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Vistos; Se instruyó en el proceso rol n 182-98 “Villa Grimaldi” el episodio denominado “Fernando Silva Camus y otro”


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61°)Que, al contestar, en lo principal de fojas 3504, doña Maria Teresa Muñoz Ortúzar, abogado Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida en autos por don Sergio Concha Rodríguez, en representación de las querellantes doña Maria Inés Peralta Zamorano, en calidad de madre y cónyuge de Claudio Silva Peralta y Fernando Silva Camus,respectivamente, y de doña Regina de la Cruz Lazo Dinamarca, en calidad de cónyuge de aquel, solicita que sea rechazada en todas sus partes, con costas, en virtud de los siguientes fundamentos:

I.Incompetencia absoluta del Tribunal.De conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, opone la excepción de incompetencia absoluta del tribunal para el conocimiento y juzgamiento de la demanda civil que fluye del texto de la ley y de la historia de su establecimiento. Se debe considerar, como primer elemento, que la competencia de los tribunales del crimen para conocer asuntos de naturaleza civil es excepcional y, por ello, su interpretación y aplicación debe ser restringida. Es así como, en base a la opinión mayoritaria de los tratadistas de Derecho Procesal, surgió la indicación que definió el actual texto del artículo 10. Se agrega que si se observan los fundamentos de la demanda civil dirigida en contra del Fisco,se invocan como derecho sustantivo los artículos 6°, 7° y 38,inciso 2° de la Constitución Política de la República y la ley Nª18.575.Como puede anotarse se pretende arrastrar al a Estado a este proceso sobre la base de un sistema de responsabilidad objetiva y de ello aparece que para resolver la procedencia de acoger o rechazar la acción civil deducida, no deberá el Tribunal decidir en base al juzgamiento de “las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal, por el contrario, la supuesta responsabilidad del Fisco deberá buscarse en extremos ajenos al comportamiento de los autores o cómplices, por lo que el enjuiciamiento debe necesariamente extenderse a hechos distintos a los del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal.Se añade que los fundamentos de la acción civil intentada han de ser enjuiciados en sede civil exclusivamente. Esta incompetencia absoluta ha sido también reconocida judicialmente.Se cita, al efecto, los considerandos 41° y siguientes de la sentencia de reemplazo dictada en causa rol I.C.S.Nª6188-2006, seguidos contra Freddy Ruiz Bunger y otros y la rol N°6626-2005 de 12 de noviembre de 2007.

II.Prescripción de la acción. En subsidio de la excepción antes hecha valer, se opone la de prescripción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, que establece un plazo de cuatro años, aún contado desde la entrega pública del Informe de la Comisión Rettig de 4 de marzo de 1991.Hace notar que el propio artículo 41 del Código de Procedimiento Penal hace aplicable a la acción civil incoada en el juicio criminal el plazo contemplado en el artículo 2332 del Código Civil. En este caso, habiéndose practicado la notificación recién el 24 de septiembre de 2008 no cabe duda que las acciones civiles deberán ser desechadas por cuanto se extinguieron muchísimo antes de la notificación a su parte.

III.En subsidio,opone la excepción de prescripción ordinaria de aplicación general prevista en el artículo 2515 del Código Civil que establece un plazo de 5 años desde que la obligacion se hizo exigible.

III.1.Se agrega que la acción civil ejercida no es imprescriptible, es una institución universal y de orden público. Las normas pertinentes del Código Civil son de a’plicación general a todas las áreas del derecho y no sólo al derecho privado. Entre esas disposiciones se encuentra el artículo 2497 que ordena aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado. Al pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible conduciría a situaciones extraordinariamente graves para el orden social y el funcionamiento de las instituciones de la República. Sobre esta materia, se añade, la Excma.Corte Suprema ha tenido oportunidad de pronunciarse en numerosas ocasiones acogiendo íntegramente los planteamientos de la defensa fiscal en casos análogos al presente; se señalan las sentencias respectivas.

III.2.Se agrega que la doctrina ha sostenido que la prescripción resguarda valores fundamentales para el desenvolvimiento de la sociedad, esto es, la seguridad y certeza jurídica en el ejercicio de los derechos. Se cita a Colin y Capitant.

III.3) Se continúa que tal como lo ha sostenido en casos análogos la defensa fiscal no hay norma internacional alguna que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, así como tampoco existe precepto que ordene o disponga o permita la aplicación analógica de la imprescriptibilidad penal ala materia civil.

IV.Inexistencia de la pretendida responsabilidad objetiva del Estado. En subsidio, se alega la inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado en los términos expuestos en la demanda, razón por la cual debe ser rechazada. Se tiene presente las siguientes consideraciones:

a) La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, es un cuerpo legal muy posterior a los hechos relatados en ambas demandas. En consecuencia, la única legislación aplicable corresponde a la Constitución Política de 1925, vigente a la época en que ocurrieron los hechos, que no contenía disposición alguna que permitiera accionar por responsabilidad extracontractual del Estado, por lo cual las acciones de esa especie estaban reguladas sólo por los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.

b) Hace presente que los principios básicos sobre responsabilidad estatal se encuentran a esta fecha en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de 1980 que entregan al legislador su regulación y aplicación expresando claramente que la responsabilidad que se origina y sanciona es “la que la ley señale”.De la lectura de dichos preceptos fluye que tal responsabilidad surge sólo cuando los órganos no someten su acción a la Constitución o a las Leyes o actúan fuera de su competencia; lo anterior, excluye absolutamente la tesis de la responsabilidad objetiva del Estado.

c) De otra parte, los actores - a pesar de invocar el artículo 44 de la ley Orgánica Constitucional citada, actual artículo 42 – sostienen que la doctrina entiende que la Constitución consagra la “responsabilidad objetiva del Estado”, en circunstancias que del sistema de responsabilidad extracontractual del Estado no es posible sostener tal afirmación. En efecto, dicho sistema se encuentra establecido de manera general en el artículo 42 de la ley 18.575 que incorpora los conceptos de falta de servicio y falta personal. La falta de servicio no es una responsabilidad objetiva, ya que para que opere se requiere la “culpa del servicio”. Lo anterior descarta la idea de responsabilidad objetiva que sólo exige que se acredite la relación de causalidad entre hecho y daño, siendo indiferente la existencia o inexistencia de culpa o dolo. En esto no hay contradicción con lo dispuesto por el artículo 4° de la ley 18.575 que sólo tuvo por objeto establecer de modo general el principio de la existencia de la responsabilidad del Estado, sin pretender objetivar la responsabilidad estatal.

d)En el caso de autos, por expresa disposición del artículo 18 de la ley 18.575 las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad quedan excluidas de la aplicación del artículo 42 de la misma ley, lo que hace necesario determinar la normativa aplicable al caso concreto. Dado que las respectivas leyes orgánicas de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad no regulan esta materia corresponde recurrir al derecho común. En materia de responsabilidad extracontractual se encuentra contenido en el Código Civil bajo el título XXXV, “De los delitos y cuasi delitos”, artículos 2314 y siguientes. En este caso se trataría de acciones indemnizatorias destinadas a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado y para que ella opere se requiere que el acto u omisión dañoso haya sido ejecutado por alguno de los órganos en los que reside la voluntad del Estado, que estos órganos hayan actuado dentro del ejercicio de sus funciones y que hayan actuado con culpa o dolo. Concluye que no existe un régimen de responsabilidad extracontractual del Estado de carácter objetivo, como pudieran pretender los demandantes, debiendo en el presente caso aplicarse las disposiciones del Código Civil que consagra un sistema de responsabilidad extracontractual de carácter subjetivo.

V.) Se añade que en la doctrina se ha sostenido que la prescripción resguarda valores fundamentales para el desenvolvimiento de la sociedad, esto es, la seguridad y la certeza jurídica en el ejercicio de los derechos y se cita a Colin y Capitant.

V.1.Se continúa que no hay norma de derecho internacional alguna que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar y tampoco existe precepto que ordene o disponga o permita la aplicación analógica de la imprescriptibilidad penal a la materia civil .Se transcriben considerandos de la sentencia dictada por la Excma.Corte Suprema en la causa rol N°1133-2006,caso “Neira con Fisco”

VI. Se alude a la improcedencia de la indemnización en el caso de haber sido ya indemnizadas las demandantes de conformidad a la ley 19.123.

Se expone que para el caso de desestimarse las excepciones expuestas, la demanda igualmente debe ser rechazada en cuanto las demandantes hayan sido favorecidas con los beneficios pecuniarios de origen fiscal en razón de los daños invocados en los libelos. La ley N°19.123 estableció a favor de personas familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos o de violencia políticas, una bonificación compensatoria y una pensión mensual de reparación y otros beneficios sociales a los familiares más próximos de la víctima. Estos beneficios son incompatibles con toda otra indemnización. Es un principio general de derecho el que un daño que ha sido ya reparado no da lugar a indemnización por la vía judicial. Añade que existen antecedentes tanto en la historia del establecimiento de la ley, como en la letra de ésta, que tales beneficios son excluyentes de cualquier otra indemnización.

VII. Se señala respecto de la solidaridad invocada en la demanda que es improcedente. La regla general en materias de obligaciones de sujeto múltiple es que éstas sean simplemente conjuntas. Se requiere, por consiguiente, de un texto legal expreso para que dé origen a la llamada solidaridad pasiva. El Código Civil en el inciso 2° de su artículo 1511 establece que sólo en virtud de la ley, testamento o convención puede exigirse a cada uno de los deudores el total de la deuda, convirtiéndola en una obligación solidaria. La única norma que se refiere a esta materia es el artículo 2317 respecto de delitos o cuasi delitos cometidos por dos o más personas.

VIII. En cuanto a los daños demandados.

VIII.1.En subsidio de las alegaciones precedentes. Se expone que las acciones civiles deben ser rechazadas en cuanto las demandantes han sido favorecidas con beneficios pecuniarios de origen fiscal, en virtud de la ley N°19.123.

VIIII.2.También en subsidio, se hace presente que en la cuantificación del daño moral no se debe olvidar que la finalidad de la indemnización es exclusivamente la reparación de los perjuicios irrogados. No cumple una función punitiva o sancionatoria por lo que el monto de la reparación depende de la extensión del daño y no de la gravedad del hecho.



VIII.3.Se concluye que cada uno de los perjuicios alegados debe ser acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de cada indemnización pretendida debe ser justificada íntegramente.

63°)Que,al contestar la demanda civil el letrado asesor de Miguel Krassnoff Martchenko, en el quinto otrosí de fojas 4431, expresa que su mandante”carece absolutamente de bienes o situación económica para satisfacer la exorbitante indemnización civil demandada…”. Hace presente, además, que la acción civil se encuentra prescrita, de conformidad con lo que dispone el artículo 2332 del Código Civil; los hechos de que dan cuenta la investigación de autos ocurrieronel 03 de enero de 1975(SIC),habiendo ya transcurrido más de 30 años hasta la notificación de la demanda. En cuanto a la imprescriptibilidad de la acción civil relacionada con las Normas Internacionales, hace presente que la“Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”, de 1968, no se encuentra vigente en Chile. En cuanto a la “Convención de Ginebra”, la exoneración de las Partes Contratantes sólo concierne al ámbito penal y la acción civil derivada de esos hechos puede prescribir conforme a las reglas del derecho Interno del Estado infractor.

64°)Que, al contestar la demanda civil en el tercer otrosí de fojas 3532 el apoderado de Basclay Zapata Reyes invoca la prescripción de la acción deducida, por cuanto estima que corresponde aplicar las reglas del derecho común, entre ellas, el articulo 2332 del Código Civil según el cual la acción interpuesta prescribe en el plazo de cuatro años contados desde la perpetración del acto y debe tenerse presente, agrega, que los hechos que fundamentan esta acción tuvieron su origen el 31 de diciembre de 1974 habiendo transcurrido mas de 33 años hasta la fecha de esta notificación, sin que resulte aplicable ningún tratado internacional al respecto.

65°)Que, la defensa de Pedro Espinoza Bravo, en el quinto otrosí de fojas 3564, al contestar la demanda civil pide su rechazo por no haber responsabilidad penal respecto de su mandante. En caso improbable que se diera por acreditado el delito y la participación opone la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios, para que se rechace la demanda, con costas. Expone que la acción tiene un plazo especial de prescripción de cuatro años contemplado en el artículo 2332 del Código Civil. Aun entendiendo que la acción civil estuvo suspendida durante el régimen de gobierno militar por la imposibilidad de su ejercicio derivada de la carencia de información y de recursos efectivos ante los tribunales, hasta la fecha de la entrega oficial del Informe Retigg, ocurrida durante el gobierno de don Patricio Aylwin, a la fecha de notificación de la demanda, el 23 de agosto de 2006, el plazo citado ya había transcurrido. A mayor abundamiento, opone la prescripción extintiva ordinaria de cinco años establecida en el artículo 2515 del Código Civil, lapso igualmente cumplido a la señalada fecha de notificación de la demanda. Estima que la prescripción resguarda un valor fundamental para el funcionamiento de la sociedad: la seguridad y la certeza jurídica.Por ello su aplicación resulta ser la regla general. La imprescriptibilidad en cambio es excepcional y requiere declaración explícita que, en este caso, no existe. Alude a la sentencia de la Excma.Corte Suprema en el juicio “Domic Bezic y otros con Fisco de Chile”.

Para el caso de desestimarse las excepciones opuestas señala que la acción también debe ser rechazada por cuanto “el demandante”ha sido favorecido con los beneficios de la ley N·19.123 y es un principio de derecho que un daño que ya ha sido reparado no da lugar a indemnización. Cita la historia del establecimiento de la ley para fundar su argumentación.

En subsidio, opone como alegación o defensa el exagerado monto de la indemnización demandada de $700.000.000., más costas, cantidad que cae de lleno en el área del lucro sin causa. Reitera la alegación o defensa mas adelante pero señalando que lo que pide en la demanda es la suma de $500.000.000. Por último, señala que los perjuicios que se invocan deben ser probados. Pide que se rechacen las demandas con costas.

66°)Que, al contestar la demanda civil, en el quinto otrosí de fojas 3598, la defensa de Miguel Krassnoff Marchenko hace presente que su representado “carece absolutamente de bienes o situación económica para satisfacer la exorbitante indemnización civil demandada;hace presente, además, que la acción civil se encuentra prescrita, en el plazo especial de cuatro años, contemplado en el artículo 2332 del Código Civil. Expresa que los hechos de que da cuenta la investigación ocurrieron "el 03 de enero de 1975”(SIC). Y han transcurrido más de 30 años hasta la notificación de la demanda. En relación con la imprescriptibilidad de la acción civil relacionada con las Normas Internacionales hace presente que la Convención respectiva aun no ha sido ratificada por Chile. Y que las normas de la Convención de Ginebra sólo conciernen al ámbito de la responsabilidad penal.

67°)Que, al contestar la demanda civil, en el tercer otrosí de fojas 3532, el apoderado de Basclay Zapata Reyes invoca la prescripción de la acción deducida, por cuanto estima que corresponde aplicar las reglas del derecho común, entre ellas, el artículo 2332 del Código Civil, según el cual la acción interpuesta prescribe en el plazo de cuatro años contados desde la perpetración del acto y debe tenerse presente, agrega, que los hechos que fundamentan esta acción tuvieron su origen el “31 de diciembre de 1974”,(SIC)habiendo transcurrido más de 33 años hasta la fecha de esta notificación, sin que resulte aplicable ningún tratado internacional al respecto.

68°)Que, por no haber contestado las demandas civiles las defensas de Marcelo Moren, Juan Contreras y Palmira Almuna, no obstante haberse notificado oportuna y legalmente a sus abogados, se tuvieron por evacuados, en rebeldía, los respectivos trámites de contestación de dichas demandas, por resolución de fojas 3786, por lo cual deberán estarse al mérito del proceso.

69°)Que, a fin de resolver la excepción de incompetencia absoluta opuesta por la defensa del Fisco de Chile, en lo principal de su contestación de la demanda de fojas 3504, como se ha razonado por este sentenciador en casos semejantes, debe considerarse, en primer lugar, el tenor literal del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, antes de la modificación introducida por el N°7 del artículo 1° de la Ley N° 18.857, de 6 de diciembre de 1989:

De todo delito nace acción penal para el castigo del culpable; y puede nacer acción civil para obtener la restitución de la cosa o su valor y la indemnización establecida por la ley a favor del perjudicado”.

Ahora bien, en razón de la referida modificación, el texto actual del precepto consigna:

Se concede acción penal para impetrar la averiguación de todo hecho punible y sancionar, en su caso, el delito que resulte probado.



“En el proceso penal podrán deducirse también, con arreglo a las prescripciones de este Código, las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible, como son, entre otras, las que persigan la restitución e la cosa o su valor, o la indemnización de los perjuicios causados.

“En consecuencia, podrán intentarse ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal”.

70°)Que, de conformidad con el tenor actual del precepto, se puede colegir que las condiciones en que debe deducirse la acción civil, dentro del proceso penal, aparecen limitadas, en cuanto a su amplitud y extensión, si se comparan con la redacción, en términos genéricos y amplísimos, del texto anterior.

Es así como sólo podrá accionarse civilmente ante el Juez del Crimen en cuanto se fundamente la demanda en los perjuicios patrimoniales causados directa e inmediatamente por las conductas de los procesados o bien, que sean consecuencias próximas o directas de dichas conductas. Esto es, si la ley otorga, en forma excepcional, a un juez especial - cuya misión es juzgar ilícitos penales - la facultad de conocer las responsabilidades civiles que emanen de los mismos hechos punibles, la norma es de aplicación restrictiva.

Por ende, la acción civil no puede extenderse a extremos ajenos a “...las conductas que constituyen el hecho punible”, descritas, en este proceso, en el fundamento tercero y que constituyen el enfoque procesal penal de la tipicidad de que se trata.

Ahora bien, tal tipicidad no es sino la materialización de las conductas dolosas de los partícipes en el ilícito.



71°)Que, de acuerdo con lo razonado, no procede sino concluir que el Juez del Crimen, cual es el caso del Ministro de Fuero que suscribe, está inhabilitado, por falta de competencia, para conocer de acciones civiles indemnizatorias o reparatorias que procedan de hechos distintos de aquellos que provocaron la tipicidad antes mencionada.

En el caso de estudio, se fundan las acciones deducidas en la responsabilidad objetiva y directa del Estado, esto es, en circunstancias ajenas al comportamiento de los autores y cómplices de los ilícitos que se persiguen, excediendo, por ende, la limitación impuesta por el legislador en el texto del citado artículo 10.



72°)Que, como hemos razonado en casos similares, debe considerarse, además del tenor literal del citado artículo 10, las disposiciones del artículo 172 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto precisa que “El tribunal que conoce del proceso criminal es competente para resolver acerca de la responsabilidad civil que pueda afectar a terceros a consecuencia de un delito....” - que no ha sido modificado por la ley N°19.665(D.O.09.03.00)-y la del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, que señalaLa acción civil puede entablarse contra los responsables del hecho punible, contra los terceros civilmente responsables y contra los herederos de unos y otros”, normas que deben, para estos efectos, estimarse derogadas en forma tácita, en los términos del artículo 52 del Código Civil, por la referida modificación del artículo 10 del citado Estatuto de Enjuiciamiento Criminal.

73°) Que, esta derogación no puede sino estimarse como adecuada y coherente si se considera la doctrina de los autores procesalistas en cuanto señala que distorsiona la función primordial del Juez del Crimen, de establecer los hechos punibles y la responsabilidad de los partícipes, la de también conocer y resolver acciones civiles, sin limitación alguna.

74°) Que, corrobora este aserto la norma del artículo 59 del Código Procesal Penal en cuanto establece la facultad de la víctima de entablar en el proceso penal las acciones “...que tuvieren por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible...”pero sólo respecto del imputado, excluyendo la intervención de terceros, sea como civilmente perjudicados sea como civilmente responsables, las que“...deberán plantearse ante el tribunal civil que fuere competente...”.

75°)Que, en consecuencia, procede acoger la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal, opuesta por el Fisco de Chile, respecto de la demanda civil deducida en autos en su contra, la que deberá plantearse ante los tribunales de la jurisdicción civil que correspondan.

76°) Que, de conformidad con lo resuelto, resulta improcedente emitir pronunciamiento respecto de las restantes excepciones y alegaciones opuestas por el Fisco de Chile, al contestar la demanda civil, en lo principal de fojas 3504.

77°) Que, respecto a la prescripción invocada por las defensas de los demandados Miguel Krassnoff, Basclay Zapata y Pedro Espinoza, se alude a la norma del artículo 2332 del Código Civil, en cuanto expresa” Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”.

En este aspecto debemos remitirnos a lo expuesto en los fundamentos pertinentes relativos a dos aspectos:

a)La continuidad del delito de secuestro calificado de ambas víctimas no ha cesado, lo que impide atendida la permanencia del ilícito iniciar el cómputo correspondiente, al tenor del artículo 2332 del Código Civil, desde “la perpetración del acto.”

b)Los delitos por los cuales se acusa en este proceso constituye delitos contra la humanidad, según el artículo 6° del Estatuto del Tribunal Internacional de Nüremberg y el Principio VI) del Derecho Internacional Penal Convencional y Consuetudinario, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Resolución de 1950. La Constitución Política vigente a la época en que se inició la comisión del delito era la de 1925 y en ella se disponía el respeto a los Tratados Internacionales asumidos por el Estado, cuestión reafirmada por la Constitución de 1980, en su artículo 5°, inciso 2°. En ese contexto, se encontraban vigentes los Convenios de Ginebra de 1949, cuyo artículo 3° común a los cuatro Convenios se ha transcrito. De esta norma se infiere que el delito de secuestro calificado está prohibido en cualquier tiempo, no resultando permitido aplicarle la prescripción contenida en el derecho interno. En seguida, la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio de 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente desde 1988, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, vigente desde aquel mismo año y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, tienen plena vigencia en cuanto a los ilícitos descritos investigados pues no han concluído en su perpetración y desarrollo. También forman parte de este conjunto de normas y principios las sentencias de Tribunales Internacionales, como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Excma.Corte Suprema que han razonado, en este mismo sentido. En efecto, este último Excmo. Tribunal ha expresado:”Cuadragèsimo cuarto. Que, en cuanto a la segunda batería argumental desplegada...referida a la excepción de prescripción de la acción ejercida por los querellantes…las razones antes esgrimidas…son aplicables a dicha alegación, teniendo también presente para ello…las normas internacionales sobre Derechos Humanos, en cuanto consagran el derecho de las victimas y familiares a recibir la justa reparación, estatuto normativo internacional reconocido por Chile” (rol N·4662-07. "Episodio Liquiñe").


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