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Tribunalsupremo sala de lo Penal auto causa especial


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T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Penal
AUTO

CAUSA ESPECIAL
de Recurso:20534/2009
Fallo/Acuerdo: Auto Texto Libre
Procedencia: Juzgado de Instrucción núm. 1 de San Javier (Murcia)
Fecha Auto: 22/01/2010
Ponente Excmo. Sr. D.: Andrés Martínez Arrieta
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo
Escrito por: FGR



Causa Especial




Recurso Nº: 20534/2009

Ponente Excmo. Sr. D.: Andrés Martínez Arrieta

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal
AUTO


Excmos. Sres.:
D. Juan Saavedra Ruiz

D. Andrés Martínez Arrieta

D. Julián Sánchez Melgar

D. José Manuel Maza Martín

D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca

En la Villa de Madrid, a veintidós de Enero de dos mil diez.



I. HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 17 de septiembre pasado, tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal, Exposición Razonada elevada por el Juzgado de Instrucción numero 1 de San Javier (Murcia), relativa a las Diligencias Previas 544/2004 e incoadas en virtud de querella formulada por la representación procesal de PANEBEN SL por los presuntos delitos de prevaricación y de coacciones contra DON CARLOS BALBOA DE PAZ, DON PEDRO SAEZ HINAREJOS y DON PEDRO JOSE PEREZ RUIZ ostentando éste último la condición de Senador de Las Cortes Generales en la presente IX Legislatura, conforme consta acreditado en autos.
SEGUNDO.- Formado rollo en esta Sala núm. 3/ 20534/2009, por providencia de 22 de septiembre pasado se designó Ponente para conocer de la presente causa y conforme al turno previamente establecido al Magistrado de esta Sala Excmo. Sr. Don Andrés Martínez Arrieta y se remitieron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe sobre competencia y fondo.
TERCERO.- El Ministerio Fiscal en el trámite correspondiente, evacuó traslado con fecha 28 de octubre pasado en el que DICE:
".... 1º) Se declare competente para el conocimiento de los hechos relatados en las actuaciones en relación con la persona del Senador DON PEDRO JOSE PEREZ RUIZ. 2º) Acordar el archivo de las actuaciones al mismo referidas al considerar que no son delictivos los hechos al mismo imputados. 3º) Proceder a la remisión de las actuaciones al Juzgado de Instrucción núm. 1 de San Javier a los efectos que el mismo considere oportunos respecto de los acusados que no ostentan la condición de aforados en la causa y correspondientes piezas separadas de responsabilidad civil..."


II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- En la Exposición razonada que nos remite la titular del Juzgado de instrucción nº 1 de San Javier (Murcia) no existe propiamente una relación de hechos con relevancia penal que puedan ser indiciariamente imputados al aforado, sino que se limita a indicar que ha instruido una causa, que ha acomodado a las reglas del procedimiento abreviado, respecto a tres imputados, uno de ellos con aforamiento ante esta Sala por su condición de Senador.
Es preciso examinar la causa y de ella extraer los precisos datos fácticos, analizar su relevancia penal en la subsunción en los tipos penales objeto de la querella interpuesta y, también, comprobar la existencia de indicios racionales que permiten la incoación de la causa penal contra el aforado, admitiendo la competencia de esta Sala y nombrar instructor quien, a través de esta Sala, analizará la procedencia del suplicatorio. Es preciso comprobar, por lo tanto, la existencia de indicios suficientes de comisión de un hecho delictivo y de participación en el mismo del aforado.
La causa se inició en virtud de querella contra él entonces alcalde de San Pedro del Pinatar (Murcia) hoy Senador, Pedro Pérez Ruíz, y un concejal del referido Ayuntamiento. La posterior investigación centra el contenido de la imputación: el querellante, propietario de un local de hostelería, desarrollaba su industria junto a otros con la misma actividad. Tras varios años de actividad sin problemas administrativos relevantes, el Ayuntamiento, que ha modificado el planeamiento urbanístico, solicita de los distintos establecimientos la firma de un convenio en cuya virtud el Ayuntamiento obtenía la propiedad de los locales y permitía la explotación industrial durante 15 años a los propietarios, que pasan a ser explotadores de un negocio, debiendo aportar, además, otras cantidades económicas. El querellante no considera beneficiosa la firma del convenio y a partir de entonces se ve inmerso en una situación en la que primero es objeto del cierre de su negocio, resolución que es anulada por la jurisdicción contenciosa administrativa por desviación de poder, se le niega la tramitación de la expropiación y se le impide que pueda vender su local a terceras personas que estaban dispuestas a comprarlo a condición de que el Ayuntamiento les permitiera la firma del convenio.
La acreditación de esos hechos resultan adecuadamente acreditados por la declaración del denunciante de los hechos, víctima de los mismos, y aparece parcialmente corroborada por lasa declaraciones de alguno de los imputados, sobre el cierre del local y de los testigos que han declarado sobre los hechos de la querella.
La causa se acomodó a las normas del procedimiento abreviado (Auto de 7 de febrero de 2008), confirmado en reforma (Auto de 9 de mayo de 2008) y en apelación (Auto de 4 de marzo de 2009).
En principio los hechos pueden ser subsumidos en la tipicidad del delito de prevaricación y coacciones.

SEGUNDO.- Es doctrina de la Sala II, expresada en el Auto de 9 de junio de 2006 y otros posteriores, la necesidad de reservar la competencia de esta Sala para quienes sean aforados ante ella sin que debe extenderse a otros no aforados respecto a los que esta Sala no es el Juez predeterminado por la ley. Los riesgos de una posible ruptura de la continuación en la causa, no alcanzan una intensidad relevante, dada la distinta actuación que se imputa a las distintas personas contra las que se ejerce la acción penal, por lo que es procedente, de acuerdo a nuestros precedentes jurisprudenciales, aceptar la competencia sólo para el aforado.

III. PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Admitir la competencia para el conocimiento de la presente causa y designar Instructor, conforme al turno previamente establecido, al Magistrado de esta Sala Excmo. Sr. Don D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre., a quien se le comunicará dicha designación a los efectos oportunos.
. Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y al querellado, a quien se le hará saber el contenido de lo previsto en el art. 118 bis, en relación con el 118, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con traslado de todo lo actuado, librándose a tal fin el oportuno despacho al Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier (Murcia).
Así lo acordaron, mandaron y firman los Excmos. Sres. que han formado Sala para ver y decidir la presente, de lo que como Secretario, certifico.


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