus y de Claudio Guillermo Silva Peralta, a contar del 26 y 27 de noviembre de 1974, a sufrir, por cada uno de ellos, la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

III)Que se condena a Pedro Octavio Espinoza Bravo en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado, cometidos en las personas de

Claudio Guillermo Silva Peralta, a contar del 26 de noviembre de 1974, a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.



IV)Que se condena a Marcelo Luis Moren Brito, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado, cometidos en las personas de Fernando Guillermo Silva Camus y de Claudio Guillermo Silva Peralta, a contar del 26 y 27 de noviembre de 1974, a sufrir, por cada uno de ellos, la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

V)Que se condena a Basclay Humberto Zapata Reyes en su calidad de autor del delito de secuestro calificado, cometido en las personas de

de Fernando Guillermo Silva Camus y de Claudio Guillermo Silva Peralta, a contar del 26 y 27 de noviembre de 1974, a sufrir, por cada uno de ellos, la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.



VI)Que se condena a Palmira Isabel Almuna Guzmán en su calidad de cómplice del delito de secuestro calificado, cometido en la persona de Claudio Guillermo Silva Peralta, a contar del 26 de noviembre de 1974, a sufrir, la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

VII) Las penas impuestas a los condenados las cumplirán sucesivamente comenzando por la del secuestro de Claudio Silva Peralta y luego por el secuestro de Fernando Silva Camus.

VIII) Que se acoge la excepción de incompetencia opuesta por el Consejo de Defensa del Estado, en lo principal de su contestación de fojas 1778, respecto de las demandas de indemnización de perjuicios deducidas en contra del Fisco de Chile por doña María Inés Peralta Zamorano y doña Regina de la Cruz Lazo Dinamarca.

IX) Que se acoge la demanda de indemnización de perjuicios deducida por las querellantes, en cuanto los condenados Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Marchenko y Basclay Zapata Reyes deberán pagar, en forma solidaria, la suma de $100.000.000(cien millones de pesos), para doña María Inés Peralta Zamorano y la de $50.000.000(cincuenta millones) para doña Regina de la Cruz Lazo Dinamarca, con el reajuste que corresponda, según la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la ejecutoria del presente fallo hasta su pago íntegro, mas las costas de la causa.

Para los efectos contemplados en el artículo 503 del Código de ¨Procedimiento Penal se declara que existen los siguientes abonos respecto de los condenados: Juan Contreras, desde el 23 de julio de 2001 al 3 de junio de 2004 (cuaderno principal) y desde el 10 de junio de 2003 al 20 de junio del mismo año(cuaderno de Fernando Silva Camus). Krassnoff desde el 20 de julio de 2001 al 30 de noviembre del mismo año. Moren Brito desde el 2 de agosto de 2001 al 12 de marzo de 2002. Almuna desde el 3 de junio de 2008 al día 6 del mismo mes y año. No existiendo abono ninguno respecto de Basclay Zapata Reyes ni de Pedro Espinoza Bravo puesto que, como consta del respectivo auto de procesamiento de foja 3352, se le mantuvo la libertad provisional que le fuera concedidas en otros episodio de “Villa Grimaldi”;

Las penas impuestas a los condenados que se indican no serán objeto de las medidas alternativas de la Ley Nº18.216, atendidas sus respectivas cuantías y se les comenzará a contar, a:

A)Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda

desde que cumpla las penas impuestas, en la causa rol N°2.182-98, episodio “Miguel Ángel Sandoval”, en que ingresó, como “rematado”, a contar del 28 de enero de 2005;en la causa rol N°2182-98, episodio “Diana Arón”;en la causa del mismo rol, episodio “Manuel Cortés Joo” y, en la causa de dicho rol, episodio “Luis Dagoberto San Martin Vergara”. Al igual que;

B)A Pedro Espinoza Bravo desde que cumpla las penas impuestas, en la causa rol N°2.182-98, episodio “Diana Arón”;en la causa del mismo rol, episodio “Manuel Cortés Joo”.

C)A Miguel Krassnoff desde que cumpla las penas impuestas, en la causa rol N°2.182-98, episodio “Miguel Ángel Sandoval”, en que ingresó, como “rematado”, a contar del 28 de enero de 2005;en la causa rol N°2182-98, episodio “Diana Arón”;en la causa del mismo rol, episodio “Manuel Cortés Joo”;

D)A Marcelo Moren desde que cumpla las penas impuestas, en la causa rol N°2.182-98, episodio “Miguel Ángel Sandoval”, en que ingresó, como “rematado”, a contar del 28 de enero de 2005;en la causa rol N°2182-98, episodio “Diana Arón”;en la causa del mismo rol, episodio “Manuel Cortés Joo”;

E)A Basclay Zapata Reyes, desde que cumpla las penas impuestas por los secuestros de los hermanos Hernán Galo y María Elena González Inostroza y otros y causa rol n° 2182.-1998 episodio “ Villa Grimaldi” cuaderno Cortez Joo.

C)Respecto de Palmira Isabel Almuna Guzmán se concede el beneficio alternativo de cumplimiento de pena de la libertad vigilada, debiendo permanecer sujeta a la vigilancia y observación de la Sección de Tratamiento en el Medio Libre que se designe por Gendarmería de Chile por el mismo lapso de su condena y cumplir con todas las exigencias contempladas en el artículo 17 de la misma Ley.

Si tal beneficio le fuere revocado la pena impuesta se le contará desde que se presente o sea habida, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privada de libertad, esto es, desde el 3 de junio de 2008 al día 6 del mismo mes y año.

Notifíquese personalmente a los sentenciados y para ello, desígnase como secretario ad hoc a don Iván Pavez Flores a fin de que notifique a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren, Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko en el lugar de reclusión en que cumplen condenas, en el “Penal Cordillera” y a Basclay Zapata Reyes en el de “Punta Peuco”.

Cítese, a primera audiencia, bajo apercibimiento de rebeldía, a Palmira Isabel Almuna Guzmán, oficiándose al organismo Institucional respectivo.

Notifíquesele por cédula, por medio del señor Receptor de turno del presente mes a la apoderada del Programa “Continuación de la Ley Nº 19.123 del Ministerio del Interior, a la Abogado Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, y al abogado de las partes querellantes, don Sergio Concha Rodríguez.

Consúltese si no se apelare, conjuntamente con los sobreseimientos parcial y definitivo dictados a fojas 1074, en virtud del artículo 408 N°3 del Código de Procedimiento Penal de conformidad con el artículo 408 N°5 del Código citado, en relación con el artículo 93 N°1 del Código Penal, respecto de Osvaldo Romo Mena y a fojas 1015 de conformidad con el artículo 408 N°5 del Código de Procedimiento Penal respecto de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte.

Regístrese, cúmplase, en su oportunidad, con lo que ordena el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentes tribunales en que se tramitan procesos en contra de los sentenciados para informarles sobre las decisiones del presente fallo y archívense.

Rol 2182-1998

“Villa Grimaldi”

“Fernando Silva Camus y otro”.

Dictada por don Alejandro Solís Muñoz, Ministro de Fuero y autorizada por doña Juana Godoy Herrera.



En Santiago a veintitrés de marzo de dos mil nueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.-
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