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Visto: Se reproduce la sentencia apelada de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, escrita fojas 978 y siguientes, con excepción de sus consideraciones 55, 56 y 57 que se eliminan. Y teniendo en su lugar y, además presente: Primero


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Tres Mil Quinientos Noventa y Uno

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Valparaíso, cuatro de abril de dos mil doce.

Visto:

Se reproduce la sentencia apelada de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, escrita fojas 2.978 y siguientes, con excepción de sus consideraciones 55, 56 y 57 que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y, además presente:

Primero.- Que la presente causa ha tenido su origen en los hechos constitutivos de la infracción que se denuncia, consistente en que la Corporación denunciada publicitó las carreras de Investigación Criminalística y Técnico Perito Forense, las cuales carecen de campo ocupacional, estimando los actores que fueron víctimas de una publicidad engañosa;

Segundo.- Que en esta causa Rol I. C. Nº 427-2011, Rol 5479-2007 del Tercer Juzgado de Policía Local de Viña del Mar, se ha recurrido de apelación por las siguientes partes:

1.- A fs. 3031, Tomo XIII, doña Ximena Arancibia Heder, en representación de Esteban Gabriel Delgadillo Marchant, solicita la modificación de la sentencia apelada, con el objeto que se condene a la demandada a pagar la suma de $2.402.000, por concepto de daño emergente, la suma de $3.456.000, por concepto de lucro cesante y la suma de $5.000.000, por concepto de daño moral.

2.- La abogada Gianni Montoya Guiñez, por la demandante Katherine Johana Torres González, a fojas 3.045, Tomo XIII, de autos, recurre de apelación y solicita se le pague a su representada la suma $ 5.500.000, más $184.000, por daño emergente, $240.000, por lucro cesante $1.000.000, por concepto de daño moral.

3.- A fs. 3070, Tomo XIII, el abogado don Miguel Ángel Merino Mancilla, en representación de doña Nicole Muriel Loyola Elgueta, solicita que se enmiende con arreglo a derecho la resolución recurrida, declarando que se condene a la demandada a pagar la suma de $5.000.000, como indemnización por concepto de daño emergente, representado por el costo de la deuda que se asumió para pagar su carrera o la suma mayor o menor que sus señorías estimen en justicia, se aumente la suma otorgada por concepto de daño moral a la suma de $10.000.000, o la suma mayor o menor que se estime pertinente de acuerdo al mérito de autos, confirmando en lo demás el fallo apelado y condenando a la demandada a las costas del recurso interpuesto.

4.- A fs. 3.083, Tomo XIII, don Carlos Oliver Cadenas, en representación de la querellada y demandada Corporación Santo Tomás para el Desarrollo de la Educación y la Cultura Limitada, solicita se revoque la sentencia apelada y se resuelva en su lugar: 1) En cuanto a las tachas de los testigos: que se acogen las tachas opuestas por esta parte a fs. 1994 vuelta y 2006 en contra de las testigos Sra. Marcia Soto Cárdenas y Catherine Olavarría. 2) Que se acoja la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal opuesta por la recurrente respecto de las demandas deducidas por Gladys Oliva y Luis Valencia. 3) En cuanto al fondo, que se rechacen todos las querellas y acciones civiles deducidas en estas causas acumuladas en contra de la

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demandada, absolviéndosele de las imputaciones y acciones formuladas en las querellas, denuncias y demandas y que se la absuelve del pago de las costas de estas causas, que se imponen a los querellados y demandados. En subsidio y para el evento de no ser acogidas en su integridad las peticiones anteriores, pide se rebaje a un mínimo las multas y las indemnizaciones por daño emergente y por daño moral y toda otra indemnización, acogiéndose la excepción de compensación opuesta y revocándose en todo caso la condena en costas, cuyo pago se impondrá a los querellantes.

5.- Que, el abogado Francisco Cerda Gómez, por sus mandantes Giovanna Cecilia Gardella Rojas; Martha Sheila Campos Nuñez; María Angélica Gutiérrez Valenzuela; Carla Alejandra Guerra García; Gladis Oliva Garay; Rodrigo Andrés Valenzuela Pino; Gabriela Paz González Berrocal; Liliana Andrea Pallante Alzamora; Luis Arturo Valencia Troncoso; Gladis Oliva Godoy, solicita a fojas 3.148, Tomo XIII, se modifique el fallo recurrido y se de lugar a las demandas, con expresa condenación en costas; solicita además respecto a su mandante, Rodrigo Andrés Valenzuela Pino, que se revoque la sentencia recurrida en cuanto se tuvo por no presentada la demanda.

6.- A fs. 3157, Tomo XIII, don Cristián Véliz Martínez, en representación de doña Carolina Alejandra Cárdenas Jamet, solicita que se enmiende la sentencia apelada y se resuelva concretamente que se considere que la demanda civil fue interpuesta dentro del plazo legal, según lo reconoce el demandado civil, según se entiende de su actuación, que se acoja dicha demanda y se condena al demandado al pago de una indemnización de $15.000.000, según se solicitó en la demanda o lo que se estime conforme a derecho, todo con los intereses y reajustes correspondientes y se condene a la contraria al pago de las costas del recurso.

7.- A fs. 3166, Tomo XIII, don Cristián Véliz Martínez, en representación de doña Paula Natalie Antonucci Rodríguez, don Patricio Andrés Fuentes Pino, don David Elías Flores Vergara y don Jorge Esteban Villagrán Valero, solicita que se enmiende la sentencia apelada y se resuelva concretamente que se considere que la demanda civil fue interpuesta dentro del plazo legal, según lo reconoce el demandado civil, según se entiende de la actuación, que se acoja dicha demanda y se condene al demandado al pago de una indemnización de $15.000.000.- según se solicitó en la demanda o lo que se estime conforme a derecho, todo con los intereses y reajustes correspondientes y se condene a la contraria al pago de las costas del recurso.

8.- A fs. 3172, Tomo XIII, el abogado don Miguel Ángel Merino Mancilla, en representación de doña Romy Karen Salas Vielma, solicita que se enmiende con arreglo a derecho la resolución recurrida, declarando que se aumente la indemnización por daño emergente que la perdidosa deberá pagar a la suma de $2.180.000, representado por el costo de la carrera y de los costos de locomoción y alimentación o la suma mayor o menor que sus señorías estimen en justicia; se aumente la suma otorgada por concepto de daño moral a la suma de $11.000.000 o la suma mayor o menor que se estime pertinente de acuerdo al mérito de autos; se confirme en lo demás el fallo apelado; y se condene a la demandada a las costas del recurso interpuesto.

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9.- A fs. 3191, Tomo XIII, el abogado don Miguel Angel Merino Mancilla, en representación de don Marcos Antonio Guzmán González, solicita que se enmiende con arreglo a derecho la resolución recurrida declarando que se aumente la condena por daño emergente a la suma de $3.781.000, como indemnización por el costo de la carrera y de los costos de locomoción o la suma mayor o menor que sus señorías estimen en justicia; se aumente la suma otorgada por concepto de daño moral a la suma de $2.000.000 o la suma mayor o menor que estime pertinente de acuerdo al mérito de autos; se confirme en lo demás el fallo apelado y se condena a la demandada a las costas del recurso interpuesto.

10- A fs. 3202, Tomo XIII, el abogado don Miguel Ángel Merino Mancilla, en representación de don David Alejandro Avaria Araya, solicita se enmiende con arreglo a derecho la resolución recurrida declarando que se aumenta la condena por daño emergente a la suma de $2.342.000, como indemnización por el costo de la carrera y de los costos de locomoción o la suma mayor o menor que sus señorías estimen en justicia; se aumente la suma otorgada por concepto de daño moral a la suma de $2.350.000 o la suma mayor o menor que ese Tribunal de Alzada estime pertinente de acuerdo al mérito de autos; se confirme en lo demás el fallo apelado; y se condene a la demandada a las costas del recurso interpuesto.

11.- A fs. 3218, Tomo XIII, la abogada doña Marta Hernández Roa, en representación de doña Mónica Andrea Montenegro Vásquez, solicita se enmiende con arreglo a derecho la resolución recurrida declarando que en materia de procedimientos de la Ley del Consumidor no tiene aplicación la norma del artículo 9 de la Ley 18.287 y en consecuencia la demanda de su parte no puede tenerse por no presentada; en caso de desechar la primera petición se declare que por aplicación del artículo 55 del Código de Procedimiento Civil se tendrá por tácitamente notificada de la demanda al Instituto Santo Tomás; en cuanto al fondo, se fije una suma de $1.409.067, más la cantidad de 86,4821 UF, como indemnización por concepto de daño emergente, representado por el costo total de la carrera, movilización y alimentación o la suma mayor o menor que sus señorías estimen en justicia; se condene por concepto de daño moral a la suma de $3.000.000.- o la suma mayor o menor que se estime pertinente de acuerdo al mérito de autos; se confirme en lo demás el fallo apelado; y se condene a la demandada a las costas del recurso interpuesto.

12.- A fs. 3272, Tomo XIV, el abogado don Miguel Ángel Merino Mancilla, en representación de don Manuel Alejandro Vargas Pávez, solicita se enmiende con arreglo a derecho la resolución recurrida declarando que se aumente la indemnización otorgada a la suma de $8.379.000, o la suma mayor o menor que se estimen en justicia; se confirme en lo demás el fallo apelado; y se condene a la demandada a las costas del recurso interpuesto.

13.- A fs. 3294, Tomo XIV, don Gonzalo Hidalgo Willig, en representación de don David Alexander Varela Moreno, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto se condena a pagar la
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demandada la suma de $4.300.000, por concepto de daño moral, condenándose a esa parte a pagar la suma de $19.228.000 por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral.

14.- A fs. 3329, Tomo XIV, don Cristián Véliz Martínez, en representación de don Felipe Andrés Fuentes González, solicita se enmiende la sentencia apelada y se resuelva que se considere que la demanda civil fue interpuesta dentro del plazo legal, según lo reconoce el demandado civil, según se entiende de su actuación, que se acoja dicha demanda y se condene al demandado al pago de una indemnización de $10.000.000.- según se solicitó en la demanda o lo que se estime conforme a derecho, todo con los intereses y reajustes correspondientes y se condene a la contraria al pago de las costas del recurso.

15.- A fs. 3334, Tomo XIV, don Cristián Véliz Martínez, en representación de doña Luz Antonieta Peña Montenegro, solicita se enmienda la sentencia apelada y se resuelva que se considere que la demanda civil fue interpuesta dentro de plazo, pues el demandado civil le reconoce la calidad de demandante durante el proceso, que se acoja dicha demanda y se condene al demandado al pago de una indemnización de $10.949.000, según se solicitó en la demanda o lo que se estime conforme a derecho, todo con los intereses y reajustes correspondientes y se condene a la contraria al pago de las costas del recurso.

16.- A fs. 3338 doña Yasna Maldonado Navarro, en representación de don Boris Sebastián Llantén Cubillos, solicita que se revoque la sentencia recurrida declarando que se condene civilmente a la contraria a pagar una suma de $4.489.000, por concepto de daño emergente y una suma de $4.000.000 por concepto de daño moral, por haberse acreditado infracción a la ley Nº 19.496 y, en consecuencia, acoger la demanda de indemnización de perjuicios en los montos antes señalados, con costas. En subsidio, se condene a la demandada a pagar la suma por los rubros antes mencionados de acuerdo a lo que se estime conforme al mérito del proceso, con costas.



Tercero.- Que, corresponde que estos sentenciadores pronunciarse respecto a las apelaciones presentadas por los recurrentes, teniendo presente las pruebas rendidas en esta instancia, escritos fundados de apelación y alegatos que tuvieron lugar durante la vista de la causa.

Cuarto.- Que, en primer término, corresponde pronunciarse respecto a la apelación interpuesta por la querellada y demandada, teniendo presente las consideraciones que siguen:

Quinto: Que en las causas que se tramita en conformidad a la ley 18.287, que establece los procedimientos ante los Juzgados de Policía Local, el Juez aprecia la prueba y los antecedentes de la causa, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo que significa, según la doctrina, a decir de Cafferata Nores, en su obra “La Prueba en el Proceso Penal” “por la posibilidad de que el Magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad, pero respetando, al hacerlo, los principio de la recta razón, es decir, las normas de la

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lógica (constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios lógicos de identidad de no contradicción, de tercero excluido y de razón suficiente), los principios incontrastables de las ciencias (no sólo de la psicología, utilizable para la valoración de dichos o actitudes) y la experiencia común (constituida por conocimientos vulgares indiscutibles por su raíz científica; v. gr. inercia gravedad). Parece insuficiente, a estos efectos, el sólo uso de la intuición, pues aunque se admita que ésta es una forma reconocida de adquirir conocimiento, la corrección de la conclusión intuitiva debe ser demostrada racionalmente, a base de pruebas.” “A lo que se debe agregar que la sentencia debe contener las razones del convencimiento del Juez:”

Sexto: De acuerdo, pues con las normas de la lógica y la experiencia común, es evidente que los demandantes al solicitar su ingreso al Instituto Profesional Santo Tomás para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, y matricularse en las carreras Técnico Perito Forense e Investigación Criminalística, lo hicieron teniendo como objetivo obtener un título profesional, trabajar en una actividad vinculada al título obtenido para tener una remuneración, independencia económica y desarrollarse como personas.

Séptimo: Que, con la prueba rendida en la causa y debidamente ponderado en el fallo recurrido ha quedado demostrado que las mencionadas carreras carecían del campo ocupacional ofrecido a través de diversos medios por la demandada y querellada.

Octavo: Que, en consecuencia, no se acogerán las alegaciones formuladas en el recurso materia de este fallo, en que se solicita que las materias debatidas no son aplicables las disposiciones de la ley 19.496, sobre Protección del Derecho de los Consumidores y que de serle aplicable las acciones se encontrarían prescritas por haber pasado más de seis meses entre la celebración de los respectivos contratos de servicios educacionales y las acciones interpuestas.

En efecto, es un hecho que no admite dudas que los querellados y demandantes no podían percatarse, en el término de seis meses después de haber ingresado a estudiar las carreras de Técnico Perito Forense e Investigación Criminalística, que no tendrían el campo ocupacional que la denunciada y querellada decía existir en su propaganda y difusión de las referidas carreras, lo que ocurrió efectivamente cuando pretendieron trabajar y no lo lograron o cuando se informaron que las instituciones que la querellada y demandada había señalado que requerirían dichas profesiones, informaron precisamente que no se necesitaban de dichos profesionales.



Noveno: Que, a mayor abundamiento, como lo sostiene la doctrina (Jorge López San María “Los Contratos Parte General”), en la interpretación de una declaración de voluntad, será necesario investigar la voluntad real, sin atenerse al sentido literal de las palabras, es necesario preguntarse cómo el destinatario ha comprendido la declaración, pues el negocio jurídico es una declaración de voluntad privada tendiente a alcanzar un resultado jurídico, resultado cuya producción es ordenada por el Derecho, y que ha sido querida por el declarante. “Los individuos; en permanente

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necesidad de un bien material, la obtención de un servicio, la posibilidad de disponer de dinero etc. Así ocurre ordinariamente con todos los contratos: los efectos jurídicos no están presentes en el espíritu de los contratos, ni en los actos jurídicos pecuniarios, ni tampoco en los actos jurídicos familiares como el matrimonio o la adopción. Los particulares cuando celebran un contrato apuntan a finalidades prácticas, en el caso de autos obtener un título profesional para poder trabajar, a lo que se debe agregar que conforme lo dispone el artículo 1546 del Código Civil “Los Contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ello se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”, sostiene, el civilista antes nombrado, que la interpretación en correlación con la buena Fe de éste, antes que cualquier otra cosa, es aquélla que se efectúa de acuerdo a lo dispuesto por los usos (Jorge López. Obra Citada).

Décimo: Que, en cuanto que la ley 19.496 no le es aplicable a los establecimientos que imparten educación, estos sentenciadores estiman que, la prestación de servicios educacionales se avienen con la definición de “Proveedores” del artículo 1º Nº 2 del mencionado cuerpo legal, a lo que se debe agregar que el artículo 3º ter de la mencionada ley se refiere expresamente a los servicios educacionales de nivel superior proporcionados por institutos profesionales y universitarios.

Undécimo: Que en lo que respecta a que la demanda presentada por Katherina Salinas nunca fue notificada, estos sentenciadores estiman que si lo fue tácitamente en los términos del art. 55 del Código de Procedimiento Civil, la actora acompañó los documentos en la causa, no haciéndose presente por la querellada y demandada los argumentos en que fundamenta su apelación durante el transcurso del proceso.

Duodécimo: Que solicita la querellada y demandada que debió acogerse en el fallo recurrido la excepción de incompetencia del Tribunal, en atención a que se dedujo demanda civil, sin que se dedujera querella infraccional.

No será acogida la petición de la apelante en atención a que el artículo 9 de la ley 18.297 lo que exige, es que la demanda sea interpuesta dentro del proceso contravencional, a lo que se debe agregar que en la especie la presente causa tuvo su origen en la remisión efectuada al tribunal que conoció de la misma por la Oficina Comunal de Información al Consumidor de Villa Alemana y posteriormente el Servicio Nacional del Consumidor de la Región de Valparaíso, en representación de diversos afectados, es decir, nos encontramos en la situación del artículo 50 inciso 5 de la Ley 19.496, o sea, el ejercicio por parte del Servicio Nacional del Consumidor en interés colectivo en defensa de intereses comunes o un conjunto determinado o determinable de consumidores, ligados con un proveedor por vínculo contractual.



Décimo Tercero: Que respecto a que no se encontraría probada la relación causal entre la infracción imputada y la responsabilidad indemnizatoria a que se condena a la apelante, estos sentenciadores estiman que se encuentran suficientemente acreditados los siguientes hechos:

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1.- La existencia de un contrato de servicios educacionales entre las partes de esta causa;

2.- Que, el contrato no fue cumplido por la querellada y demandada y fue celebrado como consecuencia de una publicidad engañosa.

3.- Que, como consecuencia del dicho incumplimiento, la querellada y demandada adecuó su actuar típico a la infracción establecida en el artículo 28 letra b) de la Ley 19.496;

4.- Que, como consecuencia de lo expuesto anteriormente se le produjo un perjuicio a los demandados, causados por la conducta negligente de los representantes de la querellada y demandada, consistente en que invirtieron tiempo y dinero en estudiar una carrera en la cual no se podía obtener un título que los habilitara para trabajar, todo ello consecuencia de una publicidad engañosa.



Décimo Cuarto: Que, sostiene el apelante, que los demandantes carecen de legitimación activa en atención a que los dineros que se pagaron al Instituto Santo Tomás, no tuvieron origen en su patrimonio, sino que fueron aportados por sus padres, apoderados o parientes.

Lo anterior lo sostiene el apelante respecto a las siguientes partes querellantes, demandantes o denunciantes Valeria del Pilar Araneda Acevedo; Carla Eliana Céspedes Espinoza; Giovanna Gardela Rojas; Jessenia del Pilar Barat Pardo; Marta Scheila Campos Núñez; Carolina Marisol Suárez Ulloa; Claudio Andrés González San Martín; Carla Alejandra Guerra García; Pablo Andrés Villar Mohor y Ximena Adriana Gatica Cardemil.



Décimo Quinto: Que sobre el particular, necesario tener presente que nuestra Jurisprudencia ha establecido que la legitimación activa, o sea, la acción “es un derecho subjetivo autónomo dirigido a obtener una determinada resolución jurisdiccional favorable a la petición del reclamante” y requiere de los siguientes requisitos para que tenga éxito; a) derecho, o sea, una norma de la ley que garantice el bien que pretende; b) calidad, o sea, la identidad de la persona del actor con la persona favorecida por la ley, y la de la persona obligada con la del demandado; interés de conseguir el bien mediante la intervención del órgano público (Corte de Apelaciones de Santiago. RDJ Tomo CI, Secc., 2ª, pág. 80)

La legitimación activa del actor se fundamenta en al artículo 19 Nº 1 de la Constitución y además se encuentra cautelada en el art. 75 del Código Civil y legitimada en el art. 19 Nº 3 inciso 1º de nuestra Carta Fundamental y con mayor amplitud en el Nº 14 del Derecho de Petición. (Corte Suprema, RDJ, Tomo CII, Sección 5ª, pág. 1.098).

De los antecedentes que obran en autos se desprende que los querellantes y demandantes reúnen todos los requisitos que exige nuestra legislación para tener la calidad de legítimos contradictores querellantes y demandado al Instituto Santo Tomás, pues la conducta de dicho organismo les causó un perjuicio antes analizado en el presente fallo, pudiendo en consecuencia los afectados solicitar la intervención del Órgano Jurisdiccional,

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independientemente de quien haya pagado a la demandada y querellada las matrículas y mensualidades.

Décimo Sexto: Que sostiene el apelante, que el fallo contiene decisiones contradictorias pues en el considerando 73 el tribunal decide no emitir pronunciamiento respecto a las demandas deducidas por Gladys Oliva, Daniela Sáez y Alejandra Pequeño Salas, pero en la parte resolutiva Nº 34 y 35 acoge las demandas y condena a la demandada.

Décimo Séptimo: Que, se hace necesario tener presente que el fallo carece de considerando 73, que el número 34 de la parte resolutiva se refiere a Daniela Elizabeth Sáez Vergara y el 35 a Alejandra Carolina Pequeño Salas que condena a pagar a la demandada la suma de $3.750.000.- por concepto de daño emergente y $2.800.000.- por concepto de daño moral, coincidiendo con lo expresado a fs. 3.004 en el considerando 70; de la misma manera respecto a Daniela Sáez Vergara, condena a la demandada a pagarle la suma de $3.227.000.- por concepto de daño emergente y $2.900.000.- por concepto de daño moral, coincidiendo con lo que se expresa a fs. 3000 en el considerando 70, respecto de Gladys Oliva Garay, el fallo rechaza la demanda civil en la letra F) de la parte resolutiva coincidiendo con lo expresado en la parte final del considerando 70, a fs. 3006 vta. en que señala que se desestimará la demanda; en consecuencia el fallo carece de decisiones contradictorias.

Décimo Octavo: Que sostiene el apelante que las demandantes: Pamela Alexandra Muñoz Gómez a fs. 2214, Carla Eliana Céspedes Espinoza a fs. 2223, Nicolle Muriel Loyola Elgueta a fs. 2232, Javier Ignacio Muñoz Cárdenas a fs. 2238, Carla Alejandra Guerra García a fs. 2235, Ximena Adriana Gatica Cardemil a fs, 2313, Romy Karen Salas Vielma a fs, 2316, David Alexander Varela Moreno a fs. 2319, Liliana Andrea Pallante Alzamora a fs. 2334, fueron citadas a absolver posiciones y no habiendo concurrido se les tuvo por confesa, en forma ficta, del hecho de no haber sufrido perjuicio alguno y no obstante ello en la demanda se les da lugar a la indemnización de perjuicios solicitada, por concepto de daño moral.

Décimo Noveno: Que no se acogerá el argumento sustentado por el apelante y transcrito en la letra precedente, en atención a que no obstante, a las referidas personas se les dio por confesa en forma ficta, en los términos señalados, dicha confesión no concuerda con los demás antecedentes probatorios que rolan en autos que acreditan los perjuicios de que fueron víctimas como consecuencia de la conducta de la parte demandada.

Vigésimo: Que en cuanto a la solicitud de compensación respecto a Macarena Vanesa Vidal Riquelme y Erika Estela Riquelme Ahumada petición que se fundamenta en la confesional de fs. 2044 en que Erika Estela Riquelme Ahumada reconoce haber quedado debiendo 2 mensualidades del quinto semestre, este Tribunal no acogerá dicha petición de la demandada apelante en razón de que las sumas no pagadas corresponden a un servicio no llevado a efecto por el Instituto Santo Tomás.

Vigésimo Primero: Que en cuanto a la petición de la parte apelante, en que respecto a la querellante y demandante Pamela Alexandra

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Muñoz Gómez, habría incurrido en el vicio de ultrapetita al concedérsele una indemnización por concepto de daño moral no habiendo sido este rubro demandado por la actora; no se acogerá dicha petición de la recurrente, teniendo en consideración que en conformidad a lo dispuesto en el art. 50 letra c) de la Ley 19.946, que establece las normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en que se señala expresamente que no se requerirá el patrocinio de abogado habilitado, pudiendo las partes comparecer personalmente, de tal manera que los querellantes, demandantes o denunciantes, no están obligados a cumplir en forma estricta para individualizar correctamente las peticiones dado que no tiene justamente el carácter de abogado; exigirles las precisiones jurídicas en los términos en la forma que pretende la parte recurrente, sería atentar contra el principio de legitimidad activa, establecida en el art. 19 Nº 3 inciso primero de la Constitución Política del Estado, y con mayor amplitud en el Nº 14 de dicho artículo que consagra el derecho a petición; además por la aplicación del principio de la buena fe en materia procesal.

Vigésimo segundo: Que en cuanto a reducir el monto del daño moral solicitado, por haber incurrido el fallo recurrido en ultrapetita este Tribunal acogerá esta petición en atención a que sumado el daño emergente que le concede el fallo de primera instancia a la mencionada demandante de $1.570.000, más la suma de $1.600.000, por concepto de daño moral, supera la suma total demandada por concepto de indemnización de $1.804.000, razón por la cual el daño moral se rebaja a la suma de $200.000.

Vigésimo Tercero: Que del mismo modo, el recurrente invoca la causal de ultrapetita respecto a la cantidad que le fija el fallo recurrido como indemnización por concepto de daño moral otorgado al demandante Manuel Alejandro Vargas Pavez; en efecto el fallo materia de autos le otorga la suma de $2.000.000, por concepto de daño moral, en circunstancias que la cantidad demandada en su oportunidad en dicho concepto es de $500.000.

En razón de lo expuesto, se acogerá la apelación interpuesta reduciendo el monto del daño moral que se le concede al señor Manuel Alejandro Vargas Pavez a la suma de $500.000.

Solicita el apelante respecto a María Angélica Gutiérrez Valenzuela, que se habría incurrido en el vicio de ultrapetita, en atención a que la actora solicitó por concepto de daño emergente la suma de $735.000, y el fallo recurrido le otorga por dicho concepto la suma de $800.000; en razón de lo expuesto este tribunal acogerá la apelación por éste concepto, reduciendo la indemnización por daño emergente solicitado por la actora a la suma de $735.000.

Vigésimo Cuarto: Que, la parte demandada y apelante del Instituto Profesional Santo Tomás, respecto a los demandantes Cristián Andrés Bórquez Muñoz, Patricia del Pilar Ulloa Muñoz, Nicolle Muriel Loyola Elgueta, Josefina del Pilar Barat Pardo, Natalia Lissett Pinto Ayala, Claudio Andrés González San Martín, María Angélica Gutiérrez Valenzuela, Cecilia Rosa Tapia Serrano, Melissa Andrea Risopatrón Díaz, Liliana Andrea Pallante
Foja: 3600

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Alzadora, Luis Valencia Troncoso, Carla Alejandra Guerra García, Boris Llantén Cubillos, Manuel Alejandro Vargas Pavéz, David Alejandro Avaria Araya, Ximena Adriana Gatica Cardemil y Alejandra Verónica Vásquez Zelada, sostiene que las demandas no debieron ser acogidas en atención a que el Instituto Profesional Santo Tomás no es una persona jurídica.

Vigésimo Quinto: Que, la alegación transcrita precedentemente no será acogida por estos sentenciadores en atención a las mismas razones señaladas en los considerandos precedentes. En efecto, no se le puede exigir a los demandantes, querellantes o denunciantes que cumplan con todos los requisitos jurídicos para individualizar correctamente a la parte demandada.

Vigésimo Sexto: Que, la parte apelante respecto a los demandantes Gustavo Adolfo Pérez Sáez y Valeria del Pilar Araneda Acevedo, sostiene que no habrían sufrido daño moral en atención a que obtuvieron su título profesional, por lo que la institución demandada habría cumplido con todas sus obligaciones y responsabilidades, por lo que no debería concedérsele indemnización alguna por este rubro.

Vigésimo Séptimo: Que, en cuanto a la apelación antes transcrita, ésta no será acogida en atención a que la razón por la cual se ha acogido la demanda de autos con la prueba rendida en la causa y debidamente ponderada en el fallo recurrido ha quedado demostrado que las carreras ofrecidas por la parte demandada, esto es el Instituto Profesional Santo Tomás, carecían de campo ocupacional.

Vigésimo Octavo: Que sostiene la universidad apelante en su recurso, que el fallo recurrido habría incurrido en el vicio de ultrapetita al dar lugar a las indemnizaciones por concepto de daño moral de los demandantes, querellantes o denunciantes: Nancy Victoria Vergara López; Carla Eliana Céspedes Espinoza; Silvia Patricia Fernández Díaz, Patricia del Pilar Ulloa Muñoz, Nicolle Muriel Loyola Elgueta, Jessenia del Pilar Barat Pardo; Carolina Marisol Suárez Ulloa; Natalia Lissette Pinto Ayala; Claudio Andrés González San Martín; María Angélica Gutiérrez Valenzuela; Carla Alejandra Guerra García; Daniel A. Aniñar Carrasco; Angélica Pradenas Jiménez; David Alejandro Avaria Araya; Andrés Fernando Cotroneo Méndez y Ximena Adriana Gatica Cardemil; en atención a que en sus demandas no utilizan la expresión daño moral para solicitar la correspondiente indemnización.
Vigésimo Noveno: Que en cuanto a la apelación de la parte apelante ya referida, ésta no será acogida por las razones expresadas en el considerando vigésimo primero.

Trigésimo: Que, procede, pronunciarse respecto a las apelaciones interpuestas por los querellantes y demandantes, cuyo fundamentos aparecen señalados en el considerando segundo de la presente sentencia.

Trigésimo Primero: Que, los apelantes Carolina Cárdenas Jamett a fs. 3157, Paula Natalie Antonucci Rodríguez, don Patricio Andrés Fuentes Pino, don David Elías Flores Vergara y don Jorge Esteban Villagrán Valero a fs. 3166, Mónica Andrea Montenegro Vásquez a fs. 3218, Felipe

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Tres mil seiscientos uno.-
Andrés Fuentes González a fs. 3327, Luz Antonia Peña Montenegro a fs. 3334; interponen recurso de apelación, en razón de que el fallo recurrido dispone que sus demandas se tuvieron por no interpuestas por haber sido notificadas con posterioridad al plazo de 4 meses, conforme lo dispone el artículo 9 de la Ley 18.287 y solicitan que se dé lugar a las demandas deducidas.

Trigésimo Segundo: Que se acogerá el recurso interpuesto por los apelantes mencionados en el considerando precedente y se hará lugar a las demandas en los términos que más adelante se señalará, teniendo en consideración que el artículo 9º, inciso 4º de la Ley 18.287 sólo es aplicable a las causas que se tramitan ante el Juzgado de Policía Local en las causas que tienen relación con accidentes de Tránsito, y no corresponde a su aplicación en materia de la Ley del Consumidor Nº 19.496, por lo que se acogerán las demandas deducidas, fijándose a favor de los recurrentes la indemnización por los rubros que más adelante se determinará.

Trigésimo Tercero: Que, en los recursos de apelación deducidos por don Esteban Gabriel Delgadillo Marchant a fs. 3031, Carolina Alejandra Cárdenas Jamet a fs. 3157, Paula Natalie Antonucci Rodríguez, don Patricio Andrés Fuentes Pino, don David Elías Flores Vergara y don Jorge Esteban Villagrán Valero a fs, 3166, David Alexander Varela Moreno a fs. 3294, Felipe Andrés Fuentes González FS. 3329 y Luz Antonieta Peña Montenegro a fs. 3334, han solicitado a este Tribunal que se enmiende el fallo recurrido, por cuanto no les otorga una suma indemnizatoria por concepto de lucro cesante.

Trigésimo Cuarto: Que, estos sentenciadores no acogerán los recursos interpuestos en el acápite mencionado, en atención a que no se rindió prueba idónea al efecto, en orden a acreditar el lucro cesante sufrido por los demandantes, motivo por el cual se deberá desestimar dicha alegación.

Trigésimo Quinto: Que, la recurrente Nicole Muriel Loyola Elgueta, presentó en esta instancia a fs. 3415 y siguientes, documentos que acreditan gastos por la suma de $5.255.250, por concepto de daño emergente; otro tanto hizo el recurrente Mario Antonio Guzmán González, en escrito que rola a fs. 3421 y siguientes, acreditando gastos por la suma de $2.367.000.- Romy Salas Vielma, en escrito que corre a fs. 3419 y siguientes acreditando gastos por la suma de $1.313.375.- y Mónica Montenegro Vásquez, a fs. 3425, por la suma de $1.409.067, documentos que acreditan los montos antes expresados, emanando de la demandada y querellada y además, de otros organismos que acreditan el pago de crédito universitario que se encuentran en custodia, los cuales no fueron objetados.

Trigésimo Sexto: Que la recurrente Katherine Johana Torres González, a fojas 3045 de autos interpone recurso de apelación y solicita se enmiende el fallo recurrido, aumentando la suma que le fue concedida por concepto de daño emergente y daño moral.

Trigésimo Séptimo: Que, acogerá el recurso interpuesto por la apelante, sólo en cuanto se condenará a pagar a la demandada la suma $1.000.000, por concepto de daño moral.

Foja: 3602

Tres mil seiscientos dos.-
Trigésimo Octavo: Que, el demandante David Alejandro Avaria Araya, en su recurso de apelación que rola a fojas 3202 y siguientes de autos, solicita se aumenten las sumas concedidas por concepto de daño emergente y daño moral.

Que, conforme al mérito de autos y prueba rendida por el recurrente no se acogerá la petición formulada en la apelación.



Trigésimo Noveno: Que, el abogado Francisco Cerda Gómez por sus mandantes Giovanna Cecilia Gardella Rojas; Martha Sheila Campos Núñez; María Angélica Gutiérrez Valenzuela; Carla Alejandra Guerra García; Gladys Oliva Garay; Rodrigo Andrés Valenzuela Pino; Gabriela Paz González Berrocal; Liliana Andrea Pallante Alzamora; Luis Arturo Valencia Troncoso; solicita a fojas 3148 y siguientes que se enmiende el fallo conforme a derecho, revocándolo en todas sus partes, dando lugar a las demandas de autos con expresa condenación en costas; solicita asimismo, que se modifique el fallo recurrido respecto a su representado Rodrigo Valenzuela Pino, en cuanto éste tuvo por no presentada la demanda de autos por no haber sido notificado en el plazo de cuatro meses a que se refiere el artículo 9 de la Ley 18287, dándose lugar a la demanda interpuesta por dicho demandante y acogiéndosele

Cuadragésimo: Que, en lo que atañe a las peticiones transcritas del recurrente en el considerando precedente, se dará lugar a lo solicitado en cuanto a que se tendrá por presentada la demanda interpuesta por don Rodrigo Valenzuela Pino, por las razones señaladas en el considerando 33º de la presente sentencia; del mismo modo se acogerá el recurso en cuanto a aumentar las indemnizaciones por concepto de daño moral otorgadas a las demandantes María Angélica Gutiérrez; Carla Alejandra Guerra García y Liliana Andrea Pallante Alzamora, en los términos que en la parte resolutiva se señalaran.

Cuadragésimo Primero: Que, no se acogerá el recurso de apelación respecto de los demás representados del mencionado abogado, en atención a que las cantidades que le fueron otorgadas por el fallo recurrido, están acorde a la prueba rendida.

Cuadragésimo Segundo: Que, respecto al recurso interpuesto por la demandante Gladys Oliva Garay, en cuanto a que se solicita se condene a la demandada a pagarle una indemnización por concepto de daño emergente y daño moral, dicho recurso no será acogido por no haberse acreditado los hechos en que se funda la demanda, por lo que a su respecto el fallo será confirmado.

Cuadragésimo Tercero: Que, en cuanto, a las sumas que se disponen pagar en la parte resolutiva del presente fallo a las partes demandantes, respecto al daño emergente dichas sumas se fundamentan en la prueba rendida tanto en primera como en segunda instancia; y respecto al daño moral las cantidades ordenadas pagar, o quantum, se fundamentan en las circunstancias siguen:

Cuadragésimo Cuatro: Que, la entidad, naturaleza o gravedad del acto que constituye la causa daño; en caso de autos, este fue producto de
Foja: 3603

Tres mil seiscientos tres.-


que la demandada de autos ofreció a los demandantes estudiar una carrera que no tenía campo ocupacional.

Cuadragésimo Quinto: Que, la clase de derecho o interés extrapatrimonial agredidos en la especie consiste en que se atentó contra el Derecho Constitucional establecido en el artículo 19 Nº 10 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la educación que tiene por objeto por mandato de la Carta Fundamental el pleno desarrollo de las personas en distintas etapas de su vida.

El artículo 6º de la Constitución Política del Estado, dispone en los incisos segundo y tercero:

“Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos Órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.”

Que, las consecuencias físicas, psíquicas, sociales o morales que se deriven del daño causado, su duración y persistencia que impliquen convertirlo en un perjuicio moral futuro, en el caso de autos, las consecuencias psíquicas, sociales y morales son evidentes, pues varios de los demandantes cursaron un estudio Universitario completo o parcialmente en la Institución demandada sin obtener el resultado perseguido.

Cuadragésimo Sexto: Que, la culpabilidad empleada por el ofensor en su actuar es evidente, que el demandado de autos tuvo una conducta irresponsable al ofrecer una carrera que no tenía campo educacional.

Cuadragésimo Séptimo: Que, las condiciones personales de la víctima: los ofendidos por la conducta de la demandada fueron personas jóvenes que tenían la ilusión de obtener un título profesional que les permitiera ganarse la vida.

Cuadragésimo Octavo: Que, los elementos antes señalados son los indicados por el jurista José Luis Díaz Schwerter en su obra “El Daño Extracontractual. Jurisprudencia y Doctrina”, como los elementos que se tienen que tener en cuenta para fijar el quantum del daño moral.

Por estos considerandos y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 1º, 9, 14 y demás pertinentes de la Ley 18.287, 1º Nº2; 3º Ter; 23, 28 letra b) y 33 de la Ley 19.496 se declara:



I.- Que, se revoca la sentencia apelada de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, que rola a fojas 2.978 a 3.008 y en su lugar se declara, que se acogen las demandas interpuestas por los actores Carolina Cárdenas Jamett; Mónica Andrea Montenegro Vásquez; Felipe Andrés Fuentes González; Luz Antonia Peña Montenegro; Paula Natalie Antonucci Rodríguez; Patricio Andrés Fuentes Pino; David Elías Flores Vergara; Jorge Esteban Villagrán Valero; y Rodrigo Andrés Valenzuela Pino, por las razones expuestas en el considerando Trigésimo Segundo de la presente sentencia y en consecuencia, se ordena que la demandada, Instituto Profesional Santo Tomás, para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, tiene que pagar a los demandantes las sumas que a continuación se indican:

Foja: 3604

Tres mil seiscientos cuatro.-
1.- A los demandantes Paula Antonucci Rodríguez; Patricio Fuentes Pino, Jorge Villagrán Valero y David Flores Vergara, la suma de $1.000.000, por concepto de daño moral a cada uno de ellos.

2.- A la demandante Mónica Andrea Montenegro Vásquez, la suma de $ 1.409.067, por concepto de daño emergente acreditado con los documentos señalados en el considerando 35º y la suma de $2.000.000, por concepto de daño moral.

3.- Al demandante Felipe Fuentes González, la suma de $1.000.000, por concepto de daño moral.

4.- A la demandante Luz Peña Montenegro, la suma de $1.797.000, por concepto de daño emergente y la suma de $1.000.000, por concepto de daño moral.

5.- Al demandante Rodrigo Andrés Valenzuela Pino la suma de $1.000.000, por concepto de daño moral.

6.- A la demandante Alejandra Cárdenas Jamett, la suma de $1.000.000, por concepto de daño moral.



II.- Que, se condena a la demandada, Instituto Profesional Santo Tomás, pagar a la demandante Pamela Alexandra Muñoz Gómez, la suma de $200.000, por concepto de daño moral; al demandante Manuel Alejandro Vargas Pavez, la suma de $500.000 por concepto de daño moral y por concepto de daño emergente a María Angélica Gutiérrez Valenzuela, la suma de $735.000.

III.- Que, se confirma, con declaración, la sentencia que rola a fs. 2978 de autos, respecto a los siguientes recurrentes:

1.- A Nicole Muriel Loyola Elgueta, se condena a la demandada a pagar a la actora la suma de $5.250.000, por concepto de daño emergente y la suma de $1.000.000, por concepto de daño moral.

2.- A Romy Salas Vielma, se condena a la demandada a pagar la suma de $ 1.318.375, por concepto de daño emergente y $1.000.000, por concepto de daño moral.

3.- A Marcos Antonio Guzmán González, se condena a la demandada a pagar la suma de $ 2.367.000 y la suma de un $1.000.000, por concepto de daño moral.

4.- Que, la demandada deberá pagar por concepto de daño moral a los recurrentes David Alexander Varela Moreno; Boris Llantén Cubillos y Esteban Delgadillo Marchant, la suma de $1.000.000, a cada uno de ellos.

5.- Que, la demandada deberá pagar por concepto de daño moral a los recurrentes Katherine Johana Torres González; María Angélica Gutiérrez Valenzuela; Carla Alejandra Guerra García; y Liliana Andrea Pallante Alzamora, la suma de $1.000.000.- a cada una de ellas.



IV.- 1.- Que, se confirma el fallo respecto a los recurrentes David Alejandro Avaria Araya; Giovanna Cecilia Gardella Rojas; Martha Sheila Campos Núñez; Gladys Oliva Garay; Gabriela Paz González Berrocal y Luis Arturo Valencia Troncoso.

2.- Que, se confirma el fallo respecto a la multa que fue condenada la demandada y querellada.

Foja: 3605

Tres mil seiscientos cinco.-
V.- Que las sumas ordenadas pagar serán reajustadas en conformidad a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor, desde la fecha en que quede ejecutoriado el presente fallo, hasta su pago efectivo, más intereses corrientes.

VI.- Que no se condena a la demandada a pagar las costas del recurso, por no haber sido vencida totalmente.

VII.- Que, se confirma en lo demás apelado la sentencia aludida.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.



ROL IC. 427-2011

Redacción del Abogado Integrante don Alfredo Mateluna Arestizábal.


Pronunciada por los Ministros de la Iltma. Corte de Valparaíso, Sr. Jaime Arancibia, Sr. Alejandro García y el Abogado Integrante Sr. Alfredo Mateluna.




Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.


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