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Tutela contra providencia judicail defecto sustantivo / defecto sustantivo en providencia judicial – Concepto. Alcance. Supuestos


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TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICAIL - Defecto sustantivo / DEFECTO SUSTANTIVO EN PROVIDENCIA JUDICIAL – Concepto. Alcance. Supuestos

 

En diferentes pronunciamientos, la Corte ha ido precisando el ámbito del defecto sustantivo como una condición de procedibilidad de la tutela contra las providencias judiciales. Al respecto ha señalado que se presenta, entre otras razones: (i) Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente, b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador, (ii) Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial, (iii) Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes, (iv) La disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, (v) Cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición, (vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso, (vi) Cuando se desconoce la norma aplicable al caso concreto. (vii) Con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales, (viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia, o (ix) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.



 

NOTA DE RELATORIA: Sobre el defecto sustantivo en providencia judicial: Corte Constitucional, sentencias T-364 de 2009, T-189 de 2005, T-205 de 2004, T-800 de 2006, SU-159 de 2002 y T-949 de 2009.

 

EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD EN CARGO DE CARRERA - Declaratoria de insubsistencia debe motivarse bajo la ley 909 / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Configuración del defecto sustantivo / DEBIDO PROCESO - Vulneración por defecto sustantivo en providencia judicial

 

Observa la Sala, que en efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que por tratarse de un empleado que ocupaba en provisionalidad un cargo de carrera administrativa sin estar inscrito en ella, el nominador podía hacer uso de su facultad discrecional y dar por terminado su nombramiento, sin que fuera necesaria la motivación de la decisión. (…) Respecto de ello es necesario precisar, que como bien lo ha sostenido ésta Corporación en reiteradas ocasiones, la remoción de los empleados que ocupan cargos de carrera en provisionalidad no requiere ser motivada, pues tiene origen en la facultad discrecional que le asiste al nominador y se presume que se realizó en procura del buen servicio; sin embargo, éste criterio es aplicable únicamente a los casos que tuvieron ocurrencia antes de la entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, esto es, 23 de septiembre de dicha anualidad, como quiera que en esta norma, se dejó claramente establecido que el retiro de los empleados de carrera, inclusive los nombrados en provisionalidad, deberá efectuarse mediante acto motivado. Conforme a lo anterior, advierte la Sala que si bien los empleados provisionales ostentan un fuero de estabilidad relativa en su cargo, lo cierto es, que la norma es enfática al señalar que su remoción debe materializarse mediante acto motivado, siendo inapropiado acudir a interpretaciones respecto de la misma. De esta manera se tiene, que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al aplicar al caso bajo estudio un criterio que era pasible de ser extendido únicamente a los empleados provisionales retirados antes del 23 de septiembre de 2004, fecha de entrada en vigencia de la Ley 909, incurrió en defecto sustantivo, pues como se dijo, la norma es clara al exigir para este tipo de desvinculaciones, la motivación del acto, y así debió entenderlo el entonces ad quem. Así las cosas resulta evidente, que al omitir la aplicación de la plurimencionada norma, y al no presentar motivos razonables y suficientes para justificar otra posición, el Tribunal quebrantó el derecho fundamental al debido proceso del actor, lo que da lugar a la protección mediante Acción de Tutela.



 

FUENTE FORMAL: LEY 909 DE 2004 – ARTICULO 25

 

NOTA DE RELATORIA: Sobre la motivación de los actos de insubsistencia de empleados en provisionalidad: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencias de 5 de febrero de 2009, Rad. 2002-00141. MP. Luís Rafael Vergara Quintero y de 23 de septiembre de 2010, Rad. 2005-01341-02(0883-08).

 

 

CONSEJO DE ESTADO



SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCION “A”

 

 



Bogotá, D.C., dos (02) de junio de dos mil once (2011)

Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN

Radicación número: 11001-03-15-000-2011-00558-00(AC)

Actor: FREDDY JOSE BONILLA ANGULO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

 

Decide la Sala la Acción de Tutela presentada por el señor Freddy José Bonilla Angulo contra la Sentencia del 30 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.



 

I. ANTECEDENTES

 

1. Derechos fundamentales invocados en protección.

 

Actuando en nombre propio y en ejercicio de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, el accionante invocó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por la Autoridad accionada.



 

La anterior solicitud la fundamentó en los siguientes,

 

2. Hechos

 

2.1 Mediante Decreto No. 025 de 23 de enero de 2004, se vinculó de manera provisional al Municipio de Buenaventura, en el cargo de Jefe de la Unidad de Renta y Catastro en la Dirección de Gestión Financiera, posesionándose el 27 de enero de 2004.

 

2.2 El 15 de marzo de 2006 el Alcalde Municipal mediante Resolución No. 189, dio por terminado su nombramiento, y posteriormente lo vinculó en el mismo cargo de profesional universitario Código 219 Grado 04, a través de Resolución No. 360.

 

2.3 El 8 de febrero de 2008, por medio del Decreto No. 049, el Alcalde del Municipio de Buenaventura lo desvinculó del cargo, en virtud de su condición de provisionalidad, sin exponer motivación alguna, pues obedeció al hecho de “no haber acompañado a su aspiración a la Alcaldía Municipal del actual Alcalde”.

 

2.4 Agotada vía gubernativa, interpuso demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de la que conoció en primera instancia el Juzgado 2° Administrativo de Buenaventura, quien a través de sentencia del 16 de febrero de 2010 declaró la nulidad de los Decretos Nos. 049 de 2008 y 168 de 2008, y condenó al demandado a reincorporarlo sin solución de continuidad al cargo de Profesional Universitario Código 219 Grado 04.

 

2.5 Interpuesto el recurso de alzada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante providencia de 30 de julio de 2010 revocó la proferida por el a quo, y denegó las súplicas de la demanda aduciendo, que la Administración Distrital de Buenaventura goza de cierta discrecionalidad para designar los funcionarios en provisionalidad, quienes no ostentan fuero de estabilidad, motivo por el cual pueden ser removidos del cargo sin motivación alguna.

 

2.6 Adujo, que el ad quem desconoció la posición adoptada por la Corte Constitucional, referida a la necesidad de motivación de los actos de desvinculación de los empleados provisionales, en procura de garantizarles el debido proceso administrativo.

 

2.7 En virtud de lo anterior solicitó, que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmar la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado 2° Administrativo de Buenaventura, dentro de la cual se accedió a las súplicas de la demanda.

 

3. Contestación de la solicitud de Tutela.

 

3.1 Municipio de Buenaventura.

 

Aclaró, que el acto de insubsistencia de un nombramiento que ha tenido origen discrecional no requiere motivación alguna. Por tanto, al encontrarse el demandante en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa, es susceptible de remoción en virtud de la facultad discrecional que recae en el nominador y su actuación goza de presunción de legalidad. Agregó, que en este sentido, se ha pronunciado el Consejo de Estado mediante sentencia del 11 de agosto de 2005, con ponencia de la Doctora Ana Margarita Olaya Forero.



 

3.2 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

 

Para ejercer su derecho de defensa, allegó copia de la providencia censurada.



 

Recibido el expediente en el Despacho, sin que se observe causal de nulidad que no invalide, procede la Sala a desatar la presente controversia.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. Competencia: la Sala es competente para conocer del asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 1382 de 2000.

 

2. Problema jurídico.

 

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala que el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo, al proferir la sentencia del 30 de julio de 2010, a través de la cual determinó que el acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento del actor, quien ocupaba como provisional un cargo de carrera administrativa, se había expedido conforme a la normatividad que regula la materia.



 

3. Fundamentos de la decisión.

 

3.1 Examen de procedencia de la Acción.

 

De acuerdo con la jurisprudencia vigente1[1], el recurso de Amparo procederá contra decisiones judiciales sólo si se encuentran satisfechos una serie de requisitos generales que habilitan el estudio por parte del Juez Constitucional, y además si se configura o no uno de los denominados defectos orgánico, procedimental absoluto, fáctico y material o sustantivo”.



 

A partir de los presupuestos fácticos del caso, encuentra la Sala que los requisitos generales de procedibilidad que se enunciarán a continuación se encuentran satisfechos para ingresar al estudio del defecto invocado por la parte actora.

 

a). Lo que se debate en el seno de la Acción de Tutela es un asunto de manifiesta relevancia constitucional: porque el estudio consiste en determinar si el Tribunal desatendió las normas que en materia de carrera administrativa regulan el retiro del servicio, inclusive de los empleados provisionales, lo cual de ser así constituiría una violación al debido proceso, o circunstancialmente un error de derecho.

 

b). El demandante no contaba con otro medio judicial de defensa: por cuanto el Amparo se dirige contra una decisión de segunda instancia, de lo que se observa que fueron agotados todos los recursos ordinarios.

 

c). No se trata de una irregularidad procesal que imponga el análisis de su impacto en la Sentencia: la génesis del vicio sustancial es la propia Providencia objeto de censura.

 

d). El presunto vicio que se alega no podía ser invocado en el proceso judicial, en tanto que nace en la Sentencia atacada.

 

e). No se trata de Tutela contra Fallo de Tutela y,

 

f). La Acción de Tutela fue propuesta en un término razonable y proporcionado, cumpliendo así con el requisito de la inmediatez.

 

3.2 Del defecto sustantivo.

 

En diferentes pronunciamientos2[2], la Corte ha ido precisando el ámbito del defecto sustantivo como una condición de procedibilidad de la tutela contra las providencias judiciales. Al respecto ha señalado que se presenta, entre otras razones3[3]:



 

(i) Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente, b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador,

 

(ii) Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial,

 

(iii) Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes,

 

(iv) La disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución,

 

(v) Cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición,

 

(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso,

 

(vi) Cuando se desconoce la norma aplicable al caso concreto.



 

(vii) Con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales,

 

(viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia, o

 

(ix) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.

 

3.3 Del caso concreto.

 

En el sub lite, manifiesta el actor que el Tribunal Accionado incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo, al proferir la sentencia del 30 de julio de 2010, sin tener en cuenta que la Administración del Municipio de Buenaventura estaba en el deber de motivar el acto administrativo mediante el cual, declaró insubsistente su nombramiento como provisional.



Al revisar la sentencia censurada observa la Sala, que en efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que por tratarse de un empleado que ocupaba en provisionalidad un cargo de carrera administrativa sin estar inscrito en ella, el nominador podía hacer uso de su facultad discrecional y dar por terminado su nombramiento, sin que fuera necesaria la motivación de la decisión.

 

Al efecto, sostuvo el entonces ad quem lo siguiente:



 

Debe observarse que la motivación no se exige para este tipo de actos, sin significar ello un comportamiento arbitrario de la administración, sino que por el contrario, el propósito es impedir que la administración tenga que justificar de forma expresa las decisiones que tome en dicha materia, lo que dificultaría la prestación del servicio. El Alcalde del Municipio de Buenaventura, en el caso sub judice, podía hacer uso de las diferentes herramientas con las que cuenta para el desarrollo de políticas, y para la escogencia del personal que considere mas competente en busca de los objetivos propuestos, de ahí que al no evidenciarse razones ajenas a ello, no se puede desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado. (FL. 60).

 

Si bien la motivación no se expresó en el texto del mismo acto, muestra el proceso, que la determinación tomada por el nominador, obedeció a la facultad discrecional que la ley le otorga para declarar insubsistente un nombramiento provisional, razón por la cual, podría deducirse que la actuación de la administración se ajustó a derecho, toda vez que tal atribución, es una facultad que la ley ha concedido a la autoridad nominadora respecto de los empleados no protegidos por fuero alguno de estabilidad y de ella ha de hacer uso con el único y exclusivo fin de mejorar el funcionamiento de la entidad y el de procurar el buen servicio público. (FL. 62).(Resalta la Sala).

 

Para la Sala es claro, que al momento de proferirse el acto administrativo acusado por medio del cual se terminó el nombramiento en provisionalidad, el actor era un empleado público de la Alcaldía Municipal de Buenaventura que no estaba inscrito en carrera, no gozaba de un periodo fijo, ni se veía cobijado por algún fuero que otorgue relativa estabilidad a su cargo, por lo que su retiro del servicio podía ocurrir en cualquier momento sin motivación alguna y de acuerdo a la facultad discrecional del nominador, la cual es la misma facultad con la que fue nombrado en el cargo de Profesional Universitario, y de la que no se tienen elementos de juicio suficientes como para inferir que le nominador la hubiera utilizado en contra del demandante, con fines desviados. (FL. 63) (resalta la Sala).

 

Respecto de ello es necesario precisar, que como bien lo ha sostenido ésta Corporación en reiteradas ocasiones, la remoción de los empleados que ocupan cargos de carrera en provisionalidad no requiere ser motivada, pues tiene origen en la facultad discrecional que le asiste al nominador y se presume que se realizó en procura del buen servicio4[4]; sin embargo, éste criterio es aplicable únicamente a los casos que tuvieron ocurrencia antes de la entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, esto es, 23 de septiembre de dicha anualidad, como quiera que en esta norma, se dejó claramente establecido que el retiro de los empleados de carrera, inclusive los nombrados en provisionalidad, deberá efectuarse mediante acto motivado. Dice la mencionada norma:



 

Artículo  41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:



Parágrafo 2º. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado. (Resalta la Sala).

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado”.

 

Al respecto, ya se pronunció la Sección Segunda de ésta Corporación, en los siguientes términos:



 

“La motivación del acto de retiro del servicio de empleados nombrados en provisionalidad, aún respecto de aquellos cuyo nombramiento se haya producido en vigencia de la Ley 443 de 1998, y su desvinculación ocurra luego de entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, se justifica en atención a que, de acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 41 de la citada Ley 909 de 2004 (que prevé las causales de retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa), la competencia para el retiro de los empleos de carrera (que pueden haber sido provistos a través de nombramientos en provisionalidad), es reglada, esto es, dicho retiro es procedente sólo y de conformidad con las causales consagradas en la Constitución Política y la ley, y el acto administrativo que así lo disponga debe ser MOTIVADO5[5], de tal manera que, la discrecionalidad del nominador sólo se predica respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción, la cual se efectuará mediante acto no motivado (inciso segundo parágrafo 2º, art. 41 Ley 909 de 2004). (Subrayas fuera del texto).

 

Así las cosas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13, 123 y 125 de la Constitución Política, 3º y 41 de la Ley 909 de 2005 y 10 del decreto 1227 del mismo año, el retiro del servicio de los empleados que ocupen en la actualidad cargos de carrera en provisionalidad, debe ser justificado mediante la expedición de un acto administrativo motivado, y para ello, la administración no debe considerar la fecha en la que se produjo la vinculación a través del nombramiento en provisionalidad, esto es, si fue o no con anterioridad a la vigencia de la nueva normatividad de carrera administrativa, pues ello implicaría un tratamiento desigual en detrimento incluso del derecho al debido proceso (en el aspecto del derecho a la defensa) respecto de aquellos cuyos nombramientos de produjeron en vigencia de la Ley 443 de 1998. (Resalta la Sala).



 

La motivación del acto de retiro del servicio frente a servidores que estén desempeñando en provisionalidad empleos6[6] de carrera administrativa, y que de manera expresa exige el legislador, luego de entrada en vigencia la Ley 909 de 2004, obedece a razones de índole constitucional que ya la Corte había precisado, y se traduce en la obligación para la administración de prodigar un trato igual a quienes desempeñan un empleo de carrera, el que funcionalmente considerado determina su propio régimen, que para los efectos de los empleados provisionales hace parte de sus garantías laborales, entre ellas la estabilidad relativa, en la medida en que su retiro del servicio se produce bajo una competencia reglada del nominador, por causales expresamente previstas (art. 41 Ley 909 de 2004, art. 10 Dec. 1227 de 2005), y que justifican la decisión que debe producirse mediante acto motivado”.7[7]

 

Conforme a lo anterior, advierte la Sala que si bien los empleados provisionales ostentan un fuero de estabilidad relativa en su cargo, lo cierto es, que la norma es enfática al señalar que su remoción debe materializarse mediante acto motivado, siendo inapropiado acudir a interpretaciones respecto de la misma.



 

De esta manera se tiene, que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al aplicar al caso bajo estudio un criterio que era pasible de ser extendido únicamente a los empleados provisionales retirados antes del 23 de septiembre de 2004, fecha de entrada en vigencia de la Ley 909, incurrió en defecto sustantivo, pues como se dijo, la norma es clara al exigir para este tipo de desvinculaciones, la motivación del acto, y así debió entenderlo el entonces ad quem.

 

Así las cosas resulta evidente, que al omitir la aplicación de la plurimencionada norma, y al no presentar motivos razonables y suficientes para justificar otra posición, el Tribunal quebrantó el derecho fundamental al debido proceso del actor, lo que da lugar a la protección mediante Acción de Tutela.



 

En consecuencia, la Sala tutelará el derecho fundamental al debido proceso del accionante, dejando sin efectos la Sentencia objeto de censura y ordenando al Tribunal accionado para que en un término no mayor de 10 días, dicte una nueva Providencia en la que se tengan en cuenta y se apliquen adecuadamente las normas que regulan el caso del accionante.

 

III.DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,



 

FALLA

 

I. TUTÉLASE el derecho fundamental al debido proceso del señor Freddy José Bonilla Angulo.

 

II. DÉJASE sin efectos la providencia proferida el 30 de julio de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; en consecuencia,

 

III. ORDÉNASE en un término no mayor a diez (10) días contados a partir de la notificación del presente fallo, dictar una nueva sentencia con base en los lineamientos a que ha hecho referencia la parte motiva de ésta providencia.

 

IV. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

 

V. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta Providencia, REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.



 

 

 



 

GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN

 

ALFONSO VARGAS RINCÓN

 

LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO

Comisión de servicios



1[1] Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela.

 


2[2] Ver entre otras, Sentencias T-364 de 2009, T-189 de 2005, T-205 de 2004, T-800 de 2006, SU-159 de 2002.

3[3] Corte Constitucional, sentencia T-949 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.

4[4] Sección Segunda, Sentencia del 5 de febrero de 2009, C.P. Luís Rafael Vergara Quintero. EXP. No. 50001-23-31-000-2002-00141-01.

5[5] De conformidad con el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005 la provisionalidad puede darse por terminada antes de cumplirse el término de duración que se contempla en la misma disposición, mediante resolución motivada.

6[6] La función pública está integrada con criterio objetivo por funciones y no subjetivamente por personas.

7[7]Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de 23 de septiembre de 2010. Radicación número: 25000-23-25-000-2005-01341-02(0883-08)

 


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