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Tutela primera instancia no. 43555 edwin andrey vargas pulido y otro


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TUTELA PRIMERA INSTANCIA No. 43555 EDWIN ANDREY VARGAS PULIDO Y OTRO
República de Colombia



Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente:

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

Aprobado Acta No. 244


Bogotá, D.C., agosto seis (6) de dos mil nueve (2009).



V I S T O S



Se pronuncia la Sala en primera instancia, sobre la demanda de tutela que promueven los ciudadanos EDWIN ANDREY VARGAS PULIDO y LUIS VARGAS ARCE, en procura de protección para los derechos fundamentales que consideran vulnerados por la Sala Única del Tribunal Superior de Yopal y la defensora pública doctora GLORIA INES GUATAVITA GARCIA

ANTECEDENTES

Según lo refieren las diligencias, por hechos acaecidos el 20 de octubre de 2006 se inició en contra de EDWIN ANDREY VARGAS PULIDO y LUIS VARGAS ARCE investigación penal por la presunta comisión de homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas, cargos por los cuales fueron acusados formalmente por parte de la Fiscalía Tercera Especializada de Yopal.

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Correspondió adelantar la etapa del juicio al Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, despacho que luego de agotar el rito procesal pertinente, profirió fallo el 26 de septiembre de 2008 a través del cual impuso a los procesados pena de prisión de 33 años, tras hallarlos responsables de los delitos materia de acusación.



Contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación la defensa de los enjuiciados, siendo modificada en el sentido de fijar la pena en 32 años de prisión y confirmada en lo demás por la Sala Única del Tribunal Superior de Yopal a través de sentencia del 19 de diciembre de 2008.

Notificada la sentencia, la defensora de EDWIN ANDREY VARGAS

PULIDO propuso recurso de casación procediendo el Tribunal a concederlo mediante auto del 16 de febrero de 2009, por lo que se dispuso descorrer el término para la presentación de la demanda, omitiendo hacerlo la parte recurrente, lo que motivó que se declarara desierta la impugnación extraordinaria en proveído del 5 de mayo hogaño. Decisión contra la cual interpusieron recurso de reposición los sentenciados, siendo reafirmada por el Tribunal el 2 de junio.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN


Agotado lo anterior, los ciudadanos EDWIN ANDREY VARGAS PULIDO y LUIS VARGAS ARCE presentan demanda de tutela, tras considerar que en la actuación penal reseñada se desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, concretamente porque el Tribunal accionado dedujo de manera equivocada que la no presentación de la demanda de casación por parte de la abogada pública, obedeció a una estrategia de defensa, cuando en verdad ello corresponde a la carencia de una adecuada y eficiente defensa técnica, siendo que en el curso del proceso quedaron una serie de “vacios” que de haber sido corregidos a través de una investigación integral, otra sería su suerte. Para corroborar tal aserto exponen a gran espacio las razones que los llevan a disentir de las conclusiones que sustentan la condena.

Por ello, demandan el amparo para sus garantías constitucionales y solicitan en tal virtud se deje sin efecto la providencia que declaró desierto el recurso de casación.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN


Al avocar el conocimiento de la presente acción, se dispuso dar cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, por lo que en el auto admisorio de la demanda se ordenó surtir traslado a las autoridades accionadas para el ejercicio del derecho de contradicción y se solicitó información sobre el asunto.

Frente a tal requerimiento el Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey presenta un recuento de la actuación surtida dentro del proceso seguido contra los accionantes.

Similares respuestas ofrecen la Fiscal Tercera Especializada de Yopal y los Magistrados del Tribunal Superior de la misma ciudad, adjuntando ésta última, copia de los fallos de instancia y de los autos reprobados.

A su turno, la abogada GLORIA INES GUATAVITA GARCIA hace saber que conoció del proceso objeto de la demanda, por asignación que le hiciera la Defensoría para el mes de junio de 2008 respecto del procesado LUIS ARCE TOVAR, mientras que la defensa de EDWIN ANDREY VARGAS fue asumida por su compañera NUBIA RODRIGUEZ, quien propusiera recurso de casación, no obstante lo cual, ante el concepto negativo rendido por la Defensoría del Pueblo, desistió de presentar la correspondiente demanda.

Considera entonces, su actividad como defensora se realizó dentro de los parámetros legales que le corresponde, esto es utilizando todo el bagaje de conocimientos recibidos para el desempeño de su labor así como los recursos aportados por los procesados dentro de las diligencias, circunstancias que la obligan a trabajar con su criterio personal y con el convencimiento propio que se está utilizando todo su intelecto y herramientas jurídicas puestas a su alcance para lograr la materialización de la teoría del caso, lo cual no implica que el no haberse conseguido el resultado absolutorio, necesariamente obedezca a la falta de defensa técnica como lo afirman los accionantes. Adjunta a la respuesta, copia del escrito que contiene el concepto negativo frente al recurso de casación.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE


De conformidad con lo establecido en el artículo 1, numeral 2 del

Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente demanda de tutela, en tanto, involucra al Tribunal Superior de Yopal, de la cual es su superior funcional.

Referente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación instituidos en los códigos de procedimiento.

No obstante ese postulado general, que no es absoluto, encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y evidente contradicción con la Carta Política o la ley, producto de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales, constituyan “vías de hecho” que vulneren o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a lo cual no se disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, porque en estos eventos el amparo se ofrece necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, razón por la cual la medida que se adopte tiene una vigencia eminentemente temporal.

En el presente asunto, es claro que la petición de amparo promovida por EDWIN ANDREY VARGAS PULIDO y LUIS VARGAS ARCE se contrae a verificar la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, a partir de la falta de una adecuada defensa técnica, que atribuyen a la abogada de la Defensoría Pública al no presentar la demanda de casación, con lo que se les privó de la posibilidad de controvertir la sentencia proferida en su contra por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego o municiones, razón por la cual invocan la nulidad del auto a través del cual el Tribunal accionado declaró desierto el recurso de casación.


Es así como, frente al derecho fundamental invocado por el accionante, de acuerdo con la consagración del artículo 29 de la Carta Política, desarrollado en los artículos 8, 127, 128, 131 y 337, entre otros, de la Ley 600 de 2000, se trata de un derecho que le asiste al procesado a contar con una adecuada defensa técnica durante todo el proceso: “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento.”

Al respecto, pronto se advierte que la pretensión formulada en la demanda no tiene vocación de éxito siendo que, para acceder al amparo se requiere la existencia cierta del agravio, lesión o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que demande la inmediata intervención del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un mínimo de demostración en cuanto a la vulneración que afecta los derechos que se quieren proteger.

Bajo dicho contexto, basta verificarse el contenido de las diligencias allegadas al presente trámite y la repuesta ofrecida por el Tribunal Superior de Yopal y la defensora pública doctora GLORIA INES GUATAVITA GARCIA, de donde se infiere que no existió tal carencia de defensa técnica y en cambio aparece que la no presentación de la demanda de casación obedeció a la falta de elementos necesarios para estructurar cualquiera de las causales de dicha impugnación extraordinaria, conclusión a la que arribó la defensora del procesado EDWIN ANDREY VARGAS PULIDO luego de elevar las respectivas consultas ante la Defensoría del Pueblo, sin que tal determinación califique como una vía de hecho con efectos nocivos para las garantías fundamentales de los accionantes, porque de llegar a tal extremo se adentraría el juez constitucional en terrenos que le son vedados al pretender asumir como propia la misión encomendada a los defensores públicos, en cuanto a decidir autónomamente qué acciones debe desplegar en cada asunto en orden a garantizar la defensa y el respeto de los derechos en cabeza de quienes son objeto de la acción penal, luego, ninguna irregularidad se aprecia en la actuación de los accionados, al punto que resulte imperiosa la intervención del juez constitucional, para contrarrestar las consecuencias nocivas que dicen soportar los actores por cuenta de ello, máxime que en cada una de las etapas del proceso los funcionarios judiciales garantizaron la efectiva defensa técnica.

Como viene de señalarse, las circunstancias específicas que dieron lugar a que la sentencia de segunda instancia censurada por los accionantes, no fuera debatida en sede de casación, ciertamente, no son el resultado de la actuación arbitraria y negligente de los demandados como se plantea en la demanda de tutela y por tanto, su actuación no constituye vulneración a los derechos fundamentales que les asiste a los ciudadanos EDWIN ANDREY VARGAS PULIDO y LUIS VARGAS ARCE, de modo que se denegarán las pretensiones invocadas en la demanda de amparo.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,



R E S U E L V E :

1.- NEGAR las pretensiones de la demanda de tutela formulada por EDWIN ANDREY VARGAS PULIDO y LUIS VARGAS ARCE, conforme se precisó en la parte motiva de esta providencia.
2.- Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.
3.- En firme esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS YESID RAMÍREZ BASTIDAS


TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria






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