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Tutela No. 21463 antonio josé cardona estrada


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

Tutela No. 21463

ANTONIO JOSÉ CARDONA ESTRADA

Impugnación


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA¡Error!Marcador no definido.

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:


Dr. ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO


Aprobado Acta N° 059

Bogotá, D. C., agosto tres (3) de dos mil cinco (2005).




VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación interpuesta por el ciudadano ANTONIO JOSÉ CARDONA ESTRADA, por conducto de apoderado especial, en contra de la decisión adoptada el 17 de junio de 2005 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena, por cuyo medio negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las Fiscalías Veintidós y Cuarenta y Tres Seccionales de El Carmen de Bolívar.



ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

1. Previas denuncias formuladas por el ciudadano ANTONIO JOSÉ CARDONA ESTRADA, las Fiscalías Cuarenta y Tres y Veintidós Seccionales de El Carmen de Bolívar tramitaron sendos procesos penales en contra de Ignacio Segundo Becerra Álvarez - ex Alcalde de la población de Córdoba - por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos (rad. 1937) y la primera infracción aludida (rad. 2127-22), respectivamente.


2. Mediante resoluciones del 11 de diciembre de 2003 y 30 de septiembre de 2004, los despachos judiciales mencionados resolvieron precluir las correspondientes instrucciones, al momento de calificar el mérito del sumario y definir la situación jurídica del procesado, en su orden.
3. CARDONA ESTRADA, a través de apoderado especial, acude al mecanismo de amparo considerando que las funcionarias titulares de las fiscalías seccionales accionadas incurrieron en vías de hecho al proferir las resoluciones que vienen de reseñarse.

Señala que la Fiscalía Cuarenta y Tres precluyó la instrucción “sin indagar sobre el origen de la riqueza del indagado, los montos de la herencia recibida” y el “producido de los negocios particulares”.


Estima que la Fiscal Veintidós desconoció que los hechos que investigó eran diversos a los que fueron puestos en conocimiento de la otra autoridad judicial accionada y, por ende, aplicó de manera equivocada el principio del non bis in ídem.
Añade que los despachos accionados omitieron notificarlo del contenido de las determinaciones reprochadas.


LA ACTUACIÓN

Mediante auto del 3 de junio de 2005, el Tribunal Superior de Cartagena admitió a trámite la presente acción de tutela y ordenó vincular a las funcionarias judiciales accionadas.


Al dar respuesta al libelo, la Fiscal Veintidós Seccional señala que las providencias censuradas por el accionante “se produjeron previa (. . .) valoración sana, mesurada y acorde de la prueba existente dentro del proceso”.
A su turno, la funcionaria titular de la Fiscalía Cuarenta y Tres resalta que el actor utiliza la acción de tutela para plantear sus apreciaciones personales en relación con las investigaciones cuestionadas y que la resolución del 11 de diciembre de 2003 se fundamentó en los elementos de convicción allegados al trámite correspondiente.
Finalmente, el señor Ignacio Segundo Becerra Álvarez, sin haber sido convocado, aduce que “los distintos procesos penales que se han iniciado (. . .) le han correspondido a unos funcionarios probos que han tomado decisiones ajustadas a Derecho, y después de sopesar detenidamente todo el caudal probatorio que se ha recaudado”.

EL FALLO IMPUGNADO

Lo profirió la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena el 17 de junio de 2005, declarando la improcedencia de la acción constitucional al no apreciar de que forma las resoluciones proferidas por las fiscalías accionadas “pueden resultar amenazando, lesionando y, mucho menos cercenado derechos iusfundamentales del actor”.


Resalta que no se advierte que tales determinaciones “sean abierta y ostensiblemente adversas a la normatividad aplicable, ni que las mismas adolezcan de cualquiera de las situaciones defectivas, configurativas de vía de hecho judicial”.

LA IMPUGNACIÓN

El apoderado del actor impugnó la sentencia de primer grado resaltando que el Tribunal de instancia no analizó el fondo del asunto planteado en el libelo constitucional e insistiendo, en esencia, en los argumentos allí contenidos.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA


1. El procedimiento de tutela es un instrumento de raigambre constitucional confiado a los jueces de la República con el fin de proteger de forma inmediata los derechos fundamentales de las personas, cuando la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares los vulneren o amenacen.


2. Teniendo en cuenta que la solicitud de amparo interpuesta por el señor CARDONA ESTRADA se orienta a perturbar la firmeza de las preclusiones de investigación proferidas en los procesos penales adelantados en contra del ciudadano Ignacio Segundo Becerra Álvarez, dentro de los cuales tuvo la condición de denunciante, resulta atinado señalar que la acción constitucional tiene un carácter subsidiario y residual, ello significa que procede únicamente ante la ausencia de medios de defensa judicial para la protección de las garantías o cuando el medio pertinente, previamente previsto en el ordenamiento jurídico, es claramente ineficaz para la defensa de éstas, en dicho evento procede la tutela como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio de carácter irremediable.
3. En el asunto objeto de estudio advierte la Sala que el actor contó con la posibilidad real de constituirse en parte civil, a través de apoderado, en los dos procesos penales adelantados por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos (rad. 1937) y la primera infracción aludida (rad. 2127-22), circunstancia que le habría permitido solicitar o aportar pruebas, contradecir las existentes, presentar algunas consideraciones tendientes a impedir el proferimiento de las preclusiones de instrucción y, una vez adoptadas, oponerse al sentido de tales determinaciones por vía de la interposición y consecuente sustentación de los recursos de reposición y apelación, sin que hubiera procedido en tal sentido, circunstancia que evidencia la manifiesta improcedencia de este instituto de carácter residual y subsidiario que no fue establecido para suplir los mecanismos de defensa judicial dispuestos por el legislador al interior de las actuaciones, tal como se acaba de advertir.
En este punto, impera señalar que si bien dentro del proceso tramitado por la Fiscalía Veintidós Seccional de El Carmen de Bolívar, el denunciante CARDONA ESTRADA confirió poder a un abogado para efecto de obtener el reconocimiento como sujeto procesal, dicho profesional del derecho no presentó la demanda correspondiente y, por ello, no fue posible que tal aspiración se consolidara.
4. Es preciso destacar que las decisiones censuradas, en cuanto atañe a precluir las investigaciones adelantadas contra el ciudadano Becerra Álvarez, cuentan con una motivación razonable apoyada en la valoración de las pruebas obrantes en aquellas actuaciones, lo cual excluye la posibilidad de tildarlas de arbitrarias o caprichosas, vulneradoras por ello de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante CARDONA ESTRADA, por el sólo hecho de ser contrarias a sus intereses.
5. Adicionalmente, sin dificultad se advierte que el tema en discusión está circunscrito a un asunto eminentemente valorativo de los medios de convicción que fueron allegados a las investigaciones con el objeto de esclarecer lo acontecido, ponderaciones realizadas dentro del criterio de la libre apreciación de la prueba, limitada eso sí, por las reglas de la sana crítica, circunstancia que imposibilita al juez de tutela para inmiscuirse en lo que, sin lugar a dudas, es tema propio y exclusivo de las autoridades competentes que actúan como jueces naturales, más aún si se tiene en cuenta que no se trata de un asunto cuyo cotejo objetivo permitiera dar la razón al demandante.
6. Como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios competentes y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad y, sin tal violación, la solicitud de protección carece de sentido.
7. Resta precisar que las autoridades judiciales accionadas no se encontraban legalmente obligadas a disponer la notificación de las resoluciones cuestionadas en relación con el denunciante CARDONA ESTRADA.
8. Todo lo concretado conduce a confirmar la decisión adoptada por la Corporación de primer grado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia impugnada.
2. NOTIFICAR de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisión de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARINA PULIDO DE BARÓN


SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

HERMAN GALÁN CASTELLANOS

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

YESID RAMÍREZ BASTIDAS

MAURO SOLARTE PORTILLA

TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria








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