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Universidad, mercantilización y reforma curricular


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Universidad, mercantilización y reforma curricular.

Carlos Contreras Guala

Profesor Asistente

Universidad de Chile y Universidad de Valparaíso

Podríamos comenzar diciendo, siguiendo en esto a Emile Benveniste, que la palabra latina negotium es un calco de la griega askholia, y así como negotium es la negación del ocio, negotium será también la negación de la skholé. Tal vez también podríamos decir entonces que el negocio es la negación de la escuela. Pero debo declararme incompetente para realizar tal equivalencia.

También resultaría interesante destacar que Benveniste afirma que el tráfico comercial ligado a merx, la palabra latina que designa la mercadería, “n’est pas le fait de citoyens, mais généralement d’hommes de condition inférieure qui souvent ne sont même pas des hommes du pays, mais des étrangers, des affranchis, spécialisés dans cette activité”1.

Desde luego, no se trata de exaltar la existencia de un carácter inferior de las actividades mercantiles, sin embargo, no deja de ser digno de ser pensado que el mercado, las actividades mercantiles, no tienen nada que hacer con el ámbito de los ciudadanos. Por lo demás, este pequeño rodeo me habrá permitido introducir algunos nombres que rondarán obstinadamente esta intervención: el negocio, la escuela, la competencia.
En lo que sigue me referiré a la actual situación de las universidades chilenas, en especial, de la Universidad de Chile y su Departamento de Filosofía.

Muchos coinciden en afirmar que la filosofía en Latinoamérica ha sido un quehacer institucional e intrauniversitario. En este sentido, Arturo Roig afirmaba que en América Latina ha habido una relación estrecha entre la filosofía, la universidad y el Estado2. En el caso de Chile, las primeras universidades fueron fundadas en el siglo XVII por órdenes religiosas. Luego, en el siglo siguiente, se extinguieron y fueron reemplazadas por la Universidad Real de San Felipe de la cual a su vez, en 1842, surgió la universidad republicana, la Universidad de Chile. Esta respondía a las nuevas necesidades de la recién creada nación. Desde el momento de su fundación la Universidad de Chile ha estado vinculada al Estado y a los intereses de la nación.

Es por esto que se puede pensar que si cierta ideología intenta minimizar el rol del Estado, esto implicará una minimización de la universidad y de la filosofía. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Chile a partir de la década de 1980: Minimizar el Estado y expandir el poder de lo privado y del mercado.
En Chile se incentivó la expansión de la oferta privada de educación superior pues hubo un incremento de la demanda motivada por diversos fenómenos sociales. Durante los años ochenta se trató de un cambio radical en el contexto de una dictadura militar violenta y de larga duración. Sin embargo, luego tomaría “la forma de un modelo modernizador de la educación superior compatible con regímenes democráticos”3.

Antes de este cambio, “el sector privado y público formaban un conjunto tradicionalmente homogéneo. El Estado chileno financiaba por igual a instituciones públicas y privadas; ambas cumplían funciones muy semejantes y solo se diferenciaban en su forma de administración. Ocho universidades, dos de ellas públicas, y sus sucursales en distintas ciudades, constituían un sistema de educación superior relativamente homogéneo e integrado. A partir del golpe de 1973, las universidades soportaron depuraciones políticas e ideológicas de gran magnitud – además de un fuerte descenso en los recursos aportados por el Estado – sin que sus estructuras cambiaran significativamente hasta 1980”4.

El 30 de diciembre de ese año se dicta la Ley General de Universidades que otorga facultades al presidente para la reestructuración de las universidades y además, se reduce gradualmente el financiamiento. Se termina con la gratuidad y se otorga crédito financiero a los estudiantes. Esta ley sufrió una serie de modificaciones, pero puede decirse que los gobiernos democráticos posteriores han mantenido y administrado el modelo impuesto durante la dictadura militar.
Durante este último tiempo, la Universidad de Chile ha propuesto al país y a los distintos candidatos a la presidencia un “Nuevo Trato”5 entre las universidades estatales y el Estado chileno. Este Nuevo Trato consiste en una serie de compromisos:
I. Por parte de las universidades:


  • Calidad con equidad.

  • Apoyo al Estado en cuanto a conocimiento e innovación.

  • Proveer opciones de educación superior para todos.

  • Constituirse como modelo de institución pública.

  • Crear y mantener espacios públicos.

II. Por parte de la sociedad:




  • Modificar la política de autofinanciamiento y crear un financiamiento de al menos un 50% del actual presupuesto de cada universidad.

  • Legislar para dotar un marco legal adecuado al desarrollo necesario en un medio globalizado.

III. Por parte de las universidades y del Estado: dar cuenta pública y transparente del cumplimiento de este nuevo trato.


IV. Elaboración de convenios entre el Estado y las universidades en que se establecen los programas específicos para el desarrollo de cada universidad, los derechos y deberes, las metas y los plazos específicos.
Notable iniciativa, sin embargo, existe aun cierta ambigüedad en los discursos rectorales: por una parte, se pide mayor financiamiento estatal y se enfatiza el carácter público de la institución; pero, por otra parte, hay una exigencia de plegarse a los diagnósticos o interpretaciones que hablan de una sociedad del conocimiento, de la competitividad, de la evaluación, etc. Sin embargo, por el momento este Nuevo Trato es un documento de trabajo y de discusión.

En cuanto al Departamento de Filosofía, desde el 2007 se ha comenzado un lento proceso de innovación curricular de los estudios de pregrado. Se ha impuesto un enfoque basado en competencias. Con el tiempo nos hemos enterado de la fuerte presión para implantar el modelo Tuning exportado desde aquí, desde Europa, a América Latina. Un modelo que impone una interpretación acerca de la sociedad globalizada económicamente, extremadamente competitiva, y que trae consecuencias para la educación. La competitividad mercantil se ha instalado en los discursos y en los modos de actuar universitarios. Sin embargo, en nuestro caso, esta instalación data, como ya hemos dicho, desde inicios de los años ochenta.


Las reformas suenan seductoras y necesarias, sin embargo, en el caso chileno, habría que sumar a esa seducción, todo un largo trabajo de desprestigio y abandono de la universidad estatal (desfinanciamiento, privatización, fomento del autofinanciamiento). Además, hay que añadir el hecho de la desinformación y la apatía, por parte de los académicos y de los estudiantes, por enterarse de lo que está pasando, de conocer la procedencia de estas directrices. Se intenta responder a las indicaciones muy vagas y ambiguas que envían las autoridades, pero se actúa con el mínimo esfuerzo. A veces con la indolencia de quien se siente molesto porque lo alejan de su verdadera labor como académico. Los estudiantes generalmente piensan y actúan como clientes, como consumidores. Por su parte, los profesores actuamos generalmente como empleados resguardando nuestros puestos de trabajo y sometiéndonos por ende a la autoridad.

Los peligros que acarrean estas reformas a la filosofía son por lo menos de dos índoles. Por una parte, el intento de profesionalización y rentabilización, a través de la inserción de las competencias. Por otra parte, como ha sucedido un poco en Chile y está sucediendo en México, también está el peligro inminente de hacer desaparecer la filosofía, o cuando menos de difuminarla en cursos transversales en los que la filosofía pierde el nombre debido a su supuesta ubicuidad.


Por último, quisiera a modo de homenaje, recordar la entereza y lucidez de Jorge Millas, filósofo chileno exonerado, reintegrado, pero que finalmente renunció a la universidad en junio de 1981 para fallecer al año siguiente. Millas denunció los atropellos procedentes de la intervención militar en las universidades y también vio con claridad los peligros inherentes a la imposición de criterios economicistas en la vida universitaria por sobre los criterios estrictamente académicos. Solo mencionaré una muy pertinente distinción que puede ser clarificadora en el momento presente. En la recopilación de artículos y conferencias titulada Idea y defensa de la universidad, fechada en febrero del año 1981, nos advierte sobre los peligros de confundir “la emulación verdadera con la competencia de los mercados” (p. 12).

La emulación es, según el Littré, un « sentiment généreux qui excite à égaler, à surpasser quelqu’un en talents, en mérite. Quelque rapport qu’il paraisse de la jalousie à l’émulation, il y a entre elles le même éloignement que celui qui se trouve entre le vice et la vertu » (Littré, p. 2027-2028). Por su parte, la competencia tiene el sentido de rivalidad con la idea accesoria de violencia o de hostilidad (Ernout-Meillet, 4ª edición, p. 503). Es una sugerente veta a seguir para tomar distancia del discurso mercantilista imperante: emulación versus competencia.





1 Emile Benveniste, Le vocabulaire des intitutions indo-européennes, I, p. 141.

2 Arturo Roig, La Universidad hacia la Democracia, Ediunc, Mendoza, 1998, p. 269 y sgtes.

3 Jorge Balán y Ana Mª García de Fanelli, “El sector privado de la educación superior”, en Rollin Kent, Los temas críticos de la educación superior en América Latina, FCE, México, 1997, II, p. 13-14.

4 Id, p. 15.

5 Víctor Pérez Vera, Rector Universidad de Chile, Nuevo trato con el Estado. Hacia una política para las universidades estatales, Documento de Trabajo, Universidad de Chile, enero de 2009. En internet se puede encontrar este texto y otros relacionados: < http://www.nuevotrato.uchile.cl/ >





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