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Sala art. 61 LOPJ

Tribunal Supremo
Recursos contencioso-electorales 2/2011 y 4/2011. Agrupaciones electores.


T R I B U N A L S U P R E M O
SENTENCIA
Sala Especial Art. 61 L.O.P.J.


Excmos. Sres.:
Presidente del Tribunal Supremo
D. José Carlos Dívar Blanco
Magistrados
D. Juan Antonio Xiol Ríos

D. Juan Saavedra Ruiz

D. Ángel Calderón Cerezo

D. Gonzalo Moliner Tamborero

D. José Manuel Sieira Míguez

D. Aurelio Desdentado Bonete

D. Ricardo Enríquez Sancho

D. Carlos Granados Pérez

D. Xavier O’Callaghan Muñoz

D. José Luis Calvo Cabello

D. Alberto Jorge Barreiro

D. Carlos Lesmes Serrano

D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos

D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel

D. Francisco Javier de Mendoza Fernández

En la Villa de Madrid, a uno de mayo de dos mil once.


Vistos los procedimientos contencioso-electorales, números 2/2011 y 4/2011 acumulados, seguidos a instancia del Ministerio Fiscal y del Abogado del Estado contra los acuerdos de proclamación de las candidaturas de la coalición electoral “BILDU – Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen”, adoptados por las Juntas Electorales de Zona de los Territorios Históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa a elecciones municipales y de Juntas Generales, de las Juntas Electorales de la Comunidad Foral de Navarra a elecciones municipales y al Parlamento Foral, y de la Junta Electoral de Miranda de Ebro (Burgos) respecto a la candidatura presentada en la localidad de Condado de Treviño, publicadas en los respectivos Boletines Oficiales de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Burgos, todos ellos de 26 de abril de 2011.



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 27 de abril de 2010, el Abogado del Estado, en la representación del Gobierno de la Nación que legalmente ostenta y debidamente autorizado al efecto mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de abril de 2011, ha presentado escrito – acompañado de la documentación aneja - interponiendo recurso contencioso-electoral, al amparo del artículo 49.1 y 5 y 44.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ( LOREG) en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, contra los acuerdos de proclamación de las candidaturas de la coalición electoral “BILDU – Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen”, publicadas en los Boletines Oficiales de Navarra, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Burgos de 26 de abril de 2011, para las elecciones municipales, elecciones al Parlamento de Navarra, a las Juntas Generales de los Territorios Históricos citados y para las elecciones concejiles en Navarra.
Por Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, se convocan elecciones locales en toda España, así como elecciones a las Asambleas de Ceuta y Melilla. Por Decreto Foral 1/2011, de 28 de marzo, del Presidente del Gobierno de Navarra; por Decreto Foral del Diputado General de Álava 72/211, de 28 de marzo; por Decreto Foral 2/2011, de 28 de marzo, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y por Decreto Foral del Diputado General de Vizcaya 65/2011, de 28 de marzo, se han convocado elecciones al Parlamento de Navarra y a las Juntas Generales de los Territorios Históricos citados, respectivamente. Igualmente, por Decreto Foral 26/2011, de 28 de marzo, del Gobierno de Navarra, se convocan elecciones concejiles en Navarra
Con fecha 6 de abril de 2011 tuvo entrada en la Junta Electoral Central la documentación acreditativa de la constitución de la coalición electoral “BILDU-Eusko Alkartasuna (EA)/Alternatiba Eraiktizen”.
El día 26 de abril de 2011 se publicaron en los Boletines Oficiales de Navarra, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Burgos, las proclamaciones de las candidaturas presentadas a los anteriormente citados procesos electorales.
En el suplico de la demanda, el Abogado del Estado interesa que se dicte sentencia, en la que estimando el recurso promovido contra los señalados acuerdos de proclamación de todas las candidaturas de la coalición electoral “BILDU- Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen”, se dicte sentencia por la que se anulen y dejen sin efecto los referidos acuerdos en cuanto a las citadas candidaturas. Igualmente se interesa, mediante otrosí, la medida cautelar relativa al cese de la obligación de entrega de una copia del Censo a los representantes de las candidaturas presentadas por la coalición BILDU.
SEGUNDO.- Con fecha 28 de abril de 2011, el Ministerio Fiscal ha presentado escrito de interposición de recurso contencioso-electoral, acompañado de la documentación anexa, también al amparo del artículo 49.1 y 5 y 44.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ( LOREG) para que se proceda a acordar la anulación de los actos de las Juntas Electorales de los Territorios Históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa de proclamación de las candidaturas a elecciones municipales y de Juntas Generales, de las Juntas Electorales de la Comunidad Foral de Navarra de proclamación de las candidaturas a elecciones municipales y al Parlamento Foral, y de la Junta Electoral de Miranda de Ebro (Burgos) respecto de la candidatura presentada en la localidad de Condado de Treviño, todas ellas pertenecientes a la Coalición Electoral “BILDU – Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen”.
En el suplico de su demanda, solicita el Ministerio Fiscal que se dicte sentencia en la que se anulen y dejen sin efecto los referidos actos impugnados de proclamación de candidaturas. Igualmente se interesa, mediante otrosí, idéntica medida cautelar relativa al cese de la obligación de entrega de copia del censo que la interesada por el Abogado del Estado, a la que se ha hecho referencia.
TERCERO.- Con fecha 28 de abril de 2011, el Excmo. Sr. Magistrado D. Mariano de Oro-Pulido López, dirigió comunicación al Presidente de esta Sala Especial, mediante escrito debidamente motivado, manifestando la concurrencia en él de causa de abstención para el conocimiento de los actuales recursos contencioso-electorales.
Se expone por el indicado Magistrado, en síntesis, la existencia de una situación idéntica a la alegada por él como causa de abstención en el procedimiento de ejecución que culminó con la ilegalización de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, que fue estimada justificada en Autos de 2 de marzo de 2005 y 16 de enero de 2006 y en los recursos contencioso-electorales acumulados 1/2007 y 2/2007 que, igualmente, fue estimada justificada en Autos de 3 de mayo de 2007.
Por tal razón, la Sala acordó, mediante auto de fecha 28 de abril de 2011, estimar justificada, en relación con este asunto, la abstención formulada por el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido López, Magistrado de la Sala Tercera de este Tribunal, al que, en consecuencia, se tuvo por apartado definitivamente de este proceso, nombrando en su sustitución al Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho.
CUARTO.- Los mencionados recursos del Abogado del Estado y del Ministerio Fiscal fueron admitidos mediante providencia de esta Sala de 28 de abril de 2011.
En la misma resolución se ordenaba que se diera conocimiento de su interposición a los representantes designados por cada una de las candidaturas impugnadas, concediendo a dichas agrupaciones hasta las 12’00 horas del día 29 de abril de 2011 a fin de que puedan presentar las alegaciones y prueba documental que estimasen adecuadas su derecho.
Finalmente se acordó poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, Abogado del Estado y de los representantes de la agrupación impugnada, la composición de la Sala.
La expresada resolución ha sido notificada a la colación electoral “BILDU- Eusko Alkartasuna (EA) Alternatiba Eraikitzen”, por medio de cédula de notificación y emplazamiento a través de los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes en fecha de 28 del pasado Abril y, simultáneamente por medio de correo electrónico.
QUINTO.- Registrados dichos recursos con los números 2/2011 y 4/2011, respectivamente, la Sala acordó, mediante auto de 28 de abril de 2011, la acumulación de ambos para su tramitación y decisión conjunta. Del nuevo proceso surgido de la referida acumulación, se designa como Magistrado Ponente quien lo era del proceso 2/2011, Excmo. Sr. D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel.
Asimismo, se acordó la acumulación de la pieza separada de medidas cautelares correspondiente al proceso 4/2011 a la dimanante del proceso 2/2011, para su continuación conjunta.
SEXTO.- Por Auto del mismo día 28 de febrero de 2011, se adoptó la medida cautelar solicitada por ambas partes impugnantes, consistente en la suspensión de la obligación de la Oficina del Censo Electoral, establecida en el artículo 41.5 de la LOREG, de suministrar copia del censo a los representantes de las candidaturas impugnadas, librándose para ello oficios a la mencionada Oficina y a las correspondientes Juntas Electorales.
SEPTIMO.- El Procurador D. José Guerrero Tramoyares, en nombre y representación de la colación electoral “BILDU- Eusko Alkartasuna (EA) Alternatiba Eraikitzen”, presentó escrito el día 29 de abril de 2011, manifestando su oposición a los recursos formulados con fundamento en las alegaciones efectuadas en el mismo. Asimismo, en este escrito, señaló que la brevedad del plazo otorgado a la coalición demandada para efectuar alegaciones y aportar prueba, unido a las circunstancias concurrentes que relata, impedían a aquélla ejercitar el derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías.
OCTAVO.- Mediante providencia de fecha 29 de abril de 2011 y vistas las alegaciones efectuadas por la representación de la coalición electoral BILDU, se acuerda, a fin de garantizar su derecho de defensa, conceder a dicha coalición nuevo plazo hasta las 24’00 horas del día 30 de abril de 2011, a fin de que pueda presentar en el Registro de este Tribunal Supremo las alegaciones y prueba documental que a su derecho convenga, habiendo presentado escrito de alegaciones dentro del plazo conferido.
NOVENO.- No habiendo prosperado la ponencia del Excmo. Sr. Magistrado inicialmente designado como ponente en las presentes actuaciones, y habiendo declinado este dicha condición al anunciar voto particular discrepante frente a la decisión mayoritaria, se ha atribuido la ponencia de esta sentencia con arreglo al turno legalmente predeterminado, al Magistrado de este Tribunal Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Mendoza Fernández.
DÉCIMO.- Fueron declaradas hábiles todas las horas de los días 27, 28, 29 y 30 del mes de abril de 2011; habiéndose ampliado dicho plazo posteriormente para tramitar y resolver el recurso mediante sendas providencias del día 30 de abril y del día 1 de mayo, respectivamente, hasta las 05’00h. del día 2 de mayo.
Es Ponente de esta resolución el Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Mendoza Fernández, quien expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Abogado del Estado y el Fiscal han interpuesto sendos recursos contencioso-electorales –acumulados- contra los acuerdos de proclamación de candidatos realizados por las Juntas Electorales de Zona de las provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Burgos y por la Junta Electoral Provincial de Navarra de fecha 25 de abril de de 2011, publicados en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, en el Boletín Oficial de Bizkaia, en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el Diario Oficial de Navarra del 26 de abril de 2011, por medio de los cuales se realiza la proclamación de todas las candidaturas presentadas por la coalición electoral “BILDU- Eusko Alkartasuna (EA)/ Alternatiba Eraikitzen”, en adelante BILDU en las Elecciones Municipales, a Juntas Generales de los Territorios Históricos y al Parlamento Foral de Navarra, así como a las elecciones municipales de la localidad de Condado de Treviño (Burgos).
SEGUNDO.- En su demanda, comienza el Abogado del Estado su exposición aludiendo a lo que califica como reiterados intentos del “complejo Eta/Batasuna” de acceder a la legalidad burlando los efectos de la sentencia de ilegalización de 27 de marzo de 2003. A tal efecto, apunta el Abogado del Estado, ese complejo o entramado ETA/BATASUNA ha tratado de utilizar agrupaciones de electores, partidos políticos preexistentes ya inscritos que pretendían ser utilizados con el mismo designio, coaliciones de partidos, o, en fin, partidos políticos de nueva creación a los que se pretendía inscribir. Enumera el Abogado del Estado las diferentes y sucesivas sentencias de este Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que han recaído en relación con todos y cada uno de los procesos electorales en que se han utilizado esas estrategias, y cita asimismo los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en todos los casos han rechazado que exista violación de los derechos y libertades recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos como consecuencia de los procesos de ilegalización de partidos o de anulación de candidaturas.
Prosigue el Abogado del Estado su alegato señalando que en todos los casos examinados por esas sentencias se ha advertido la existencia de lo que puede calificarse como una constante en los intentos de defraudación: el intento de combinar simultáneamente varios instrumentos con carácter alternativo o subsidiario. Así, el complejo “ETA/BATASUNA” ha procurado combinar la utilización de un partido preexistente con candidaturas promovidas por agrupaciones de electores, o a intentar inscribir simultáneamente un partido de nueva creación junto a los anteriores medios defraudatorios. Es lo que se ha conocido como “Plan B” o “C”, a los efectos tanto de intentar introducir confusión como de tratar de asegurarse alguna presencia institucional. Pues bien, puntualiza el Abogado del Estado, el presente proceso electoral no podía ser ajeno a esta estrategia. De este modo, junto al nuevo partido “SORTU” (cuya inscripción ha sido vedada por auto de esta Sala de 30 de marzo último) ha articulado, como “plan B”, una coalición con los partidos legales EUSKO ALKARTASUNA y ALTERNATIBA, siempre con el objeto de estar, al fin y a la postre, presente en los comicios del mes de mayo de 2011.
Advierte, no obstante, el Abogado del Estado que este caso es parcialmente novedoso respecto de los anteriores (por mucho que el tema de fondo no difiera en exceso), al haberse utilizado ahora por primera vez la figura de la coalición entre dos partidos legales para presentar candidaturas en un proceso electoral, añadiéndose a los candidatos de los partidos coaligados “numerosísimos candidatos, formalmente independientes, en una operación dirigida y diseñada por el complejo ETA/ BATASUNA”. De todos modos –concluye el Abogado del Estado su introducción- esta posibilidad defraudatoria ha sido regulada en nuestro ordenamiento de manera directa por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, que introduce la posibilidad de interponer recurso contencioso-electoral ante la Sala del art. 61 de la LOPJ contra las candidaturas presentadas por coaliciones de partidos, cuando las mismas “de hecho vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido” (arts. 44.4 y 49.5 LOREG). Ello es lo que determina que por parte de la Abogacía del Estado se utilice la vía del recurso contencioso-electoral contra la proclamación de las candidaturas de la coalición de partidos coaligados BILDU.
Se centra a continuación la demanda en la evolución de “Eusko Alkartasuna” y “Alternatiba” en los últimos años, y su relación con la “izquierda abertzale” ilegalizada.
Comenzando por Eusko Alkartasuna, se citan sus resultados electorales desde su creación en 1986, resaltando su progresivo declive en términos de apoyo electoral, que ha ido paralelo en los últimos tiempos con un creciente proceso de convergencia estratégica con la Izquierda Abertzale en materia electoral, hasta el punto de que Eusko Alkartasuna ha sido recientemente expulsada de la coalición Nafarroa Bai por causa de sus acuerdos estratégicos con la izquierda abertzale. Esta creciente deriva de EA hacia la colaboración estratégica electoral con el complejo ETA/Batasuna ha dado lugar incluso a la escisión de un sector del Partido crítico con la relación electoral con el complejo Batasuna, que ha dado lugar a la constitución del Partido Hamaikabat en mayo de 2009. Señala el Abogado del Estado que las razones de esta escisión no fueron de índole ideológica, sino derivadas de la posición adoptada por EA en relación con el complejo ETA/Batasuna.
En cuanto a Alternatiba, afirma la demanda que se trata de una escisión de Ezker Batua (Izquierda Unida del País Vasco) tras las elecciones de 2010 (que convirtieron a Ezker Batua en una fuerza política extraparlamentaria), que tiene muy escasa representación institucional, y que ha ido dando también progresivo apoyo a la estrategia electoral del complejo ETA/BATASUNA, sobre la base de la necesidad de una pretendida “acumulación de fuerzas” soberanistas.
Por último, indica la demandante, siempre respondiendo a este objetivo de acumulación de fuerzas, en el territorio histórico de Álava se ha unido a la coalición Bildu un pequeño partido político, denominado “Araba Bai”, una escisión del Partido “Aralar”.
Como muestra de lo que califica como cada vez más intensa colaboración electoral de los dos partidos formalmente suscriptores de la coalición BILDU con la Izquierda Abertzale ilegalizada, se refiere específicamente el Abogado del Estado a la celebración del “Aberri Eguna”, o día de la patria vasca el pasado 24 de abril de esta año 2011; pues en dicha fecha dos destacados líderes de Eusko Alkartasuna y Alternatiba, como portavoces de Bildu, acudieron a la convocatoria realizada por INDEPENDENTISTAK (asociación que agrupa a la Izquierda Abertzale y a EUSKO ALKARTASUNA), tomando la palabra en dicho acto en presencia de numerosos y relevantes dirigentes de la izquierda abertzale; siendo digno de destacarse que ETA saludó especialmente en su comunicado a quienes celebraban ese acto. Todo ello abunda –dice el Abogado del Estado- en la cada vez más visible relación estratégico-electoral que existe entre los promotores de BILDU, la Izquierda Abertzale ilegalizada y ETA.
Como conclusión en este punto, señala la demanda que puede afirmarse que la política seguida por EA y ALTERNATIBA ha permitido propiciar una alianza para la implementación de un instrumento electoral que sirva de vehículo para facilitar la presencia de la Izquierda Abertzale ilegalizada en las instituciones; siendo esta constatación la que determina la impugnación de las candidaturas-vehículo de BATASUNA a las presentes elecciones, en cuanto instrumento formal de acceso de los partidos ilegalizados a las instituciones representativas. Ahora bien, matiza el Abogado del Estado, su efecto reflejo sobre la propia existencia legal tanto de EUSKO ALKARTASUNA como de ALTERNATIBA no alcanza la intensidad necesaria para afectar al núcleo de legalidad de esos partidos, que además en algunos casos tiene una presencia electoral autónoma (generalmente en forma de candidaturas propiciadas por agrupaciones de electores) allí donde han logrado sustraerse localmente a la utilización electoral por BATASUNA.
A continuación la demanda incide en la alianza con Eusko Alkartasuna como elemento esencial de la estrategia del complejo “Eta/Batasuna” en el denominado por ETA “proceso democrático”; formulando la demanda unas consideraciones que se ponen en relación con el reciente Auto de esta Sala de 30 de marzo de 2011, cuya fundamentación jurídica se transcribe y glosa en cuanto aquí interesa, para concluir que de acuerdo con lo que en dicho Auto se expone, esa alianza con Eusko Alkartasuna se ha formulado por ETA en términos imperativos y con un marcado carácter instrumental bajo su unidad de mando y dirección, que le lleva incluso a dar consignas sobre cómo ha de exteriorizarse públicamente la respuesta de la coalición ante los hechos violentos que la propia ETA practica.
Y seguidamente se centra la demanda en otros medios de prueba que, siempre según el parecer del Abogado del Estado, demuestran la existencia del proceso de acuerdo, tanto estratégico como electoral, entre el complejo Eta/Batasuna, Eusko Alkartasuna y Alternatiba para la presentación de candidaturas a través de una coalición electoral.
Así, se refiere en primer lugar a seis pruebas documentales: el documento de ETA de diciembre de 2008 “HERRI ANTOLATUAREN ESTRATEGIA INDEPENDENTISTA BATERANTZ”; el documento “BTGNari komunikazioa orokerra 0906/0609 comunicación general al BTGN”; la Carta de la militante de BATASUNA Uriarte Bilbao al preso de ETA Ugalde Zubiri; el documento Akordio elektoralerako oinarriak. Akordioaren marko teorikoa / Bases para un acuerdo electoral. Marco teórico para el acuerdo”; el documento “Euskal Herria Ezkerretik/Euskal Herria desde la Izquierda”; y finalmente el llamado Herri Akordioa/Acuerdo Popular, al que la parte recurrente asigna un extremo valor probatorio y descriptivo del concierto entre el entramado ETA/BATASUNA y los dos socios de la coalición BILDU. En segundo lugar recoge diversas conversaciones telefónicas, reuniones y comunicaciones, y en tercer lugar cita y transcribe distintas declaraciones públicas y manifestaciones de los responsables de BILDU.
Hechas estas consideraciones, la demanda pasa a ocuparse de las características estructurales de las candidaturas impugnadas. Con carácter introductorio el Abogado del Estado se cuida de precisar que el dato fundamental para la prosperabilidad de su impugnación está constituido por los elementos estratégicos atinentes al diseño, organización y configuración de la operación desde y por el complejo ETA/BATASUNA, lo que –añade- hace perder relevancia al elemento personal. Más aún, dice el Abogado del Estado, a esta preeminencia, en cuanto a su relevancia anulatoria, del elemento estructural o estratégico coadyuva el especial cuidado que el entramado ETA/BATASUNA ha tenido a la hora de intentar evitar cualquier presencia de candidatos o elementos personales susceptibles de ofrecer vinculaciones personales con los partidos ilegalizados. Ahora bien, prescindiendo de la concreta composición personal de las candidaturas, su configuración general y los términos, alcance y estructura de las mismas evidencia que tales candidaturas reflejan un milimétrico cumplimiento de lo impuesto por BATASUNA, pese a su situación de ilegalidad, a EUSKO ALKARTASUNA y ALTERNATIBA, esto es, que las candidaturas son expresión del peso respectivo de cada partido (abrumadoramente favorables a BATASUNA, por tanto), y que no se trata de añadir independientes a la coalición sino de reflejar una determinada relación de fuerzas en la que BATASUNA es ampliamente dominante. De este modo, las listas electorales no son el mero reparto o la mera agregación de candidatos de uno y otro partido según los porcentajes y en los puestos que se pactan –de acuerdo con el peso electoral previo que se atribuye a cada uno- sino que pretenden ser la plasmación del acuerdo político básico derivado del “Programa Marco o Programa Básico acordado a nivel nacional”. Aduce el Abogado del Estado, para cerrar su argumentación en este punto, que el número de candidaturas presentadas por esta novedosa coalición es muy superior a las que presentaron EA y Ezker Batua en 2007. A juicio del Abogado del Estado, “las reglas de la experiencia común nos dicen que tamaña potencia organizativa, tal capacidad de movilización en silencio y en muy poco tiempo, que además carga masivamente las candidaturas de independientes vinculados a BATASUNA o la Izquierda Abertzale (o que como tal se pretende se perciban por el electorado), no puede significar otra cosa que una organización de ese ámbito, que no puede ser otra que el complejo ETA/BATASUNA, está detrás de la operación”.
Hechas estas reflexiones sobre la estructura de las candidaturas examinadas, señala la parte demandante que además cabe apreciar en dichas candidaturas numerosos vínculos personales con organizaciones ilegalizadas de la Izquierda Abertzale, que no dejan de ser indiciarios del diseño estratégico de la operación, hasta el punto de que en un número significativo de las candidaturas impugnadas el porcentaje de vinculación con los partidos ilegalizados es, incluso, por sí mismo, aunque se prescindiese de la estrategia general defraudatoria antes razonada, bastante y suficiente para determinar la anulación de esas candidaturas.
Así, alega el Abogado del Estado que existe un gran número, en términos absolutos y porcentuales, de miembros de las candidaturas de BILDU que prestaron su firma como avalistas (art. 44.1.c] en relación con el 187.3 LOREG) a agrupaciones de electores cuyas candidaturas fueron ulteriormente anuladas por ser sucesión o continuación de partidos ilegalizados. Concretamente, dice, de 3.495 candidatos de la coalición electoral, 1.014 presentan vinculaciones con los partidos ilegalizados, consistiendo en su mayor parte dichas vinculaciones en haber ostentado la condición de avalista o firmante para la presentación de candidaturas de agrupaciones de electores anteriormente mencionadas.
No ignora esta parte, y lo reconoce expresamente, que el Tribunal Constitucional ha privado de relevancia a los efectos pretendidos a las firmas o avales. Ahora bien, puntualiza, esa jurisprudencia se dictó en relación con casos que no corresponden con el ahora examinado, pues la doctrina constitucional se refiere a los efectos que proyecta sobre una agrupación la historia de sus avalistas, mientras que aquí se está considerando el caso de candidatos actuales de una coalición de partidos que en procesos electorales anteriores fueron avalistas de agrupaciones cuyas candidaturas fueron anuladas por ser sucesoras o continuadoras de los partidos ilegalizados. En este sentido, matiza el Abogado del Estado que no puede dejar de tenerse presente que los partidos tienen una organización, un control y una posibilidad de análisis de la composición de sus candidaturas mayor que una mera agrupación de electores, y, sin necesidad de preguntar a nadie por su pasado ni por sus actuaciones políticas precedentes, sí les es exigible una cierta verificación de circunstancias personales de quienes incluyen en sus listas.
Incluso prescindiendo de estos avalistas, aduce la demandante, las vinculaciones personales de los candidatos de BILDU con el complejo ETA/BATASUNA arrojan un porcentaje global de vinculación con el complejo ETA/BATASUNA del 10,44%, es decir, de 3743 candidatos 391 están vinculados a Batasuna y otras organizaciones ilegalizadas, porcentaje que asciende al 13,45% si se consideran los 815 puestos que, según las estimaciones de posibilidad de voto, se reputan susceptibles de ser elegidos. En la misma línea, un total de 46 candidaturas ostentan un porcentaje de miembros vinculados al complejo ETA/BATASUNA superior al 20% del total de candidatos. Más aún, si para el cálculo del porcentaje de vinculación se consideran los puestos con proyección de voto o de susceptible elección, considerando votaciones anteriores, a las candidaturas anteriores hay que añadir 44 más. De este modo, 90 candidaturas se encuentran por encima del porcentaje de vinculación del 20% que la jurisprudencia ha aceptado tanto explícita como implícitamente como “significativo” de una intensa vinculación con los partidos ilegalizados. E incluso cabe destacar, por su relevancia, que en una candidatura tan simbólica e importante como es la de BILDU al Parlamento de Navarra, tres de los siete primeros candidatos (esto es, aquellos respecto de los cuales, en un cálculo posibilista pudiera presumirse su elección) presentan claras vinculaciones con los partidos ilegalizados.
Puesta en la tesitura de valorar todos estos datos y medios de prueba, la parte recurrente trae a colación los criterios jurisprudenciales sobre los elementos de prueba o indicios que deben concurrir para que pueda considerarse acreditada la sucesión o continuación de los partidos ilegalizados, y la defraudación de las consecuencias de la ilegalización. Se refiere, en este sentido, a los informes elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las informaciones periodísticas, las declaraciones públicas e intervención en actos públicos de dirigentes o representantes de los partidos políticos ilegalizados, los documentos incautados en procedimientos penales, las resoluciones dictadas en procedimientos penales de instrucción; y enfatiza la necesidad, remarcada por la jurisprudencia, de una apreciación conjunta de la prueba que ha de tener en cuenta una multiplicidad de indicios subjetivos y objetivos.
Situado en la perspectiva de examen del caso que proporciona esa jurisprudencia, el Abogado del Estado recapitula sus alegaciones precedentes en torno a las siguientes notas:


  • Existe un plan de ETA, dentro de su estrategia articulada en torno al autodenominado “Proceso Democrático” de acumular fuerzas, esto es, de reunir en torno a su estrategia al mayor número posible de fuerzas políticas que estén dispuestas a colaborar con su estrategia.




  • El complejo ETA/BATASUNA, o la Izquierda Abertzale (cfr. auto de 30 de marzo) ha concluído al menos tres acuerdos con EUSKO ALKARTASUNA y ALTERNATIBA para concurrir coaligadamente a las elecciones municipales y forales de mayo de 2011, repartiéndose los puestos electorales en función del respectivo peso electoral de los tres partidos, apareciendo los candidatos de BATASUNA bajo la rúbrica de “independientes”, pero representando exactamente, sobre todo en los puestos de previsible elección, el porcentaje de voto de BATASUNA o de sus franquicias.




  • La aplicación y puesta en práctica de estos acuerdos se revela claramente del conjunto de las comunicaciones, conversaciones y manifestaciones públicas de miembros de BATASUNA y de los responsables de la coalición.




  • BILDU utiliza ante el terrorismo la misma prosa elíptica y perifrástica de SORTU y, en general, de la Izquierda Abertzale, eludiendo tajantemente cualquier condena de ETA, y acudiendo a elipsis y frases hechas ante los fenómenos terroristas realmente producidos. La elipsis se manifiesta especialmente en el “decálogo” que asumen los candidatos de BILDU, que reproduce en gran medida la prosa utilizada por los promotores de SORTU en sus comparecencias públicas.




  • BILDU reproduce casi literalmente los términos de uno de los recientes comunicados de ETA, de 27 de marzo pasado, en torno a la necesidad de una verificación internacional del desarme y del alto el fuego.




  • Entre los candidatos de BILDU no pertenecientes ni a EUSKO ALKARTASUNA ni a ALTERNATIBA, esto es, entre los sedicentemente “independientes” existe un importante porcentaje de personas vinculadas a la Izquierda Abertzale ilegalizada, o susceptibles de ser percibidas icónicamente como tales por el electorado, a fin de movilizar el voto de la Izquierda Abertzale.




  • BILDU es el que ha venido en denominarse en anteriores procesos electorales “Plan B” del complejo ETA/BATASUNA, ante el fracaso de su inicial apuesta de crear un nuevo partido político (SORTU).




  • Todo lo anterior justifica que en la impugnación de proclamación de candidaturas que aquí se realiza, se incluyan también aquellas presentadas por BILDU que no tienen entre sus miembros ningún participante en procesos electorales anteriores, o en quienes no concurren los presupuestos a los que la jurisprudencia vincula la afectación personal de la candidatura, puesto que el designio general de ser sucesión o continuación de BATASUNA, es más que evidenciador de que, con independencia de su composición personal, todas las candidaturas de BILDU son un intento de continuación de Batasuna en los organismos representativos que se eligen.




  • Un total de 90 candidaturas de BILDU se encuentran por encima del porcentaje de vinculación del 20% que el Tribunal Supremo (Auto 5 de mayo de 2007) y el Tribunal Constitucional han aceptado tanto explícita como implícitamente (SSTC STC 85/2003, de 8 de mayo, o 112/2007 de 10 mayo, entre otras) como indicio relevante y significativo de conexión con los partidos ilegalizados.




  • Con independencia de ello, en aquellas localidades o circunscripciones en que no ha resultado posible llegar a un acuerdo, por resistencias locales, por falta de candidatos o por otras circunstancias y BILDU no se presenta, pero en las que la Izquierda Abertzale ha tenido históricamente representación, BATASUNA ha acudido al expediente de presentar candidaturas formadas por agrupaciones de electores, cuya impugnación se realiza en un recurso diferente.

De todo ello resulta con claridad, entiende el Abogado del Estado, un designio general, por parte del complejo ETA/BATASUNA, afectante a todas las candidaturas, puesto que ha sido ese entramado el organizador, diseñador y promotor de la operación de coalición (“acumulación de fuerzas”) y de la conformación de las candidaturas y su composición individualizada de forma que se salvaguardase una mayoritaria presencia de personas relacionadas, representativas o pertenecientes al entorno de los partidos ilegalizados y de la Izquierda Abertzale nucleada en torno al referido entramado ilegal. Concluye, por todo ello, la parte recurrente su argumentación señalando que puede considerarse probada la estrategia defraudatoria que exige el art. 44.4 LOREG para que se proceda a la anulación pretendida.


No obstante, insiste la parte demandante, la pretensión impugnatoria así formulada se refiere a las candidaturas presentadas por la coalición electoral “BILDU”, en cuanto instrumento o vehículo de acceso del complejo ETA/BATASUNA a las instituciones, pero no alcanza a la legalidad de los dos partidos coaligados EUSKO ALKARTASUNA y ALTERNATIBA. Por eso, la impugnación no se extiende a las candidaturas presentadas por EA o ALTERNATIBA (como tales o a través de agrupaciones de electores) distintas y separadas de BILDU en los municipios en los que no se ha producido el acuerdo o en que dichos partidos no han accedido a la instrumentalización por BATASUNA. Recuerda, en este sentido, el Abogado del Estado que la autonomía entre pretensión impugnatoria de candidaturas presentadas por partidos y cuestionamiento de la legalidad de esos mismos partidos ha sido reconocida y explicada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 112/2007, de 10 de mayo, confirmatoria en amparo del auto de esta Sala de 5 de mayo de 2007 (impugnación de candidaturas de ANV).
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