Página principal

Tribunal supremo  Oficina de Comunicación


Descargar 30.71 Kb.
Fecha de conversión22.09.2016
Tamaño30.71 Kb.




TRIBUNAL SUPREMO




Oficina de Comunicación




(texto embargado hasta las 13 horas del día 21-9-2010)
DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL CGPJ, CARLOS DÍVAR, EN EL ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL. 2010.

SEÑOR,
Nos honráis de nuevo al presidir esta solemne ceremonia de Apertura del Año Judicial; vuestra presencia destaca la posición señera del Tribunal Supremo entre las altas instituciones del Estado, y muestra el apoyo de la Corona, símbolo de unidad y permanencia del Estado, a los jueces y magistrados españoles y a la función que constitucionalmente nos corresponde.


Es, sin duda, un estímulo para todos los que ejercemos la potestad jurisdiccional, haciendo real, mediante la aplicación de la ley y del derecho, el ideal de convivencia, basado en nuestro sistema de libertades, y que es expresión de uno de los rasgos más claros de progreso y civilización, cual es la aceptación de la resolución pacífica de las controversias entre los ciudadanos, por medio de la intervención de un tercero imparcial.
* * * * *
Quiero aprovechar este momento para dar la bienvenida a todos los compañeros que se han incorporado el pasado año a la Carrera judicial. Al asumir el ejercicio de la jurisdicción, no sólo se suman al desempeño de una función pública esencial, sino que también dan continuidad al compromiso de todos los jueces con el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
La eficacia del poder judicial precisa, desde luego, de un marco legal, claro y estable que adapte su organización y funciones a las necesidades actuales pero requiere especialmente de buenos jueces que sean conocedores del derecho y posean vocación de justicia: de hombres y mujeres comprometidos con sus conciudadanos en la tutela y realización de sus derechos, que revitalicen, en cada una de sus sentencias, la supremacía de la ley como principio superior del Estado.
También quiero recordar con particular afecto y gratitud a quienes, tras una prolongada vida de servicio, disfrutan de una merecida jubilación.
Quiero también saludar a los Vocales del Consejo General del Poder Judicial; a la Presidenta y a los Magistrados del Tribunal Constitucional; al Ministro de Justicia; al Fiscal General del Estado y a los miembros del Ministerio Fiscal presentes; a los Portavoces parlamentarios de Justicia, a los Consejeros de Justicia de las Comunidades Autónomas.
También, a los representantes de los Consejos Generales de la Abogacía, de los Procuradores de los Tribunales, y de Colegios de Graduados Sociales de España; a la representación de las Asociaciones Judiciales, a los miembros del Secretariado, y a todas las autoridades que nos han querido acompañar en este acto.
Envío un saludo especial al Magistrado Jorge Subero, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana, que forma parte de nuestra comunidad jurídica y donde se ha celebrado recientemente el V Centenario de la Real Audiencia.
Deseo recordar, también, a las víctimas del delito y, singularmente, a las víctimas del terrorismo de las que siempre me siento muy próximo, cuyo sacrificio nos conmueve y refuerza nuestro compromiso como servidores públicos; en este aspecto resulta oportuno destacar la contribución de la Jurisdicción ordinaria, y muy señaladamente de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, a la lucha contra el terrorismo; su compromiso en la eliminación de esta lacra, desde la estricta aplicación de la ley, sigue manteniendo el impulso que reclama nuestra sociedad, sin posibilidad de retroceder ni un milímetro.
También quiero recordar a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desaparecidos en acto de servicio, como en el caso de nuestros compatriotas José María Galera Córdoba, Leoncio Bravo Picayo y Ataollah Taefik Alili, dos oficiales y un intérprete de la Guardia Civil, quienes el pasado 25 de agosto perdieron su vida en Afganistán. Así como el Guardia Civil, Miguel Jorge Piñeiro Lorenzo, fallecido en el atraco perpetrado en A Cañiza (Vigo), el 17 de agosto.
Los jueces y magistrados conocemos bien el compromiso de los agentes de la autoridad con los valores constitucionales, su ayuda al cumplimiento de los fines propios de la jurisdicción, y su contribución inestimable a la permanencia del Estado y a la libertad y seguridad de los ciudadanos. Quede constancia, pues de nuestro sentimiento de afecto para sus familias, y nuestro recuerdo y agradecimiento por su ejemplo.
* * * * *
La Justicia y los jueces constituyen el objeto habitual de reflexión en el Acto de Apertura del Año Judicial; en el del presente año 2010 voy a centrar mi atención en la posición del juez en la sociedad, que es, a mi juicio, un tema presente en el debate público con fuerza suficiente para justificarlo y para recordar los principios sobre los que se sustenta el ejercicio de la jurisdicción.
Las palabras que siguen tratan de las bases en que se asienta la potestad para administrar la justicia que emana del pueblo y de las razones que llevan a la sociedad a aceptar su labor y a someterse pacíficamente a sus decisiones.
Hablaré, pues, de la legitimidad de origen de los jueces y de la del poder que ejercen, y de su legitimidad de ejercicio; y, asimismo, de las razones por las cuales no es correcto poner en cuestión la primera y de los riesgos que corre la segunda cuando la idea que la sociedad tiene de la labor de los jueces no se ajusta siempre a la realidad cotidiana del quehacer jurisdiccional; al fin y al cabo, el grado de civilización de una sociedad se determina, también, por consideración a la eficacia de su sistema de justicia y al grado de aceptación por parte de los sujetos de los mandatos de los jueces.
Junto al texto de la Memoria del Tribunal Supremo se desarrollan, con mayor detalle, los principales argumentos sostenidos en esta exposición. Con todo creo oportuno poner de relieve algunas de las reflexiones que en ella se contienen, que no responden a la necesidad de reivindicar la posición del Poder Judicial dentro del conjunto de instituciones del Estado, sino a reafirmar cómo, de acuerdo con su conformación constitucional y orgánica, goza de pleno fundamento democrático, a idéntico nivel que la que corresponde a los restantes poderes del Estado.
Sin embargo, asistimos en ocasiones a manifestaciones públicas que ponen en cuestión esta última afirmación; así sucede en casos en que la decisión del juez no ha sido bien recibida por sus destinatarios o por determinados grupos sociales o, en general, cuando la compleja labor judicial no es bien comprendida por los ciudadanos.

La insatisfacción o el descontento provocados por la actuación de los tribunales en casos concretos, por las insuficiencias de nuestro sistema judicial, no imputables al juez o a los funcionarios de justicia en todos los casos, o por la falta de eficacia en la respuesta del estado de derecho frente a concretos actos contrarios a la ley, a veces trascienden el ejercicio del derecho a la crítica de las instituciones públicas para cuestionar, desde bases jurídico-políticas no siempre sólidas, la legitimidad democrática de nuestro modelo de juez.


* * * * *
Para ilustrar la referencia a la legitimación de origen del juez me serviré de una representación artística presente en este palacio; de entre los frescos que decoran la Sede del Tribunal Supremo, destaca uno titulado “El gran collar de la Justicia”, realizado entre 1924 y 1925, tras la reconstrucción del incendiado Convento de las Salesas, por el pintor valenciano José Garnelo y Alda. La obra, luminosa y colorista, decora la antesala del despacho de su presidente y representa en su cénit una alegoría de la Justicia, en la cual un magistrado del Tribunal Supremo, vestido de toga, recibe en actitud de máximo respeto, de manos de una figura regia que simboliza a España, el Collar de la Justicia y adquiere, con ello, la facultad de juzgar.
Me sirvo de esta imagen por lo que en ella hay de ilustrativo y simbólico de un importante rasgo de la potestad del juez. La jurisdicción es un poder, pero un poder que no pertenece originalmente al juez, sino que lo ostenta y ejerce por haberlo recibido del titular de la soberanía. El poder de juzgar no es un poder constituyente, originario, sino un poder constituido, como ocurre con todos los poderes, facultades y funciones que emanan de quien encarna el poder soberano.
Es interesante mantener esta idea para recordar que, en el estado constitucional, la legitimidad de origen del juez, como titular de la potestad jurisdiccional e integrante, según la propia expresión constitucional, del Poder Judicial, deriva de la propia Constitución, tal y como se deduce de sus arts. 1.2 y 117.1.
Ésta es la primera conclusión: la Constitución es la que legitima democráticamente al juez y la que lo coloca al mismo nivel de los demás Poderes. Ignorar este hecho resulta contrario a uno de los principios básicos del derecho constitucional.
La legitimidad del juez no depende tan sólo de la habilitación original que recibe del poder constituyente, sino que ha de ganársela día a día. Al juez no le basta con esa habilitación de origen sino que precisa, para que sus decisiones sean respetadas, que su trayectoria profesional y personal sean acordes con la responsabilidad que asume y con la trascendencia del poder con que la sociedad le ha investido.

El juez precisa sentir el respaldo de los ciudadanos para que su función sea respetada y sentida como propia por todos; para ello, nada mejor que perseverar a lo largo de su ejercicio profesional en las notas de donde proviene su autoridad: el respeto a la ley como emanación de la voluntad popular, el estudio del derecho y la formación permanente, la dedicación profesional y el sentido de la justicia.


La legitimidad de ejercicio del juez se logra principalmente por dos caminos: mediante el respeto al ordenamiento jurídico, al que se debe y que opera como límite a su poder, y por la eliminación de cualquier factor que pueda incidir en su imparcialidad.
La necesidad de jueces conocedores de la ley y del derecho y aislados del poder y de intereses particulares es lo que justifica su especial estatuto profesional concretado en un régimen de carrera profesional al que se accede conforme a criterios objetivos de mérito y capacidad.
El modelo constitucional de Poder Judicial favorece el mantenimiento de esa posición trascendente, despojada de elementos extraños a su misión y es garantía formal de su independencia.
He anticipado al comienzo de estas palabras que en la consideración social de los jueces inciden otros factores normalmente exógenos a su calidad técnica y grado de compromiso con su función; a veces, el juez debe soportar la crítica por decisiones que no son de su responsabilidad, sino consecuencia de carencias o disfunciones ajenas a él.
Los planes de modernización de la justicia desarrollados por el Órgano de Gobierno del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, o iniciativas como la ordenada al rediseño de la Planta Judicial, con ideas novedosas, son medidas que sirven al objetivo general de que la administración de justicia se adapte a las legítimas exigencias de los ciudadanos y sea capaz de satisfacerlas con prontitud y sin merma de sus garantías y derechos; otras medidas implican un cambio de modelo, como la anunciada reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de sustituir al Juez en la instrucción de los procedimientos penales para pasar a un sistema acusatorio, que, de llevarse a cabo, habrá de ser abordada con suma prudencia, dada su repercusión en la planta judicial y en el alto nivel de protección jurisdiccional de los derechos y garantías que, en este ámbito procesal, exige nuestra Constitución y que, conforme a la ley vigente, corresponde ahora al Juez de Instrucción.
Para cumplir ese objetivo es fundamental la contribución de los propios ciudadanos y de los medios de comunicación, intermediarios entre la Justicia y aquéllos, reconociendo que no hay mejor estrategia de imagen que la que se deriva de las decisiones judiciales acertadas, conformes con la ley, bien fundamentadas y explicadas a sus destinatarios, así como de una justicia eficaz, que además sea percibida como tal por todos los miembros de la sociedad.
* * * * *
Quiero hacer una última consideración referente al papel que corresponde al Tribunal Supremo como instrumento para reforzar la legitimidad de los jueces, ante los ciudadanos. El Tribunal Supremo cuenta con legitimidad de origen, no sólo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes judiciales, sino también como órgano constitucional, y su existencia se liga directamente a la del propio sistema democrático. También contribuye a reforzar la confianza ciudadana en el conjunto de la justicia, desde su labor unificadora de la interpretación del derecho.
La tutela suprema de la norma es una muestra de sumisión a la ley, que es, a su vez, expresión de la voluntad soberana del pueblo. Y es el Tribunal Supremo, en el ejercicio de su función constitucional, la garantía del principio de unidad del derecho, con fuerza legitimadora de todo el sistema de justicia.

El Tribunal Constitucional así lo ha reconocido recientemente, en su Sentencia del Pleno 31/2010, de 28 de junio, en la que esta competencia unificadora se define como función reservada sólo al Tribunal Supremo, sea cual sea el modo en que el legislador articule procesalmente su realización.



Asimismo, en el plano del gobierno judicial, la misma Sentencia reconoce al Consejo General del Poder Judicial como único órgano de gobierno de los jueces y magistrados. De acuerdo, pues, con la Constitución ningún órgano, salvo el Consejo General del Poder Judicial, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el poder judicial.
* * * * *
Antes de concluir me referiré brevemente a la actividad del Tribunal Supremo para poner de manifiesto que, en el año 2009, ha realizado grandes progresos en la eliminación del retraso. De los 48.536 asuntos que se encontraban sin resolver al comenzar 2005, se ha pasado a 24.597 al finalizar 2009, logrando disminuir el número total de asuntos pendientes en un 49,32 %, un objetivo cumplido en buena parte gracias a la adopción de nuevas medidas organizativas, al continuado esfuerzo de los Magistrados de sus diferentes Salas y al apoyo del Gabinete Técnico, absolutamente indispensable para lograr la normalización en el funcionamiento del Tribunal Supremo.
Este resultado ha sido posible de conseguir gracias a la colaboración del Ministerio de Justicia, concretada en los sucesivos Acuerdos bienales suscritos, y al respaldo organizativo prestado por el Consejo General del Poder Judicial.
* * * * *
En el año 2012 celebraremos, Dios mediante, el bicentenario de la creación del Tribunal Supremo. Confiamos en que entonces la situación de sus Salas habrá alcanzado su plena normalidad con la eliminación total del retraso, de forma que el Alto Tribunal pueda ejercer sus importantes funciones de manera eficaz, y dar así a los ciudadanos la solución definitiva a sus pleitos en un plazo razonable, creando además la jurisprudencia que sirva de referencia a los demás tribunales y unifique sus decisiones.
Con ello concluye esta reflexión. Gracias, Majestad, por el respaldo que, con vuestra presencia, dais al trabajo de los jueces y magistrados, quienes ejercen la jurisdicción en vuestro nombre, como símbolo de la unidad y permanencia del Estado.
Muchas gracias a todos.






La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje