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Tutela no. 39093 jacqueline tarquino galvis


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TUTELA No. 39093

JACQUELINE TARQUINO GALVIS

República de Colombia




Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente



JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

Aprobado acta N° 298


Bogotá D.C., octubre dieciséis (16) de dos mil ocho (2008)



V I S T O S

Decide la Sala la impugnación propuesta por la accionante JACQUELINE TARQUINO GALVIS y el Ministerio de la Protección Social, contra el fallo de tutela emitido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali el 25 de septiembre de 2008, mediante el cual concedió el amparo constitucional al derecho fundamental de petición de la prenombrada ciudadana.


ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Según lo refieren las diligencias, JACQUELINE TARQUINO GALVIS se encuentra afiliada al sistema de seguridad social en salud como beneficiaria de su compañero permanente, quien fuera pensionado por invalidez.


Es así que, a raíz de la implementación de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA- a la prenombrada se le ha impedido continuar cotizando únicamente para pensión, por lo que el 6 de agosto de 2008 elevó derecho de petición ante el Ministerio de la Protección Social, a través del cual solicitaba se le indicara el procedimiento a seguir al respecto, sin que a la fecha de interposición de la demanda – que lo fue el 10 de septiembre de 2008- hubiese obtenido respuesta a su pedimento.
Es por tales razones, que solicita la intervención del juez de tutela en procura de protección a sus derechos fundamentales de petición y seguridad social en pensión por cuanto considera ilógico que si ya cuenta con los servicios en salud por pertenecer al grupo familiar de su compañero, deba renunciar a continuar cotizando para pensión, máxime que sus ingresos como trabajadora independiente no le permiten realizar aportes a los dos sistemas.

FALLO IMPUGNADO

Mediante sentencia del 24 de septiembre del presente año, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali concedió el amparo al derecho de petición de la accionante, por cuanto desde el pasado 6 de agosto remitió solicitud ante el Ministerio de la Protección Social sin que dicha entidad hubiese emitido respuesta.



IMPUGNACIÓN


La accionante impugna el fallo del Tribunal, para cuyo efecto señala que nada se dijo sobre el derecho a la seguridad social en pensión cuya protección también se reclamó en la demanda donde expuso los presupuestos fácticos y jurídicos que sustentan su pretensión.


Por su parte, la Coordinadora Grupo Acciones Constitucionales – Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social presenta impugnación frente a la decisión proferida por el a quo, para lo cual señala que mediante oficio No. 264833 de fecha 6 de septiembre del año en curso, esa entidad resolvió el derecho de petición elevado por la accionante.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE

De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del numeral 2º, artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, es competente la Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la decisión adoptada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali, de la cual es su superior funcional.


La acción de tutela constituye un mecanismo diseñado para brindar protección directa, inmediata y efectiva a los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades en ejercicio de sus funciones, o de los particulares en los casos específicamente señalados en la ley.
Es así como, frente al derecho fundamental invocado por la accionante, esta Sala en armonía con la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que el artículo 23 de la Carta garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes de interés general o particular. De modo que, el derecho de petición tiene una doble dimensión: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario y b) el derecho a obtener una respuesta pronta, congruente y de fondo con relación a la cuestión planteada.
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la omisión en resolver las solicitudes dentro del término establecido y la falta de notificación de la respuesta al interesado, implican la vulneración del derecho fundamental de petición, a pesar de que se configure el silencio administrativo negativo.

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha fijado los requisitos que debe observar la respuesta que se ofrezca a las peticiones:


a. Debe ser oportuna, esto es, resolverse dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, que en todo caso debe ser un plazo razonable.


b. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, por esta razón las respuestas evasivas constituyen prueba de la violación del derecho de petición. No obstante, es relevante señalar que la respuesta a una petición en manera alguna implica que las autoridades deben en todos los casos aceptar lo solicitado, puesto que ello sería confundir el derecho de petición y el derecho a lo pedido, conceptos que son diversos. …(…)
No cabe entonces confundir el fondo de lo que se solicita con el derecho constitucional a recibir pronta respuesta favorable o desfavorable a los intereses del peticionario.
c. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, puesto que de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva para sí el sentido de lo decidido.
Desde esta perspectiva, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 Superior, el hecho de que la respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información.”1

De conformidad con la anterior precisión se tiene que, para predicar la eficacia de la garantía que encierra el derecho de petición resulta forzoso que a su destinatario le sea puesto en conocimiento el contenido de la repuesta que ofrece la entidad ante la cual se impetra el mismo, luego, resulta acertada la decisión del juez constitucional de primer grado al conceder el amparo para el derecho fundamental de petición de la accionante y en virtud de ello exija de la demandada la emisión y notificación de la respuesta, sin que pueda hablarse de un hecho superado como se plantea por vía de la impugnación, pues no empece la entidad accionada anuncia en su escrito que en efecto ofreció respuesta a JACQUELINE TARQUINO GALVIS el pasado 6 de septiembre con oficio No. 264833, ninguna evidencia allega para corroborar tal aserto, luego resulta claro que para el momento de proferirse el fallo de tutela la demandante aún no había obtenido respuesta a su pedimento.

De otra parte, en cuanto hace referencia a la protección que frente al derecho a la seguridad social en pensión reclama la accionante, ha de decirse que precisamente la respuesta que ofrezca el Ministerio de la Protección Social en torno a la posibilidad de continuar cotizando únicamente para pensión, permitirá constatar si eventualmente se estaría amenazando dicha garantía fundamental, por manera que hasta ahora no resulta imperiosa la intervención del juez constitucional.

Por lo anterior, la confirmación del fallo proferido por el Tribunal Superior de Cali es la decisión que se impone adoptar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E :

1.- CONFIRMAR el fallo objeto de impugnación.
2.- NOTIFÍQUESE de conformidad con lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3.- REMÍTASE el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.



JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS YESID RAMÍREZ BASTIDAS


TERESA RUÍZ NUÑEZ

Secretaria



1 Corte Constitucional T-915 de 2004



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