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Tutela Rad. 66172 Impugnación Myriam Johanna Amaya Joya


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia


Tutela Rad. 66172

Impugnación

Myriam Johanna Amaya Joya



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL - SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente

JAVIER ZAPATA ORTIZ

Aprobada Acta No.111


Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013)

Decide la Sala la impugnación propuesta por MYRIAM JOHANNA AMAYA JOYA en representación de su hija, contra el fallo proferido el 14 de marzo de 2013 por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda de tutela propuesta contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Tramite al que fue vinculado el INSTITUTO COLOMBIANO DE NEUROCIENCIAS.


ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN


La menor hija de MYRIAM JOHANNA AMAYA JOYA, quien sufre de una discapacidad, recibe la prestación de los servicios de salud por parte de la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional.


La infante fue vinculada al programa de discapacidad de esa entidad, por padecer de autismo y retardo mental. Recibía tratamiento en la Clínica Neurorehabilitar desde el 2010, alcanzando logros importantes en su proceso de rehabilitación.
El 2 de enero del presente año, la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional le informó que la vigencia del convenio con la Institución médica vencía en febrero de esta anualidad, sin embargo, para evitar traumatismos en la prestación del servicio, éste se surtiría en la Clínica Neurorehabilitar por el mes de febrero.
Se enteró mediante el Portal de Contratación Estatal, que el programa al cual estaba adscrita su hija, había sido adjudicado al Instituto Colombiano de Neurociencias, por lo que a partir del mes de marzo debería cambiar de IPS, lo que según su dicho, podría devenir en una involución frente a los logros que en el tratamiento con la Clinica Neurorehabilitar había alcanzado su hija.
En su concepto, el Instituto Colombiano de Neurociencias carece de experiencia para ese tipo de diagnósticos y no cuenta con la infraestructura que si le brindaba a su descendiente la anterior IPS, por tal razón considera vulnerados sus derechos fundamentales, pues indica, está facultada para recibir atención de la Institución Prestadora de Salud que escoja libremente.
Por tal razón, acude a la extraordinaria vía constitucional y en consecuencia de ello, solicita a la Sala que ordene a la Armada Nacional disponga lo pertinente para que la prestación del programa de rehabilitación integral de su menor hija, se continúe realizando en la Clínica Neurorehabilitar, por ser esa la entidad especializada en el manejo de casos como el de la niña.

EL FALLO DE PRIMER GRADO

Luego de recordar las obligaciones de las EPS en lo relativo al Sistema de Seguridad Social en Salud, además de la prestación integral y la calidad del servicio que deben brindar tanto estas, como las IPS, condiciones que han sido desarrolladas por la jurisprudencia constitucional, consideró que no había ninguna vulneración de derechos fundamentales, pues la accionante no acreditó en qué forma podría verse afectada la prestación del tratamiento a su hija, si a la fecha de interposición del reclamo constitucional aun no había iniciado el mismo en el Instituto Colombiano de Neurociencias.


Descartó adicionalmente que se presentara una vulneración del derecho fundamental de la salud, pues la entidad accionada dispuso los medios necesarios para que la rehabilitación fuera realizada en forma continua y sin que los trámites administrativos que llevaron a contratar un nuevo oferente, afectaran la prestación del servicio a la chiquilla, pues por ello la Armada Nacional le brindó los servicios de la Clínica Neurorehabilitar, por el mes de febrero de 2013, para que en marzo iniciara la atención de la Nueva institución médica.


LA IMPUGNACIÓN

Insistiendo en los fundamentos expuestos en el libelo inicial, MYRIAM JOHANNA AMAYA JOYA, impugnó la anterior decisión, aportando adicionalmente copia de la historia clínica contentiva del tratamiento prestado a su hija en la Clinica Neurorehabilitar.




CONSIDERACIONES DE LA CORTE


De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, como pasará a verse.





  1. De la continuidad en la prestación del servicio de salud.

El artículo 49 de la Constitución, dispone que “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”. Por lo que éste debe garantizar el acceso de todas las personas a los planes y programas de promoción, prevención y recuperación en materia de salud.


La salud entonces tiene dos aristas, como servicio público esencial y como derecho, siendo ambos enfoques co-dependientes, pues vista como servicio, se encuentra a cargo del Estado y tiene como propósito “organizar, dirigir, reglamentar y establecer las políticas públicas tendientes a que las personas privadas y las entidades estatales de los diferentes órdenes, presten el servicio para que el derecho sea progresivamente realizable”1.
La prestación del servicio esencial responde a los principios de Eficiencia, Universalidad y Solidaridad, permitiendo que todas las personas accedan a él y que ello se haga de acuerdo a un adecuado manejo de los recursos de que dispone el ente estatal.
Debe garantizarse además una protección integral a los usuarios del sistema, brindándoles atención de calidad, oportunidad y eficacia en los diversos tratamientos a los que accedan, todo en pro de garantízar el derecho fundamental.
Sobre la integralidad en la prestación del servicio ha dicho el Tribunal Constitucional:
Las personas vinculadas al Sistema General de Salud independientemente del régimen al que pertenezcan, tienen el derecho a que las EPS les garanticen un servicio de salud adecuado, es decir, que satisfaga las necesidades de los usuarios en las diferentes fases, desde la promoción y prevención de enfermedades, hasta el tratamiento y rehabilitación de la enfermedad y con la posterior recuperación; por lo que debe incluir todo el cuidado, suministro de medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación y todo aquello que el médico tratante considere necesario para restablecer la salud del paciente o para aminorar sus dolencias y pueda llevar una vida en condiciones de dignidad.” 2
Además de la integralidad, la prestación del servicio debe hacerse en forma continua, es decir, que cuando haya iniciado un tratamiento, éste no pueda ser interrumpido o suspendido injustificadamente.
Por tanto, es responsabilidad de los prestadores del servicio de salud, propender por evitar la suspensión de los tratamientos médicos, en forma injustificada atendiendo a motivaciones administrativas o presupuestales, ello para evitar que se vea afectado el principio de confianza legítima del paciente en la EPS y de contera, en el Estado.
Sobre el particular ha dicho la jurisprudencia que:
el paciente tiene una expectativa legítima en que las condiciones y calidades de un tratamiento prescrito, no sea interrumpido súbitamente antes de su recuperación o estabilización,3 o por lo menos otorgando un periodo mínimo de ajuste que le permita continuar la prestación del servicio con el mismo nivel de calidad y eficacia”.4
Por ende, debe existir continuidad en el diagnóstico que haya realizado el médico tratante y de variar el galeno o la Institución, se soporte el cambio atendiendo al criterio de un especialista, basándose en las condiciones de salud y vida del paciente, por lo que “en caso de cambios, reemplazos o sustituciones médicas (…) el profesional que recién asume el cuidado del enfermo, avanzadas ya las etapas de medicación puestas en marcha por quienes lo hayan antecedido, no pueden ni deben ignorar la integralidad de los antecedentes clínicos que rodean el caso”5
Es por ello que las entidades promotoras de salud deben garantizar un empalme en los diagnósticos que se hayan realizado previamente y los tratamientos o procedimientos médicos subsiguientes que se realicen al usuario, en los casos en que se realice un cambio en el médico tratante o en la institución prestadora del servicio de salud, sobre todo si se trata de pacientes con enfermedades “catastróficas o de alto costo”.



  1. Análisis del caso concreto.

MYRIAM JOHANNA AMAYA JOYA, acude a la vía constitucional en representación de su menor hija, quien padece autismo y retardo mental. Ella recibía rehabilitación de su discapacidad en la Clínica Neurorehabilitar. Sin embargo, en razón al vencimiento del contrato que la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional suscribió con esa IPS, que fenecía el 31 de enero de 2013, abrió un proceso de selección abreviada, del que resultó con mejor calificación como oferente el Instituto Colombiano de Neurociencias, entidad que a partir del 1º de marzo siguiente, prestaría los servicios especializados que requiere su niña.


Es claro para la Sala que la Armada Nacional procuró evitar que por el tramite administrativo que implica el proceso de selección se suspendiera o interrumpiera el tratamiento de la menor, por ello, contrató por el mes de febrero la prestación del servicio de salud de la niña, con la Clínica Neurorehabilitar, mientras culminaba la contratación.
Adicional a lo anterior, no acredita la accionante al presente trámite, y de los documentos aportados no evidencia la Corte que efectivamente pueda presentarse la involución en el tratamiento que ella pretende enseñar como lesión a los derechos fundamentales de la menor, pues hace referencia a la continuidad del tratamiento y expone consideraciones subjetivas sobre el Instituto Colombiano de Neurociencias, sin exponer en esta sede cómo se afectaría la rehabilitación de su hija, maxime que si el nuevo centro médico sólo hasta el mes de marzo de 2013, inició tareas con los beneficiarios del servicio de salud adscritos a la Armada Nacional, no puede a priori, emitir juicios que solo responden al servicio que le prestó la Clinica Neurorehabilitar y que ella consideró eficiente, sin atender a los profesionales del Instituto, descalificándolos sin sustento alguno.
Por lo tanto, la Sala confirmará el fallo de primer grado, sin embargo, en concordancia con las motivaciones de esta providencia, conminará a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional a que en desarrollo del principio de continuidad en la prestación del servicio de salud, garantice un adecuado empalme entre el tratamiento que la Clinica Neurorehabilitar prestó a la menor hija de MYRIAM JOHANNA AMAYA JOYA y el que realizará el Instituto Colombiano de Neurociencias, de tal forma que no se genere involución en la rehabilitación de la niña y atendiendo a los diagnósticos y demás procedimientos que se hayan efectuado.
Por lo anterior, se dispondrá, por Secretaría, remitir copia de la presente decisión a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional y al Instituto Colombiano de Neurociencias.
Bajo las anteriores consideraciones, se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE




CONMINAR a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional, para que garantice un adecuado empalme entre el tratamiento que la Clinica Neurorehabilitar prestó a la menor hija de MYRIAM JOHANNA AMAYA JOYA y el que realizará el Instituto Colombiano de Neurociencias, de tal forma que no se genere involución en la rehabilitación de la niña y atendiendo a los diagnósticos y demás procedimientos que se hayan efectuado.
ENVIAR copia de esta decisión a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional y al Instituto Colombiano de Neurociencias.
CONFIRMAR íntegramente la decisión impugnada.
NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JAVIER ZAPATA ORTÍZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

SECRETARIA




1 T-770 de 2011.

2 Sentencias T-179 de 2000, T-988 de 2003, T- 568 de 2007, T-604 de 2008 T-136 de 2004, T-518 de 2006, T-657 de 2008, T-760 de 2008, entre otras.

3 Corte Constitucional, sentencia T-059 de 2007, en este caso se tuteló el derecho de un joven de 23 años a que no se interrumpiera el tratamiento que recibía por un problema de adicción que lo llevó a perder su cupo como estudiante, a pesar de que se le atendía en condición de beneficiario de su padre, por ser estudiante.

4 De esta forma, la sentencia T-760 de 2008 consagró que: El derecho constitucional de toda persona a acceder, con continuidad, a los servicios de salud que una persona requiere, no sólo protege el derecho a mantener el servicio, también garantiza las condiciones de calidad en las que se accedía al mismo.”

5 Sentencia T-151 de 1996..



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