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Unica 15610 Lucas Gnecco Cerchar Proceso No 15610 corte suprema de justicia sala de casacion penal


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Unica 15610

Lucas Gnecco Cerchar


Proceso No 15610
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado ponente:

Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL

Aprobado acta No. 87.

Bogotá D.C., primero (1º) de agosto de dos mil dos (2002).

Se resuelve sobre la solicitud de libertad condicional presentada por el defensor del condenado LUCAS SEGUNDO GNECCO CERCHAR, de conformidad con el artículo 64 del código penal.


ANTECEDENTES

1. Por sentencia proferida el veintiséis (26) de octubre de dos mil (2000), esta Corporación condenó a LUCAS SEGUNDO GNECCO CERCHAR a las penas principales de cuarenta y dos (42) meses de prisión y multa en cuantía de dieciséis (16) salarios mínimos legales, al encontrarlo penalmente responsable del delito de constreñimiento al elector.


Declaró asimismo, entre otras decisiones, que de conformidad con las previsiones del artículo 68 del anterior código penal, el sentenciado no tenía derecho a la condena de ejecución condicional y, en consecuencia, ordenó la suspensión en el ejercicio del cargo de Gobernador del departamento del Cesar; verificada ésta, la captura en orden a la efectividad de la sanción.
2. Por resolución No. 3989 de octubre 31 de 2001, el Director del INPEC asignó como centro de reclusión para el condenado las “CASAS FISCALES ANEXAS A LA PENITENCIARIA CENTRAL DE COLOMBIA”, empero, esta determinación fue modificada a través de la resolución 4338 de noviembre 21 siguiente, en el sentido de fijar como centro de reclusión las instalaciones del Batallón de artillería No. 2 “La Popa” en Valledupar, por lo que una vez decretada la suspensión del cargo, el sentenciado se entregó voluntariamente en ese lugar el día 12 de diciembre de 2000, según informe del C.T.I.F. (fls. 79 a 81).
3. En esta oportunidad su defensor demanda el otorgamiento de la libertad condicional, aduciendo que GNECCO CERCHAR reúne los requisitos del artículo 64 del código penal.
Advierte que este beneficio no puede negarse con base en los antecedentes y circunstancias tenidos en cuenta para la dosificación de la pena, por lo que atendiendo las certificaciones expedidas por el centro de reclusión -que adjunta-, considera que el condenado tiene derecho a la libertad, en tanto ha mantenido buen comportamiento y desarrollado en forma satisfactoria el trabajo comunitario, demostrando interés y preocupación en su resocialización.
Aunado a lo anterior, pone de presente el momento difícil que atraviesa la familia por el secuestro de un hijo mayor. y la privación de la libertad del padre.
La solicitud aparece acompañada de los siguientes documentos: certificado de trabajo de julio 11 de 2002 expedido por el director de la Cárcel nacional de Valledupar (fl. 176); concepto y acta de notificación del Consejo de evaluación y tratamiento que lo califica en fase de mínima seguridad (fl. 177 y 178); calificación de la Junta de evaluación de trabajo sobre la labor realizada (fl. 179); certificado de calificación de conducta durante el período comprendido entre el 11 de febrero y el 10 de julio de 2002 (fl. 180); y constancia expedida por el Comandante del batallón de artillería No. 2 “La Popa” sobre la conducta observada en las instalaciones de la unidad táctica (fl. 181).
4. A iniciativa de la Sala, la Procuraduría general de la nación remitió copia de la actuación disciplinaria adelantada contra los Tenientes coroneles GERMAN GIRALDO RESTREPO y EDUARDO SANMIGUEL PEÑA, y el Mayor CARLOS HUMBERTO BEDOYA OSPINA por irregularidades cometidas en la aplicación del régimen penitenciario y carcelario al condenado GNECCO CERCHAR, al “gozar de permisos ilegales y prerrogativas prohibidas en su sitio de reclusión” (fl. 186), de la cual se establece que la Procuradora delegada para las fuerzas militares inició formalmente investigación disciplinaria contra los mencionados militares en su condición de comandantes del citado batallón (fl. 256).

CONSIDERACIONES DE LA SALA
El artículo 72 del anterior código penal sujetaba la procedencia de la libertad condicional a un factor objetivo, que hacía relación a la duración de la pena impuesta (arresto mayor de tres años, y prisión mayor de dos) y al cumplimiento de una parte de ella (dos terceras partes), y también a otro de orden subjetivo que se traducía en las expresiones “siempre que su personalidad, su buena conducta en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan suponer su readaptación social”.
La ley 599 de 2000, sin embargo, introdujo sustanciales modificaciones de este mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, tornando más flexibles los requisitos para que el reo pueda acceder a la libertad condicional; así, aunque limita el beneficio para condenados a pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años, de una parte restringe el lapso de purgamiento efectivo de la libertad a las tres quintas (3/5) partes de la condena; y, de otra, únicamente autoriza al juzgador valorar la conducta observada por el interno durante el tiempo de reclusión en orden a que pueda deducir que no es menester continuar con la ejecución de la pena, prohibiéndole expresamente que pueda negar el beneficio con fundamento en las circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena (artículo 64).
De modo que, frente a la nueva legislación, se impone verificar por la Sala si el condenado LUCAS SEGUNDO GNECCO CERCHAR cumple a satisfacción con los anteriores requisitos, sin que para el efecto pueda tener en cuenta otros factores que tienen que ver con su vida social y privada, como al parecer pretende el defensor al aludir a la situación por la que atraviesa su familia, y en especial al secuestro de uno de sus hijos.
El exgobernador GNECCO CERCHAR ha permanecido en privación de la libertad un lapso de diecinueve (19) meses y veinte (20) días.
Por trabajo realizado en actividades comunitarias (extramuros), en el período comprendido entre los meses de mayo de 2001 y julio 10 de 2002, el Director de la cárcel nacional del distrito judicial de Valledupar certificó el 11 de julio de este año un total de 2.824 horas, equivalentes a 353 días.
El artículo 101 de la ley 65 de 1993 condiciona la rebaja de pena al concepto que debe rendir la junta de evaluación sobre la labor realizada, para lo cual expresamente señala que con esa finalidad se tendrá en cuenta, entre otros factores, la conducta observada por el interno, que de ser negativa impedirá acceder al beneficio.
En el caso del sentenciado, tal concepto fue emitido el 28 de junio de 2002 por la Junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza de la Cárcel del distrito judicial de Valledupar, calificando de satisfactorias las diversas actividades desarrolladas, lo cual debería conducir en principio al reconocimiento de la rebaja.
No obstante lo anterior, en dicha evaluación que corresponde al tiempo laborado entre mayo de 2001 y junio de 2002 (fl. 179), se afirma que se tuvo en cuenta para ello, entre otros documentos, las distintas actas de disciplina, pero en el expediente únicamente aparece el certificado que califica la conducta del interno en el período comprendido entre el 11 de febrero y el 10 de julio de la anualidad que transcurre (fl. 180), desconociéndose a qué otras actas se refieren los integrantes de la Junta de evaluación, las cuales no pueden ser suplidas por constancias de buena conducta de los distintos comandantes que ha tenido el Batallón de artillería No. 2 “La Popa”, pues es competencia exclusiva del consejo de disciplina o, en su defecto, del director del establecimiento carcelario certificar al respecto (artículo 480 del código de procedimiento penal), aparte que en este caso la conducta de los oficiales está siendo investigada por la Procuraduría general de la nación, según los documentos aportados “por cohonestar los irregulares actos protagonizados por el sentenciado” (fl. 255).
En esa medida, la Sala desconoce si la Junta de evaluación realizó un verdadero seguimiento a la conducta observada en el establecimiento carcelario por el sentenciado con anterioridad al 11 de febrero de 2002, pues, se reitera, no existe dentro del expediente actas del consejo de disciplina distintas de la que aporta la defensa (fl. 180).
De modo que, antes de adoptar cualquier determinación sobre la redención de pena por trabajo, la Sala considera necesario que se clarifique este punto, en tanto que el artículo 101 citado, como se dijo, condiciona la rebaja a que se acredite la buena conducta del condenado.
No desconoce la Sala que en este momento encuentran respaldo probatorio en orden a la rebaja de pena las horas de trabajo certificadas con posterioridad al 11 de febrero de este año, pues la conducta de GNECCO CERCHAR durante este último lapso de tiempo ha sido calificada de buena; empero, aún declarando que redimió por trabajo el tiempo que corresponde a dicho período, no alcanzaría a las tres quintas (3/5) partes de la pena impuesta, que en este caso equivalen a veinticinco (25) meses y seis (6) días.
En tales condiciones, no hay lugar a conceder la rebaja de pena solicitada hasta que se clarifique la situación relativa al punto que se viene en comentar, para lo cual dispondrá oficiar a la Junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza de la Cárcel de Valledupar, a la que se remitirá copia de esta providencia.
De modo que, si no aparece demostrado por el momento dentro del expediente que el condenado ha cumplido las tres quintas partes de la condena impuesta, se negará la libertad condicional, sin que para ello resulte necesario adentrarse en consideraciones relativas a la satisfacción del requisito subjetivo que exige el artículo 64 del código penal.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,

RESUELVE:
1. Negar la libertad condicional al sentenciado LUCAS SEGUNDO GNECCO CERCHAR, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
2. Por Secretaría de la Sala se oficiará a la Junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza de la Cárcel del distrito judicial de Valledupar, en el sentido señalado en las consideraciones de esta providencia adjuntándole copia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

ALVARO O. PEREZ PINZON

FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CORDOBA POVEDA

HERMAN GALAN CASTELLANOS CARLOS A. GALVEZ ARGOTE

JORGE A. GOMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO

Impedido


CARLOS E. MEJIA ESCOBAR NILSON E. PINILLA PINILLA

TERESA RUIZ NUÑEZ

Secretaria





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