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Tribunalsupremo sala de lo Penal


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T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Penal

SENTENCIA


Sentencia Nº: 279/2010
RECURSO CASACION :1427/2009
Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimatoria
Procedencia: Audiencia Nacional. Sección Primera.
Fecha Sentencia: 22/03/2010
Ponente Excmo. Sr. D.: Andrés Martínez Arrieta
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero
Escrito por: AMV



*Delito de falsedad en documento oficial. Complicidad. Unidad de acción o continuidad delictiva en el delito de falsedad.



Nº: 1427/2009
Ponente Excmo. Sr. D.: Andrés Martínez Arrieta
Fallo: 17/03/2010
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal
SENTENCIA Nº: 279/2010

Excmos. Sres.:
D. Juan Saavedra Ruiz

D. Andrés Martínez Arrieta

D. Julián Sánchez Melgar

D. Perfecto Andrés Ibáñez

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

En nombre del Rey
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente
SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Marzo de dos mil diez.


En el recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma interpuesto por las representaciones de la acusación particular de ASOCIACIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS POR LA CATÁSTROFE DEL ACCIDENTE AÉREO YAK 42, Dª ANGELES CUBAS CERDÁN Y OTROS; VICENTE CARLOS NAVARRO RUÍZ, MIGUEL ANGEL SAEZ GARCÍA Y JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ GARCÍA, contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sección Primera, que condenó a Vicente Carlos Navarro Ruíz, Miguel Ángel Sáez García y José Ramón Ramírez García por delito de falsificación de documento oficial, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando la acusación particular de la Asociación de Familias afectadas por la catástrofe del accidentes aéreo Yak 42 y Ángeles Cubas Cerdán y otros representados todos ellos por el Procurador Sr. Rodríguez Díez; Vicente Carlos Navarro Ruíz representado por la Procuradora Sra. Barallat García; Miguel Angel Sáez García y José Ramón Ramírez García representados ambos por la Procuradora Sra. García Bardón; y como recurridos La Mercantil Houston Casaulty Company Europe, S.A. representada por la Procuradora Sra. Pérez Calvo; María Menéndez Cañedo, Diego Manuel Novo Menéndez, Antonio Novo Menéndez y Doña María del Rosario Benítez Maudes (Representante legal de Carlos y Daniel), representados por el Procurador Sr. Granizo Palomeque; Zurich España CIA de Seguros y Reaseguros, S.A. repersentada por el Procurador Olivares de Santiago; Abogado del Estado NSJE 15/08, Mapfre empresa CIA de Seguros y Reaseguros S.A., representada por el Procurador Ruipérez Palomino.



I. ANTECEDENTES


Primero.- El Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, instruyó Procedimiento Abreviado 295/2004 contra Vicente Carlos Navarro Ruíz, José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García y (en concepto de responsables civiles, con carácter subsidiario) El Estado, Mapfre Empresas, Cía de Seguros y Reaseguros S.A., Zurich España, Cía. de Seguros y Reaseguros S.A., Houston Casualty Europe Seguros y Reaseguros, por delito de falsificación de documentos oficiales, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Nacional, Sección Primera, que con fecha 16 de Mayo de dos mil nueve dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:"I. Los acusados Vicente Navarro Ruíz, José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, que eran en la fecha de los hechos que se relatarán general deDivisión del cuerpo de Sanidad, comandante y capitán médico, respectivamente, son mayores de edad y carecen de antecedentes penales.

II. En las primeras horas del día 26 de mayo de 2003 un avión marca Yakolev, modelo 42, se estrelló cuando realizaba una maniobra de aproximación al aeropuerto de Trebizonda (Trbazon, Turquía), falleciendo en el acto la totalidad de sus ocupantes, que eran sesenta y dos militares españoles pertenecientes al contingente ASFOR IV que tras concluir su misión en Afganistán regresaban a España, doce miembros de la tripulación, de nacionalidad ucraniana y un ciudadano bielorruso.

Tras la recogida de los cadáveres, que fueron introducidos en bolsas individualizadas y numeradas, se dispuso su traslado a una morgue improvisada ubicada en las proximidades Trebizonda.

III. Conocida la noticia del accidente en España, fueron comisionados por el Ministerio de Defensa para la identificación y repatriación de los cadáveres de los militares españoles los acusados Vicente Navarro Ruíz, general de Sanidad, el comandante médico José Ramón Ramírez García y el capitán médico Miguel Sáez García, que se desplazaron a Turquía junto con otros militares, entre ellos el general Beltrán Doña, el militar de mayor graduación y antigüedad.

IV. Para cumplir con la misión encomendada, una vez en el lugar donde se hallaban los cuerpos sin vida de los españoles, durante la tarde del día 26 de mayo y a lo largo del día siguiente, los acusados Ramírez García y Sáez García, bajo las órdenes del también acusado Navarro Ruíz, procedieron al examen de los cuerpos contenidos en las bolsas, labor que realizaron conjuntamente con un equipo de médicos forenses turcos que también se había desplazado hasta allí.

Determinaron en un primer momento la nacionalidad de las personas a las que pertenecían los restos introducidos en las bolsas y las causas de los fallecimientos, debidos estos, en todos los casos, a lesiones traumáticas multiorgánicas propias del accidente. A continuación, basándose en signos externos tales como los uniformes, arma y/o cuerpo al que pertenecían, graduación, apellidos adheridos al uniforme o a otras ropas, documentos, chapas de identidad, tarjetas de identidad, objetos personales como anillos, cadena y otros signos distintivos, llegaron a la razonable certeza de la identidad de treinta y dos cadáveres, los numerados como 2, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 46, 47, 52, 54, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73 y 74.

Por el contrario, los treinta cadáverez restantes, que ocupaban las bolsas número 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 35, 41, 43, 45, 50, 53, 55, 56, 60, 62, 64, 69, 71 y 75, presentaban tal estado que no era posible identificarlos mediante el examen visual y la deducción, por lo que el equipo turco que había tomado muestras de ADN para la obtención de la huella genética, advirtió a los acusados de la necesidad de utilizar dicha técnica respecto de esos treinta cuerpos para poder identificarlos.

V. El resultado de la observación o examen de cada cadáver era recogido por el comandante Ramírez y el capitán Sáez en una nota o ficha que, entregada al general Navarro, servía a éste para asignar una identidad a cada cuerpo. Sólo con ellas, sin realizar diligencia o análisis complementario alguno, a pesar de ser consciente de que era imposible identificar con tales datos todos los cuerpos, Navarro elaboró una lista en la que junto al número asignado a cada cuerpo aparecía un nombre y apellidos correspondiente a uno de los 62 militares españoles fallecidos, de modo que aparentaba que todos ellos habían sido identificados, cuando lo cierto es que las identidades habían sido asignadas de forma aleaotoria en treinta casos.

No cosnta que el comandante Ramírez García ni el capitán Sáez García intervinieran en la confecciónd el referido traslado.

VI. A las 2:30 horas del día 28 de mayo de 2003, tras diversas conversaciones y negociaciones entre las autoridades turcas y españolas, comenzó la entrega de las sesenta y dos bolsas con los cadáveres a las autoridades españolas.

Antes de la entrega se firmó un acta, denominada "de identificación, autopsia y control de los cadáveres" en la que se describe el estado de cada uno de los 62 cadáveres y aparece un listado con 32 números no correlativos y, junto a cada uno de ellos, el nombre de uno de los militares españoles fallecidos. En párrafo aparte, se reseñan otros 30 números no correlativos, uno detrás de otro y sin nombre alguno, correspondientes estos a los otros 30 cadáveres, estos no identificados.

Este documento fue suscrito por parte española por los generales Beltrán Doña y el acusado Navarro, que era consciente de que recibía 30 cuerpos sin identificar. A pesar de ello, Navarro manifestó al general Beltrán que él los tenía identificados todos, lo que no se correspondía con la realidad.

VII. La carga y transporte de las bolsas las cámaras frigoríficas en que se hallaban hasta el lugar donde estaban los ataúdes, distante unos cuerenta metros, fue realizado por soldados del ejército turco bajo la supervisión de los acusados Ramírez y Sáez.

Para identificar a la personas cuyos restos iban dentro de cada ataúd, siguiendo la lista elaborada por el general Navarro, se colocó sobre cada uno de los féretros vacíos un papel o folio, suejto con cinta adhesiva, con una leyenda en español con el nombre de la persona, la graduación militar que correspondía al cadáver y el número de la bolsa que lo contenía.

Seguidamente, la bolsa era introducida en el féretro que tenía su mismo número, de modo que había una correlación entre el número de la bolsa y el número del ataúd y, por lo tanto, entre la persona que contenía la bolsa, la que constaba en el exterior de cada féretro y la identidad que le había asignado Navarro.

VIII. A pesar de que no se había realizado la inscripición de los fallecimientos en el registro civil consular ni obtenido los permisos sanitarios internacionales, en las primeras horas del día 28 de mayo de 2003, los sesenta y dos ataúdes con los fallecidos fueron transportados en tres aviones C-130 a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Una vez en España, cuando los acusados Ramírez García y Sáez García ya se habían marchado ya hacia sus domicilios, recibieron una llamada desde la base aérea de Torrejón de Ardoza ordenándosles regresar para que realizaron los informes de necropsias de los sesenta y dos fallecidos.

Una vez en la base, en cumplimiento de la orden recibida, procedieron a hacer los informes solicitados, para lo que usaron las fichas o notas que habían elaborado en Turquía durante el reconocimiento de los cuerpos, haciendo constar como lugar y fecha del informe "Trabzon, 27/05/2003".

Los acusados Ramírez y Sáez, conscientes de que treinta de los cadáverez no podían haber sido identificados con los datos que poseían, hicieron constar al principio de todos los informes la siguiente leyenda: "Se realiza recropsia de cadáver de varón, al que se nos presenta con el numero (X) y como (nombre y apellidos)".

No obstante, a sugerencia del acusado Navarro, con la excusa de "dulcificar" la descripción de las lesiones, omitieron conscientemente aquellas que podían fácilmente despertar recelos o dudas sobre el proceso de identificación hecho por aquél, permitiendo que Navarro pudiera emitir los certificados médicos de defunción haciendo constar en todos ellos que la identidad se había acreditado mediante identificación individual y tras haberse realizado la autopsia.

Así, en los informes de 16 de los 30 cuerpos a los que Navarro había asignado una identidad inauténtica, los numerados como 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 1, 3, 14, 17, 23, 50, 56, 62 y 75, omitieron conscientemente que estaban "mayoritaria, prácticamente, generalmente o totalmente" carbonizados.

En los restantes 14 informes se omitió toda referencia a carbonización que afectara a partes relevantes u otras lesiones significativas.

IX. Tras celebrarse en la tarde del día 28 de mayo de 2003 un funeral de Estado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, se entregó a la familia de cada uno de los fallecidos el ataúd que según la identidad asignada por Navarro contenía los restos mortales de su ser querido, procediendo a su inhumación o incineración en distintos cementerios de España.

X. Las treinta y dos identidades con nombres y apellidos en el "acta de identificación, autopsia y control de los cadáveres" que fue firmada conjuntamente por las autoridades turcas y los generales españoles Beltrán y el acusado Navarro, resultaron ser ciertas y correctas.

Por el contrario, las treina que fueron unilateral y aleatoriamente asignadas por Navarro, que en la referida acta consatban como no identificados, resultaron falsas y erróneas.

Como consecuencia de ello don Vicente Agulló Canda fue inhumado en el cementerio Sur de Madrid bajo el nombre de don Mario González Vicente; don Francisco Alarcón García fue incinerado como don Carlos Oriz García; don Joaquín Álvarez Vega resultó inhumado en el cementerio de Moraleja (Cáceres) como si se tratara de don Feliciano Vegas Javier; don David Arribas Cristóbal fue enterrado en el cementerio de San Esteban del Valle (Ávila) como don César Barciela González y éste último lo fue en el cementerio de Torrero de Zaragoza bajo el nombre de don David González Paredes, juntamente con otras dos pequeñas partes de los cuerpos de dos de sus compañeros; don Juan Bohabonay Domínguez fue inhumado en el cementerio de Pozohondo (Albacete) como si se tratara de don Juan Tornero Ródenas; don Miguel Calvo Puentes resultó incinerado como si fuese don Francisco de Alarcón García; don Francisco Cardona Gil fue incinerado como don Joaquín Álvarez Vega; don Francisco Cobas Ligero resultó enterrado en el cementerio de Albacete como si se tratara de don Israel Ferrer Navarro; don Fernando España Aparisi fue inhumado en el cementerio de Villatux-Lalín (Pontevedra) creyendo que se trataba de don Vicente Agulló Canda; don Israel Ferrer Navarro fue inhumado en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo (Madrid) como don Emilio Gonzalo López; don DAvid González Paredes fue incinerado como si se tratara de don Alberto Mústienes Luesma; don Mario González Vicente fue inhumado en el cementerio deTorrero de Zaragoza como don José Moreno Murcia; don Emilio Gonzalo López fue enterrado en el cementerio de Torrero de Zaragoza como si se tratara de don José Sencianes López; don Santiago Gracia Royo resultó inhumado en el cementerio "Parque de la Paz" de Valencia bajo el nombre de don Felipe Perla Muedra; don Francisco Hernández Sánchez resultó incinerado creyendo que se incineraba a don Pedro Rodríguez Álvarez; don Juan Jiménez Sánchez fue incinerado en la creencia de que era don José Pazos Vidal; don Juan López de Borbón se enterró en el cementerio de Polvoredo (Léon) como si fuese don Jesús Piñán del Blanco; don Juan Maneiro Cruz fue inhumado en el cementerio Sur de Madrid como don Juan Jiménez Sánchez; don Rafael Martínez Micó fue incinerado creyendo que se trataba de don Santiago Gracia Royo; don José Moreno Murcia inhumado en el cementerio de Alcantarilla (Murcia), lo fue en la suposición de que se trataba de don Juan Bahobonay Domínguez; don Alberto Mústienes Luesma fue enterrado en el cementerio de Alboraya (Valencia) como si fuese don Francisco Cardona Gil; don Carlos Oriz García resultó enterrado en el cementerio de Alfafar (Valencia) como si se tratase de don Rafael Martínez Micó; don José Pazos Vidal fue inhumado en el cementerio de Burgos como si fuese don Juan Maneiro Cruz; don Felipe Perla Muedra resultó enterrado en el cementerio de Cornellá (Barcelona) en la creencia de que se enterraba a don Francisco Cobas Ligero; don Jesús Piñán del Blanco fue incinerado como don Juan López de Borbón; don Pedro Rodríguez Álvarez se inhumó en el cementerio de Alcalá de Henares (Madrid) con el nombre y en la creencia de que era don Miguel Calvo Puentes; don José Sencianes López fue incinerado como si se tratara de don fErnando España Aparisi; don Juan Tornero Ródenas se enterró en el cementerio de Burgos bajo el nombre de don David Arribas Cristóbal y don Feliciano Vegas Javier en eld e Jabalí Viego (Murcia) en la creencia de que se inhumba el cuerpod e don Francisco Hernández Sánchez.

XI. Por orden de la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres los veintiún restos que habían sido enterrados se exhumaron entre los días 22 y 29 de noviembre de 2004 y fueron entregados a sus verdaderos familiares después de establecer sus verdaderas identidades mediante pruebas de ADN efectuadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La huella digital así establecida coincidía plenamente con la obtenida de las muestras extraídas por los forenses turcos en Trebizonda (Turquía).

Las familias que conservaban las cenizas de los restos incinerados las entregaron a quienes correspondían y recibieron los restos que, según los análisis, eran los de su verdadero familiar fallecido en el siniestro aéreo, lo que no pudo llevarse a cabo en el caso de dos familias que habían optado por la incineración y habían esparcido las cenizas de quienes creyeron que eran sus familiares".
Segundo.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"FALLAMOS: I. Absolviéndole del resto de las peticiones acusatorias, Debemos condenar y condenamos a Vicente Carlos Navarro Ruíz como autor de un delito de falsedad en documento oficial, cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de tres años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial pra el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, multa de seis meses con una cuota diaria de 10 euros, y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas, así como a que indemnice a los herederos de cada uno de los treinta militares fallecidos inverazmente identificados en 10.000 , imponiéndole un tercio de las costas de esta instancia.

II. Debemos condenar y condenamos a José Ramón Ramírez García y a Miguel Ángel Sáez García como cómplices del mismo delito, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas, para cada uno de ellos, de un año y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de tres meses con una cuota diaria de 10 euros, y un año de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas, así como a que, en el caso de no satisfacerse la indemnización por el autor, indemnicen, conjunta y solidariamente, a los herederos de cada uno de los treinta militares fallecidos inverzamente identificados en 10.000 €, imponiéndoles un tercio de las costas de esta instancia a cada uno de ellos.

III. Se declara la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio de Defensa, que deberá hacer frente a las indemnizaciones en defecto de los criminalmente responsables.

IV. Procede absolver a las compañías de seguros Mapfre empresas, Cía de seguros y reaseguros S.A., Zurich España, Cía de seguros y reaseguros S.A. y a Houston Casualty Europe de seguros y reaseguros S.A. de las pretensiones indemnizatorias articuladas por el Ministerio Fiscal y la acusación constituída por doña María Menéndez Cañedo y otros, declarando de oficio las costas causadas a su instancia".
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por las representaciones de la acusación particular de la Asociación de Familias afectadas por la catástrofe del accidentes aéreo Yak 42 y Ángeles Cubas Cerdán y otros; Vicente Carlos Navarro Ruíz; Miguel Angel Sáez García y José Ramón Ramírez García, que se tuvo por anunciado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
Cuarto.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, las representaciones de los recurrentes, formalizaron el recurso, alegando los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
La representación de la Asociación de Familias afectadas por la catástrofe del accidentes aéreo Yak 42 y Ángeles Cubas Cerdán y otros:

PRIMERO.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por inaplicación indebida del art. 390.1.4º en relación con el art. 28 CP.

SEGUNDO.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del art. 390.1.4º en relación con el art. 29 CP.

TERCERO.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del art. 74 CP (continuidad delictiva.

CUARTO.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida de las penas impuestas.

QUINTO.- Al amparo del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por error en la apreciación de la prueba.

SEXTO.- Al amparo del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por error en la apreciación de la prueba.

SÉPTIMO.- Al amparo del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por error en la apreciación de la prueba.


La representación de Vicente Carlos Navarro Ruíz:

PRIMERO.- Al amparo del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por error en la apreciación de la prueba.

SEGUNDO.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por errónea aplicación del art. 390.1.1º y 4º CP.

TERCERO.- Por infracción de Ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por error en la apreciación de la prueba resultante de documentos obrantes en autos.

CUARTO.- Por infracción de Ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por errónea aplicación del art. 390.1. 4º CP.

QUINTO.- Por infracción de Ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por errónea aplicación del art. 390.1. 1º CP e infracción de la tutela judicial efectiva, por falta de motivación de la sentencia (art. 24.1 CE).

SEXTO.- Por infracción de Ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del art. 390.1. 1º y 4º CP e inaplicación indebida de la regla 1ª del art. 8 y, consiguientemente, del art. 398 del CP.
La representación de José Ramón García y Miguel Sáez García:

PRIMERO.- Al amparo del art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del precepto constitucional que consagra el derecho a la presunción de inocencia, art. 24.2 de la Constitución Española.

SEGUNDO.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del art. 390.1.1º y 4º en relación con el art. 26 del CP.

TERCERO.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del art. 29 del CP.

CUARTO.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del art. 29 del CP.

QUINTO.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del art. 29 (cómplices) e inaplicación indebida del art. 20.7 del CP (eximente de obrar en cumplimiento de un deber).

SEXTO.- Al amparo del 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del art. 21.6 (atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada).

SÉPTIMO.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del art. 123 CP y art. 240 LECrim. en relación con el principio acusatorio y la doctrina de la justicia rogada.

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