Página principal

Tutela n° 65505 República de Colombia


Descargar 29.35 Kb.
Fecha de conversión22.09.2016
Tamaño29.35 Kb.

TUTELA N° 65505

República de Colombia JOSÉ LUIS NÚÑEZ ROPAIN



Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N° 2
Magistrada Ponente:

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ

Aprobado Acta N° 061


Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013).
OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO
Resolver la impugnación presentada por JOSÉ LUIS NÚÑEZ ROPAIN en contra del fallo de tutela proferido el 5 de febrero último por el Tribunal Superior de Medellín, que negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por el Juzgado 16 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la misma ciudad.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El memorialista afirma que el Juzgado 16 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín adelantó en su contra proceso penal por los delitos de concierto para delinquir y hurto, cargos a los cuales se allanó en la audiencia de formulación de acusación. No obstante, refiere que la autoridad judicial mencionada permitió a su compañero de designio criminal indemnizar a las víctimas, razón por la cual fue condenado a una sanción menor que la suya, lo cual considera discriminatorio en la medida en que por carencia de recursos económicos no pudo proceder de igual manera.
Así las cosas, afirma la vulneración de los derechos fundamentales invocados, en cuyo restablecimiento solicita, implícitamente, se le otorgue un trato punitivo igual respecto del coautor de los hechos por los cuales fue condenado.


TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA

1. El juez colegiado de instancia asumió el conocimiento de la acción de tutela mediante auto de 23 de enero último, en el cual ordenó notificar a la autoridad accionada.


2. El Tribunal a quo declaró improcedente el amparo constitucional. Adujo en sustento que por virtud de la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, no resulta viable su procedencia cuando existan otros mecanismos de defensa al alcance del actor para la controversia de sus intereses, de los cuales haya prescindido por negligencia o descuido como se predica en este evento, pues el actor tuvo la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la decisión censurada y no lo hizo.
Con todo, destacó que la coparticipación con Julián Alberto Builes Betancur sólo se predicó respecto de dos conductas punibles contra el patrimonio económico, pues las restantes cuatro fueron imputadas en forma individual.

3. El accionante impugnó el fallo sin exteriorizar los motivos del disenso.


PARA RESOLVER SE CONSIDERA
De conformidad con el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 es competente la Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la decisión proferida por el Tribunal Superior de Medellín.
La parte accionante considera vulnerados los derechos fundamentales invocados, porque en su opinión fue discriminado respecto de su compañero de designio criminal a quien le fue impuesta una sanción penal menor que la suya como consecuencia de la indemnización de perjuicios efectuada, proceder que no pudo efectuar por carencia de recursos económicos.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.
En orden a resolver la impugnación, es pertinente señalar que la Sala ha sido del criterio que no puede acudirse a la tutela para remplazar los procedimientos ordinarios de defensa, cuando el amparo se concibió precisamente en orden a suplir la ausencia de éstos, motivo por el cual no puede promoverse la acción constitucional como medio alternativo o paralelo de defensa o instancia adicional para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas, como aquí es pretendido.
Ello por cuanto el accionante pretende convertir el mecanismo constitucional en una tercera instancia adicional o paralela a la de los jueces competentes, lo que de ninguna manera resulta admisible, máxime al advertir que dejó de utilizar de manera oportuna los mecanismos procesales de defensa de que disponía si estaba interesado en censurar el quebranto de las garantías fundamentales cuya protección invoca.
En efecto, el demandante tuvo a su alcance los recursos de apelación y casación y aun así no los interpuso, pues a pesar de conocer sobre la existencia de las diligencias penales adelantadas en su contra, por negligencia, incuria o simple descuido, voluntariamente optó por alejarse del proceso penal, luego no puede ahora utilizar el mecanismo constitucional para enmendar su pasiva y desinteresada actitud en la definición del asunto por el cual resultó condenado.
De suerte que al no agotar los medios de defensa judiciales indicados, la solicitud de tutela es improcedente, como así lo precisó la Corte Constitucional cuando sobre el particular dijo:
Sin embargo, si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo1.
La omisión puesta de presente, atribuible con exclusividad al prenombrado, permitió que el fallo de primera instancia cobrara firmeza, la cual no puede subsanarse por esta vía constitucional en consideración a su naturaleza esencialmente subsidiaria y residual, razón por la que no puede ahora intentar revivir la oportunidad procesal que venció sin actuar, con la pretensión de sustituir los mecanismos defensivos dispuestos por el legislador al interior de la actuación judicial adelantada y culminada en su contra.
En estos eventos, la acción de tutela no procede ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, como así lo precisó la Corte Constitucional cuando sobre el particular dijo:
En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional"2.
Cabe agregar, que en relación con el presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, lo aportado al expediente constitucional no acredita que el actor haya sido discriminado por la autoridad judicial accionada en relación con otros supuestos idénticos definidos por la misma autoridad demandada, pues la Sala no cuenta con elemento de juicio alguno que permita pregonar el eventual trato desigual, máxime cuando cada asunto de competencia del juez natural debe ser valorado de manera individual, amparado en los principios de autonomía e independencia judicial, consagrados en el artículo 228 de la Carta Política.
A dicha conclusión se arriba por cuanto el examen de las diligencias da cuenta de una situación jurídica diversa respecto de quien también fue condenado por los sucesos noticiados en el libelo, pues en tanto Julián Alberto Builes Betancur fue procesado por dos punibles contra el patrimonio económico en coautoría con NÚÑEZ ROPAIN, éste último además resultó condenado por cuatro delitos adicionales, lo cual constituye razón suficiente para otorgar un tratamiento punitivo diverso respecto de los dos sentenciados.
Lo considerado emerge suficiente para confirmar el fallo de primera instancia en cuanto negó por improcedente la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 2, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE
1. CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la anterior motivación.
2. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA



Secretaria


1 Corte Constitucional SU- 111 de 1997.

2


 Corte Constitucional SU- 111 de 1997.



La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje