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Visto: El Expediente No. 1/2012


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Dr. Mario J. Cimadevilla

Consejero






Buenos Aires, de septiembre de 2014.
VISTO:

El Expediente No. 1/2012, caratulado “MUSSA, JUAN RICARDO c/ Dr. NORBERTO OYARBIDE (JUEZ FEDERAL)” y sus acumulados Nos. 7/2012 y 8/2012, del que:



RESULTA:
I.- Las presentes actuaciones se inician en virtud de las denuncias formuladas por el señor Juan Ricardo Mussa, los doctores José Emilio Rodríguez Menéndez y Martín Roberto Bagalá y la Diputada Nacional Patricia Bullrich, quienes solicitan la investigación -por parte del Consejo de la Magistratura- de las circunstancias que rodearon la adquisición por parte del juez Oyarbide de un anillo cuyo valor, según declaraciones que públicamente habría efectuado el magistrado, ascendería a la suma de U$S 250.000.

Señalan los denunciantes que:



a.- el importe supuestamente abonado por la joya no condice con los recursos con los que, razonablemente, puede contar un juez de la Nación;

b.- habría sido el doctor Oyarbide quien hizo conocer a la prensa la adquisición;

c.- el doctor Oyarbide habría manifestado que para adquirir el anillo habría vendido los regalos que recibió durante cinco años;

d.- conforme sus propios dichos, el doctor Oyarbide habría violentado las disposiciones de la Ley 25.188, en la medida en que, válidamente, puede suponerse que esos regalos no son ajenos a su actividad profesional;

e.- el importe que habría abonado el doctor Oyarbide para la adquisición de esa joya no se compadecería con las declaraciones patrimoniales efectuadas por el magistrado;

f.- sumas de dinero tan significativas podrían tener origen en pagos efectuados al juez Oyarbide por decisiones por él adoptadas en el marco de los expedientes en trámite ante el juzgado a su cargo.

II.- Anoticiado el señor juez de la existencia de este expediente -artículo 11 del Reglamento de la Comisión-, se presentó a brindar explicaciones y, en lo que aquí interesa, a fs. 29 señaló que:

a.- el anillo le fue entregado en concepto de consignación;

b.- lo conserva en su poder hasta tanto sea aclarado el hecho que motiva la actuación.

Acompañó al escrito copia de una Boleta Serie A CONSIGNACIONES DADAS No. 3853 de la firma “Simonetta Orsini Joyeros”, con domicilio en la ciudad de Punta del Este, ROU, que da cuenta de la consignación el 9 de diciembre de 2011 de “un anillo oro 18 k con piedra” por un valor de U$S 7.500, sindicando como consignatario a Norberto Oyarbide DNI 8.357.072;



III.- En ejercicio de sus atribuciones investigativas, la Comisión requirió:

a.- del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 12, Secretaría No. 23, copia íntegra del Expediente No. 917/2012, caratulado “Oyarbide, Norberto s/ Delito de acción pública”;

b.- de la Dirección Nacional de Migraciones informe las salidas y entradas del territorio nacional del doctor Oyarbide, durante los meses de noviembre y diciembre de 2011.

Las medidas fueron diligenciadas y cumplidas, conforme se desprende de las constancias que obran en las actuaciones.



IV.- Analizadas las pruebas colectadas y teniendo especialmente en cuenta que el doctor Oyarbide nunca negó la tenencia y la exhibición de la joya, se concluyó que:

a.- el juez Oyarbide invocó la figura de la consignación para justificar la posesión del anillo;

b.- la consignación es una operación de mediación en negocios comerciales;

c.- el ejercicio del comercio sólo está permitido, respecto de los agentes del Poder Judicial de la Nación, previa autorización de los órganos de superintendencia;

d.- el doctor Oyarbide no acreditó la existencia de la referida autorización;

e.- la Unidad de Información Financiera informó a fs. 319 de la causa penal (Nota UIF No. 835/12) que no se registra reporte o denuncia referida a la adquisición por parte del doctor Oyarbide de una pieza de joyería;

f.- en función de ello, el magistrado “prima facie”, habría infringido las previsiones de la Sección III, Título II, Capítulo III del Código Aduanero (Ley 22.415), conducta reprimida por las disposiciones de la Sección XII, Título I, Capítulo I (contrabando);

g.- el doctor Oyarbide habría entregado al tribunal federal a cargo de la investigación un anillo distinto al requerido (en la medida en que el peritado difiere del exhibido por el magistrado y fotografiado) o, en el mejor de los casos, habría sustituido la piedra del anillo;

h.- ello constituye un intento de sustraerse a la investigación llevada adelante por el juez Torres o, por lo menos, de entorpecerla.

Se entendió, entonces, que el juez Oyarbide había desplegado en relación a la exhibición de la joya, la justificación de la posesión la misma, la falta de declaración de su ingreso al país (territorio aduanero) y la entrega del anillo en el juzgado penal, un comportamiento reñido con los concretos deberes legales y reglamentarios que le estaban y le están impuestos en función de su condición de juez.

Por esta razón se consideró que el proceder del magistrado encuadraba, prima facie, en la causal de “mal desempeño” en la medida que importó la comisión de las actitudes contempladas por: a) el inciso 4 del apartado A) del artículo 14 (actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo) y b) el inciso 2º del artículo 25 (incumplimiento reiterado … de normas legales y reglamentarias).

Por tal motivo, por Resolución CDA No. 5/2014 del 29 de mayo de 2014 se dispuso la citación del doctor Norberto Oyarbide en los términos del artículo 20 del Reglamento de la Comisión.



V.- El doctor Oyarbide se presentó, a fs. 107/112, defendiéndose de los cargos que le fueran formulados.

En lo sustancial, el magistrado:



1.- indicó que el Expediente No. 13.435, caratulado “Oyarbide, Norberto Mario s/ Inf. Ley 22.415” de trámite ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico No. 4, concluyó el 11 de diciembre de 2013, con el dictado de un sobreseimiento (acompaña copia de la sentencia que así lo decide);

2.- señaló que la Resolución DEPRLA No. 003367 del 16 de junio de 2014, dictada por la Secretaría de Actuación No. 5 (AFIP), en la Actuación No. 15181-2-2014, desestimó la denuncia por transgresiones al régimen de equipajes y por tenencia injustificada de mercaderías de origen extranjero con fines comerciales o industriales (acompaña copia de la citada resolución);

3.- sostuvo que la convocatoria que, en los términos del artículo 20 del Reglamento, se le cursara fue “… precipitada …”;

4.- afirmó que el alcance atribuido por la Comisión a la expresión “consignación” por él empleada en la presentación de fs. 29 “... no se corresponde ni guarda relación ninguna con el hecho real. Esta falencia, revela el carácter meramente dogmático de la imputación, puesto que ésta atiende a una interpretación forzada de una modalidad de negocio en la cual, el suscripto es “cliente” y como tal, es designado “consignatario”, en un concepto diferente al técnico y doctrinario …” supuestamente “… elegido …” para imputarlo;

5.- indicó que fue el propio representante de la firma “Simonetta Orsini” quien asignó una noción distinta a la dogmática de la consignación;

6.- aseguró que la cuestión interpretativa que integra la imputación en su perjuicio “… no habría tenido lugar de haberse procurado, escuchar oportunamente el testimonio del Sr. De Leeuw o cuanto menos, recabar la declaración por aquél prestada ante el Juzgado en lo Penal Económico nº 4 …”;

7.- sostuvo que es falso que haya sido él quien hizo conocer a la prensa la adquisición del anillo “… y en verdad nadie puede sostener esta calidad mejor que el suscripto, puesto que nada he dicho a medio ninguno, acerca del anillo en cuestión …”;

8.- manifestó, respecto de los recortes periodísticos que refieren al valor del anillo, que “… No consta la autoría de la publicación, ni surge de la misma ninguna información que precise, en mejor forma las presuntas afirmaciones vertidas por el suscripto. No pretendo desde este cuestionamiento, se afecten las garantías de preservación de la fuente de la información, puesto que ello traería aparejada la vulneración de preceptos constitucionales. Pero cuanto menos sería oportuno precisar qué es lo que se dice que este Juez ha dicho, en qué oportunidad, quiénes pueden dar fe de ello, etc. …”;

9.- advirtió a la Comisión que “… Los mecanismos que se activan a partir de este procedimiento, son harto delicados, y dejan expuestas situaciones personales e institucionales de alta sensibilidad; pues bien, la actividad pesquisitiva de dicha Comisión, debe observar la mesura y prudencia del caso, y admitir standares de verosimilitud en sus proposiciones, acorde a la gravedad de los hechos que se pretende investigar …”;

10.- consideró “… llamativo …” que se deslice una concreta acusación de haber reemplazado la pieza principal del anillo con sustento “… en una temeraria afirmación efectuada por el … experto convocado por el Juzgado … para peritar el valor del anillo en cuestión …”;

11.- advirtió que “… la resolución 5/2014 en nada atiende lo dicho por el perito oficial; y se detiene en este último supuesto, no corroborado de ningún modo, que traza indefectiblemente sobre el suscripto, una nueva y gravísima atribución delictual: el fraude procesal …”;

12.- sostuvo que “… la hipótesis centrada sobre ese evento es realmente descabellada, y bien podría ser desvirtuada por el propio representante de la joyería, en la medida o diligencia procesal que el Consejo no adoptó, en la expectativa de corroborar los extremos que se denuncian …”;

13.- afirmó no estar proponiendo “… medidas exageradas, ni impropias del estadio procesal en que los obrados se sitúan. Simplemente, estoy precisando medios de prueba elementales y que constituyen el a.b.c. de una investigación, que advierto no se han observado para arribar a la decisión convocante de mi persona, ni para cuestionar el decoro que supuestamente, no habría observado …”;

14.- advirtió a la Comisión que “… No es necesario que me recuerden, a manera de decálogo, cuales son los deberes funcionales, morales y éticos que debo observar como Juez …”;

15.- sostuvo que teniendo en cuenta “… la amplitud de las vías investigativas abarcadas en la totalidad de las investigaciones inauguradas … y de hechos corroborados en base a ellas, ya debería ser mucho más claro el panorama probatorio que excluye de toda responsabilidad al suscripto por los cargos formulados …”;

16.- recordó a la Comisión que “… la joya en cuestión admite una cotización que en su máxima expresión, no alcanza para configurar el delito de contrabando; el concepto de su portación excluye la eventualidad de la infracción aduanera; y finalmente, tampoco se corresponde con la interpretación en cuya razón se sostiene la imputación puesta en mi conocimiento …”;

17.- concluyó, entonces, que “… toda exigencia de “decoro” parece más bien forzada, y … debería tener apoyatura en concretos extremos acreditados en los procesos judiciales y administrativos generados por el hecho sometido; cuyo esclarecimiento estoy demostrando ante la Comisión …”;

18.- entendió que la citación se sustenta en “… imputaciones que se deslizan con tamaña liviandad y ausencia de probanzas …”.

CONSIDERANDO:
I.- Liminarmente cabe recordar que las facultades disciplinarias o acusatorias del Consejo de la Magistratura se refieren a cuestiones relacionadas con la actuación de los magistrados que comprometan la eficaz prestación del servicio de justicia (incisos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del apartado A) del artículo 14 e incisos 1, 2, 3, 4, 6 y 8 del artículo 25 de la ley 24.937) o que, por dejarlos expuestos al escarnio y descrédito público, afecten la investidura y, por ende, la majestad de la función que la Constitución Nacional les ha encomendado (inciso 4 del apartado A) del artículo 14 e incisos 5 y 7 del artículo 25 de la ley 24.937).

En efecto, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, al sentenciar la Causa No. 26 “Dr. TISCORNIA, Guillermo Juan”, declaró:



“… el enjuiciamiento de magistrados asegura el examen de la conducta y el alejamiento de los que no son dignos. Ese examen no ignora la naturaleza humana, las dificultades de la función jurisdiccional y que la aplicación del derecho resulta, en algunos casos, una cuestión opinable. Sólo busca establecer si hay incompatibilidad entre un determinado juez y la justicia, si son excusables sus fallas, si hay ruptura entre su personalidad y la dignidad del servicio …”.

Es éste, entonces, el marco cognoscitivo de los procesos que se instan ante el Consejo de la Magistratura y en función del mismo debe ponderarse el cuestionamiento efectuado al proceder del doctor Oyarbide en relación a la posible adquisición, pero segura exhibición (http://www.perfil.com/__export/1401391693926/sites/diarioperfil/img/2014/04/20/politica/0420_oyarbide_anillo_cedoc.jpg), de un anillo de las características que reflejan las fotografías agregadas a fs. 5 y 6.



II.- Sentado lo anterior, se impone precisar que el tema central de estas actuaciones es dilucidar la existencia -o no- de responsabilidad disciplinaria y/o política (mal desempeño) de parte del juez Oyarbide, a partir del alboroto generado por la voluntaria y exclusiva decisión del magistrado de fotografiarse exhibiendo una joya cuyo valor -según habría manifestado- alcanzaría el cuarto de millón de dólares.

III.- Efectuada esta aclaración he de señalar que no escapa al suscripto el contexto político y judicial en el que se decide esta acusación, ni la singular personalidad del juez denunciado.

No puede ignorarse que el doctor Oyarbide es el magistrado que mayor cantidad de denuncias ha tenido en la historia del Consejo de la Magistratura, ochenta y cuatro (84) a la fecha, de las cuales dieciocho (18) se encuentran en trámite (algunas acumuladas).

Los cuestionamientos realizados a su actuación fueron –y son- de todo tipo, tanto vinculados al ejercicio de la función jurisdiccional como a su comportamiento de carácter social.

IV.- Desde el punto de vista jurisdiccional, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, reiteradamente ha puesto de manifiesto la irregular actuación del juez Oyarbide en la tramitación de causas de gran impacto en la opinión pública.

En algunos de estos pronunciamientos que, en virtud de su carácter de instrumentos públicos, son de conocimiento general habida cuenta hallarse publicados en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ), se señala lo siguiente:



A.- Causa No. 48.187 (Fundación Madres de Plaza de Mayo), “Schoklender, Sergio Mauricio y otros s/ procesamiento y embargo”, Expediente No. 6522/2011/179, Registro No. 872, Sala I del 1º de agosto de 2013:

a.- “… Los suscriptos advertimos hoy que el temor allí evidenciado se ha visto concretado: la dilucidación de los sucesos cuya investigación se propició a través de la denuncia que encabeza este sumario aún no se ha conseguido sino que, por el contrario, la verdad permanece oculta.



Tras dos años de encuesta -y a pesar de los más de doscientos cuerpos de actuaciones que conforman este legajo- nos encontramos ahora frente a un preocupante escenario: más de sesenta personas han sido oídas en declaración indagatoria -cuarenta y cuatro de las cuales han sido procesadas-, aunque en virtud de intimaciones inválidas -pues se carece de un objeto procesal suficientemente determinado-, lo que obliga a retrotraer el proceso a los estadios previos, con el consecuente compromiso a la necesidad de una pronta y eficaz administración de justicia.

Así las cosas, la deficiente descripción de los hechos que conforman el objeto procesal de esta encuesta y el grado de imprecisión que advertimos en el relato allí contenido torna imposible el adecuado ejercicio del derecho de defensa de los incusos, pues al no poder conocer con claridad la totalidad de las circunstancias fácticas que constituyen el sustrato material de la imputación, se han visto impedidos de contestar eficazmente el reproche que se les dirigió …”;

b.- “… Párrafo aparte merece la consideración particular de la situación procesal de algunas de las personas que han sido legitimadas pasivamente en el proceso sin ningún tipo de asidero y cuya situación amerita ser resuelta … porque mantener su sujeción a este proceso implicaría prolongar innecesariamente la situación de incertidumbre y restricción de la libertad que comporta todo procedimiento penal.



Así, habiendo transcurrido más de dos años desde el inicio de esta encuesta, en el marco de la cual se han llevado a cabo innumerables diligencias probatorias -algunas de las cuales implicaron una seria injerencia estatal en el ámbito de intimidad de los encausados- y se han dictado múltiples medidas cautelares -embargo, inhibición general de bienes, prohibición para ausentarse del país, entre otras-, y toda vez que la específica intervención que habría tenido este grupo de imputados en el marco de los hechos aquí investigados -según la hipótesis de la acusación- no puede configurar, siquiera, un aporte penalmente relevante -extremos que fueron reflejados, con acierto, por sus defensores en los recursos de apelación intentados-, su situación se evidencia palmariamente diferente a la del resto de los incusos cuyas declaraciones indagatorias también habremos de anular …”;

c.- “… Las particulares circunstancias narradas en los párrafos que anteceden en lo concerniente a la actuación del juez de grado en este proceso, que han evidenciado la falta de racionalidad con que la que se ha llevado adelante esta encuesta, convencen a los suscriptos de la necesidad de disponer el apartamiento del Dr. Norberto Oyarbide de la instrucción del sumario …”.

B.- Causa No. 48.859 (transferencia de jugadores), “Legajo de apelación s/ procesamiento y embargo”, Expediente No. 9000/2012/52, Registro No. 1371, Sala I del 29 de octubre de 2013:

a.- “… Cabe especificar que ninguno de los individuos cuyas comunicaciones fueron interceptadas en aquel momento había sido mencionado por el Fiscal en su requerimiento de instrucción, por lo que esta medida luce particularmente sorpresiva y desconectada de las constancias del sumario (ver fs. 9/10 y 40/43). Pero más sorprendente aún es la carencia absoluta de razones concretas, tangibles, verificables que condujeran al dictado de la medida evocada. Pues ningún motivo válido puede encontrarse en una decisión que, como la del Dr. Oyarbide, condujo a interceptar los abonados de distintos individuos porque su titular era representante de jugadores de fútbol (ver fs. 1288), o porque se detectó que se hablaba de fútbol, de dinero y de conflictos judiciales indeterminados (fs. 280).



Pero el juez redobló la apuesta y a fs. 1304/1331 ordenó 113 allanamientos y 13 detenciones. El fundamento de esas medidas resultó ser una réplica de lo argüido a la hora de ordenar las intervenciones telefónicas. Se habló de “maniobras de evasión tributaria y de fraudes”, omitiendo mencionar, increíblemente, de qué maniobras se trata y de por qué detentaban el carácter de fraudulentas.

En otras palabras, el Juez renovó el flagrante vicio puesto de manifiesto al disponer las medidas anteriores, pero transcribiendo esta vez un gran número de conversaciones telefónicas verdaderamente indescifrables. Una vez más la reproducción de la misma y más absoluta abstracción …”;

b.- “… Bajo la óptica reseñada, cabe concluir que no se han exteriorizado, ni se advierten en autos los elementos que habrían habilitado al instructor a librar las sucesivas órdenes de intervención telefónica que se examinan.



En definitiva, la ausencia de precisiones respecto del hecho concreto y circunstanciado que se investigaba (que debió haberse definido en el requerimiento de instrucción, y no a través de las intervenciones telefónicas y allanamientos ordenados en el sumario) impide tener a los autos de fs. 214, 280, 296/297, 311/315, 325/332, 399/401, 417/419, 430/433, 448/452, 460/462, 476/484, 500/504, 514/515, 528/530, 542, 757/758, 952/953, 965/968, 980/985, 1169/1180, 1296 y 4323/4328 (intercepción de abonados telefónicos) como actos jurisdiccionales válidos.

Del mismo modo, y al margen de que por regla de la exclusión de la prueba los allanamientos y los exhortos dispuestos en esta causa devienen independientemente nulos, el vicio que define su suerte y que es anterior a aquél, se desprende, al igual que las escuchas telefónicas, de la indeterminación de los hechos sobre los cuales versaba la pesquisa y, a partir de allí, de la total ausencia de motivación para ordenarlas. …”;

c.- “… Siendo que no restan elementos en esta causa que permitan avizorar, siquiera a título de hipótesis, la responsabilidad de los recurrentes en orden a la noticia incorporada a fs. 1 (que motivó, en soledad, la persecución penal cuestionada), corresponde disponer el sobreseimiento de los encartados (conf. art. 336, inc. 2, del C.P.P.N.).



Ello se hará, teniendo en cuenta, particularmente, que en el marco de esta causa se intervinieron los abonados telefónicos de los encausados, se allanó sus domicilios, se los privó de su libertad, se los indagó y luego se los procesó, sin que previo a ello se hubiera circunstanciado mínimamente la hipótesis delictiva que se inspeccionaba.

Esta solución, además, tiende al resguardo de los derechos fundamentales de los que goza todo individuo, entre los que se halla el de obtener un pronunciamiento que descarte, de un modo concreto y definitivo, el estado de sospecha erigido sobre su cabeza (“Mattei”, Fallos 278:188 y, en ese mismo sentido, ver causa n 44.389, “Ogando Bido, Carmen s/ procesamiento”, rta. 18/11/10, reg. n 1171, entre otras) …”;

d.- “… Las particulares circunstancias narradas en los párrafos que anteceden, en lo concerniente a la actuación del Juez de grado en este proceso, han evidenciado una desventurada analogía con lo analizado por este Tribunal en la causa 48.187 “Schoklender, Sergio Mauricio y otros s/ procesamiento y embargo”, reg. 872 del 01/08/13.



La adopción de decisiones caprichosas que ha quedado en evidencia a lo largo del examen realizado, y cuyo punto culminante ha sido el modo en que ligeramente decidió acerca de la libertad ambulatoria de los ciudadanos involucrados en este legajo, nos conduce al imperativo de disponer el apartamiento del Dr. Norberto Oyarbide de la instrucción del sumario, solución que viene contemplada en nuestro ordenamiento adjetivo -art. 173 del Código Procesal Penal de la Nación- (ver causa n 43.956 “Adell, Nancy s/ nulidad e incompetencia”, rta. 15/04/10, reg. n° 313, entre otras).

En consecuencia, habremos de remitir el presente incidente junto con los autos principales a la Secretaría General de la Cámara a fin de que se desinsacule el Magistrado que deberá intervenir en el proceso, a quien le incumbirá, una vez cursadas las notificaciones de rigor, revisar la situación de las restantes personas involucradas en la investigación teniendo en cuenta el temperamento que se adoptará en este resolutorio …”.

C.- Causa No. 45.040 (“Grupo Greco”), “Greco, José s/ revocación de la parte querellante”, Expediente No. 2420/2007, Registro No. 355, Sala I del 14 de abril de 2011:

a.- “… La deficiencia que primero merece ser analizada es aquélla vinculada estrictamente con la ausencia de una lógica argumentativa interna que permita considerar válido el pronunciamiento.



En tal sentido, no puede ser pasado por alto que el Juez de grado utilizó como principal premisa para concluir que el querellante había perdido legitimidad para permanecer en su rol acusador, la afirmación de que había existido una “profunda y compleja actividad jurisdiccional” que impedía en el caso tildar de arbitraria o abusiva la detención que habían sufrido José Greco, Héctor Greco y Jorge Bassil, o bien considerar ilegítimo el desapoderamiento patrimonial que éstos habían padecido como integrantes del “Grupo Greco”.

Sin embargo, tal como fue apuntado en la crítica recursiva, se desprende de lo actuado –e incluso del propio relato efectuado por el juzgador— que a la fecha en que se produjo el arresto de los mencionados empresarios (acaecida en las primeras horas del día 25/04/80) no había sido iniciado expediente judicial alguno en el marco del cual existiera una orden jurisdiccional que respaldara la detención, circunstancia que incluso fue reconocida en plena dictadura militar por un juez nacional, al expedirse en el marco del recurso de habeas corpus que presentaron los familiares de los detenidos luego de tomar conocimiento del suceso …”;

b.- “… Esa comprobación objetiva, y la ausencia en el auto atacado de precisiones adicionales, es lo que impide tener por válida desde una perspectiva lógica la conclusión a la que arribó el a quo en punto a que la libertad de los empresarios no habría sido arbitraria ni abusiva, por haber estado legítimamente cautelada por jueces criminales.



Quiere decirse con ello que el juzgador, a través de la referida afirmación, pasa por alto de manera inexplicable que los cuestionamientos efectuados por los acusadores sobre la legalidad del arresto precisamente se refieren, desde un punto de vista cronológico, a un momento anterior al día 02/06/80, fecha en que se inició el primer expediente judicial a partir de la denuncia penal formulada por los representantes del Banco Central de la República Argentina.

En otras palabras, más allá de cualquier recorte discrecional que pueda efectuar el Juez sobre el objeto procesal, lo cierto es que la legalidad o ilegalidad de la detención forma parte de la cuestión medular del presente proceso y mal puede ser evaluada utilizando como parámetro una actividad jurisdiccional que se desencadenó habiendo transcurrido más de un mes de producidas las privaciones de la libertad dispuestas por el PEN a través del decreto 873 …”;

c.- “… Es posible detectar un vicio similar al evaluarse los motivos esgrimidos por el Magistrado al momento de explicar las razones que lo llevaban a pensar que el patrimonio de los integrantes del “Grupo Greco” había estado “(…)legalmente afectado por las decisiones de los jueces comerciales que intervinieron (…)”.



Esa afirmación, inmersa en el relato del pronunciamiento desprovista de todo respaldo objetivo, deja entrever un preocupante desconocimiento del objetivo perseguido por las partes que impulsan el presente proceso judicial, el cual no es otro que indagar sobre la presunta ilicitud de la detención de los empresarios José Greco, Héctor Greco y Jorge Bassil, y demostrar la extorsión a la que habrían sido sometidos en cautiverio con el fin de que convalidaran el despojo de su patrimonio, suceso que habría acaecido dentro de un plan sistemático desarrollado por los integrantes del gobierno militar para desapoderar de sus bienes a distintos empresarios …”;

d.- “…. Cuando las sospechas en este expediente se centran en la presunta ilicitud de los actos mencionados y en la posibilidad de que hayan constituido el disparador del derrotero de actos administrativos y judiciales que, a la postre, desencadenó la afectación de los bienes del grupo por parte del Estado, la referencia efectuada por el juez a quo a la intervención de jueces comerciales con posterioridad a tales acontecimientos pierde, en la estructura interna del resolutorio, sentido lógico.



Y desde la perspectiva planteada, es preciso señalar que tampoco el desarrollo del pronunciamiento deja lugar a la interpretación de cuáles han sido las razones que llevaron al Magistrado a inferir que el despojo sufrido por los miembros del grupo empresarial “(…) fue convalidado aún después de 1983, cuando el gobierno militar había caído (…) ”, y menos aún desentrañar, desde el prisma del derecho penal, la relevancia que eventualmente podría tener tal afirmación con respecto a los delitos que se instruyen en el presente legajo y en punto a la posibilidad de reconocerle legitimación a José Greco para constituirse en parte querellante …”;

e.- “… En otro sentido, es innegable que detrás de la cuestión planteada por la querella subyace la intención de que el ilícito investigado sea considerado un delito de lesa humanidad, caracterización que, como es sabido, conllevaría ciertos efectos jurídicos específicos, como la imprescriptibilidad (c/n° 42.002 “Taddei, Ricardo s/prescripción”, rta. 18/11/08, reg. 1400; c/° 42.749 “Bignone, Reynaldo B. y otros s/procesamiento”, reg. 1165, rta. 27/10/09; entre muchos otros).



Es desde esta perspectiva que resulta incomprensible la insistencia del a quo en considerar cosa juzgada los hechos que se debaten en autos, por haber conformado la materia de instrucción en el marco del expediente N°1275, más aún cuando los efectos jurídicos del cierre de dicho sumario (recordemos que los imputados fueron desvinculados por el presunto fenecimiento de la acción penal en virtud del paso del tiempo) aún pueden ser puestos en tela de juicio como consecuencia del eventual cambio de conceptualización del delito que propone la querella …”.

D.- Causa No. 1787/07 (Causa sobre aportes a la campaña presidencial 2007), “Brito, Gabriel A. y otros s/ costas”, Expediente No. 1787/2007(175/CA68, Sala II del 2 de septiembre de 2014:

a.- “… el titular del juzgado federal nº5 procesó a Capaccioli, Gramajo, Diez y Brito por dichos hechos y la resolución fue anulada -al presentar vicios de fundamentación y auto contradicción- el 21 de junio de 2011 por esta Sala (reg. Nº 33.046) …”;

b.- “… El 9 de abril de 2012, la Presidencia de la Cámara … fue llamada a definir una contienda de competencia (por conexidad) trabada entre el a quo y su par a cargo del juzgado federal nº 4 …” asignándose el conocimiento de la causa al titular de este último tribunal;

c.- “… se notificó al a quo, haciéndosele saber que debía remitir las partes pertinentes del expte. nº 1787/07 al Juzgado Federal nº 4. Según consta a fs. 32.779 y 32.780 del ppal., el oficio fue recibido … el 19 de abril de 2012; fue recién el 19 de junio que se enviaron testimonios a la sede que continuaría con la instrucción de los hechos … Luego, el titular del Juzgado nº4 insistió más de una vez en que su par le remitiera los antecedentes del caso … recibiendo diferentes respuestas negativas …”;

d.- “… La primera irregularidad se produjo luego. Soslayando todo lo anterior, el 18 de abril de 2013, el titular del Juzgado Federal nº 5 se expidió sobre el mérito de las imputaciones enunciadas, pese a no intervenir más en el caso, ya asignado a otro juez federal. Lo hizo declarando la falta de mérito para procesar ni sobreseer a Capaccioli, Gramajo, Diez y Brito (incidente nº 173).

La anomalía fue observada por esta Sala, que dejó sin efecto la decisión el 27 de mayo de 2013 …”;

e.- “… La pieza que encabeza este incidente incurre … en el mismo vicio que aquella adoptada el 18 de abril de 2013, cuya invalidez advirtió esta Sala hace más de un año: el a quo emite una decisión respecto de un caso legal y reglamentariamente asignado a otro magistrado. Se insiste, por segunda vez.



No habrán de presumirse aquí las razones que pudieron llevar a repetir esa irregularidad. Pero sí habrá de observarse que, cualquiera sean esos motivos, un fallo dictado en semejantes condiciones torna aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para supuestos asimilables, según la cual la omisión de las formalidades sustanciales del fallo determinan su inexistencia, al ser violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional …”;

f.- “… Se trata, en definitiva, de un fallo inexistente e ineficaz para generar efectos jurídicos de ningún tipo. Sobre esa base, es obligación de esta Sala emitir un pronunciamiento que, defendiendo la afectada competencia del magistrado legalmente asignado al caso, así lo declare …”;

g.- “… La entidad de la situación descripta impone apartar al titular del Juzgado Federal nº 5 de su intervención en el expediente principal y –como derivación de ello- de sus conexos … Por otra parte, corresponde poner lo resuelto en conocimiento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, a sus efectos …”.

En síntesis, reiteradamente la Alzada:

1.- ha apartado al juez Oyarbide de causas sometidas a su conocimiento;

2.- ha decretado la nulidad de procesamientos dispuestos por el juez Oyarbide;

3.- ha declarado la invalidez de numerosos actos procesales y de investigación ordenados por el juez Oyarbide (indagatorias, testimoniales, notificaciones, restricciones a la libertad, escuchas telefónicas, allanamientos, etc.);

4.- ha indicado la “falta de racionalidad” con la que el juez Oyarbide ha llevado adelante los procedimientos;

5.- ha calificado de “caprichosas” algunas de las decisiones adoptadas por el juez Oyarbide.

V.- Desde la óptica de su comportamiento social, el doctor Oyarbide también fue seriamente cuestionado.

En efecto, ante la Comisión de Disciplina y Acusación de este Consejo tramitó el Expediente No. 84/2011 relativo a la participación del doctor Oyarbide en un espectáculo musical junto al reconocido cantante cordobés Carlos “La Mona” Jiménez.

Distintas publicaciones periodísticas, a las que aún hoy puede accederse a través de la web, dan cuenta que para las Pascuas del año 2011:

a.- el magistrado había arribado a la Villa Carlos Paz para disfrutar del receso de Semana Santa;

b.- el viernes santo había asistido, al Club Sargento Cabral, en función de una cita que estaba pactada con anterioridad, para presenciar el espectáculo del señor Jiménez;

c.- al promediar la cuarta selección de temas, alrededor de las 4:30 de la madrugada del sábado de gloria, el señor juez pisó el escenario, se sentó frente al teclado y cantó el tango “La última curda” del compositor Aníbal Troilo;

d.- luego, según las crónicas, “… animado …” por el público “… tomó coraje y se lanzó sin prejuicios a los acordes del tunga – tunga …” (http://wwwclarin.com/politica/Oyarbide-cuarteto-tango-Mona-Jimenez_0_469153244.html);

e.- trascendió periodísticamente que pasó toda la noche bailando sin parar en una esquina trasera del escenario y para refrescarse tomó champagne extra brut, que le trajeron especialmente en una conservadora con copas (http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/juez-oyarbide-puro-baile-con-mona-jimenez-sa);

f.- finalmente, junto a una mujer, bailó “… sin tapujos …” algunas piezas de cuarteto y cantó el hit “Beso a Beso” como “… si fuese uno más de la monada en el club Sargento Cabral de la ciudad de Córdoba …” http://eldiariodecarlospaz.com/ampliar noticia).

El video que capta las imágenes del magistrado fue subido a la página web del cantante y tuvo, a partir de allí, generosa y amplísima difusión (http://www.cadena3.com/ contenido/2011/04/24/ 74846.asp)

En el mismo puede verse al señor juez federal en tres momentos bien diferenciados:

1.- tocando el teclado y entonando las estrofas del tango “La última curda”, mientras se escuchan los silbidos y abucheos de los espectadores y se ve a la principal figura del espectáculo, el señor Jiménez, haciendo esfuerzos por silenciar al público al mismo tiempo que intenta acompañar al magistrado en su fraseo;

2.- bailando con una joven mujer a quien acaricia las nalgas;

3.- entonando las estrofas del conocido tema “Beso a Beso”.

La información fue recogida por casi todos los diarios del país en las distintas páginas web, resultando, también, muchísimos los mensajes que los lectores enviaron como “comentarios” a los sitios habilitados a tal fin por los respectivos medios, cuya lectura permite, sin mayores dificultades, advertir el efecto que la intervención del magistrado en dicho espectáculo generó en el ánimo de casi todos los ciudadanos que decidieron sumar su opinión a las notas publicadas.

Tramita, asimismo, el Expediente No. 6/12, vinculado al pedido de investigación sobre el lujoso viaje de descanso que en el mes de enero de 2012 realizara a las playas de Punta Cana http://www.perfil.com/ediciones/politica/-20121-643-0030.html y http://m24digital.com/2012/01/21/las-pomposas-vacaciones-de-oyarbide-fotos/.

Muchas otras publicaciones periodísticas dan cuenta de la especial predilección que el doctor Oyarbide tiene por los ambientes glamorosos, los lugares selectos y los objetos suntuarios: http://tn.com.ar/show/sabanas/oyarbide-entre-lujo-y-elegancia-dijo-que-se-casara-en-2013_293890; http://opencms03.editorialperfil.com.ar/politica/Anticipo--Oyarbide-en-la-gala-de-CARAS-20121122-0028.html; http://www.perfil.com/politica/El-otro-accesorio-del-juez-Oyarbide-es-Louis-Vuitton-20120111-0025.ht.

Nadie ignora que el doctor Oyarbide es, como otros magistrados de la justicia federal del país, un hombre cercano al poder político, sólo que -a diferencia de cuanto ocurre con sus otros colegas- el doctor Oyarbide no cultiva la discreción.



El Poder Judicial está organizado a partir de una estructura verticalista, relativamente cerrada, cuya cultura corporativa considera el poder y el control como valores prioritarios.

En esa cultura la no exhibición (al igual que el silencio) es un valor.

Resulta evidente que el doctor Oyarbide no ha logrado introyectar, a lo largo de su dilatada y turbulenta carrera judicial, esta pauta de comportamiento.

VI.- El Poder Judicial de la Nación atraviesa una situación de degradación que, si bien compromete al Poder Ejecutivo, no excluye el comportamiento de los representantes del estamento judicial.

A este estado de degradación (que, en algún sentido, pone en evidencia la conducta del juez Oyarbide) no se llega sólo por la decisión de un gobierno; es el resultado de un largo proceso de mutuas conveniencias.

Es cierto, y la sociedad lo sabe, que el doctor Oyarbide siempre ha prestado valiosos servicios al poder (en general, al de turno); pero no es menos cierto que en la Comisión de Disciplina y Acusación nunca se contó con el voto de los representantes del estamento judicial para investigar la cuestionable conducta de magistrados cuya “afinidad” con el oficialismo es tan evidente.

El voto favorable de los tres representantes del estamento judicial hubiera permitido, sumado al de los abogados y los representantes de la oposición política, alcanzar la mayoría necesaria (7 votos) para dilucidar la responsabilidad de jueces como Norberto Oyarbide y como tantos otros, cuyo comportamiento y actuación merecería algún tipo de reproche de parte de sus pares que, en estos casos, son más proclives al silencio exculpatorio que al señalamiento de aquellos que no honran la dignidad del cargo.

Prueba de ello es el Expediente No. 6/2012, en el que se denuncia al doctor Oyarbide por sus vacaciones en Punta Cana (asignado a un representante del estamento judicial), que no ha merecido a la fecha -a más de dos años de su iniciación- actuación investigativa alguna.

VII.- Como país nos encontramos transitando los meses previos al inicio del proceso electoral del que surgirá un gobierno que, cuanto menos, deberá cambiar las “formas” de ejercer el poder político; es de esperar que este cambio comprenda, también, la relación con los jueces.

Desde su origen el Consejo funcionó con mayoría peronista ya sea en su versión menemista o kirchnerista (en los dos años del gobierno de la Alianza se mantuvo la integración menemista); esto significa, que el estamento judicial (los representantes de los jueces) siempre acordó con el peronismo “negociando con él” las cuestiones de competencia del Consejo.

Sin embargo, bueno es reconocerlo, el sostenimiento de un magistrado que actúa -tanto en el plano social como en el manejo de los asuntos que tramitan ante su juzgado- con la displicencia, la liviandad y la exposición del doctor Oyarbide, resulta un elevado costo que –parece- ya pocos están dispuestos a pagar (la citación en los términos del artículo 20 del Reglamento se logró con el voto de los representantes del oficialismo y del estamento judicial y miembros del propio Poder Judicial rechazan, públicamente, el comportamiento del magistrado (http://www.perfil.com/politica/El-camarista-Farah-hablo-de-Oyarbide-No-nos-hace-bien-al-Poder-Judicial-20140903-0018.html).

VIII.- Efectuadas estas consideraciones, y en función de las manifestaciones vertidas por el doctor Oyarbide en su presentación de fs. 107/112, centradas en la inexistencia de responsabilidad penal y/o tributaria de su parte por la entrada de la joya al país (territorio aduanero), cabe recordar que la responsabilidad penal y la disciplinaria y/o política (dé ésta lugar al ejercicio de facultades disciplinarias o acusatorias), aún surgida o analizada a la luz de los mismos hechos, presentan diferencias sustanciales.

En efecto, en el proceso penal se investiga la comisión de delitos tipificados en el Código Penal de la Nación; la existencia de responsabilidad en ese ámbito será determinada de acuerdo a los principios que lo informan, la normativa que lo rige, los bienes jurídicos que tiende a proteger a través de los mecanismos que dispone esa legislación y por los órganos estatales instituidos constitucional y legalmente para esa función.

El sistema de responsabilidad disciplinaria y/o política (que involucra, en el caso de los magistrados, tanto el ejercicio de facultades disciplinarias como acusatorias por parte del Consejo de la Magistratura), en tanto, se encuentra delineado por sus propias directrices, reviste inconfundibles caracteres específicos y no se halla condicionado al ejercicio de la potestad represiva respecto de quienes puedan incurrir también en responsabilidad criminal.

Distinto es el temperamento incriminatorio a fin de perseguir un hecho delictual tipificado en el Código Penal, de los parámetros que definen la responsabilidad disciplinaria y/o política, donde se evalúan, además de las conductas concretas, deberes abstractos inherentes a la función que se desempeñe dentro de la estructura, lo cual otorga un matiz propio al factor de atribución de esa responsabilidad, el que carece del rigor de las normas de derecho penal sustantivo, existiendo circunstancias irrelevantes en el ámbito penal que pueden no serlo en el disciplinario y/o político (cfr. doctrina de Fallos: 307:1282, PTN, dictámenes 97:310 y 108:34).

En este orden de ideas, nada impide que un hecho pueda constituir una falta disciplinaria y dé lugar a una sanción, o mal desempeño y dé lugar a una acusación, pese a que en sede judicial -de mediar denuncia o querella- pueda disponerse o se haya dispuesto la inexistencia de delito, el sobreseimiento o la absolución (cfr. doctrina de Fallos: 256:182; 258:195; 262:522 y 275:194, entre muchos otros).

De ahí que se lo citara por la causal de “mal desempeño” sustentada en la las previsiones del inciso 4 del apartado A) del artículo 14 (actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo) y del inciso 2º del artículo 25 (incumplimiento reiterado … de normas legales y reglamentarias), y no por la posible comisión de un delito como, erróneamente, lo entiende el magistrado según se desprende de la defensa que formula y de la prueba que ofrece, absolutamente inconducente para la dilucidación de este expediente.

Aclarado y establecido ello, no puede dejar de advertirse el tono, indicativo, desafiante y admonitorio con el que el doctor Oyarbide se dirige a la Comisión, sólo atribuible a quien se sabe al margen de cualquier reproche institucional hacia su conducta, no importa lo impropia que ésta sea.

IX.- Distintos autores (vgr. Santiago Finn, Josep Aguiló Regla, Jorge Malem Seña, Adolfo Alvarado Velloso, entre muchos otros), han analizado los deberes que el ejercicio de la función judicial impone a los magistrados y los condicionamientos que éstos tienen respecto de su persona, su vida privada y su comportamiento social.

En términos generales hay coincidencia en que el juez no es un ciudadano común, porque la comunidad -integrada por el hombre de a pié- espera más de los jueces en su desenvolvimiento social que de cualquier otro ciudadano. Ello es así porque hay ciertas funciones dentro de la convivencia que exigen una autoridad superior a aquella formal adquirida por el solo hecho de desempeñarla, y ella se funda en el poder de convicción que emana de la calidad personal de quien la ejerce.

La credibilidad exige coherencia entre lo que se dice, propone y ordena profesionalmente y lo que se hace en la vida social y esta obligación de guardar coherencia tiene mayor importancia tratándose de jueces porque ellos deciden sobre el honor, la libertad y el patrimonio de sus semejantes y porque sus decisiones están respaldadas por la fuerza pública y ponen en juego la confianza en el Estado de Derecho.

Por ello, los requerimientos de la sociedad respecto de sus jueces son especialmente intensos.



X.- El artículo 8º del Reglamento para la Justicia Nacional (Acordada CSJN del 17.12.52, Fallos: 224:575) prescribe que “Los magistrados, funcionarios y empleados, deberán observar una conducta irreprochable. …”.

Calamandrei, el “Gran Piero”, insigne maestro florentino, afirmaba que “… Los jueces son como los que pertenecen a una orden religiosa. Cada uno de ellos tiene que ser un ejemplo de virtud, si no quieren que los creyentes pierdan la fe …”.

Tan riguroso postulado pretendía señalar que la función judicial es un servicio que pone en manos de quien lo presta la atribución de decidir sobre cuestiones muy importantes en la vida de las personas; razón por la cual es perfectamente lógico que el ciudadano común, exija de quienes están investidos de semejante poder una conducta ejemplar, un comportamiento social, público y aún privado, que resulte ajeno a cualquier cuestionamiento moral.

Alejandro Nieto señala que hoy “Se ha despojado a los jueces de su toga y debajo de ella han aparecido hombres de carne y hueso que no son siempre modelos sociales y que resultan vulnerables a todo tipo de presiones … Ya no se ve al juez como un sacerdote de la Ley sino como un individuo de reacciones sorprendentes, dotado de desmesurados poderes públicos …” (Nieto, Alejandro; “Balada de la Justicia y la Ley”, Ed. Trotta, Madrid 2002, pág 252).

No obstante esta rigurosa y empírica observación, lo cierto es que la conducta de un juez es permanentemente escrutada por los integrantes de la sociedad (especialmente si el mismo ha alcanzado notoriedad por tener a su cargo la investigación de causas que, por distintas razones, concitan el interés público), motivo por el cual es lógico y razonable exigir de ese magistrado, también en el ámbito de su actuación personal de carácter social, un comportamiento ejemplar, una conducta irreprochable que sólo puede alcanzarse a partir de la autolimitación que es dable esperar y pretender de quien se sabe, o debe saberse, depositario de tan grande poder.

Los jueces deben, en todo momento y respecto de cualquier situación, evitar no sólo un comportamiento inadecuado sino también toda “apariencia de incorrección” porque la confianza de la opinión pública en la justicia descansa no sólo en su independencia, imparcialidad, competencia y honorabilidad, sino también en la compostura y en el recato y el decoro de sus jueces.

Así las cosas, es a partir de estos principios rectores que debe valorarse la conducta del juez Oyarbide de decidir exhibir esa joya y, así, dar lugar a un nuevo escándalo que debilita de la imagen del Poder Judicial de la Nación.

Aclárese que el magistrado no ha negado, en ninguna de las presentaciones que ha efectuado, la tenencia y el lucimiento del anillo.

XI.- El artículo 8º del Reglamento para la Justicia Nacional impone y exige discreción, circunspección, comedimiento, prudencia, seriedad, decoro, gravedad y templanza en las palabras y en las acciones, moderación, urbanidad, sensatez.



Esto es lo que se requiere de quienes cumplen funciones en el Poder Judicial, muy especialmente de los magistrados de la Nación.

En esta inteligencia, no puede menos que concluirse que el lucimiento y la exhibición del anillo en cuestión por parte del juez Oyarbide (https://www.youtube.com/watch?v=hiWw-LOH9Rc), ciertamente, se presenta como violatorio de concretos deberes que le estaban y le están impuesto por el Reglamento al que se halla sujeto.

La predisposición del juez al lucimiento, en ámbitos y reuniones sociales destinados a ser publicitados (la fiesta de la revista “Caras”), de objetos suntuosos (en el caso el anillo que nos convoca), constituye un comportamiento que no guarda decoro, que no es otra cosa que comportarse con arreglo a la propia condición: la de un magistrado de la Nación.

Este tipo de conductas, sin lugar a dudas generan consternación en la opinión pública y, lógicamente, el debilitamiento de la imagen del Poder Judicial que una situación como ésta conlleva.

Ya se ha establecido que el ejercicio de la función judicial impone a los magistrados un plus de rigor y de autocontrol superior al que se da en el ciudadano común. Son varias las razones que se invocan para avalar esta exigencia y pueden resumirse en que, el comportamiento de un juez reñido con las valoraciones sociales de ciudadano medio, es susceptible de disminuir o afectar el respeto hacia los órganos de justicia que la comunidad debe profesar, ya que el comportamiento impropio de un juez es trasladable -a los ojos del público- al conjunto de la judicatura, menoscabando la autoridad de la misma.

El decoro, que importa estar a la altura de la dignidad del cargo, impone a los magistrados conductas ejemplares y -como señala Finn- las obligaciones de los jueces no terminan en su tribunal porque fuera de él pueden comprometer su idoneidad para el desempeño del cargo y, consecuentemente, activar algún mecanismo de responsabilidad, ya sea disciplinaria o política.

En “El Alma de la Toga”, un clásico de la literatura jurídica del siglo pasado, su autor, aunque en referencia a los abogados, ilustra sobre la importancia del decoro y de la dignidad.

Esas expresiones resultan plenamente aplicables a la principal figura de la Justicia, el juez, en relación a los deberes que éste tiene con la sociedad.

En efecto, a partir de la referencia a la toga, ese antiguo ropaje (pintoresco para nuestra cultura) que ha perdido vigencia en los tribunales de países más jóvenes con sociedades más abiertas, pero que se mantiene en muchos otros de conservadora tradición y en la mayoría de las cortes internacionales, Ossorio y Gallardo describe cómo esa prenda le recuerda a quien la viste la autolimitación que debe imponerse, por respeto a sí mismo, a sus pares, y a la función que la sociedad le ha encomendado; en síntesis le recuerda su deber de ejemplaridad.

El uso del traje talar ha perdido vigencia, pero sólo lo ha hecho la vestidura no los valores que ella representaba que se resumen en el deber de ejemplaridad, absolutamente necesario para obtener la confianza y el respeto de la sociedad que asegura, finalmente, el valor de las decisiones judiciales.



El voluntario lucimiento del anillo por parte del juez Oyarbide (entre otras ocasiones, en la fiesta de una revista) ha generado escándalo y por ello, ha puesto en crisis la confianza y el respeto que la sociedad debe guardar por la judicatura, en la medida en que ha afectado -una vez más por parte del magistrado- la exigencia de recato que debe tener el juez y que impone el artículo 8º del Reglamento para la Justicia Nacional.

XII.- El art. 110 de la Constitución Nacional prescribe que los magistrados, los jueces “… conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta …” .

La legitimidad de los jueces está sujeta a su idoneidad y su conducta por dos razones: 1.- no están sometidos a la revalidación de sus designaciones por elecciones periódicas y 2.- su función está directamente vinculada a la garantía de los derechos de los habitantes de la Nación.

En este orden de ideas se entendió que el mal desempeño está comprendido por “… el conjunto de circunstancias que rodean la actuación del funcionario, y que contribuyen a formar conciencia plena del juzgador. Por encima de cualquier consideración prevalece el interés público, comprometido por su específica falta de idoneidad, que puede no sólo ser técnica o profesional, sino también un comportamientoque daña la función pública y a la magistratura y aleja el supremo bien de la justicia …” (cfr. Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Causa No. 12 “Dr. ECHAZÚ, Rodolfo”).

XIII.- Así las cosas, habida cuenta lo hasta aquí reseñado, se entiende que el comportamiento desplegado por el juez Norberto Mario Oyarbide ha causado escándalo y, por ello, se halla claramente encuadrado en la causal de “mal desempeño”, en la medida que, ciertamente, importa la comisión de actitudes contempladas por el inciso 4º del apartado A) del artículo 14 y por el inciso 2º del artículo 25 de la ley 24.937, razón por la cual corresponde disponer la apertura del proceso de remoción del doctor Oyarbide ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de conformidad con los fundamentos explicitados en el presente, y la suspensión en el ejercicio del cargo (artículos 53 y 110 de la Constitución Nacional, inciso 4º del apartado A) del artículo 14 e inciso 2º del artículo 25 de la ley 24.937 y modif., artículo 22 -inciso c)- Resolución CM No. 98/2007 y modif.).

XIV.- Por último, no puede dejar de mencionarse la referencia que el magistrado realiza en su presentación de fs. 107/112, a la pericia efectuada sobre el anillo y a los expertos que han intervenido en ella.

Se descuenta, en función de esta referencia, el conocimiento que el doctor Oyarbide tiene de la misma y de las declaraciones brindadas por los peritos en el Expediente No. 917/2012, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 12, actuaciones todas éstas (la pericia y las declaraciones) que –por lo demás- se encuentran glosadas a este expediente.



Más allá de las consideraciones que el doctor Oyarbide realiza sobre la opinión de uno de los peritos, resulta evidente a la simple observación de cualquier mortal que el anillo entregado por el doctor Oyarbide para peritar no es el que lucía en las muchas ocasiones en que fue fotografiado y que, por la exhibición, dio origen a las denuncias que convocan la atención de esta Comisión.

Nunca quema el fuego que no se enciende y el doctor Oyarbide ha colaborado -en grande- al incendio que, en estos tiempos, puede devorarlo.

Por todo ello;


SE RESUELVE:

1.- Proponer al plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, disponga la apertura del proceso de remoción del doctor Oyarbide ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la causal de “mal desempeño” y la suspensión en el ejercicio del cargo (artículos 53 y 110 de la Constitución Nacional, inciso 4º del apartado A) del artículo 14 e inciso 2º del artículo 25 de la ley 24.937 y modif., artículo 22 -inciso c)- Resolución CM No. 98/2007 y modif..

2.- De forma. ….


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