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Vistos: Se ha instruido este proceso rol Nº 372 (Episodio Santa Bárbara) y acumulados roles 867 (Episodio Quilaco), 531, 966 y 967


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EN CUANTO A LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

156°.- Que, la pretensión indemnizatoria que se admite en sede penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo a su actual redacción, presenta como única limitación “que el fundamento de la acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal”, lo que viene a significar una exigencia en el campo de la causalidad, en términos que el fundamento de la pretensión civil deducida debe emanar de las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal.

157°.- Que, en la especie tal vínculo de causalidad aparece satisfecho, toda vez que es la conducta ilícita investigada en autos -cometida por agentes del Estado- la que subyace en la pretensión civil y origina la acción de los querellantes respecto del Fisco de Chile, resultando entonces favorecida por el régimen especial de competencia contemplado en la ley.

158°.- Que, una lectura atenta del nuevo artículo 10 citado, da cuenta del carácter plural que pueden revestir las acciones civiles en el proceso penal, incluyéndose no sólo las restitutorias e indemnizatorias, con un contenido claramente más amplio que en la anterior legislación, sino que también comprende acciones prejudiciales y precautorias, así como algunas reparatorias especiales, lo que demuestra que lo que se quiso lograr con la reforma, fue ampliar el ejercicio de la acción civil dentro del proceso criminal, excluyendo el conocimiento de aquellas acciones civiles que persigan perjuicios remotos o nulidades de contrato o actos que, si bien relacionados con el hecho perseguido, no son constitutivos del mismo.

159°.- Que, la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto.

160°.- Que, a mayor abundamiento, no puede dejarse de tener presente al momento de determinar el alcance del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, toda la normativa internacional aplicable en la especie por mandato constitucional, la cual propende a la reparación integral de las víctimas, lo que ciertamente incluye el aspecto patrimonial. En efecto, conforme se ha señalado en este fallo, en autos se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delito de “lesa humanidad”, calificación que, en su concepto, trae no sólo aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito, declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado.

161°.- Que, de esta manera, procede acoger las acciones civiles deducidas en autos, que tienen como objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de los agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de buena fe a los tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como la interpretación de las normas de Derecho Internacional consideradas ius cogens por la comunidad jurídica internacional. Por tanto, dichas normas deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

162°.- Que, los mismos fundamentos enunciados precedentemente permiten desestimar las restantes alegaciones de los demandados, en particular la relativa a la excepción de prescripción de las acciones civiles ejercidas y de inexistencia de una responsabilidad objetiva e imprescriptible por parte del Estado de Chile, al emanar de la ley la responsabilidad que se pretende hacer efectiva, siendo aquélla precisamente la de rango constitucional contemplada en el ya citado artículo 5° de la Constitución, que ha posibilitado la incorporación en el ordenamiento jurídico nacional de las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquélla relativa a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los Derechos Humanos.

163°.- Que la responsabilidad civil extracontractual tiene, en este caso, como fuente la perpetración de un delito y sus responsables están legalmente obligados a indemnizar el daño causado.

164°.- Que, tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresamente manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos -integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del artículo 5º de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas, y otros legítimos titulares, a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito.

165°.- Que, en consecuencia, y hallándose acreditados los supuestos de hecho y de derecho que conducen al otorgamiento de una compensación por el daño moral sufrido por los actores, procede acoger la demanda interpuesta en contra de los acusados y del Fisco de Chile, como ya se ha razonado antes. Asimismo, y en igual dirección, la responsabilidad civil es la consecuencia de la participación culpable que los demandados han tenido en el delito, por lo que ésta -la participación real en los mismos- ha quedado definitivamente manifiesta como consecuencia de la condena que se ha declarado justamente en este mismo fallo y será por lo tanto, desde tal data que se cuente la prescripción, por lo que no resulta procedente acoger ésta a favor de los demandados.

166°.- Que, el Fisco de Chile, en subsidio de la alegación anterior, plantea la inexistencia de responsabilidad objetiva del Estado, a la fecha que ocurrieron los hechos investigados, indicando que la única norma aplicable en esta materia a esa fecha, era la Constitución Política del año 1925, que no contenía disposición alguna que permitiera accionar por la responsabilidad extracontractual del Estado.

En la doctrina y en la jurisprudencia nacional, no existe discusión que el Estado, debe responder por la actuación de sus agentes, cuando ella ha provocado daño a los particulares, ya sea porque actuaron con infracción a un deber general de cuidado (culpa civil) o cuando han incurrido en una falta de servicio (conforme a las reglas del derecho público).

La fuente de ese consenso, está en las normas contenidas en los artículos 1, inciso 4°, 5, inciso 2°, 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y artículo 4 de la Ley N° 18.575, y las que emanan de los Tratados Internacionales como, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) todas las cuales configuran el estatuto jurídico destinado a responsabilizar a los órganos del Estado por la conducta de los agentes.

En el caso de proceso que nos ocupa, agentes del Estado, transgredieron normas legales, constitucionales y de orden internacional, que estaban obligados a respetar, y causaron daños o perjuicios que el Estado, debe reparar a los afectados. La responsabilidad del Estado, en esta materia proviene de la ley y tratándose de graves violaciones de los Derechos Humanos, de la propia Constitución Política. En estos casos, el Estado está obligado a soportar el pago de la indemnización reparatoria en forma directa, en virtud a la relación de derecho público entre él y las víctimas y los familiares de ésta, sin que pueda haber reparación por los daños producidos, sin una solución integral para estos. La responsabilidad del Estado, en materia de violaciones de los Derechos Humanos, no puede estimarse que sea dependiente de la responsabilidad de los agentes de éste; o bien, del concepto dado por el Derecho Administrativo de falta de servicio, por una mala organización o funcionamiento defectuoso de la administración.

En esta materia, no resulta procedente aceptar lo alegado por el Fisco de Chile, en orden a que solamente cabe aplicar las disposiciones de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, porque la Constitución de 1980, como la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, Ley 18.575, son de fuero común interno, se aplica sólo si no están en contradicción con la fuente de la obligación del Estado de reparar a las víctimas y a sus familiares, de las graves violaciones a los Derechos Humanos, obligación estatal que proviene, como se viene señalando, de la Constitución, de los Tratados Internacionales sobre la materia y de los Principios Generales del Derecho Internacional Humanitario. También bajo la Carta de 1925, Chile era un Estado Constitucional de Derecho, al igual que bajo el imperio de la Constitución de 1980, y por ende, le era también exigible la congruencia de aquélla con los Tratados Internacionales y los Principios Generales del Derecho Internacional; así Chile era, desde antes de los hechos investigados en este proceso, signatario de la Carta de las Naciones y se encontraba vinculado por sus decisiones y por la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus pactos complementarios.

Por todo lo anterior, se procederá a rechazar la alegación del Fisco de Chile, para eximirse de responsabilidad por inexistencia de responsabilidad objetiva.



167°.- Que, el Fisco de Chile, también contestando la demanda civil de los querellantes, en subsidio de las alegaciones anteriores, planteó la improcedencia de la indemnización de perjuicios demandada, para el evento que los demandados hubieren sido indemnizados de conformidad a la Ley 19.123, que estableció una bonificación compensatoria y una pensión mensual de reparación y otros beneficios sociales a los familiares más próximos de la víctima. Estima, que estos beneficios son incompatibles con toda otra indemnización, agregando que un daño que ya ha sido reparado no da lugar a indemnización por la vía judicial.

168°.- Que, como se ha sostenido por Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de 8 de septiembre de 2008, dictada en los autos Rol 6308-2007, debe desecharse la alegación fiscal, en orden a que no es procedente la indemnización de perjuicios solicitada, toda vez que lo anterior, no es óbice para que se repare materialmente el daño moral sufrido como consecuencia de la comisión de un delito cuya certeza se obtiene recién con este proceso.

Los beneficios de la ley N° 19.123 dicen relación con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con el objeto de coordinar ejecutar y promover las acciones que fueran necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas a su vez en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por Decreto Supremo N° 355, de 25 de abril de 1990, circunstancias estas que no cabe confundir con aquéllas que emanan del derecho común, relativas a la responsabilidad civil como consecuencia de un delito, conforme expresamente lo disponen los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, por lo que claramente si el derecho de la ley especial hubiere sido ejercido por los querellantes y demandantes civiles, éste emana de fuentes diversas, razón por la que debe desestimarse la alegación del Fisco de Chile.



169°.- Que, también el Fisco de Chile, contestando la demanda civil planteada en su contra, objeta el monto de los daños demandados que estima como exorbitantes, agregando que en aquellos casos en que las pretensiones son desmedidas, la indemnización que se persigue, no busca una reparación compensatoria sino que más bien un incremento patrimonial. Al respecto, se tendrá presente lo indicado en en los numerales siguientes, al fijar los montos respectivos.

EN CUANTO AL MONTO DE LAS DEMANDAS CIVILES

170°.- Que, en este aspecto, se tendrá presente para la fijación del monto de los daños demandados en este proceso en contra del Fisco de Chile y a los encausados, los graves daños que sufrieron y siguen experimentando, a causa o con motivo del secuestro calificado de sus familiares, que se traducen, en una actividad incesante, sin tregua, sin desmayos, por espacio de largos años, como se reseña en la sentencia, para dar con su paradero, efectuando presentaciones de la más variada indole, ante altas autoridades nacionales y extranjeras, los Tribunales de Justicia y organismos internacionales, debiendo soportar situaciones límites de frustración y sufrimiento.

Asimismo, se considera la cercanía en cuanto al parentezco y a la relación matrimonial en lo qye corresponda.

En consideración a lo anterior se resolverá:

a) Que, respecto de la demanda civil opuesta por la abogado María Raquel Mejías Silva a fs. 6.461, se condena al demandado civil a pagar la suma $60.000.000.- (sesenta millones de pesos) a título de daño moral, el que se encuetra acreditado con los documentos que rolan a fs. 7.734, 7.793, 7.780 y 7.812, por la muerte de su hermano Sebastián Hermando Campos Díaz.

b) En cuanto a la demanda civil opuesta a fs. 6.490 por el abogado Manuel Adolfo Montiel Gómez, en representación de la querellante Jacinta del Carmen Godoy Acuña, se condena al Fisco de Chile a pagar la suma de $80.000.000.- (ochenta millones de pesos) a título de daño moral por la muerte de su cónyuge Manuel Salamanca Mella y de $15.000.000.- (quince millones de pesos) a título de daño moral por la muerte de sus hermanos José Domingo, José Nazario y José Mariano, todos Godoy Acuña.

c) En cuanto a la demanda civil opuesta a fs. 6.523 por el abogado Manuel Adolfo Montiel Gómez, en representación de la querellante Ana María D´Apollonio Zapata, se condena al Fisco de Chile a pagar la suma de $70.000.000.- (setenta millones de pesos) a título de daño moral sufrido por el secuestro de su padre Sergio D´Apollonio Petermann.

d) En cuento a la demanda civil opuesta a fs. 6.535 por el abogado Manuel Adolfo Montiel Gómez, en representación de la querellante Ana María Zúñiga Beroíza, se condena al Fisco de Chile a pagar las sumas de $70.000.000.- (setenta millones de pesos) a título de daño moral sufrido por el secuestro de su padre José Rafael Zúñiga Aceldini y de $10.000.000.- (diez millones de pesos) a título de daño moral sufrido por el secuestro de su tío José Secundino Zúñiga Aceldini.

e) En cuanto a la demanda civil opuesta a fs. 6.549, el abogado Nelson González Bustos, en representación de la querellante Norma Panes Panes, de Maritza Pilar, Víctor Hugo, Dorian Inés, Fabiola del Carmen y Miguel Ángel, todos Cuevas Panes, se condena a Planté Euclides Aravena Sáez, José Jaime Godoy Godoy, José Heraldo Pulgar Riquelme, Sergio Amador Fuentes Valenzuela, Jorge Eduardo Valdivia Dames, José Roberto Valdivia Dames, Luis enrique Barrueto Barting, Manuel Dario Barrueto Barting y Jorge Denis Domínguez Larenas a pagar las sumas de $80.000.000.- (ochenta millones de pesos) como indemnización de perjuicios por daño moral, sufrido por el secuestro de su cónyuge Miguel Cuevas Pincheira y $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos) a favor de Maritza Pilar, Víctor Hugo, Dorian Inés, Fabiola del Carmen y Miguel Ángel, todos Cuevas Panes, cada uno respectivamente, como indemnización de perjuicios por daño moral sufrido por el secuestro de su padre Miguel Cuevas Pincheira.



171°.- Que, además, se tuvo en cuenta para regular los montos señalados, lo informado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas en el Informe sobre las Secuelas Psiquiátruicas y Psicológicas en Familiares de Víctimas de la Desaparición Fozada, el cual rola a fs. 7.734 y que, en síntesis, señala que los familiares de de las víctimas de desaparición forzada presentan cuadros clínicos como depresiones recurrentes o crónicas, además del temor de morir sin lograr encontrar los restos del familiar querido. El familiar sobreviviente se ve imposibilitado de elaborar la pérdida y realizar el duelo que todo proceso normal con lleva. Agrega que se presenta además un cuadro reactivo secundario a la desaparición el cual constituye un cuadro sintomático de extrema gravedad y larga duración para los familiares del desaparecido. Señala que este síndrome produce también un cambio estructural en la personalidad de los familiares, que los transforma en personas más vulnerables que la población general. Finaliza describiendo los síntomas y consecuencias individuales entre las que se encuentran la angustia, síntoma depresivo, desesperanza, pérdida del proyecto de vida, alteración del sentido de realidad, dolor crónico, disminución del ánimo, sentimiento de impotencia, mayor propensión a enfermedades graves, debiliamiento del Yo, descompensación de cuadros sicóticos y patologías psiquiátricas mayores.

Asimismo, se consideró lo consignado en los informes a) “Efectos familiares y sociales de las más graves violaciones a los derechos humanos” en Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo II, páginas 765 a 785; b) “Cuando el fantasma es un tótem” del Dr. Héctor Faúndez B.; y c) “Acerca del traumatismo y del duelo en familiares de detenidos desaparaecidos” de la Dra. Patricia Barceló Amado, agergados a fs. 7.793;

Se tuvo presente también lo informado en: a) Informe trabajo diagnóstico niños familiares de detenidos desaparecidos. Santiago. Vicaría de la Solidaridad. Programa de Salud Mental, junio 1978; b) Pre infome trabajo diagnóstico niños familiares de detenidos desaparecidos. Santiago. Vicaría de la Solidaridad. Programa de Salud Mental, noviembre 1978; c) Salud Mental: Síntesis del trabajo con niños familiares de detenidos desaparecidos. Santiago. Vicaría de la Solidaridad. Programa de Salud Mental, junio 1978; d) Algunos factores de daño a la salud mental. Santiago. Vicaría de la Solidaridad. Programa de Salud Mental; h) Trabajo social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos. Victoria Baeza Fernández y otras. Santiago. Vicaría de la Solidaridad. Asistentes Sociales Deparatamenteo Jurídico, abril 1987; y e) Alguno Probleas de salud Mental Detectados por Equipo Psicológico-Psiquiátrico. Julio 1978 c/ anexos, agregados a fs. 7.780;

Finalmente, se tuvo presente lo informado en la Norma Técnica N° 88 para la Atención de Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Período 1973-1990 a fs. 7.812.



172°- Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 1°, 5° inciso segundo, 6° y 7° de la Constitución Política de la República, 1, 3, 11 nº 6, 14, 15 n° 1 y 3, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 40, 50, 62, 63, 68, 69, 79, 86, 103, 141 del Código Penal, 10, 108, 109, 110, 111, 457, 458, 464, 471, 477, 478, 481, 482, 485, 488, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 509 y 533 del Código de Procedimiento Penal, 2.332 del Código Civil, 418 del Código de Justicia Militar, lo establecido en el Decreto Ley, Nº 5º de 1973 y artículos 1º, 3º, 147 y 148 de la Convención de Ginebra sobre Protección, a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra, se declara:

A.- Que se condena a:

1.- PLANTÉ EUCLIDE ARAVENA SAÉZ, como autor de los delitos de secuestro calificado contemplado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal (vigente a la época de comisión de los ilícitos), cometidos en la comuna de Santa Bárbara, Sergio D’Apollonio Peterman, el día 23 de diciembre de 1973; José Rafael Zúñiga Aceldine, José Secundino Zúñiga Aceldine y José Gilberto Araneda, perpetrados el 17 de diciembre de 1973; de Juan de Dios Rubio Llancao, Julio Rubio Llancao, José María Tranamil Pereira y José Guillermo Purrán Treca, perpetrados el 16 de diciembre de 1973; de José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solis, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella y José Mariano Godoy Acuña, perpetrados el 20 de diciembre de 1973; de Juan de Dios Fuentes Lizama y Juan Francisco Fuentes Lizama, perpetrados el 14 de diciembre de 1973de Miguel Cuevas Pincheira, perpetrado el 20 de diciembre de 1973; y de Sebastián Hernaldo Campos Díaz, perpetrado el 16 de diciembre de 1973, a la pena única de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y a las costas de la causa.

Que, se absuelve al aludido PLANTÉ EUCLIDE ARAVENA SAÉZ de la acusación judicial y adhesión particular que lo suponía autor del delito de secuestro calificado de Elba Burgos Sáez.

Que, atendida la extención de la pena aplicada, no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.216 para ser beneficiado con alguna de las medidas alternativas que este cuerpo legal contempla.

Para el cumplimiento de la pena, se le contará desde que sea habido o se presente al juicio, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad, desde 28 de octubre de 2002, según parte policial n°754 de fs. 1.263; y hasta el 8 de noviembre de 2002, según certificación de fs. 1.365.



2.- JOSÉ JAIME GODOY GODOY, como autor de los delitos de secuestro calificado contemplado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal (vigente a la época de comisión de los ilícitos) cometidos en la comuna de Santa Bárbara, en contra de Sergio D’Apollonio Peterman, el día 23 de diciembre de 1973; de Elba Burgos Saéz el día 17 de diciembre de 1973; de José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solis, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella y José Mariano Godoy Acuña, el día 20 de diciembre de 1973; y de Miguel Cuevas Pincheira, el día 20 de diciembre de 1973, a la pena única de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y a las costas de la causa.

Que se absuelve al aludido JOSÉ JAIME GODOY GODOY de aquella parte de la acusación judicial que lo suponía autor del delito de homicidio calificado de Carlos Jacinto D´Apollonio Zapata.

Que, atendida la extención de la pena aplicada, no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.216 para ser beneficiado con alguna de las medidas alternativas que este cuerpo legal contempla.

Para el cumplimiento de la pena se le contará desde que sea habido o se presente al juicio, siviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad, esto es, desde el 28 de octubre de 2002 según parte policial N° 752 de fs. 1.269; hasta el 8 de noviembre de 2002, según certificación de fs. 1.356.



3.- HECTOR ISAÍAS ECHEVERRÍA BELTRAN, como autor de los delitos de secuestro calificado, contemplado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal (vigente a la época de comisión de los ilícitos) cometidos en la comuna de Santa Bárbara en perjuicio de Juan de Dios Fuentes Lizama y Juan Francisco Fuentes Lizama, el 14 de diciembre de 1973; de José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solis, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella y José Mariano Godoy Acuña, cometidos en la comuna de Santa Bárbara, el día 20 de diciembre de 1973; de Miguel Cuevas Pincheira, cometido en la comuna de Santa Bárbara, el día 20 de diciembre de 1973; y de Sebastián Hernaldo Campos Díaz, cometido en la comuna de Santa Bárbara, el día 16 de diciembre de 1973; a la pena única de 7 años y medio de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y a las costas de la causa.

Que, atendida la extención de la pena aplicada, no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.216 para ser beneficiado con alguna de las medidas alternativas que este cuerpo legal contempla.

Para el cumplimiento de la pena se le contará desde que sea habido o se presente al juicio, siviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad, esto es, desde el 28 de octubre de 2002 según parte policial n° 1104 de fs. 1.276; hasta el 8 de noviembre de 2002, según certificación de fs. 1.358.

4.- JORGE DENIS DOMÍNGUEZ LARENAS, como autor de los delitos secuestro calificado, contemplado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal (vigente a la época de comisión de los ilícitos) cometidos en la comuna de Santa Bárbara en perjuicio de Sergio D’Apollonio Peterman, el dia 23 de diciembre de 1973; de José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solis, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella y José Mariano Godoy Acuña, el día 20 de diciembre de 1973; y de Miguel Cuevas Pincheira, el día 20 de diciembre de 1073, a la pena única de 6 años y medio de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y a las costas de la causa.

Que se absuelve al aludido JORGE DENIS DOMÍNGUEZ LARENAS de aquella parte de la acusación judicial que lo suponía autor del delito de homicidio calificado de Carlos Jacinto D´Apollonio Zapata.

Que, atendida la extención de la pena aplicada, no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.216 para ser beneficiado con alguna de las medidas alternativas que este cuerpo legal contempla.

Para el cumplimiento de la pena, se le contará desde que sea habido o se presente al juicio, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad, desde el 28 de octubre de 2002, según certificación de fs. 1.283, hasta el 8 de noviembre de 2002, según certificación de fs. 1.363.



5.- JOSÉ HERALDO PULGAR RIQUELME, como autor de los delitos de secuestro calificado, contemplado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal (vigente a la época de comisión de los ilícitos) cometidos en la comuna de Santa Bárbara en perjuicio de José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solis, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella y José Mariano Godoy Acuña el día 20 de diciembre de 1973; de Miguel Cuevas Pincheira el día 20 de diciembre de 1973; y de Sebastián Hernaldo Campos Díaz, el día 16 de diciembre de 1973, a la pena única de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, ya las costas de la causa.

Que, atendida la extención de la pena aplicada, no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.216 para ser beneficiado con alguna de las medidas alternativas que este cuerpo legal contempla.

Para el cumplimiento de la pena, se le contará desde que sea habido o se presente al juicio, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad, desde el 28 de octubre de 2002 según parte policial N° 752 de fs. 1.269; hasta el 8 de noviembre de 2002, según certificación de fs. 1.361.

6.- SERGIO AMADO FUENTES VALENZUELA, como autor de los delitos de secuestro calificado, contemplado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal (vigente a la época de comisión de los ilícitos) cometidos en la comuna de Santa Bárbara en perjuicio de José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solis, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella y José Mariano Godoy Acuña el día 20 de diciembre de 1973; y de Miguel Cuevas Pincheira el día 20 de diciembre de 1973, a la pena única de seis años y medio de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y a las costas de la causa.

Que, atendida la extención de la pena aplicada, no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.216 para ser beneficiado con alguna de las medidas alternativas que este cuerpo legal contempla.

Para el cumplimiento de la pena, se le contará desde que sea habido o se presente al juicio, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad, desde el 30 de octubre de 2002, según certificación de fs. 1.294, hasta el 14 de noviembre de 2002, según certificación de fs. 1.384.

7.- JORGE EDUARDO VALDIVIA DAMES, como autor de los delitos de secuestro calificado, contemplado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal (vigente a la época de comisión de los ilícitos) cometidos en la comuna de Santa Bárbara en perjuicio de José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solis, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella y José Mariano Godoy Acuña; el día 20 de diciembre de 1973; y de Miguel Cuevas Pincheira el día 20 de diciembre de 1973, a la pena única de seis años y medio de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, ya las costas de la causa.

Que, atendida la extención de la pena aplicada, no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.216 para ser beneficiado con alguna de las medidas alternativas que este cuerpo legal contempla.

Para el cumplimiento de la pena, se le contará desde que sea habido o se presente al juicio, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad, desde el 29 de octubre de 2002, según certificación de fs. 1.256; hasta el 14 de noviembre de 2002, según certificación de fs. 1.388.

8.- JOSE ROBERTO VALDIVIA DAMES, como autor de los delitos de secuestro calificado, contemplado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal (vigente a la época de comisión de los ilícitos) cometidos en la comuna de Santa Bárbara en perjuicio de José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solis, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella y José Mariano Godoy Acuña, el día 20 de diciembre de 1973; y de Miguel Cuevas Pincheira el día 20 de diciembre de 1973, a la pena única de seis años y medio de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y a las costas de la causa.

Que, atendida la extención de la pena aplicada, no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.216 para ser beneficiado con alguna de las medidas alternativas que este cuerpo legal contempla.

Para el cumplimiento de la pena, se le contará desde que sea habido o se presente al juicio, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad, desde el 28 de octubre de 2002, según parte policial n° 751/2002 de fs. 1.246; hasta el 14 de noviembre de 2002, según certificación de fs. 1.388.

9.- LUIS ENRIQUE RICARDO BARRUETO BARTING como autor de los delitos de secuestro calificado, contemplado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal (vigente a la época de comisión de los ilícitos) cometidos en la comuna de Santa Bárbara en perjuicio de José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solis, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella y José Mariano Godoy Acuña, el día 20 de diciembre de 1973; y de Miguel Cuevas Pincheira el día 20 de diciembre de 1973, a la pena única de seis años y medio de presidio mayor en su grado mínimo,, más las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y a las costas de la causa.

Que, atendida la extención de la pena aplicada, no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.216 para ser beneficiado con alguna de las medidas alternativas que este cuerpo legal contempla.

Para el cumplimiento de la pena, se le contará desde que sea habido o se presente al juicio, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad, desde el 28 de octubre de 2002 según parte policial N° 752 de fs. 1.269; hasta el 14 de noviembre de 2002, según certificación de fs. 1.386.

10.- MANUEL DARIO BARRUETO BARTING, como autor de los delitos de secuestro calificado, contemplado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal (vigente a la época de comisión de los ilícitos) cometidos en la comuna de Santa Bárbara en perjuicio de José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solis, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella y José Mariano Godoy Acuña; y de Miguel Cuevas Pincheira, a la pena única de seis años y medio de presidio mayor en su grado mínimo,, más las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, ya las costas de la causa.

Que, atendida la extención de la pena aplicada, no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.216 para ser beneficiado con alguna de las medidas alternativas que este cuerpo legal contempla.

Para el cumplimiento de la pena, se le contará desde que sea habido o se presente al juicio, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad, desde el 28 de octubre de 2002 según parte policial N° 752 de fs. 1.269; hasta el 14 de noviembre de 2002, según certificación de fs. 1.386.

11.- PEDRO SEGUNDO RUIZ PARDO, como autor del delito de secuestro calificado, contemplado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal (vigente a la época de comisión de los ilícitos) cometido en la comuna de Santa Bárbara en perjuicio de Aliro Oporto Durán, a la pena única de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más las accesorias de suspensión de cargo u oficios públicos mientras dure la ocndena y las costas de la causa.

Que, cumpliento con los requisitos indicados en el artículo 4° de la Ley 18.216, se le remite condicionalmente la pena al aludido RUIZ PARDO, debiendo quedar sujeto a la vigilancia y control de la Sección del Medio Libre de Gendarmería de Chile, por el lapso de quinientos cuarenta y un días y a cumplir con los demás requisitos indicados en el artículo cinco de la citada Ley.

Para el caso que se le revocare el señalado beneficio y debiere cumplir efectivamente la pena de presidio impuesta, se le contará desde que sea habido o se presente al juicio, sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido privado de libertad desde el 29 de noviembre de 2005, según parte policial de fs. 2.490, hasta el 1° de diciembre de 2005, según certificación de fs. 2.498.

12.- Eugenio Villa Urrutia; 13.- José Eleodoro Burgos Sandoval; 14.- Juan Carlos Burgos Belauzaran; 15.- Carlos Santiago Sepúlveda Rivera; y 16.- Exequiel del Carmen Celedón Barrera como autores de los delitos de secuestro calificado, contemplado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal (vigente a la época de comisión de los ilícitos) cometidos en la comuna de Santa Bárbara en perjuicio de Cristino Humberto Cid Fuentealba, José Felidor Pinto Pinto, Luis Alberto Cid Cid, Luis Alberto Bastías Sandoval, Raimundo Salazar Muñoz; Gabriel José Viveros Flores, Segundo Marcial Soto Quijón y José Roberto Molina Quezada, a la pena única de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y a las costas de la causa.

Que, atendida la extención de la pena aplicada, no reúnen los requisitos establecidos en la Ley 18.216 para ser beneficiados con alguna de las medidas alternativas que este cuerpo legal contempla.

Para el cumplimiento de la pena, se les contará desde que sean habidos o se presenten al juicio, sirviéndoles de abono el tiempo que permanecieron privados de libertad, correspondiendo a José Eleodoro Burgos Sandoval, desde el 26 de diciembre de 2001, según certificación de fs. 4.264, hasta el 9 de abril de 2001, según certificación de fs. 5.037; a Juan Carlos Burgos Belauzarán, desde el 26 de diciembre de 2001, según certificación de fs. 4.264, hasta el 14 de marzo de 2002, según certificación de fs. 4.831; a Eugenio Villa Urrutia, desde el 28 de diciembre de 2001, según certificación de fs. 4.269, hasta el hasta el 27 de marzo de 2002, según certificación de fs. 5.017; a Carlos Santiago Sepúlveda Rivera, desde el 5 de enero de 2001, según certificación de fs. 4.378, hasta el 27 de marzo de 2002, según certificación de fs. 5.015; y a Exequiel del Carmen Celedón Barrera, desde el 16 de enero de 2002, según certificación de fs. 4.433 vta., hasta el 27 de marzo de 2002, según certificación de fs. 5.010.

17°.- José Feliciano Gutiérrez Ortiz como autor de los delitos de secuestro calificado, contemplado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal (vigente a la época de comisión de los ilícitos) cometidos en la comuna de Santa Bárbara en perjuicio de Cristino Humberto Cid Fuentealba, José Felidor Pinto Pinto, Luis Alberto Cid Cid, Luis Alberto Bastías Sandoval, Raimundo Salazar Muñoz; Gabriel José Viveros Flores, Segundo Marcial Soto Quijón y José Roberto Molina Quezada, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo más las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y ofcios públicos durante el tiempo de la condena y a las costas de la causa.

Que, reuniendo en la especie los requisitos indicados en el artículo 15 de la Ley 18.216, se le concede el beneficio de la libertad vigilada, debiendo quedar sujeto a la vigilancia y orientación permanente de un delegado por el período de cinco años, y a cumplir con las demás esxigencias establecidas por el artículo 17 de la citada Ley.



Para el efecto que se le revocare el beneficio antes indicado, o quepor cualquier motivo tuviere que cumplir la pena de presidio impuesta, se le contará desde que sea habido o se presente al juicio, sirvuiéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad, desde el 31 de diciembre de 2001, según certificación de fs. 4.292, hasta el 22 de marzo de 2002, según certificación de fs. 4.891 vta.

18.- Respecto del acusado Sergio Alejandro Pino Cabeza, se declara extinguida su responsabilidad penal por muerte, conforme a los antecedentes consignados en considerando 67° de esta sentencia, por lo que será absuelto de la acusación judicial y adhesión particular.

B.- QUE se acoge la demanda civil deducida a fs. 6.461 por la abogado doña María Raquel Mejías Silva en representación de doña Gretel del Carmen Campos Díaz, solo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagarle a la actora, por el daño moral sufrido por el secuestro calificado de su hermano Sebastián Heraldo Campos Díaz, la suma de sesenta millones de pesos, dentro de quinto día de ejecutoriado el fallo, con reajustes e intereses corrientes, para operaciones reajustables, desde que quede ejecutoriada la persente sentencia, con costas.

C.- Que se acoge la demanda civil deducida a fs. 6.490 por el abogado don Manuel Adolfo Montiel Gómez, en representación de doña Jacinta del Carmen Godoy Acuña, solo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagarle a la actora, por el daño moral sufrido por el secuestro calificado de su cónyuge Manuel Salamanca Mella, la suma de ochenta millones de pesos; y quince millones de pesos, por el daño moral sufrido por el secuestro calificado de cada uno de sus hermanos José Domingo, José Nazario y José Mariano, todos Godoy Acuña, dentro de quinto día de ejecutoriado el fallo, con reajustes e intereses corrientes, para operaciones reajustables, desde que quede ejecutoriada la persente sentencia, con costas.

D.- Que se acoge la demanda civil deducida a fs. 6.523 por el abogado don Manuel Adolfo Montiel Gómez, en representación de doña Ana María D´Apollonio Zapata, solo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagarle a la actora, por el daño moral sufrido por el secuestro calificado de su padre Sergio D´Apollonio Petermann, la suma de setenta millones de pesos dentro de quinto día de ejecutoriado el fallo, con reajustes e intereses corrientes, para operaciones reajustables, desde que quede ejecutoriada la persente sentencia, con costas.

E.- Que se acoge la demanda civil deducida a fs. 6.535 por el abogado don Manuel Adolfo Montiel Gómez, en representación de doña Ana María Zúñiga Beroíza, solo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a la actora, a título de daño moral sufrido por el secuestro de su padre José Rafael Zúñiga Aceldini, la suma de setenta millones de pesos; y, a título de daño moral sufrido por el secuestro de su tío José Secundino Zúñiga Aceldini, la suma de diez millones de pesos, dentro de quinto día de ejecutoriado el fallo, con reajustes e intereses corrientes, para operaciones reajustables, desde que quede ejecutoriada la persente sentencia, con costas.

F.- Que se acoge la demanda civil deducida por el abogado don Nelson González Bustos, en representación de la querellante Norma Panes Panes, de Maritza Pilar, Víctor Hugo, Dorian Inés, Fabiola del Carmen y Miguel Ángel, todos Cuevas Panes, solo en cuanto se condena a Planté Euclides Aravena Sáez, José Jaime Godoy Godoy, José Heraldo Pulgar Riquelme, Sergio Amador Fuentes Valenzuela, Jorge Eduardo Valdivia Dames, José Roberto Valdivia Dames, Luis Enrique Barrueto Barting, Manuel Dario Barrueto Barting y Jorge Denis Domínguez Larenas a pagar, solidariamente, a doña Norma Panes Panes la suma de ochenta millones de pesos, como indemnización de perjuicios por daño moral, sufrido por el secuestro calificado de su cónyuge Miguel Cuevas Pincheira; y a pagar a favor de cada una de las demandantes Maritza Pilar, Fabiola del Carmen Víctor Hugo, Dorian Inés, y Miguel Ángel, todos Cuevas Panes, la suma de cuarenta millones de pesos a cada una como indemnización de perjuicios por daño moral sufrido por el secuestro calificado de su padre Miguel Cuevas Pincheira, dentro de quinto día de ejecutoriado el fallo, con reajustes e intereses corrientes, para operaciones reajustables, desde que quede ejecutoriada la presente sentencia, con costas.

Cítese, por la Policía de Investigaciones de Chile, a los sentenciados para notificarlos personalmente del fallo conforme a lo dispuesto en el artículo 505 del Código de Procedeimiento Penal.

Notifíquese a las partes por cédula, a través de receptor de turno; y a aquellos que tengan domicilio fuera de esta comuna, mediante exhorto al Tribunal que corresponda, a fin de que lo haga por el ministro de fe que corresponda.

Regístrese.

Cúmplase. en su oportunidad, con lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Rol Nº 372 (Episodio Santa Bárbara) y acumulados roles 867 (Episodio Quilaco), 2.531, 2.966 y 2.967, todos del ingreso de primera instancia del Juzgado de Letras de Santa Bárbara.

Dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria don Carlos Aldana Fuentes y autorizada por el Secretario Subrogante don Elí Farías Mardones.



En Concepción a trece de junio de dos mil once, notifiqué por el Estado Diario la resolución precedente y el fallo de catorce de mayo de dos mil once.

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