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Vistos, oidos y considerando


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Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil nueve


VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO.
PRIMERO: Que ha comparecido don José Tomás Peralta Martínez, abogado, domiciliado en calle Sazié N° 1925, comuna de Santiago, en representación de don Cristian Ernesto Gatsch Cordeiro, abogado, de su mismo domicilio para estos efectos, deduciendo demanda laboral en procedimiento de aplicación general en contra de RedCapacita S.A., giro de capacitación, representada legalmente de acuerdo con el artículo 4 del Código del Trabajo, por don Jorge Alberto Barraza Lantz, de profesión ingeniero, ambos domiciliados en avenida Los conquistadores N° 2177, comuna de Providencia, señalando que su representado ingresó a prestar servicios para la demandada bajo vínculo de subordinación y dependencia en el mes de abril de 2000, fecha desde la cual y hasta el mes de noviembre de 2005 emitió boletas de honorarios para la empresa, señalando como prestación “servicios profesionales”, y en el mes de noviembre de 2005 se suscribió contrato de trabajo con la demandada, el que consigna como fecha de inicio de la relación laboral ese mismo mes, lo que no es efectivo porque esta realmente se inició en el mes de abril del año 2000, ya que los servicios se prestaban bajo las siguientes condiciones de subordinación y dependencia.

- En cuanto a la subordinación debía desarrollar su trabajo en el lugar indicado por el empleador, cumplía con un horario laboral indicado por el empleador, y estaba sometido a la supervigilancia permanente y directa de su empleador, don Jorge Barraza Lantz.

- En cuanto a la dependencia desde el año 2000 su representado estaba obligado a desarrollar sus funciones de acuerdo a las instrucciones precisas otorgadas por el gerente general de la empresa, don Jorge Barraza, quien señalaba las labores a cumplir, el modo y requisitos con que debían hacerse.

Indica que las funciones que desempeñaba su representado son claramente propias de una relación de subordinación y dependencia, consistían en las siguientes.



  1. Supervisar al equipo de informática, de diseño gráfico, audiovisual y control de calidad.

b) Llevar la relación con los proveedores técnicos, por ejemplo hosting, telefonía y asesores para la mantención del sistema de gestión de calidad.

c) Cumplir tareas de auditor interno para la norma ISO 9001:2008 y Norma Chilena 2728 (norma que es obligatoria en esta industria).

d) Ser el representante de la gerencia de acuerdo al organigrama a fin de ser quien debe estar a cargo de la mantención y actualización del Sistema de Gestión de Calidad y ser la contraparte técnica con los auditores de la empresa certificadora que anualmente los auditaba.

e) Ser la contraparte técnica con los clientes cuando se requería algún diseño especial o bien buscar soluciones de implementación de aplicaciones o sistemas.

f) Subrogar funcionalmente al gerente general en caso de ausencia de éste, en los ámbitos de generación de facturas, cobranza a clientes, supervisar el área de diseño instruccional, supervisar el área de servicios y RRHH, supervisar el área de ventas.

g) Hacerse cargo de algunos clientes a quienes les realizaba mantención y venta de nuevos productos.

h) Era la persona a quien la central de alarma llamaba cada vez que se producía una señal de anomalía, por lo que tenía que dormir con el celular prendido.

Hace presente que durante todo el periodo comprendido entre los meses de abril del año 2000 y noviembre del año 2005 la demandada no pagó las cotizaciones previsionales ni de salud y que a las condiciones en que su representado prestaba los servicios eran las siguientes.

- Función: Al término de la relación laboral se desempeñaba como Director de Operaciones, función que consistía en supervisar el equipo de informática, de diseño gráfico, audiovisual, y control de calidad; llevar la relación con los proveedores técnicos; cumplir tareas de auditor interno para la norma ISO 9001:2008 y Norma Chilena 2728; y representar a la gerencia.

- Jornada Laboral: Formalmente se extendía de lunes a viernes, entre las 09:00 y 19:00 horas, con derecho a una hora de colación, pero en los hechos comenzaba a las 08:20 horas y terminaba generalmente a las 20:30, sin pagarse jamás las horas extraordinarias correspondientes.

- Remuneración mensual: A la fecha del despido ascendía a la suma de $1.400.000 por concepto de sueldo base; gratificación legal de $62.968; bono de gestión de $200.000; comisión pactada ascendiente al 1% de la venta total de la empresa, cuyo promedio de los últimos tres meses es de $318.377; bono de colación de $200.000; y bono de movilización de $192.000, dando un total promedio de $2.573.345.-

Manifiesta que el día lunes 31 de agosto de 2009 su representado se presentó a trabajar de manera normal, y a medio día fue llamado por el gerente general de la empresa, don Jorge Barraza Lantz, quien le comunicó verbalmente y sin aviso previo que estaba despedido, no señaló el motivo de tal decisión, ni entregó carta de despido ni mucho menos certificado del estado de las cotizaciones correspondientes. Al día siguiente le fue solicitado por la empresa devolver el netbook que tenía asignado para cumplir sus funciones y el dispositivo de internet móvil, además fue inhabilitado el teléfono celular Blackberry N° 94791785 que se le asignó para cumplir sus funciones en terreno, y por último ese mismo día le fueron bloqueadas las claves de acceso a las carpetas con información básica para su trabajo, lo que estima que es señal clara que su despido verbal tuvo efecto de inmediato, ya que sin los mencionados elementos no tenía modo alguno para cumplir con sus obligaciones laborales.

Explica que las circunstancias que derivan finalmente en el término de la relación laboral tienen su origen alrededor de cinco meses antes de que se produjera el despido, en efecto en el mes de marzo de 2009 aproximadamente, su representado había sido víctima de reiterados hostigamientos y maltratos por parte de don Jorge Barraza. En más de una oportunidad su representado fue víctima de fuertes maltratos verbales por don Jorge Barraza, los que se producían incluso frente a los compañeros de trabajo y subordinados del actor. En una ocasión, por ejemplo, por haberse atrasado en cinco minutos a una reunión de trabajo, debido a que estaba tratando con un cliente, fue duramente cuestionado y criticado frente a sus subordinados, poniendo en jaque su integridad profesional y minando su honra persona.

Agrega que siendo sus funciones de carácter gerencial, permanentemente debía cumplir con labores propias de un junior de la empresa, las que eran asignadas por el Gerente General de la misma, así por ejemplo debía ir a comprar parafina para las estufas o bien llamar al camión de la compañía de gas para que lo trajera, abrirle la puerta a la encargada del aseo los días sábados, realizar el pago de los teléfonos celulares de la empresa cuando eran cortados por falta de pago. Otra de las circunstancias graves de que fue víctima su representado, era el hecho de ser espiado por trabajadores de la empresa, quienes tenían el deber de informar al representante legal de la misma todo lo que los trabajadores hacían o decían, lo que constituye una limitación grave al derecho a la vida privada como la inviolabilidad de las comunicaciones, puesto que estos informantes debían mantenerse al tanto de todo lo que los trabajadores hacían y decían, sea o no relacionado con sus funciones laborales, para informárselo al empleador, lo que fue reconocido por el mismo Jorge Barraza en una reunión sostenida el 28 de agosto de 2009.

También su representado era obligado por el empleador a utilizar para desarrollar sus labores en la empresa, software que no contaba con sus respectivas licencias de uso, ya que en efecto todos los programas computacionales instalados en las computadoras de la empresa, son de carácter ilegal o pirata, de lo que reclamó en reiteradas oportunidades sin recibir respuestas favorables por su parte, incluso se propuso traspasar la información y operatividad de la empresa a programas Linux, o sea a sistemas abiertos que no requieren el pago de licencias comerciales, propuesta que fue rechazada por la empresa.

Estima que obligar al trabajador a realizar conductas ilegales excede, con mucho, el objeto del contrato de trabajo, e implica un grave riesgo personal para el trabajador quien eventualmente, podría ser sujeto de persecución penal, lo que aumenta el estrés laboral, afectando la integridad psíquica de su representado. A mayor abundamiento, su representado sufre de Síndrome Vestibular, lo que le provoca una fuerte sensación de mareo y vértigo, que aumenta notoriamente ante situaciones de estrés, y hace un mes debió presentar licencia médica por esta condición, ya que las condiciones laborales a las que era sometido determinaron un empeoramiento considerable, produciéndose no solo un menoscabo psíquico sino que también físico, además comenzó a sufrir de crisis de pánico y de angustia, condición que no quería asumir por su fuerte sentido de responsabilidad, lo que provocó insomnios y graves alteraciones del ánimo, circunstancias que fueron diagnosticadas por un médico psiquiatra.

De todo lo anterior se reclamó en reiteradas oportunidades al representante legal de la demandada, recibiendo persistentes rechazos, y así su despido se produjo por el hecho de haber reclamado por la reiterada vulneración de sus derechos fundamentales.

Expone que al día siguiente de producido el despido verbal fueron dadas instrucciones para que el correo electrónico que se enviara a su casilla personal (cgatsch@redcapacita.cl) fuera reenviado al correo electrónico de don Jorge Barraza, situación que producida con ocasión del despido vulnera flagrantemente el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas puesto que aunque aquella dirección de correo fuera para desarrollar las funciones laborales, el correo enviado a ella sigue siendo de carácter personal y privado, comprendiéndose dentro de la garantía constitucional del número 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Argumenta que la garantía del secreto de la correspondencia comprende la de todo procedimiento de intercomunicación privada porque se protege la reserva o el carácter privado de las comunicaciones, incluyendo aquellas que se pueden realizar en y desde el lugar de trabajo, ahora bien, respecto de la intrusión del empleador en la comunicación de sus trabajadores a través del correo electrónico, se ha sostenido que atendida la protección penal que se otorga en la mayoría de las legislaciones al secreto de las comunicaciones, cualquier forma de interferencia sería constitutiva de un ilícito penal y atentaría contra el derecho a la intimidad del empleado.

Considera que todos los hechos, actitudes, y situaciones anteriormente descritos que culminaron con el despido del actor, configuran una vulneración del derecho fundamental amparado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho a la vida y a la integridad psíquica de la persona, configurándose la figura de acoso laboral o mobbing, siendo evidente que tal vulneración se produce con ocasión del despido porque este fue únicamente motivado por haber reclamado el trabajador por la vulneración de sus derechos. Además del referido derecho se vulneró el derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada consagrado en el artículo 19 N° 5 del citado texto legal; el derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, protegido por el artículo 19 N° 4 de la Constitución, al respecto agrega que luego de producido el despido el empleador efectuó reiterados llamados al hogar del trabajador, así como al celular y trabajo de su esposa, comunicándose con la empleada del hogar e incluso con su hijo, inmiscuyéndose de este modo en la vida privada del mismo, deshonrándolo ante dichas personas; y por último también se afecta los derechos consignados en los números 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución al tener el gerente general de la demandada a otros tres trabajadores para reportar todo lo que hacía y decía su representado.

Solicita que se declare:

I.- Que su representado fue vulnerado en sus derechos fundamentales y que efectivamente fue despedido únicamente por el hecho de haber reclamado a su empleador por la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad psíquica, inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, al respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

II.- Que como consecuencia de lo anterior se ordene el pago de las siguientes prestaciones.

a) $28.306.795 por concepto del máximo de la indemnización adicional contemplada en el inciso 3° del artículo 489 del Código del Trabajo.

b) $2.573.345 por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.

c) $25.733.450 por concepto de indemnización por 10 años de servicios.

d) $14.153.397 por concepto de incremento de un 50% de las indemnizaciones contempladas en los artículos 162 y 163 conforme lo dispuesto en el artículo letra b) del código del Trabajo, en razón de la declaración de injustificación del despido.

e) $5.146.690 por concepto de indemnización adicional pactada en el contrato de trabajo, particularmente en la cláusula quinta.

f) La suma que corresponda por feriado legal y proporcional.

g) $12.080.000 por comisiones pactadas ascendentes al 1% de la venta total de la empresa y que no fueron pagadas por el empleador durante los dos últimos años de servicios.

h) La suma correspondiente por las 480 horas extraordinarias efectivamente trabajadas por el demandante en el último año y no pagadas por el empleador.

i) Todo otro beneficio, estipendio o emolumento devengado en razón del contrato de trabajo, al que el trabajador se encontraba afecto a la fecha de su desvinculación, solicitando que se haga la liquidación de tales montos.

III.- Que se declare que el despido no ha producido el efecto de poner término al contrato de trabajo en virtud de lo dispuesto en el artículo 162 inciso 5°, atendido que no fueron pagadas por el empleador las cotizaciones previsionales y de salud correspondientes al periodo trabajado por su representado entre los meses de abril del año 2000 y noviembre del año 2005, y que por ende se ordene el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud devengados entre la fecha del despido y la fecha en que se convalide, y además las cotizaciones previsionales y de seguridad social adeudadas por el periodo que no fueron pagadas por el empleador.

Todo lo anterior con los reajustes e intereses establecidos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, y con expresa condenación en costas.

En subsidio de lo anterior y para el evento improbable que el tribunal estima que en el despido de su representado no se han vulnerado derechos fundamentales deduce demanda por despido injustificado en contra de la misma demandada, fundada en los mismos hechos expuestos en la demanda principal, solicitando que se declare injustificado el despido impugnado y se condene a la empresa demandada al pago de las siguientes prestaciones.

a) $2.573.345 por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.

b) $25.733.450 por concepto de indemnización por 10 años de servicios.

c) $14.153.397 por concepto de incremento de un 50% de las indemnizaciones contempladas en los artículos 162 y 163 conforme lo dispuesto en el artículo letra b) del código del Trabajo, en razón de la declaración de injustificación del despido.

d) $5.146.690 por concepto de indemnización adicional pactada en el contrato de trabajo, particularmente en la cláusula quinta.

e) La suma que corresponda por feriado legal y proporcional.

f) $12.080.000 por comisiones pactadas ascendentes al 1% de la venta total de la empresa y que no fueron pagadas por el empleador durante los dos últimos años de servicios.

g) La suma correspondiente por las 480 horas extraordinarias efectivamente trabajadas por el demandante en el último año y no pagadas por el empleador.

h) Todo otro beneficio, estipendio o emolumento devengado en razón del contrato de trabajo, al que el trabajador se encontraba afecto a la fecha de su desvinculación, solicitando que se haga la liquidación de tales montos.

Y que además se declare que el despido no ha producido el efecto de poner término al contrato de trabajo en virtud de lo dispuesto en el artículo 162 inciso 5°, atendido que no fueron pagadas por el empleador las cotizaciones previsionales y de salud correspondientes al periodo trabajado por su representado entre los meses de abril del año 2000 y noviembre del año 2005, y que por ende se ordene el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud devengados entre la fecha del despido y la fecha en que se convalide, y además las cotizaciones previsionales y de seguridad social adeudadas por el periodo que no fueron pagadas por el empleador.

Todo lo anterior con los reajustes e intereses establecidos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, y con expresa condenación en costas.



SEGUNDO: Que don Jorge Barraza Lantz, factor de comercio, actuando como gerente general y representante legal de la sociedad Red Capacita S.A., empresa del giro de su denominación, ambos domiciliados en calle Los Conquistadores N° 2177, Providencia, Santiago, contesta la demanda señalando que no es efectivo que el actor haya ingresado a prestar servicios para la demandada en la fecha que indica, sólo lo hizo a partir del 02 de noviembre de 2005, antes de eso el actor sólo prestó servicios a honorarios. Al respecto indica que si bien la prestación de servicios del demandante se ha presentado durante un tiempo importante, no basta este mero hecho para dar por acreditada una continuidad, como elemento de la relación laboral, ya que se entiende que esta existe sólo cuando durante un periodo de tiempo largo las partes se han comportado en una relación de “trabajador-empleador”, cosa que en la especie no ha existido.

Explica que la RedCapacita es una pequeña empresa que nació como una sociedad de responsabilidad limitada en el mes de mayo de 2000, durante sus primeros cuatro años de vida enfrentó difíciles momentos para mantenerse vigente, prácticamente sin ventas y con elevados niveles de inversión y desarrollo, periodo en que sus socios de la época hipotecaron sus bienes personales y estuvieron a punto de ser rematados, con deudas impagas y registradas en cartera vencida en el sistema financiero. Esta situación cambió con la inclusión de nuevos socios durante el segundo semestre del año 2004, ante la venta de una parte de la Compañía, lo que trajo consigo en el año 2005 y en el trienio 2006-2008 un incremento en el número de clientes y un subsecuente aumento de las ventas, contando actualmente con cerca de 34 trabajadores y profesionales, todos con contrato de trabajo en regla y con sus cotizaciones previsionales al día. En este contexto en el año 2000 el actor se incorporó a la empresa como un prestador de servicios a honorarios, ya que la empresa no tenía negocios ni organización que justificara la existencia de trabajadores, por una parte, y porque se tomó en cuenta su calidad de abogado titulado en Argentina, y su experiencia previa en otras empresas nacionales, además de la expresa solicitud del dueño de la empresa Storbox S.A., con quien personalmente mantenía una relación cercana.

Niega que el demandante desde un inicio desarrollara las actividades que enumera en la demanda, porque ni siquiera existían esas funciones en un inicio, por el contrario tenía total libertad de concurrir a la modesta oficina que se utilizaba, y dicha situación duró sólo hasta que las condiciones operativas obligaron a un cambio medular, hecho que ocurrió en noviembre del año 2005, cuando ingresaron nuevos socios, por lo que se reestructuró la administración y se requirió los servicios bajo subordinación y dependencia del actor, efecto para el cual suscribieron un contrato de trabajo cuya redacción fue realizada por el mismo actor. Para mayor ilustración indica que en la cláusula séptima del contrato se deja constancia que la relación laboral entre las partes se inició el 02 de noviembre de 2005, luego el 01 de marzo de 2006 al suscribir un anexo al contrato se reafirmó la misma idea sin reserva alguna y el 01 de agosto de ese mismo año volvió a hacerlo, además cada vez que percibió una remuneración mensual a lo largo de todos estos años firmó una liquidación de remuneraciones en que forma expresa se contiene la fecha de ingreso como el 02 de noviembre de 2005, no reclamando nunca de dicha declaración.

Hace presente que el demandante es de profesión abogado, titulado en Argentina, donde cursó un Magister en Derecho Público en la Universidad Nacional de Córdova y otro Magister en Ciencia Política en la Universidad de Chile, siendo además profesor titular por concurso en Teoría Política y Derecho Constitucional en la Escuela de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria, Córdova, Argentina. Además según su currículum trabajó en el estudio Alvarez, Hinspeter, Jana, Valle y Cía. Ltda., por lo que se trata de una persona que bien pudo haber instado por el reconocimiento de su pretendida calidad de trabajador.

Invoca en relación a lo anterior la denominada Teoría de los Actos Propios, elaborada a partir del Principio de Ejecución de Buena Fe de los Contratos, consagrado en general para todo tipo de contratos en el artículo 1546 del Código Civil, en el sentido de que un contrato no sólo debe celebrarse de buena fe, sino que las partes están obligadas además a mantenerse en la buena fe durante toda su ejecución.

Precisa que el demandante fue contratado el 02 de noviembre de 2005 como Director de Operaciones y en cuanto a sus funciones niega que subrogara al Gerente General y que fuera la contraparte técnica de los clientes, tampoco le correspondía supervisar el área audiovisual. Las funciones descritas bajo las letra b), c) y d) sólo se le asignaron en 2005 y 2006, y eran cuatro las personas que proporcionaron sus números telefónicos para el uso de la alarma en caso de emergencia.

Reconoce que la remuneración invocada por el demandante era la que percibía, con excepción del monto de la comisión por ventas, la que ascendía sólo al 0,75% de las ventas mensuales, en la medida que se cumpliera el presupuesto de la Compañía, la que si bien sólo se acordó por el Directorio en abril de 2008, como un acto de buena voluntad se le aplicó al demandante en forma retroactiva desde enero del mismo año, así en febrero de 2008 solicitó un anticipo para cubrir una emergencia, de manera que fue compensado con las comisiones devengadas en ese año, lo que aparece registrado en las liquidaciones correspondientes, lo que explica que en ellas aparece el pago de las comisiones a partir del mes de junio de ese año. En relación al año 2009 es probable que no se cumplan las metas del presupuesto, de modo de que se reserva el derecho a descontar las comisiones pagadas en forma anticipada.

Considera que tanto la asignación de colación como la de movilización no forman parte de la remuneración, y en consecuencia no pueden tomarse en cuenta para una eventual indemnización.

Sobre al supuesto horario de trabajo expone que las partes fijaron una referencia en el contrato de trabajo, pero nunca se le impuso el cumplimiento de una jornada laboral, con hora de ingreso y salida, es así como el contrato señala expresamente que la jornada no estaría sujeta a limitación en razón del cargo desempeñado, de manera que el demandante nunca registró su asistencia.

Niega que el actor haya sido despedido en forma verbal el 31 de agosto de 2009, y en relación a ello señala que aquel durante toda la relación laboral presentó una salud bastante inestable que le obligaba a obtener constantes licencias médicas y sobre todo permisos, en la mayoría de las veces por razones sicológicas, además constantemente se retiraba de la empresa, llegaba más tarde o se retiraba más temprano, aduciendo razones de salud del tipo explicado. A partir del mes de abril de este año la salud del demandante comenzó a resentirse, según las licencias médicas que presentó, gozando en julio de 5 días de inasistencia y en agosto la mitad del mes, y en una conversación personal sostenida con él en la última semana de agosto le señaló su propósito de retirarse de la empresa porque estaba planificando negocios con su hermano. El 31 de agosto se volvieron a reunir, a primera hora de la mañana, ocasión en que le entregó personalmente un cheque por $200.000 correspondiente a sus comisiones por ventas de aquel mes, y él le solicitó un anticipo de remuneraciones de septiembre porque el subsidio por la licencia médica no era equivalente a su remuneración mensual, para lo cual no tuvo problemas en adelantarle $500.000 mediante cheque serie B09 N° 2665303 de la cuenta corriente del Banco BCI N° 45126658 perteneciente a la empresa, el que fue cobrado el 03 de septiembre de 2009.

Agrega que al cierre del mencionado día el demandante lo llamó telefónicamente y le reiteró su deseo de poner término al contrato de trabajo por renuncia, porque ya no se sentía a gusto en la empresa, ante lo cual le pidió que formalizara su renuncia tal como lo ordena la ley, sin embargo la carta de renuncia nunca llegó, pero si se recibió al día subsiguiente, esto es el 02 de septiembre, una nueva licencia médica por 7 días, la que fue extendida por la siquiatra Susana López Adduard con fecha 01 de septiembre, de manera que el día 08 de dicho mes debía presentarse a trabajar, pero no lo hizo y jamás volvió, motivo por el que el día 10 de septiembre se puso una constancia ante la Inspección del Trabajo, pero ese misma día se les notificó un reclamo presentado ante dicha institución el día 03 de septiembre. Al concurrir a la audiencia del día 21 de septiembre se manifestó que el vínculo laboral se encontraba vigente, pero el actor acompañado de su abogado mantuvo su postura inicial.

Hace presente que días antes del comparendo su representada recibió información de un cliente, Scotiabank, que se habría reunido con el actor el 03 de septiembre, o sea el mismo día del reclamo y mientras debía estar haciendo del reposo médico ordenado en la licencia médica, y además se enteraron que el 31 de agosto, a primera hora, y desde las oficinas de la empresa, el demandante solicitó a clientes bancarios (BBVA, CorpBanca, y Scotiabank) certificados que acreditaran autoría intelectual y participación en los proyectos de portales de conocimiento que incluyen certificaciones, mayas curriculares y encuestas, entre otros, llegando también a saber que desde antes del mes de agosto el actor comenzó a realizar gestiones para sus emprendimientos personales, incluso contactando clientes de la empresa, lo que constituye una falta de ética inaceptable desde el punto de vista del mundo de los negocios. El demandante mientras trabajó para la demandada tuvo siempre acceso a toda la información comercial, financiera, y estratégica, sin limitaciones, y estas extrañas circunstancias los hicieron entrar en series sospechas de que el actor se encontraba prestando servicios por su cuenta dentro del giro de su empleador, y que la demanda de este proceso no constituye más que un ardid para obtener el financiamiento necesario para este emprendimiento, además del descrédito de la empresa, que ahora sería su competencia. Así investigando por internet (Google) después del comparendo, descubrieron que había constituido una sociedad de responsabilidad limitada con don Mario Marcial Lorca Vásquez, cuyo giro coincide plenamente con el de la empresa demandada, o sea prestar servicios en materias de capacitación.

La referida sociedad se llama A1Clic Limitada y fue pactada mediante escritura pública de fecha 17 de abril de 2009, y publicada en el Diario Oficial de fecha 16 de junio pasado, en circunstancias que la cláusula octava del contrato prohíbe expresamente al trabajador competirle al empleador, lo que motivó su despido por las causales de los números 2 y 3 del artículo 160 del Código del Trabajo, es decir por “negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador”, y por la “no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos”, esta última causal se configuró cuando el demandante se ausentó a trabajar a partir del 08 de septiembre de 2009.

En relación a la supuesta vulneración de ciertos derechos fundamentales manifiesta que desmiente categóricamente que se haya utilizado copias ilegales de los software en los computadores de la empresa contra su voluntad, y en el caso que hubiese existido software ilegal el actor jamás representó al empleador dicha irregularidad, además nadie en su sano juicio logra enfermarse por utilizar software ilegal.

Sobre el conjunto de actividades que califica de mobbing, espionaje, persecución, etcétera, indica que son totalmente falsas, por el contrario durante la ejecución de sus servicios se encargó siempre de protegerlo frente a las acusaciones de abusos cometidos por el mismo demandante en contra de sus compañeros y subordinados, como también por su falta de diligencia en la ejecución de su trabajo, manteniendo siempre una relación cercana con el actor, lo que hace inexplicable la demanda.

Respecto a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada que se habría visto afectada por haber dispuesto redireccionar los correos electrónicos de la casilla del actor a otro destinatario, argumenta que efectivo o falso, el tribunal no puede considerar dicho hecho porque el proceso de tutela laboral se aplicará a las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, según el inciso 1° del artículo 485 del Código del Trabajo, pero el mismo trabajador dice que ello habría ocurrido al día siguiente de producido el despido. Sin perjuicio de lo anterior hace presente que los ejecutivos superiores de la empresa han implementado desde los inicios un sistema de suplencias y coberturas basado en la confianza, que en caso de ausencias o inasistencias los correos electrónicos de quien no está disponible por vacaciones o licencias médicas son redirigidos a otros destinatarios, lo que sólo abarca a los correos electrónicos que ingresan, nunca a los ya enviados y a los eliminados o guardados, práctica que es conocida y aceptada por los trabajadores, de manera que no se trata de una correspondencia privada, lo que además resulta acorde con lo dispuesto en la letra f) y s) del artículo 30 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Finalmente sobre este tema el demandante no ha manifestado qué email personal habría sido revisado por el empleador, lo que constituye otra razón más para desechar de plano esta alegación.

A propósito del derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, el demandante no agrega antecedente concreto alguno que avale la afirmación de que habría sido maltratado frente a sus compañeros y subordinados, por el contrario a partir de su despido ha tomado conocimiento del mal ambiente de trabajo que había provocado el demandante entre sus compañeros y subordinados. Reconoce que habló con el hijo del actor, a quien conoce personalmente, y también con la asesora del hogar, pero con ellos se limitó a preguntarles sobre dónde se ubicaba el demandante, porque necesitaba hablar con él, y les dejó recado de que llamara cuando pudiera, en el caso de su cónyuge no pudo hablar.

Sobre el feriado legal y proporcional, comisiones, y horas extraordinarias, indica que no corresponde pagar al actor nada por estos conceptos, porque no se trata de un rubro de aquellos que el tribunal pueda ordenar su pago conforme a las reglas del procedimiento de tutela de derechos fundamentales, y en subsidio tampoco nada corresponde pagarle porque todo derecho a estos beneficios ya está debidamente ejercido por el trabajador, no existiendo vacaciones pendientes y las comisiones están pagadas, por lo que alega excepción de pago a este respecto, y sobre las horas extraordinarias el actor tenía una jornada pactada sin limitación, no teniendo derecho a las mismas.

Finalmente manifiesta que la vulneración de derechos fundamentales de trabajadores en la empresa no constituye un hecho habitual ni corriente, y la aplicación de esta normativa está limitada a los casos graves y evidentes, y dentro de los términos restrictivos del artículo 485 del Código del Trabajo, de manera que solicita el rechazo de la demanda de tutela laboral, con expresa condena en costas.

Sobre la demanda subsidiaria se remite a los antecedentes de hecho expuestos precedentemente en relación a la demanda principal, solicitando que se rechace la demanda en todas sus partes, declarando que el despido del actor se ha ajustado a derecho, con costas.


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