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Una mirada retrospectiva: los errores evitables de nuestro siglo XX carlos seco serrano


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Una mirada retrospectiva:

los errores evitables de nuestro siglo XX

CARLOS SECO SERRANO*


Lin duda, la estrofa más repetida —más divulgada— de las célebres Coplas de Jorge Manrique —cumbre, a mi parecer, de la poesía castellana de todos los tiempos— es la que reza: “Cuán presto se va el placer, / cómo, después de acordado / da dolor; / cómo, a nuestro parecer, / cualquiera tiempo pasado / fue mejor…”
La observación de Jorge Manrique encierra una gran verdad. Ahora bien: no es que al volver la vista atrás pensemos que cualquier circunstancia histórica vivida en el pasado fue mejor que la presente: lo que añoramos como mejor —e irrecuperable— es nuestro propio tiempo vital, el nivel de nuestra propia vida —niñez, adolescencia, juventud…— situado en momentos sucesivos del pasado histórico. Porque el “cualquiera tiempo pasado” no niega que ese tiempo pudo ser, y de hecho fue en muchos casos, un tiempo histórico peor, o mucho peor que el actual: lo que ocurre es que lo vivimos con una carga de ímpetus, de ilusiones, de sueños (liberadores quizá de la realidad que nos envolvía, por muy ingrata que ésta fuera), que justifican nuestra nostalgia. Una confusión en este sentido, entre tiempo vital y tiempo histórico, puede ser, y de hecho es, uno de los riesgos que corre siempre la objetividad necesaria al historiador de la época contemporánea.
Pero hay otro riesgo, exactamente contrapuesto al anterior. Decía el historiador Marichal que la historia española moderna (contemporánea) ha sido habitualmente “maltratada por sus propios moradores, que parecen limpiarse de culpas al practicar, dolorida y cotidianamente, la autodifamación nacional”. Y a esta afirmación replicaba mi maestro, Jesús Pabón, en el prólogo al segundo tomo de su famoso libro Cambó:
“Pienso que el morador de la España contemporánea nunca fue humilde o sobrio al hablar de su situación, de la suya, de aquella a la que se sintió vinculado. Muy al contrario: respecto a su situación fue exagerado, ditirámbico, triunfalista. Precisamente en su situación España había conocido la plenitud de los tiempos y los españoles alcanzaron la tierra prometida. Para la demostración, el español contemporáneo había comenzado por una condenación de la situación anterior, por una difamación del pasado inmediato. El mecanismo dialéctico era de una simplicidad maniquea: todos los bienes estaban en la situación actual, puesto que todos los males se dieron en la precedente. Y claro está: los autoelogios de cada situación dejaban escasa huella, borrada por la condenación de la sucesora. Y la autodifamación nacional, española y contemporánea, era el resultado de una serie de difamaciones sucesivas del pasado inmediato. Los males políticos resultantes fueron inmensos. Estuvieron siempre en peligro la continuidad y la solidaridad mínimas y vitales, esenciales para un país y para un Estado. Los males resultantes para nuestra Historia no fueron, en otro orden, menores. Claro está que la historiografía de cada situación —en muy amplio sentido— correspondía inmediatamente a la siguiente, que recogía cuanto de malo se había dicho de la anterior, y que formaba parte de la difamación. Y al cabo, la Historia Contemporánea de España resultó, en conjunto, condenada, y quedó para la generalidad como simple período de contraste con las grandezas pasadas y con las esperanzas en el futuro”.
La visión desoladora de Pabón era ciertísima. Él escribía hacia 1950. Mirando hacia atrás —hacia las situaciones políticas y sus correspondientes secuencias historiográficas— podía contemplar, a partir del remanso de la Restauración canovista, la reacción condenatoria de los hombres del 98; la de la dictadura primorriverista contra el parlamentarismo alfonsino; la de la II República contra todo el ciclo de la Restauración; la del franquismo contra la República, contra la monarquía parlamentaria, contra la Ilustración dieciochesca…
Estamos iniciando centuria y milenio. Desde esta España de entresiglos en que nos hallamos instalados, y renunciando —de entrada— a triunfalismos respecto a nuestro presente, la intención de mis reflexiones de hoy apuntan, simplemente, a desbrozar nuestro futuro poniendo en guardia contra los aspectos negativos del pasado más próximo —el del siglo XX—. Procurando apoyar nuestra objetividad en un empeño muy simple: Cada hombre —como cada parcialidad ideológica, o política, tiene su razón—. En las contiendas, o en las confrontaciones de ese carácter, cada parcialidad, cada antagonista, pretende convertir su razón en la razón. En mi caso, esta noche, en cuanto historiador, me propongo asentar una razón objetiva capaz de discernir lo que en un tiempo por mí vivido fueron sinrazones, al derivar las razones parciales hacia una confrontación cainita: hacia la guerra civil.
Partiré, pues, de una primera convicción, que estimo como una realidad objetivamente irrecusable: el peor de los males que históricamente pueden sobrevenir a una nación, es la guerra civil; y la guerra civil es el acontecimiento de mayor trascendencia de nuestro siglo XX. En cierta ocasión, y durante la visita que, ya apartado definitivamente del Poder y convertido él mismo en historia viva, realizó el general De Gaulle a nuestro país, hizo esta declaración —que le sugería la impresionante visión de Toledo, dominado por el alcázar, desde el cigarral de Marañón—: “Una guerra civil no la inventa nadie. Es un torrente salvaje que todo lo destruye, hasta la dignidad y el valor del hombre, e incluso su patriotismo. Todas las guerras son malas porque simbolizan el fracaso de toda política. Pero las guerras civiles en que en ambas trincheras hay hermanos, son imperdonables, porque la paz no nace cuando la guerra termina”. Gran verdad. La experiencia de la guerra civil española —caso único en la Europa del siglo XX, si exceptuamos la provocada en Rusia por la revolución bolchevique, es, como acabo de advertir, el hecho más definidor de nuestra pasada centuria; y, en efecto, concluida en 1939, siguió gravitando, siguió viva, bajo el famoso slogan de “España y anti-España”, durante los cuarenta años siguientes. Como Julián Marías ha recordado en su excelente libro Cinco años de España (1981):
“Un elevadísimo número de españoles tuvieron que abandonar el país; entre ellos se encontraban no pocos de los más eminentes. Cientos de miles pasaron por las prisiones más o menos tiempo —el suficiente para dejarlos heridos y, en muchos casos, llenos de perpetuo rencor; bastantes militares fueron ejecutados en condiciones jurídicamente atroces, y en muchos casos por delitos que, aun siendo ciertos, hacían monstruosa la sentencia. Se estableció —y en principio, para siempre— una distinción entre dos clases de españoles: los afectos y los desafectos, los que tenían, más que derechos, privilegios, y los que carecían de ambas cosas. Esto condujo a la perpetuación del espíritu de guerra decenios después de terminada. A esto ayudó sin duda la continuidad de la guerra española en la mundial, el establecimiento de paralelismos falsos, pero no por ello menos perturbadores. Se produjo una fijación de las posturas, una especie de congelación, en virtud de la cual muchos decidieron vivir de las rentas de la guerra. Entre los vencedores esto podía tener un sentido literal, pero entre los vencidos se dio la misma actitud: una incapacidad de cambiar, de enterarse de lo que pasaba, de mirar hacia delante, de vivir el tiempo real. La actitud de los mal llamados años ha hecho que muchos españoles en la emigración o, lo que es peor, en España, vivan cuatro decenios escasos como si no vivieran, como si aquel tiempo —el de sus vidas— no mereciera llamarse así”.

Hasta aquí, Marías. Partimos, pues, de esta verdad irrecusable: el gran mal, el gran error, el gran pecado del siglo que hemos dejado atrás, fue la guerra civil. Me apresuro a adelantar otra verdad: de la guerra civil, todos los españoles que la vivieron en plenitud vital fueron, en cierto modo, responsables: por acción o por omisión. De la trascendencia de este terrible acontecimiento —de este terrible desgarramiento— ya hemos dado cuenta. Lo que nos interesa —lo que me interesa a mí, en este acto— es precisar: ¿qué es lo que llevó, o cuáles fueron los errores que llevaron hasta ella?


Partiré de una primera aproximación al problema, también de acuerdo con observaciones más de una vez emitidas por Marías: la creciente caída en la desmesura (oponiendo desmesura a mesura, y entendida ésta como moderación, como medida, como prudencia, fundadas en el conocimiento de la realidad, en la exactitud). Esa desmesura tiene su punto de arranque en el gran examen de conciencia nacional abierto por la crisis de 1898. Pero su antecedente inmediato se sitúa, a mediados de siglo, en el enfrentamiento entre integristas y progresistas. Laín Entralgo analizó luminosamente este enfrentamiento al estudiar la polémica sobre la ciencia española. “El progresista y el reaccionario —concluía Laín— viven en perpetua deficiencia histórica, aunque por contrapuesto modo. Ambos tienen sus pies en el presente: ello es ineludible; pero el corazón del uno vive en la desazón de la espera, y el del otro en la retrospectiva amargura de la nostalgia”. Fatalmente, ambos bandos —ambas posiciones— se deslizan hacia una actitud maniquea: una actitud que aboca a la guerra civil. Y, en efecto, sigue diciendo Laín: “Si el riesgo intelectual de la reacción política es el tradicionalismo filosófico, su peligro en la ética y en la acción está en el maniqueísmo… Si uno llama error total a la cultura moderna, como Pidal hace, está en pocas líneas de considerarla mal total y, por tanto, a punto de convertir el mal en realidad histórica sustantiva, en maldad hecha carne, libro o institución”. Ahora bien, quien lucha convencido de su justicia, “propende fácilmente a ver en su enemigo no ya algo malo, lo cual es siempre obvio, aunque no siempre sea justo, sino pura y simplemente el Mal hecho enemigo”. “Tengo por cierto —lamentaba Laín— que esta tendencia se halla singularmente acusada en la bronca y porfiadora sangre ibérica. El español que de veras llega a creer en algo, sea en la verdad o en el error, tiende un poco a la consideración maniquea del enemigo. Antes descubrimos esta inclinación entre los progresistas españoles, el contraste con la frecuencia de un pelagianismo implícito en el liberalismo centroeuropeo: ahora la vemos en el alma de los reaccionarios, cuando se sitúa ante la cultura moderna”.
Las reflexiones de Pedro Laín —conviene recordarlo— se formulaban no muchos años después de la guerra civil; una guerra que de hecho no habían querido cerrar los vencedores, y que se mantenía intelectualmente viva mediante la contraposición de los términos “España” y “anti-España”. Máxima expresión de un maniqueísmo político e histórico que exaltaba precisamente la versión española de un integrismo puro y duro. Recuerdo que, todavía antes de acabar mi bachillerato, circulaba como máxima expresión de España en su historia, la antología de textos de Menéndez Pelayo enhebrada por Jorge Vigón: pero de textos en un parcialísimo don Marcelino, el de la Historia de los heterodoxos, el del famoso brindis del Retiro, el de la España “luz de Trento, espada de Roma, martillo de herejes”: un Menéndez Pelayo, en fin, muy alejado del que, ya en plena madurez, y abierto al espíritu moderno, había sido espejo de ecuanimidad en su obra definitiva, Historia de las ideas estéticas. Y no estará de más recordar que este mismo Jorge Vigón se había atrevido a exaltar en uno de sus libros, como una positiva peculiaridad de nuestra historia, la endémica guerra civil. Suyo, en efecto, es este texto, tan desafiador como escalofriante: “La guerra civil —es decir, la íntima discordia que desgarra el seno de las sociedades humanas— es el agente por excelencia del progreso. La historia de la civilización es sencillamente la historia de las guerras civiles… Y España tiene una historia elemental —tosca, pero viva— hermosa hasta la tragedia”.
Puede ser esta una expresión máxima de la desmesura a que antes aludí. Pero hasta llegar a ella, hubo un largo recorrido de desmesuras semejantes —y no salgo del plano estrictamente intelectual—, que, más o menos asimiladas por los sectores sociales capaces de leer y de pensar, y apoyadas en situaciones económicas tensas y conflictivas —pero no más que las vividas en los otros países europeos situados en nuestra área geográfica—, abocarían, a la larga, en la gran catástrofe. Tales son los errores evitables a que alude el título de mi conferencia. Daré muestras sucesivas de este repertorio de las desmesuras que, incitando a amplios sectores de opinión, provocaron y animaron la gran ruptura, el máximo error de nuestro siglo XX.
En el último tercio del XIX, la Restauración canovista había logrado crear un clima de convivencia, de transigencia civil —lo que yo he llamado, en su traducción política, un sistema centro, que partía de una afirmación justísima del propio Cánovas: “No existe la posibilidad de gobierno sin transacciones lícitas, justas, honradas e inteligentes”. La construcción del edificio político de la Restauración se basó, en efecto, en una gran transacción entre dos extremos contrapuestos: progresismo y tradición; los términos dialécticos del ciclo revolucionario liberal, superados en la síntesis canovista, a la que alguna vez he calificado como “una empresa política de paz”. El símbolo de esa gran transacción —de esa síntesis— podríamos hallarlo en la amistad que, por encima de sus diferencias políticas, se profesaron siempre Castelar —un nombre símbolo de la revolución de 1868, pero ya de vuelta de los radicalismos insensatos en que ésta había naufragado— y Cánovas —un hombre procedente de la derecha isabelina, pero liberal ante todo, e incompatible con la derivación autoritaria y despótica en que esa derecha había caído—. De las dos rectificaciones —la de la izquierda del 69, la del centro-derecha isabelino— se llegaría a la gran transacción a que acabo de aludir; pero la clave en que ésta pudo abrirse camino podemos hallarla, perfectamente definida, en una epístola de Castelar dirigida a Cánovas, y que nos da el modelo de un diálogo entre políticos, presidido por el respeto al adversario, y en el que prevalece la solidaridad humana sobre la divergencia ideológica. En la carta, fechada el 24 de abril de 1880, Castelar invita a Cánovas al acto de su recepción académica en la Española. Y dice así:
“Por muy desengañados que estemos de la vida, y por muchas espinas y flores que hayamos recogido en nuestro camino, estos solemnes actos nos obligan a volver la vista atrás y a recordar nuestra juventud, sobre todo ahora que los horizontes del porvenir se van oscureciendo, y ensanchándose el camino que nos conduce a la muerte. Y quisiera que la asistencia recordase a nuestra patria, tan necesitada de tolerancia, cómo nuestros disentimientos políticos y nuestra opuesta historia, no empecen a que nos apreciemos y nos queríamos mutuamente como nos queramos y nos apreciábamos en nuestros juveniles años, con una amistad que ha confirmado el tiempo y que ha salido ilesa de nuestros combates”.
Pues bien: de este clima basado en la tolerancia y en la transacción constructiva, se pasaría, a partir del 98, a una crispación creciente en las pugnas políticas y en las relaciones humanas, en buena parte alimentada por un trasfondo intelectual de enorme fuerza porque partía de una cima en la historia cultural española: la de las tres generaciones irrepetibles: la del 98, la del 14, la del 27.
Aun dejando atrás la crisis de 1905-1906 en torno a la famosa Ley de Jurisdicciones, que implicó el retorno del mal llamado poder militar en desafío al legítimo poder civil afirmado por Cánovas, la primera gran prueba anunciadora de mayores rupturas, en lo que hasta entonces había preservado el clima convivencial de la Restauración, sería la Semana Trágica —1909— y el gran debate —en el Parlamento, en la prensa, en todos los círculos de opinión— en torno al proceso Ferrer y a la figura de Antonio Maura. Desde unas izquierdas agrupadas en un solo frente, la ruptura se sintetiza en una frase, en una consigna: el “Maura no”; desde la réplica del maurismo (maurismo que es, a su vez, una degeneración de lo que había sido el liberalismo conservador y regeneracionista de Maura, convertido ahora en posiciones de pura reacción) esa ruptura es aun más tajante: se cifra en otra frase, en otra consigna: la “implacable hostilidad” contra sus adversarios políticos. Diríase una prefiguración de la gran discordia —de la gran desmesura— que supondría, un cuarto de siglo más tarde, el enfrentamiento a muerte entre el Frente Popular y la derecha antiliberal. Por si faltase una pieza, ahí está el incalificable dicterio del primer diputado socialista que se sentaba en el Parlamento español —concretamente en las Cortes reunidas por Canalejas en 1910—. Me refiero a la afirmación, irreparable, de Pablo Iglesias: “En el caso de Maura, está justificado el atentado personal” (y conviene añadir que, muy pocos días después, Maura sería, en efecto, víctima de un atentado del que, por fortuna, salió ileso).
La desmesura demostrada por unos y otros en la gran polémica de 1909 —una desmesura responsable de la ruptura del Pacto de El Pardo, máxima expresión de la concordia canovista— se pasaría a la desmesura que, a su vez, se puso de manifiesto en la derecha integrista, alzada contra el intento de Canalejas de fijar los justos derechos del Estado en sus relaciones con la Iglesia. Canalejas, quizá el político más capacitado e inteligente del reinado de Alfonso XIII, orientado con criterios perfectamente justos a la solución de los problemas sociales, y que muy a tiempo había sabido reclamar la nacionalización de la Monarquía —algo, por cierto, sólo logrado en nuestros días—, era un católico de razón, pero que, adelantado a su tiempo, estaba mucho más próximo al Concilio Vaticano II que al Vaticano I. Pues bien, Canalejas se vería tachado, con ardores de cruzada, por las derechas integristas, no sólo como demagogo anticatólico, sino como encarnación del anti-Cristo. El hecho de que Alfonso XIII, consciente de su valía de estadista, le respaldase mientras estuvo en el Poder, salpicaría al Rey, como le había salpicado ya la reacción maurista cuando hubo de despedir a Maura en 1909, en una coyuntura política cuya única alternativa posible no era otra que una dictadura maurista de imposible salida. He aquí un texto sumamente significativo de lo que fue la pasión desencadenada en aquellos días desde la ultraderecha: no sólo contra Canalejas, sino contra el propio Rey. José Gallart Folch, en sus curiosas Memorias —publicadas en 1971 y apenas conocidas—, hace referencia a sus vivencias infantiles en el colegio de jesuitas barcelonés en que se educaba en 1910. Y nos cuenta: “En la clase de historia de la literatura preparamos un acto público que daba relieve a una de aquellas promulgaciones de dignidades que se acostumbraba a celebrar dos veces por año. En aquel acto, tengo yo que declamar unos versos… de franca y abierta lucha, pues si una de las cuartetas pedía a Dios ‘…Haz que surja un Covadonga / tras el nuevo Guadalete…’, la estrofa final, y para bien remachar el clavo, decía: ‘Hiéreles con el rayo / de un imponente castigo, / y haz que surja un don Pelayo / tras el torpe don Rodrigo…’”. El comentario con el que el autor apostilla este pasaje de su libro, es muy significativo: “Con esta profunda huella, que ya no se borra, aprendí que en materia religiosa no cabía hacer concesiones ni respetar valores, por firmes que nos parezcan…”.
No deja de ser una amarga paradoja que, desde el otro extremo —la ultra-izquierda—, la desmesura anarquista hiciera a su vez objeto de su aversión al político del que ha podido decirse que toda su empresa de gobierno tiene el carácter de una gran transacción. Y sería un anarquista quien acabase con la vida de Canalejas, en 1912.
Ya rota la unidad de los dos grandes partidos de la Restauración, surgiría el gran reto de la guerra exterior, frente a la que la neutralidad española, mantenida a toda costa por el Rey, aportó a nuestro país un extraordinario impulso económico, y, sobre todo, una máxima cota de prestigio ante Europa, gracias al esfuerzo de asistencia humanitaria a las retaguardias de los dos bandos en guerra. El año 1917 fue un año clave para el conflicto —que empezaba a inclinarse hacia las potencias de la Entente—; pero se señaló sobre todo por el estallido de la revolución bolchevique, con todo cuanto arrastraría en lo sucesivo. Pues bien, la situación española iba a verse comprometida en ese mismo año desde tres frentes en que se bosquejaba ya la distribución de fuerzas hostiles de 1936. En primer lugar, la aparición de lo que Carolyn Boyd ha calificado de “pretorianismo”: el brote de las “juntas militares de defensa”, una especie de sindicalismo militar que si en principio se presentaba como réplica a los abusos registrados en los ascensos por méritos de guerra, fácilmente logrados en Marruecos cuando todavía las operaciones encaminadas a fijar el protectorado aún tenían un tono menor, a la larga apuntarían a imponer un control del Poder civil por las fuerzas armadas —y divididas en torno al tema—. En segundo lugar, el primer desafío abierto del nacionalismo catalán —asamblea de parlamentarios convocada en Barcelona en respuesta a las Cortes cerradas en Madrid—. Y en tercer lugar, el amago revolucionario intentado conjuntamente por las grandes sindicales y el partido socialista, y estimulado en principio por determinados sectores republicanos. Al desafío nacionalista y al desafío revolucionario se sobrepondría enérgicamente un político tan firme como equilibrado, Eduardo Dato: pero a costa de una semi-claudicación ante los militares de las juntas, de los que no se podía prescindir en circunstancias tan difíciles. Ahora bien, dejando a un lado el triple problema en sí, voy a aludir a dos gravísimas posiciones adoptadas ante la “iniciativa de los sables”, en que la desmesura está protagonizada, de una parte, por el más claro y eminente intelecto de la época —Ortega y Gasset— y, de otra, por un político de indiscutible calidad de estadista, el catalán Cambó. El primero, en un resonante artículo —“El arco en ruina”— aplaudía la iniciativa militar, porque, al cortar por lo sano, facilitaba la apertura de un período constituyente. Desde la perspectiva de nuestro tiempo parece asombrosa la escasa cautela con que Ortega reaccionaba ante la ruptura del equilibrio entre el poder civil y el presunto poder militar; hecho que él percibía muy claramente al reclamar la apertura de nuevos horizontes en los que encuadrar la situación inédita surgida en España desde que —según escribía— “el poder eficiente reside en las Juntas de Infantería”. No sería la primera ni la última vez en que Ortega se mostraba propicio a una dictadura militar.
En el mismo sentido —pero en términos mucho más graves— se expresaría, imprudentísimamente, Cambó, ya llegado el mes de octubre, en una conferencia pronunciada en el Centro de Dependientes de Comercio, de Barcelona, donde llegó a decir nada menos que esto: “El día 1 de junio (día en que apareció el manifiesto de las Juntas de Defensa) se probó que la crisis de la vida española existía… Los militares no crearon el mal: lo presentaron como el cirujano a quien se llama a operar un tumor… lo único que hubo de malo en ese gesto de indisciplina fue que no tuviese la grandiosidad de un golpe de Estado. Al abrir un tumor, tiene el operador el deber de extirparlo inmediatamente… Todo acto de indisciplina es gravísimo, pero en esta ocasión la simpatía del país, el aplauso del pueblo suscribía la protesta de los militares…”.
Dado el crédito con que contaban en el país pensante el prestigio bien cimentado de Ortega y la probada capacidad política de Cambó, no cabe negar la trascendencia de esta desmesura —nada menos que una incitación a la dictadura militar— con vistas a lo que no tardaría mucho en producirse, y que a su vez, tras ser acogido por Ortega —y por la Lliga catalana— más que con aplauso, con entusiasmo, sería, tras la decepción de una experiencia que no se resolvía a su favor —o a su gusto—, rechazado con idéntica desmesura: desmesura ahora enormemente trascendente, porque contribuiría eficazmente a la caída de la Monarquía en 1930.
Pero entre tanto —en los difíciles años de la posguerra mundial, caracterizados en España por un cierre de los mercados exteriores, por una recesión económica y una grave crisis obrera—, la crispación social en crecida, estimulada por el tropiezo que supuso el levantamiento rifeño en Marruecos —culminante en el desastre de Annual—, marcaría el plano inclinado a la Dictadura. La famosa huelga de la Canadiense (1919) neutralizó en Barcelona la iniciativa autonomista de los seguidores de Cambó: el impulso revolucionario de la sindical ácrata —la CNT—, si alarmó de manera creciente a la sociedad burguesa y al mismo Régimen, no dejó de contar con el estímulo de otra de las grandes figuras del brillante momento intelectual: me refiero a don Ramón del Valle Inclán. El protagonista de Luces de Bohemia proclama abiertamente su ideario anarquista, pero aduce el ejemplo de la revolución bolchevique: “El ideal revolucionario tiene que ser la destrucción de la riqueza, como en Rusia. No es suficiente la degollación de todos los ricos. Siempre aparecerá un heredero, y aun cuando se suprima la herencia, no podrá evitarse que los despojados conspiren para recobrarla. Hay que hacer imposible el orden anterior, y eso sólo se consigue destruyendo la riqueza. Barcelona industrial tiene que hundirse para renacer de sus escombros con otro concepto de la propiedad y del trabajo. En Europa, el patrono de más negra entraña es el catalán, y no digo del mundo porque existen las Colonias españolas en América. ¡Barcelona solamente se salva pereciendo!” Su interlocutor, el ciego Max Estrella, replica: “Barcelona es cara a mi corazón. Yo le debo los únicos goces en la lobreguez de mi ceguera. Todos los días un patrono muerto, a veces dos… eso consuela”.
Esta proclama anarquista —o, según la disparatada expresión que pronto iba a ponerse en boga, este alegato entusiasta a favor del comunismo libertario— suponían, formulada en el escenario, un aldabonazo que, cuando menos para un sector de espectadores abierto a novedades y rupturas, suponía un estímulo para la subversión. Pero las desmesuras de Valle habían forjado ya la gran ofensiva contra el Régimen; no sólo en la cruel caricatura de la Corte de Isabel II en La Reina Castiza, sino, sobre todo, en las páginas de El Ruedo Ibérico: unas páginas que hicieron estragos en su tiempo. Los vicios y locuras —efectivos o no— de la Corte isabelina, serían para muchos los vicios y locuras de la Corte, genéricamente hablando: el supuesto lastre sin sentido ni justificación de la Monarquía. No puede negarse que el impacto de El Ruedo Ibérico colmó con creces los malignos propósitos del escritor. En cuanto a estos propósitos, Fernández Almagro, en su excelente biografía de Valle Inclán, los señala sin vacilaciones: “Hay pasajes en El Ruedo Ibérico escritos con el ánimo predispuesto al comentario de lo presente, confundiéndose ‘los amenes’ del reinado de Isabel II en los de Alfonso XIII. Valle Inclán se había dejado llevar, a la vez que arrastraba a otros, a la pendiente que haría caer a España en el 14 de abril de 1931”.
En 1923 sobrevendría, como un intento de frenar en la pendiente abierta a la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, marqués de Estella: en realidad, un intento regeneracionista más (Primo se tenía a sí mismo por el “cirujano de hierro” que había preconizado Costa), pero ya al margen del “sistema Cánovas”. Es innegable que el “golpe” fue acogido en principio con entusiasmo por el país en general. El Rey lo asumió, pero en modo alguno había sido su impulsor: documentalmente este hecho está perfectamente demostrado, aunque tanto Blasco Ibáñez como Unamuno, en un nuevo brote de desmesura, no dudarían en acusarle de ser el verdadero artífice del Pronunciamiento.
No voy a detenerme en lo que significó, en su breve trayectoria —repartida en dos tramos, directorio militar y directorio civil—, el régimen dictatorial, aun cuando al menos cabe reconocerle un mérito, el haber puesto fin a la pesadilla de Marruecos. Al hilo conductor de mi conferencia sí debo señalar el gravísimo error en el que, en relación con el Régimen, cayó el más eminente intelectual de la época, Ortega: el mismo Ortega que por entonces iba a dar a la luz uno de los libros capitales publicados en la Europa del siglo XX, La rebelión de las masas. Un error en dos tiempos —y con distinto signo en cada uno de ellos—. En el primero, su inicial y entusiasta acogida al “golpe” del marqués de Estella; en el segundo, su durísima crítica del mismo, que envolvía de lleno a la Monarquía.
Ya vimos que en 1917 Ortega había jaleado —no cabe más exacta expresión— lo que yo he llamado “el retorno de los sables”. En la misma tónica se sitúa su salutación al “barrido” de la vieja política anunciado por el Dictador. Al día siguiente al golpe, el órgano de expresión de Ortega, esto es, El Sol, se lamentaba únicamente por el hecho de que aquél no se hubiese perpetrado antes. “¡Lástima que se haya puesto un trecho de seis años entre el propósito y la realización!” (la alusión al movimiento de las Juntas de Defensa, producido en 1917, es evidente, y no podemos ignorar que en aquella ocasión Ortega había incurrido en idéntico error de enfoque). Transcurridos dos meses desde el golpe del 13 de septiembre, seguía manteniendo Ortega su postura favorable —elogiosa— para los hombres del Directorio militar, pero insinuaba ya una inquietud —o una impaciencia—: si el Ejército había acertado a suplir lo que no hizo la masa del pueblo, sano, pero inmovilista, no debía ignorar a las “minorías selectas”, que estaban aguardando su oportunidad, “hombres —decía Ortega— de conciencia sobremanera limpia, y que además son en sus varios oficios, profesiones y clases, lo que más honra a su raza…”. Esos hombres —sin duda, él y sus afines— “están seguros —decía Ortega— de que en su hora el Directorio no olvidará que ellos también existen, que forman parte muy respetable de España, y esperan palabras y actos un poco más consonantes con su sensibilidad”.
La llamada no se produjo, y hay que reconocer que, sin duda, uno de los fallos del Dictador fue su escasa habilidad para captar los medios intelectuales y universitarios del país —los otros dos fueron, de una parte, su enfrentamiento con los nacionalistas catalanes que en principio le habían estimulado y aplaudido; de otra, la ruptura que él mismo provocó en el seno del Ejército, en torno a la cuestión artillera—. Pero al producirse la caída del Dictador —su honesta retirada cuando vio que había perdido las simpatías que inicialmente le acogieron—, la nueva reacción de Ortega, absolutamente compatible con la entusiasta salutación que seis años atrás dispensara al prometido “barrido”, fue una de las manifestaciones de máxima desmesura registradas en la prensa española a lo largo de todo el siglo. Me refiero a su trascendente artículo “El error Berenguer”. De él recojo el siguiente párrafo, verdaderamente desconcertante:
“España, una nación de sobre veinte millones de habitantes, que venía ya de antiguo arrastrando su existencia política poco normal, ha sufrido durante siete años un régimen de absoluta anormalidad en el poder público, el cual ha usado medios de tal modo anormales, que nadie, así de pronto, podrá recordar haber sido usados nunca ni dentro ni fuera de España, ni en este ni en cualquier otro siglo”. “Sólo el que tiene una idea completamente errónea de lo que son los pueblos salvajes puede ignorar que la situación de Derecho público que hemos vivido es más salvaje todavía, y no sólo es anormal con respecto a España y al siglo XX, sino que posee el rango de una insólita anormalidad en la historia humana. Hay quien cree poder contravenir esto sin más que hacer constar el hecho de que la Dictadura no ha matado. Creer que el derecho se reduce a no asesinar es una idea del derecho inferior a la que han sabido tener los pueblos salvajes”.
Ciertamente, la política azañista se cifró en una “apertura a la izquierda”, y, por tanto, en un nuevo pacto: un pacto con el socialismo: Un pacto que apuntaba, sin duda, al logro de una necesaria revolución social sin traumas ni violencias. Pero, por desdicha, el interlocutor posible de Azaña en esa plausible empresa inspirada por el deseo de evitar los horrores de la revolución social, sería Largo Caballero, cuya obsesión apuntó siempre, precisamente, a la revolución social con todos sus agravantes. Incluso, después del triunfo del Frente Popular, entendido por él como un simple trámite hacia algo mucho más sustantivo… y contundente. El libro de Pío Moa, Los orígenes de la guerra civil española, ha desentrañado, documentadamente, el engranaje de un proyecto revolucionario radical, sólo aplazado tras el intento frustrado de 1934, y que, por supuesto, tampoco desdeñaba la perspectiva de una guerra civil.
Pero, al otro lado del abanico político, la imposibilidad de convivir en la República desde un centro-derecha dispuesto en principio a entenderse con el Régimen, hará derivar el posibilismo republicano de Gil Robles hacia las tendencias ultras de su ala más reaccionaria, la de los llamados por el cristiano-demócrata Giménez Fernández “conservaduros”, cuyo ideario político se situaba a un nivel histórico anterior a la revolución liberal: ideario sustentado, asimismo en el plano intelectual, por la revista Acción Española; y más allá, en los minoritarios núcleos fascistas de la recién creada Falange Española, en el desprecio a las urnas electorales y la apelación a la dialéctica de los puños y las pistolas.
La guerra civil estaba ya intelectualmente abierta, a partir de las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular.
Bien. Pasó la guerra, pasó el largo tiempo de su pervivencia en el ideario de un régimen autoritario. La segunda Restauración nos trajo dos cosas fundamentales: la reconciliación de las dos Españas —propósito esencial del Rey Juan Carlos— y la instalación, por fin, de una auténtica democracia en nuestro país. La síntesis canovista —referida sólo a los términos dialécticos de la revolución liberal: tradición y progreso— ha sido superada por una síntesis mucho más ambiciosa, la de los dos ciclos revolucionarios de la edad contemporánea, el liberal y el socialista. Por otra parte, frente al cerrado centralismo de la primera Restauración, esta segunda ha conseguido plasmar, con las libertades autonómicas, una imagen institucional de España mucho más acorde con nuestra realidad histórica. España vive una buena coyuntura económica, y ha conseguido el reconocimiento de cuanto es y significa, en el gran foro de la Europa unificada. Pero, me pregunto yo, ¿estamos definitivamente a salvo de los grandes errores, o de las grandes desmesuras, del siglo pasado?
Por supuesto, y por fortuna, es impensable hoy el retorno a una situación de guerra civil como la que vivimos entre 1936 y 1939. Pero también es cierto que la desmesura basada en una distorsión de la realidad surge, con cierta frecuencia, en determinadas actitudes de algunos de nuestros enclaves autonómicos, y no sólo desde el vasco, donde, desde luego, esa desmesura no radica únicamente en el ciego terrorismo de los etarras, sino en determinadas frases irreparables de Javier Arzallus.
Por otra parte, la violencia vuelve a mostrársenos no sólo en ese concreto campo del secesionismo por las malas o por las buenas, sino en las actitudes, al parecer incontrolables, de una juventud que demuestra carecer de raíces en la historia, y que se niega a mirar un semejante en el adversario.
Y, de cuando en cuando, vuelve a mostrársenos la voluntad de romper la continuidad necesaria en la evolución política: la incapacidad de los Partidos para crear plataformas de encuentro y de transacción ante cuestiones fundamentales para la sociedad y para el Estado.
Pienso que una mirada en el espejo de nuestro turbulento siglo XX —del horror al que condujeron, durante él, las apelaciones a la intransigencia laica o santa—, a la insolidaridad, al desprecio al adversario, por parte de los grandes responsables en el plano político y en el plano intelectual, siempre será aconsejable y necesaria. No otra cosa se proponían las palabras con que he cansado a ustedes durante esta velada.

* De la Real Academia de la Historia.


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