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Tutela 53268 VÍctor julio vera zorrilla juan francisco delgado cote joel villamizar vera impugnacióN


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TUTELA 53268

VÍCTOR JULIO VERA ZORRILLA

JUAN FRANCISCO DELGADO COTE

JOEL VILLAMIZAR VERA

IMPUGNACIÓN




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS


Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 127

Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil once (2011).




VISTOS

Se pronuncia la Sala acerca de la impugnación interpuesta por los accionantes VÍCTOR JULIO VERA ZORRILLA, JUAN FRANCISCO DELGADO COTE y JOEL VILLAMIZAR VERA, a través de apoderada, contra la sentencia de tutela proferida el 8 de febrero de 2011, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que le negó el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, debido proceso y asociación sindical, presuntamente vulnerados por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona y el Juzgado Civil del Circuito de la misma ciudad dentro del asunto laboral que allí se tramitó.


ANTECEDENTES

Fueron resumidos por el a quo en los siguientes términos:


Los accionantes adelantaron la presente acción de tutela, al considerar que se les han vulnerado sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, a la asociación y a la asociación sindical, con la decisión adoptada por las autoridades judiciales accionadas en el trámite del proceso especial de fuero sindical - permiso para despedir que en su contra adelantó la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona.
Manifiestan que laboraron al servicio del citado hospital, desempeñando los cargos de técnicos de área de la salud. Mediante acuerdo No. 004 de 21 de mayo de 2009, la junta directiva de la entidad hospitalaria ordenó la modificación de su planta de personal y dispuso la supresión, entre otros, de los cargos desempeñados por los peticionarios, para lo cual dispuso adelantar las correspondientes acciones judiciales de permiso para despedir.
Del proceso adelantado contra los actores, conoció por reparto el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pamplona, despacho judicial que profirió sentencia el 28 de octubre de 2010, en la que declaró probada la excepción denominada reten social y empleado próximo a jubilarse respecto del demandado Samuel Darío Mora Yáñez, no concedió permiso para su despido y, autorizó la desvinculación de los demandados Juan Francisco Delgado Cote, Víctor Julio Vera Zorrilla y Joel Villamizar Vera.
Inconformes con la anterior decisión, las partes interpusieron recurso de apelación cuyo conocimiento le correspondió al tribunal accionado, corporación que en sentencia calendada de 11 de noviembre de 2010, confirma íntegramente la de primera instancia, frente a la cual consideró que no operó el fenómeno de la prescripción por cuanto el decreto que ordenó la suspensión de los cargos que desempeñaban los accionantes fue proferido el 21 de mayo de 2009 y, la demanda presentada el 16 de julio del mismo año, situación de la que no se advierte que se encontrara superado el término de 2 meses que prevé el artículo 118 del C.P.T. y de la S.S.
Advierten que con ocasión de las anteriores decisiones judiciales fueron desvinculados de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, el 15 de diciembre de 2010.
Se duelen los peticionarios del argumento esgrimido por el tribunal en la sentencia de segunda instancia relacionado con la no prescripción de la acción de fuero sindical (…).
Manifiestan además, que existió una indebida valoración de las pruebas, lo que lleva a que se configure una vía de hecho ‘que debe ser corregida so pena de hacer nugatorio los derechos fundamentales de mis mandantes, más aún cuando en ocasión de los fallos cuestionados estos fueron desvinculados de sus cargos’.
Por lo anterior, solicitan al juez de tutela se conceda el amparo constitucional deprecado y, como consecuencia de ello, se dejen sin efecto las sentencias proferidas dentro del proceso de fuero sindical - permiso para despedir adelantado en su contra”.


El FALLO DE PRIMER GRADO

La Sala de Casación Laboral, en sentencia de 8 de febrero de 2011, concluyó en la negativa de la petición de tutela, por cuanto no observó que la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad hubieran actuado de manera negligente ni que en sus decisiones hayan olvidado cumplir con el deber de análisis de las realidades fácticas y jurídicas sometidas a su criterio, siempre dentro del marco de autonomía y competencia que les otorga la Constitución y la ley.


Expuso que las providencias atacadas consultaron las reglas mínimas de razonabilidad jurídica, que obedecieron a la labor hermenéutica propia de los operadores judiciales, quienes dotados de la libertad de interpretación que la misma Constitución Política les reconoce, actuaron dentro del ámbito de sus competencias.

LA IMPUGNACIÓN

Notificada del contenido del fallo, la apoderada de los accionantes la impugnó, argumentando que la Sala de Casación Laboral de esta Corporación no tomó en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional, quien estableció que el término para incoar la acción de levantamiento del fuero sindical es de dos meses, el cual se empieza a agotar desde el conocimiento de la justa causa para desmejorar al trabajador (para el efecto, cita la sentencia C-381 de 2000).


Refiere que la circunstancia descrita es la que precisamente no fue advertida por los jueces accionados, pues no tomaron en consideración que desde el 28 de julio de 2008 el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander le informó a la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Pamplona que esa entidad no continuará contratando acciones de salud ambiental con las empresas sociales del Estado, y tan sólo hasta el 21 de mayo de 2009 la Junta Directiva del Hospital San Juan de Dios ordena suprimir la planta de personal, es decir, diez meses después de tener noticia de la supuesta causa justa de eliminación de los cargos.
Frente al tema afirma que la Corte Constitucional ha establecido que “el empleador cuando decida interponer la acción de levantamiento de fuero sindical, deberá hacerlo inmediatamente al conocimiento de la ocurrencia de una causa justa para la autorización del despido, traslado o desmejora del trabajador”.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Dando por descontado que a partir de la inexequibilidad de los artículos, 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, declarada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-543 de 1992, la tutela contra sentencias y en general contra decisiones judiciales es improcedente, pues así lo impone la necesidad de preservar el debido proceso, el principio de juez natural y el de seguridad jurídica, y sólo a condición de que se demuestre la incursión en causales de procedibilidad por parte del funcionario judicial, esto es, que con desconocimiento de la Constitución y la ley las decisiones que en ejercicio de la función pública de administrar justicia desbordan el ordenamiento jurídico, y emergen abusivas y arbitrarias; es evidente que en el presente asunto la impetrada por VÍCTOR JULIO VERA ZORRILLA, JUAN FRANCISCO DELGADO COTE y JOEL VILLAMIZAR VERA, no se aviene a ninguno de los presupuestos que permitirían un estudio constitucional de los hechos en que sustenta la vulneración a los derechos fundamentales cuyo amparo reclama.


2. En efecto, lejos de poner de presente la incursión en vías de hecho, ahora denominadas causales genéricas y especiales de procedibilidad, en los términos en que han sido decantadas por la jurisprudencia, los petentes, a través de su apoderada, postulan un criterio interpretativo diverso del expuesto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pamplona y la Sala Única del Tribunal Superior de la misma ciudad, con el ánimo de que el juez de tutela acoja como mejor y más elaborado su criterio respecto de la decisión de levantar el fueron sindical y conceder permiso al Hospital San Juan de Dios para despedir a los accionantes.
3. Es decir, buscan cuestionar el raciocinio jurídico de la jurisdicción laboral en la doble instancia, y con ello protestar por el sentido de las decisiones adoptadas. Frente a tal cometido la tutela no es el medio apropiado, pues precisamente para satisfacer esa pretensión se establecieron una serie de mecanismos que ya se ejercitaron al interior del proceso laboral, como correspondía, entre ellos el recurso de apelación, razón adicional para verificar que en este evento siempre estuvo garantizado el acceso a la justicia.
4. Entendiendo, como se debe, que la acción de amparo constitucional no es una herramienta jurídica adicional, que en este evento, con la impugnación, se convertiría prácticamente en una cuarta instancia, no es adecuado plantear por esta senda la incursión en vías de hecho, originadas en la supuesta arbitrariedad en la que incurrieron las autoridades accionadas al proferir sus decisiones, en la interpretación de las normas jurídicas aplicables al asunto, o en el seguimiento de los lineamientos jurisprudenciales acerca del tema debatido.

5. Si se admitiera que el juez de tutela verifique la juridicidad de los trámites, o de los supuestos desaciertos en la interpretación de las normas jurídicas por los funcionarios de instancia, no sólo se desconocerían los principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios de independencia y sujeción exclusiva a la ley, previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, sino además los del juez natural, y las formas propias del juicio penal contenidos en el artículo 29 Superior.


6. Recuerda la Corte que la acción pública no constituye un mecanismo adicional ni alternativo a los consagrados en la legislación ordinaria; por el contrario, se trata de un instrumento residual, preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales ante su menoscabo actual o una amenaza inminente por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos previstos en la ley, y en este orden de ideas, procede cuando el afectado no dispone de otro medio eficaz de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; conjunto de situaciones que en este evento no convergen.
Acorde con lo que viene de verse, la demanda de tutela no está llamada a prosperar, razón por la cual la decisión que se impone adoptar en esta sede es su confirmación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Confirmar el fallo impugnado.
2. Notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Enviar las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÚMPLASE.

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria



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