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Tutela 13254 primera instancia bernardo de j. Cardona yépez


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TUTELA 13254 PRIMERA INSTANCIA

BERNARDO DE J. CARDONA YÉPEZ
República de Colombia

Corte Suprema de Justicia




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

DR. EDGAR LOMBANA TRUJILLO

Aprobado Acta No. 035

Bogotá D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil tres (2003).



VISTOS

Se pronuncia la Corte sobre la posibilidad de rechazar, por falta de legitimidad activa, la acción de tutela interpuesta por el abogado BERNARDO DE JESÚS CARDONA YÉPEZ, en nombre del señor SERGIO ALBERTO ÁLVAREZ MONTOYA, privado de la libertad en la Cárcel Municipal de Andes (Antioquia), en garantía de los derechos fundamentales al debido proceso y a no ser juzgado dos veces por la misma conducta, que estima vulnerados por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, en desarrollo de un proceso penal donde está siendo juzgado por secuestro simple.


ANTECEDENTES


1. El Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín condenó al señor SERGIO ALBERTO ÁLVAREZ MONTOYA a la pena principal de cuarenta (40) meses de prisión, por los delitos de hurto calificado-agravado y porte ilegal de armas.


2. Posteriormente, la Fiscalía Ochenta y Cinco Seccional de Medellín abrió otra investigación, por acontecimientos conexos a los anteriores, esta vez por el delito de secuestro simple; acusó al señor ÁLVAREZ MONTOYA; y la causa está siendo adelantada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de la misma ciudad.
3. En la nueva causa, el defensor de SERGIO ALBERTO ÁLVAREZ MONTOYA solicitó cesación de procedimiento, en aplicación del principio non bis in ídem, argumentando que toda la conducta ya había sido materia de investigación y juzgamiento por la autoridad competente.
4. Por auto del 17 de enero de 2003, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Medellín negó por improcedente aquella solicitud. Esta decisión fue apelada, y el Tribunal Superior de dicha ciudad la confirmó, mediante proveído del 3 de marzo de 2003.
5. Agotado el trámite anterior, el abogado BERNARDO DE JESÚS CARDONA YÉPEZ, quien se arroga la calidad de agente oficioso, manifiesta que interpone acción de tutela en nombre del SERGIO ALBERTO ÁLVAREZ MONTOYA, solicitando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a no ser juzgado dos veces por idénticos hechos, afirmando que la negación del cese de procedimiento en la segunda causa se fundamenta en lucubraciones artificiosas, que configuran vías de hecho.


CONSIDERACIONES DE LA CORTE


1. Observa la Sala que el abogado BERNARDO DE JESÚS CARDONA YÉPEZ no indica qué tipo de relación lo vincula con el señor SERGIO ALBERTO ÁLVAREZ MONTOYA; no informa por qué motivos se atribuye la representación de él, y no dice las razones por la cuáles el privado de la libertad no puede actuar en su propio nombre.


2. En tales condiciones, es evidente que CARDONA YÉPEZ no tiene aptitud legal para representar al procesado SERGIO ALBERTO ÁLVAREZ MONTOYA, por no demostrar los requisitos para actuar como agente oficioso. En consecuencia, al no cumplirse el presupuesto de procedibilidad consistente en que el promotor de la acción de tutela tenga legitimidad para actuar, la demanda debe rechazarse.
3. En efecto, ninguna explicación, aunque fuese sumaria, suministra el abogado CARDONA YÉPEZ en orden a demostrar los motivos por los cuales el procesado ÁLVAREZ MONTOYA no está en condiciones de interponer por sí mismo la acción de tutela; y tampoco el profesional señala las razones para no haber obtenido el poder necesario para actuar como apoderado de aquél.

Se advierte, en cambio, que el procesado ÁLVAREZ MONTOYA tiene un defensor que lo está representando activamente, dentro del proceso penal que actualmente cursa en su contra; de ahí que la Sala no encuentra fundamento alguno para que otro profesional, sin mediar explicación, agencie sus derechos.


4. Tampoco la condición de recluso comporta una situación de incapacidad, impedimento o interdicción, que de suyo coloque al privado de la libertad en imposibilidad física o jurídica de actuar en su propio nombre en el marco de la acción de tutela, que por demás es un trámite desligado de toda formalidad.
Por el contrario, la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, deposita en los directores de los establecimientos de reclusión el deber de garantizar los derechos de los internos, y en especial, el artículo 154 establece la obligatoriedad de suministrarles asistencia jurídica, siendo factible la intervención de la defensoría del pueblo, si fuere el caso.
5. De conformidad con el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona que pretenda la defensa de garantías fundamentales ajenas debe demostrar que actúa en representación de otro, para lo cual requiere de poder especial si fuere abogado, o que lo hace como agente oficioso, acreditando que el titular del derecho violado o amenazado no está en condiciones de promover su propia defensa.
En tal sentido se ha perfilado la jurisprudencia de la Corte Constitucional en pluralidad de sentencias, entre las cuales se destacan las T-207 del 23 de abril de 1997, T-01 del 21 de enero del mismo año, T-504 del 8 de octubre de 1996 y T-403 del 11 de septiembre de 1995.
De igual modo, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido reiteradamente que el amparo de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela es un mecanismo excepcional, que comporta un proceso judicial independiente, autónomo, de conocimiento de la jurisdicción constitucional y que, como tal, en lo que atañe al derecho de postulación, requiere de la representación judicial del interesado si éste no actúa por sí mismo. (Auto del 28 de noviembre de 2001, radicación 10.378, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla; auto del 13 de agosto de 2002, radicación 11.784, M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón; y auto del 11 de febrero de 2003, radicación 13.014, M.P. Dr. Edgar Lombana Trujillo)
6. Conviene advertir que en ningún momento se está negando al señor BERNARDO DE JESÚS CARDONA YÉPEZ el derecho que le asiste a interesarse por la suerte judicial del procesado. Se trata de que, como es abogado, para manifestar ese interés requiere poder para actuar conferido por él; y si su pretensión la hace en calidad de agente oficioso, necesariamente debe declarar, con la debida sustentación, los motivos por los cuales el señor SERGIO ALBERTO ÁLVAREZ MONTOYA no está en condiciones de promover por sí mismo la acción de tutela.
Lo anterior significa que si subsana la omisión, es decir si allega poder para actuar, o prueba de la incapacidad actual de ÁLVAREZ MONTOYA para interponer la acción de tutela por sí mismo, el trámite podrá efectuarse nuevamente, siempre y cuando subsistan las razones que fundamentan la petición de amparo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,


RESUELVE




1. Rechazar, por las razones expuestas en acápites precedentes, la demanda por medio de la cual el abogado BERNARDO DE JESÚS CARDONA YÉPEZ interpone acción de tutela en nombre y representación del señor SERGIO ALBERTO ÁLVAREZ MONTOYA.
2. Notifíquese de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
3. Contra el presente auto no procede recurso alguno.
Cúmplase

YESID RAMÍREZ BASTIDAS
FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL HERMAN GALÁN CASTELLANOS


CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE JORGE A. GÓMEZ GALLEGO


EDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO O. PÉREZ PINZÓN


MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANES


TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria





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