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Urteaga, Facundo Raúl c. Estado Nacional Estado Mayor Conjunto de las ff. Aa


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Urteaga, Facundo Raúl c. Estado Nacional - Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. 

 


Buenos Aires, octubre 15 de 1998. - Vistos los autos: Urteaga, Facundo Raúl c. Estado Nacional - Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. - s/amparo ley 16.986.




Considerando: 1º Que contra la sentencia dictada por la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que confirmó la decisión de primera instancia -que había rechazado la acción de hábeas data deducida por el actor, éste dedujo recurso extraordinario, que fue concedido.




2º Que, con sustento en el art. 43 de la Constitución Nacional, Facundo Raúl Urteaga dedujo acción de amparo de hábeas data contra el Estado Nacional y/o el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y/o el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de obtener información que exista en los bancos de Datos de la Secretaría de Información del Estado, Servicio de Inteligencia del Ejército, Servicio de Informaciones de la Armada, Servicio de Informaciones de Aeronáutica, Servicio de Inteligencia de la Policía Federal, Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Servicio de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires y/o cualquier otro Estado Nacional, de las Fuerzas Armadas y de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sobre su hermano Benito José Urteaga, supuestamente abatido el 19 de julio de 1976 en el departamento ubicado en la localidad de Villa Martelli, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires....




3º Que el tribunal a quo rechazó la acción con dos fundamentos: a) la falta de legitimación activa del actor en tanto los datos que pretende recabar no están referidos a su persona b) la finalidad que se persigue en la presente acción no se compadece con lo que surge del texto constitucional.




4º Que en el recurso extraordinario federal el apelante cuestiona la interpretación efectuada por el a quo del instituto de hábeas data, tanto en lo referente a la restricción de la legitimación del recurrente, como a la finalidad de la acción. Estima que limitar el hábeas data a la veracidad informativa y la legitimación al propio afectado, reduciría este instituto y sus posibilidades de protección de los derechos constitucionales de la persona humana.




5º Que el recurso extraordinario resulta formalmente procedente pues se cuestiona la interpretación de la garantía consagrada por el art. 43 de la Constitución Nacional y el alcance que se le ha asignado ha sido contrario a los derechos que el recurrente fundó en dicha cláusula (art. 14, inc 3º, ley 48).




6º Que esta Corte al decidir el 13 de agosto de 1998, sobre la improcedencia de las medidas de prueba requeridas por la señora Carmen Aguiar de Lapacó -madre de una desaparecida en la causa Suárez Mason, Carlos Guillermo s/homicidio, privación ilegal de la libertad, etc., expresó que la realización de las medidas requeridas implicaría la reapertura del proceso y el consecuente ejercicio de actividad jurisdiccional contra quienes han sido sobreseídos definitivamente por las conductas que dieron lugar a la formación de la presente causa, por lo que no se advierte el objeto del solicitado diligenciamiento, dado que carecía de toda virtualidad de acumulación de prueba de cargo sin un sujeto pasivo contra el cual pudiera hacerse valer. La decisión -obviamente limitó los efectos de la denegatoria de las probanzas en el ámbito de la mencionada causa criminal, habiendo quedado expeditas otras vías judiciales o administrativas.




7º Que en tanto la información requerida por el actor no afecta el objeto de un proceso penal concluido, resulta necesario determinar si la vía elegida en las presentes actuaciones es procedente a la luz del texto constitucional, y examinar si la acción intentada se ajusta a las pautas señaladas en el citado precedente.




8º Que la acción de hábeas data ha sido consagrada en el art. 43, tercer párr. de la reforma constitucional de 1994, según el cual ...toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad, o actualización de aquéllos....




9º Que, como principio, corresponde recordar la doctrina de esta Corte según la cual la falta de reglamentación legislativa no obsta a la vigencia de ciertos derechos que, por su índole, pueden ser invocados, ejercidos y amparados sin el complemento de disposición legislativa alguna (Fallos, 315:1492). Esta conclusión armoniza con la antigua doctrina del tribunal conforme con la cual las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución, e independientemente de las leyes reglamentarias (Fallos, 239:459).




10. Que, asimismo en particular referencia a la acción de hábeas data, la lectura de la norma constitucional transcripta permite derivar con nitidez los perfiles centrales que habilitan el ejercicio del derecho allí reconocido, motivo por el cual, la ausencia de normas regulatorias de los aspectos instrumentales no es óbice para su ejercicio, pues en situaciones como la reseñada, incumbe a los órganos jurisdiccionales determinar provisoriamente -hasta tanto el Congreso Nacional proceda a su reglamentación, las características con que tal derecho habrá de desarrollarse en los casos concretos (doctrina de Fallos, 315:1492, consid. 22).




11. Que la acción de hábeas data ha sido reconocida no sólo en las legislaciones de diversos países, sino también por los organismos internacionales que, en sus diferentes ámbitos, han elaborado pautas que contribuyen a integrar la perspectiva con que ha de ser evaluada la modalidad de su ejercicio por este Tribunal. Así, en términos generales coinciden las directrices formuladas por la Organización de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Consejo de Europa, e inclusive la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. La amplitud de sus alcances, tanto en lo relativo a la exigencia de licitud, lealtad y exactitud en la información, como en lo que hace al acceso de las personas legitimadas -conforme con la coincidente opinión de estas instituciones y organismos -encuentra limitaciones, fundamentalmente, en razones de seguridad y defensa nacional.




12. Que en aquel marco constitucional, no reglamentado aún por el órgano competente, corresponde a este Tribunal delinear los alcances de la garantía mencionada con razonable flexibilidad, a fin de otorgar al peticionario la plena protección que ella establece, sin condicionar el ejercicio de aquella potestad reglamentaria que hasta el presente no ha sido ejercida por el Congreso Nacional.




13. Que desde la perspectiva indicada, la interpretación efectuada por el a quo, si bien prima facie podría parecer ajustada a la literalidad del texto constitucional, revela -en conexión con la pretensión aquí deducida, un excesivo rigor formal que deja sin protección el derecho invocado por el recurrente que no resulta ajeno al bien jurídico tutelado ni al propósito del constituyente.




Debe entenderse, desde este ángulo, que en el juzgamiento que compromete a una garantía no reglamentada, se está examinando no una ley sino una constitución, destinada por su naturaleza a fijar el marco de la acción del legislador, con la visión de quien sienta las bases normativas generales que gobernarán la vida de las futuras generaciones. Es por ello que la óptica del juzgador no debe manejarse aquí con estricto apego a las pautas hermenéuticas de quien examina un código, que aspira a prever todas las contingencias posibles -dentro del alcance de las limitaciones humanas, sino con aquella que sólo se detengan ante lo incompatible con el texto y permitan respetar su espíritu y finalidades. así señaló la Suprema Corte de los Estado Unidos de Norteamérica que, haber previsto los medios por los que el gobierno podría en el futuro ejecutar sus poderes, habría implicado cambiar, enteramente, el carácter de la Constitución y darles las características de un código de leyes (MC Culloch v. Maryland, 17 U.S. 316).




En tales condiciones, debe admitirse la legitimación invocada por el apelante en su calidad de hermano de quien supone fallecido, toda vez que la habilitación para accionar de un familiar directo con sustento en el derecho a que se proporcione información, aparece en las circunstancias del caso, como una de las alternativas de reglamentación posibles en el marco de una discreta interpretación del texto constitucional.




14. Que, de acuerdo con lo expuesto, lo afirmado por la alzada en cuanto a que la finalidad perseguida en la presente acción no se compadece con el texto constitucional, se aparta de las constancias de la causa. Ello es así en la medida en que la presentación inicial -entre otras peticiones incluía la de obtener la información existente en registros o bancos de datos públicos que permite al recurrente establecer el fallecimiento de la persona desaparecida y, en su caso, conocer el destino de sus restos, es decir, acceder a datos cuyo conocimiento hace el objeto de la garantía de que se trata.




15. Que en las condiciones expuestas corresponde reconocer al apelante el derecho a la información objetiva requerida, para lo cual deberá disponerse el libramiento de los oficios necesarios a fin de que los organismos requeridos den cuenta de si en sus registros obra constancia del fallecimiento de Benito Jorge Urteaga y, en su caso, la localización de sus restos.




Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia con el alcance señalado en el último considerando. Notifíquese y oportunamente devuélvase. - Julio S. Nazareno. - Eduardo Moliné OConnor. - Carlos S. Fayt (por su voto). - Augusto César Belluscio (por su voto). - Enrique Santiago Petracchi (por su voto). - Antonio Boggiano (por su voto). - Guillermo A. F. López (por su voto). - Gustavo A. Bossert (por su voto). - Adolfo Roberto Vázquez (por su voto).




VOTO DE LOS SEñORES MINISTROS DOCTORES AUGUSTO CéSAR BELLUSCIO Y GUILLERMO A. F. LóPEZ. - Considerando: 1º Que la sentencia de la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución de primera instancia que había rechazado in limine la acción deducida por Facundo Raúl Urteaga con el objeto de obtener datos relativos a su hermano Benito Jorge Urteaga. Contra ese pronunciamiento, el actor interpuso el recurso extraordinario federal, que fue concedido.




2º Que el a quo estimó que la finalidad de la demanda no se compadecía con la regulación del instituto en el texto constitucional, que tutelaba a los individuos frente a la información falsa e incompleta a fin de que pudiesen exigir su supresión, rectificación o confidencialidad. Por lo demás, el actor carecía de legitimación activa puesto que los datos que pretendía recabar no se referían a su persona y, según el texto constitucional, sólo el afectado estaba habilitado para el ejercicio del amparo informativo.




3º Que el recurrente exige una adecuada interpretación de la garantía contemplada en el art. 43 de la Constitución Nacional. Aduce que la Cámara desvirtúa el hábeas data, al soslayar que se trata de una especie del género amparo, que persigue no sólo rectificar una falsedad en la información registrada sino permitir el acceso a esos registros, lo cual comporta la obligación del Estado de proporcionar los datos que tuviese sobre una persona. Estima, asimismo, que una inteligencia restrictiva respecto de la legitimación transgrede el criterio de amplitud que primó en la Convención Constituyente y que quedó plasmado en el texto definitivo.




4º Que el recurso extraordinario resulta formalmente procedente pues se encuentra en tela de juicio la interpretación de la garantía consagrada en el art. 43 de la Constitución Nacional, y el alcance que se le ha asignado ha sido contrario a los derechos que el recurrente fundó en dicha cláusula (art. 14, inc. 3º, ley 48).




5º Que la pretensión del actor -que dirige contra el Estado Nacional, el Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires es obtener datos relativos al destino de su hermano Benito Jorge -que había sucedido con él, cuál había sido su destino, dónde se encontraban sus restos, supuestamente abatido en julio de 1976, según noticias periodísticas que habrían informado sobre un episodio violento. Es decir que lo que se reclama no es la liberación de un familiar, sino tener acceso a los datos obrantes en los registros estatales, militares o civiles, de donde pudiera resultar el destino de su hermano desaparecido durante las luctuosas circunstancias que vivió de persecución penal contra sujetos concretos, sino de una demanda contenciosoadministrativa, que el actor denomina amparo de hábeas data, destinada a provocar un pronunciamiento de los organismos oficiales demandados, esto es, el cese de una conducta omisiva que, a juicio del actor, menoscaba sus derechos constitucionales.




6º Que el planteo del actor no guarda relación con la garantía protegida mediante el hábeas data, instituto que tutela la identidad personal y garantiza al interesado conocer, acceder a la finalidad y, eventualmente, rectificar o lograr confidencialidad, de datos o informes falsos o discriminatorios. Se protege, pues, una dimensión del derecho a la intimidad, y debe interpretárselo coherentemente con la garantía consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, es decir, con el derecho que toda persona tiene a decidir por sí en qué medida compartirá con los demás sus sentimientos, pensamientos y los hechos de su vida personal (Fallos, 306:1893). No obstante, el nomen juris utilizado por el demandante no ata al juez, quien debe analizar los hechos descriptos, la pretensión deducida, y juzgar aplicando el principio iura novit curia.




7º Que en este orden de ideas, no corresponde la apreciación de la acción deducida en el sub lite en el marco jurídico del específico amparo informativo, sino en el del amparo en general, que fue consagrado en la Constitución Nacional tras una larga vigencia jurisprudencial y legal, para la protección rápida y eficaz de todos los derechos constitucionales, a los que se ha agregado la tutela de derechos y garantías reconocidos en los tratados o en las leyes.




8º Que el amparo procede contra toda omisión de autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías protegidas. En este orden de ideas, el actor es titular del derecho de esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte de su hermano, con quien lo une un vínculo parental sancionado legalmente, que integra su estado de familia y constituye un atributo de su personalidad cuya tutela se desprende del art. 33 de la Constitución Nacional, y, en su caso, el destino dado a su cadáver.




9º Que el art. 33, inc. 1º, del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I, aprobado por ley 23.379 [EDLA, 1987-a62]) dispone que respecto a los desaparecidos tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde el fin de las hostilidades activas, cada parte en conflicto buscará las personas cuya desaparición haya señalado una parte adversa. A fin de facilitar tal búsqueda, esa Parte adversa comunicará todas las informaciones pertinentes sobre las personas de que se trate. Dentro de ese ámbito, el inc. 2º, b, de dicho artículo dispone que cada parte deberá en toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario, efectuar la búsqueda y el registro de la información relativa a tales personas si hubieran fallecido en otras circunstancias como consecuencia de las hostilidades o de la ocupación.




En similar sentido, el art. 17, primer párr., del Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos en las Fuerzas Armadas en campaña dispone, para supuestos de guerra declarada, que las Partes en conflicto velarán por que la inhumación o la incineración de los cadáveres, hecha individualmente en toda la medida que las circunstancias lo permitan, vaya precedida de un atento examen y, si es posible, médico de los cuerpos, a fin de comprobar la muerte, establecer la identidad y poder dar cuenta al respecto.




En este contexto internacional y en opinión de la Corte Internacional de Justicia, los Convenios de Ginebra de 1949 tienen tanto un carácter consuetudinario como convencional ya que en gran medida expresan los principios generales básicos del derecho internacional humanitario (C.I.J., Affaire des activitiés militaires el paramilitaires au Nicaragua, Reports 1986, parág. 218) y, junto con los protocolos adicionales de 1977 que los complementan, constituyen el reflejo del máximo desarrollo progresivo experimentado por el derecho humanitario en el ámbito internacional convencional (conf. Draper, Orígenes y aparición del Derecho Humanitario, en Las Dimensiones Internacionales del Derecho Humanitario págs. 81/93, Instituto Henry Dunat, Unesco, Tecnos, 1990).




10. Que si ello es así en el ámbito de los conflictos armados internacionales, ninguna razón existe para que iguales criterios dejen de aplicarse en los enfrentamientos armados de cualquier índole que puedan producirse en el orden interno de los países, ya que las obligaciones reseñadas constituyen la consagración de principios generales del derecho que no tienen por qué quedar limitadas al derecho internacional. Por tanto, la acción de amparo resulta la vía idónea para obtener la información que pueda resultar de la observancia de los indicados preceptos.




11. Que no resulta óbice a las precedentes consideraciones el hecho de que el art. 43, cuarto párr. de la Constitución Nacional, contemple la acción de hábeas corpus en los supuestos de desaparición forzada de personas. En efecto, habida cuenta del tiempo transcurrido desde que no se tienen noticias de Benito Jorge Urteaga, no es razonable imponer al actor la obligación de reclamar la protección de la libertad física del desaparecido, pues ello conduciría a la frustración de su derecho a conocer la verdad de los hechos, en la medida en que pueda constar en registros o bancos de datos públicos.




12. Que, cabe señalar que la pretensión del actor -en la medida en que aquí se concede es admisible, cualquiera que sea el nomen iuris adoptado para ser concedido, sin perjuicio de las consideraciones que, en respaldo de una de la vías posibles, se formulan en la presente decisión.




13. Que en las condiciones expuestas corresponde reconocer al apelante el derecho a la información objetiva requerida, para lo cual deberá disponerse el libramiento de los oficios necesarios a fin de que los organismos requeridos den cuenta de si en sus registros obra constancia del fallecimiento de Benito Jorge Urteaga y, en su caso, la localización de sus restos.




Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y ser revoca la sentencia apelada con el alcance señalado en el último considerando. Notifíquese y, oportunamente, de vuélvase. - Augusto César Belluscio. - Guillermo A. F. López.




VOTO DEL SEñOR MINISTRO DOCTOR CARLOS S. FAYT. - Considerando: 1º Que contra la sentencia dictada por la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la de primera instancia que había rechazado in limine la acción de amparo de hábeas data deducida por el actor, este articuló el recurso extraordinario, que fue concedido.




2º Que Facundo Raúl Urteaga dedujo acción de amparo de hábeas data contra el Estado Nacional y/o Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y/o el Gobierno de la Provincia de Buenos aires, con el objeto de obtener datos relativos a su hermano. Benito Jorge Urteaga, supuestamente abatido -según publicaciones periodísticas de la época, el 19 de julio de 1976; de conocer cuál había sido su destino; qué había sucedido con él; dónde se encontraban sus restos y, si se confirmaba que había sido asesinado, quiénes habían sido los responsables de esta decisión y qué grado de responsabilidad le correspondía al Estado (fs. 2/4).




3º Que el juez de primera instancia rechazó in limine la pretensión. Examinó el contenido del texto constitucional -art. 43, párrs. 3º y 4º- y concluyó que la acción de hábeas data sólo podía ser interpuesta por la persona a quien se refieren los datos que consten en los registros públicos o privados, y se encontraba concretamente dirigida a lograr su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización. Destacó que la vía apta para el caso era la prevista en la última parte -4º párr.- de la norma citada, es decir, el hábeas corpus, pues aparte de que puede ser interpuesta por cualquier persona a favor del afectado (posibilidad que no existe en el marco del hábeas data) se encuentra específicamente establecida para el caso de desaparición forzada de personas (fs. 31/32).

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