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Tribunal: Juzgado Federal N° 1 de Mendoza Autos: Supercanal c/Cablevisión por Amparo Fecha: Diciembre del 2011


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Tribunal: Juzgado Federal N° 1 de Mendoza

Autos: Supercanal c/Cablevisión por Amparo

Fecha: Diciembre del 2011

Sumario: Que el titular de una empresa de TV por cable promueve una acción de amparo contra otra empresa de igual tenor solicitando el cese de las conductas anticompetitivas y la división de la empresa mediante la segregación de los activos,

pasivos y negocios que pertenecían a otra empresa de cable que fuera absorbida por esta de los restantes activos, pasivos y negocios de la controlante solicitando además la transferencia a terceros de estos últimos. A tal fin solicita como medida cautelar el amparista, entre otras cosas la separación de los abonados que conformaban con anterioridad a la fusión de ambas empresas , la separación de las cuentas para el cobro de los ingresos provenientes de los abonados originarios, la separación de

los sistemas contables, legales, administrativos, informáticos y de gestión

correspondientes a los abonados originados por la originaria empresa de TV por cable adquirida, todo ello sin afectar los derechos de los consumidores. Asimismo se designe un interventor administrador con separación, y en reemplazo del

Directorio de la empresa contra quien se lleva adelante el presente proceso.

El juez hace lugar a lo peticionado previo el cumplimiento de la caución real fijada.

Vocablos: AMPARO – MEDIDA CAUTELAR – INTERVENTOR – INTERVENTOR ADMINISTRADOR – DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES – CONSUMIDOR – TELEVISION POR CABLE – EMPRESA DE CABLE – CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS – DIVISION DE LA EMPRESA – EMPRESA CONTROLANTE – EMPRESA CONTROLADA – ABONADOS -
Mendoza, de diciembre del 2011

AUTOS y VISTOS: los presentes autos N° 39.350/4, rotulados:

SUPERCANAL c/ CABLEVISION por AMPARO, y

CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 1083/1153 el Dr. Eduardo Vila, en

representación de SUPERCANAL S.A., con el patrocinio letrado del Dr. Richard

Aguiriano, promueve acción de amparo contra CABLEVISION S. A.; Arte

Radiotelevisivo Argentino S. A. (ARTEAR); contra los accionistas controlantes de

Cablevisión (SOUTHTEL HOLDINGS S. A., VISTONE S. A., CV B HOLDING S. A.,

FINTECH MEDIA LL. C. y VLG ARGENTINA, LLC) y/o quienes en definitiva resulten

los accionistas controlantes de la misma; contra el Grupo Clarín S. A. -como

controlante de Cablevisión y Artear-, y contra los accionistas controlantes del Grupo

Clarín (GC DOMINIO S. A., Ernestina H. de Noble, Héctor H. Magnetto, José Antonio

Aranda y Lucio Rafael Pagliaro) y/o quienes resulten controlantes, de hecho y/o de

derecho, de ese grupo, solicitando el cese de las conductas anticompetitivas que

denuncia, y la división de CABLEVISION, mediante la segregación de los activos,

pasivos y negocios que pertenecían a MULTICANAL S. A. -que fueran absorbidas

por esa empresa-, de los restantes activos, pasivos y negocios de Cablevisión,

solicitando además la transferencia a terceros de estos últimos.

Señala que la restructuración de Cablevisión tiene por

finalidad que quienes controlan a esa empresa (esto es, Grupo Clarín y Fintech, en

ambos casos a través de diversas sociedades), continúen en el futuro con los

mismos negocios que tenían antes de la concentración entre Cablevisión y

Multicanal, y que se limitaban a los que correspondían a ésta última.

En subsidio, de la segregación y venta peticionadas,

solicita el presentante que se ordene la división de Cablevisión por otra modalidad

que cumpla la misma finalidad de la medida referida precedentemente, de manera

tal, que los actuales accionistas de Cablevisión continúen sólo con los negocios que

correspondieran a Multicanal (fs. 1083/vta.).

Sostiene la parte actora, que lo peticionado resulta

procedente atento a las múltiples, variadas y persistentes prácticas

anticompetitivas desplegadas por los demandados, que afectan a su representada

y sus vinculadas, porque distorsionan gravemente la competencia en el mercado de

televisión por cable en el que Cablevisión opera y detenta una posición dominante.

Agrega el peticionante, que tales violaciones afectan a

todos los mercados en los que operan los demandados, perjudican a las partes

más diversas y, además, son constantes, aconteciendo permanentemente, incluso

durante el trámite de autorización para la concentración de Cablevisión y

Multicanal, subsistiendo antes y después de la revocación de aquella autorización.

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Las prácticas denunciadas incluyen: 1) la cotización, en



plazas en las que Cablevisión está expuesta a competencia, de precios de señales

más de 1.500 % superiores a los aplicados para los mismos productos en otras

plazas; 2) el otorgamiento a Cablevisión del poder de aumentar unilateralmente los

costos de sus competidores cada vez que aumenta sus propios ingresos, la

manipulación de los ajustes de precios de señales mediante variables bajo el

control exclusivo de cablevisión y el grupo del vendedor; 3) ofertas con precios

predatorios en las plazas en las que compite, esto es más de 700 % inferiores a los

que del abono estandar de $ 147 por mes pretende la misma Cablevisión en otras

plazas, lo cual tiene por única finalidad excluir a sus competidores; 4) la abierta

manipulación de la grilla de canales a favor de las señales propias del grupo

Clarín; 5) la exclusión, por parte de Cablevisión de señales de noticias de

incorporación obligatoria en la grilla; 6) la exclusión de otras señales de la grilla de

Cablevisión; 7) la manipulación del ingreso de nuevas señales al mercado que no

sean del Grupo Clarín (fs. 1084/1086 vta.).

Luego de describir las prácticas denunciadas, la actora

promueve acción de amparo –en los términos del artículo 43, segundo párrafo de la

Constitución Nacional y de los artículos 321 inc. 2 y 498 del C.P.C.C.N.- contra

Cablevisión S. A., atento a las múltiples, variadas y persistentes prácticas

anticompetitivas desplegadas por la nombrada y a fin de que –como ya expresarase

ordene el cese de las conductas abusivas e ilegales, conforme lo previsto por el

art. 46 inc. c’ de la Ley 25.156; contra Arte Radiotelevisivo Argentino S. A.

(ARTEAR), como titular de las señales y autor de las prácticas anticompetitivas

cuyo cese solicita; contra los accionistas controlantes de Cablevisión identificados

como SOUTHTEL HOLDINGS S.A., VISTONE S.A., CV B HOLDING S.A., FINTECH

MEDIA LL.C. y VLG ARGENTINA, LLC y /o quienes en definitiva resulten los

accionistas controlantes de la misma, en razón de que han adquirido y mantenido

tenencias accionarias controlando una sociedad cuya estructura –y contumaz

conducta- resulta una clara infracción al régimen de competencia; contra el Grupo

Clarín S. A., como controlante de Cablevisión y Artear, por las mismas razones,

deducidas contra esas dos sociedades; y contra los accionistas controlantes del

Grupo Clarín (identificados como GC DOMINIO S.A., Ernestina H. de Noble, Héctor

H. Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro) y/o quienes resulten

controlantes, de hecho y/o de derecho, de ese grupo y por las mismas pretensiones

que las deducidas precedentemente, ya que, todas ellas, resultan prácticas

abusivas en el mercado de servicios audiovisuales y, en particular, del servicio de

radiodifusión de televisión por cable, violando así lo dispuesto en el art. 42 de la C.

N., las previsiones de los arts. 1, 2, 46 y concordantes de la Ley 25.156 de Defensa

de la Competencia, y los derechos y libertades consagrados en los arts. 14, 16, 17,

32, 33, 42 y concordantes de nuestra Carta Magna (fs. 1086 vta. /1089).

Destaca el presentante, que las pretensiones deducidas

en la presente no se refieren a las violaciones de la demandada Cablevisión y otras

partes, a los compromisos asumidos ante las autoridades de defensa de la

competencia -que son materia de una controversia separada e independiente-, sino

que son infracciones distintas de aquellas que configuran transgresiones directas y

reiteradas al marco de defensa de la competencia, aunque se inscriben en el mismo

patrón de comportamiento de desprecio por la legislación que defiende la

competencia. En virtud de ello, sostiene la parte actora que la separación de

estructuras y negocios no sólo resulta apropiada sino, además, necesaria (fs. 1089

vta./ 1091).

Seguidamente, solicita que –a fin de asegurar la

oponibilidad de la sentencia que oportunamente recaiga en autos- la presente litis

se integre (en los términos del art. 94 del C.P.C.C.N.), con la Autoridad Federal de

Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) por resultar la autoridad de

aplicación de la Ley 26.522, denominada de Servicios de Comunicación

Audiovisual (LSCA).

Como medida cautelar, en los términos del art. 232 del

CPCCN, solicita:

a) se ordene el cese inmediato de las conductas predatorias denunciadas;

b) se ordene la división de redes y de las Head ende o plantas cabeceras de

transmisión de cable que correspondieron a la absorbida Multicanal de las

restantes que correspondieran a Cablevisión con anterioridad a la concentración

entre ambas empresas;

c) se disponga, sin afectación de los derechos de los consumidores, la separación

de los abonados que conformaban con anterioridad a la fusión de Multicanal y

Cablevisión los clientes de la desaparecida Multicanal (abonados originados por

Multicanal) de los restantes abonados de Cablevisión (restantes abonados), así

como la segregación de los costos de prestación de los servicios de Cablevisión a

los abonados originados por Multicanal y a los restantes abonados, a cuyo efecto

deberá ordenarse a Cablevisión elaborar y poner a disposición de este Tribunal, o

de quien este designe, la información necesaria para identificar a los citados

abonados y los costos de prestación de los servicios correspondientes;

d) se ordene, sin afectación de los derechos de los consumidores, la separación de

las cuentas para el cobro de los ingresos provenientes de los abonados originarios

y los restantes abonados para el pago de los costos correspondientes a los

servicios dirigidos a los citados abonados originarios y restantes;

e) se ordene, sin afectación de los derechos de los consumidores, la separación de

los sistemas contables, legales, administrativos, informáticos y de gestión

correspondientes a los abonados originados por Multicanal y a los restantes

abonados y a los servicios que se presten a cada uno de tales grupos de abonados,

y a los ingresos y gastos que les sean atribuibles a cada uno de dichos grupos de

abonados, respectivamente;

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f) se ordene la identificación del personal, incluido el jerárquico y el que se



incorpore durante el trámite del presente proceso, asignado a la prestación de los

servicios correspondientes a uno y otro grupo de abonados.

g) a los fines de la separación de servicios procuradas por las medidas enuncias

precedentemente, y siempre sin afectación de los derechos de los consumidores, se

ordene; 1) la separación del uso comercial de las marcas Multicanal y Cablevisión y

la provisión de los servicios a los abonados originarios de Multicanal, bajo la marca

Multicanal y a los restantes abonados bajo la marca Cablevisión; 2) la obligación

de que los servicios bajo cada una de las citadas marcas sean ofrecidos en

competencia y con grillas diferenciadas; 3) la obligación de que cada uno de los

servicios ofrecidos bajo distinta marca sean publicitados por medio de publicidad

competitiva entre las dos marcas;

h) se ordene la individualización y preservación -por los medios que se estimen

pertinentes- de toda la información contable, legal, administrativa y de gestión

correspondiente al período en el cual, Cablevisión y Multicanal funcionaron bajo un

control común y ulteriormente como sociedades fusionadas;

i) se ordene la presentación de un informe detallado sobre el cumplimiento de las

obligaciones emergentes del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) de Multicanal

asumidas por Cablevisión, y en particular de las Obligaciones Negociables de

Multicanal (asumidas por Cablevisión) vigentes al 31/12/2009 que fueran emitidas

en virtud del APE homologado de Multicanal, por la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Comercial sala A del 04/10/2004, y que se componen de: 1) las

Obligaciones Negociables serie A denominadas Step Up Notes por valor de u$s

80.325.000 –titulos a 10 años-, que devengan intereses a una tasa nominal anual

del 2,5 % desde la asamblea de bonistas del 10/12/2003 hasta el cuarto año a

partir de la emisión, del 3,5 % desde el cuarto año hasta el octavo año y del 4,5

desde el octavo año hasta el vencimiento y 2) las Obligaciones Negociables serie B

por valor de u$s 100.439.291 –titulos a tasa fija a 7 años-, que devengan intereses

a una tasa del 7 % nominal anual;

j) se designe un interventor administrador con separación, y en reemplazo del

Directorio de Cablevisión, con todas las atribuciones del órgano de administración

para dispones las acciones necesarias a fin de hacer efectivas las medidas

solicitadas precedentemente, asegurar el mantenimiento de las mismas e investigar

e informar al Tribunal sobre irregularidades negativas y la comisión de ilícitos,

debiendo informar al Tribunal con la frecuencia que resulte necesaria a fin de

asegurar el cumplimiento de las medidas solicitadas;

k) se ordene que el Presidente de Cablevisión informe a este Tribunal dentro de las

48 hs. de notificado, la composición accionaria de Cablevisión y acompañe copia de

los registros de accionistas de dichas sociedades, a fin de poder determinar

exactamente los socios de dichas sociedades, bajo apercibimiento de lo

preceptuado por el art. 239 del Código Penal Argentino. Dicha notificación y

emplazamiento, bajo apercibimiento de ley, deberá realizarse junto con la

notificación de las medidas cautelares que se efectúe a la demandada Cablevisión;

l) se ordene que el Presidente del Grupo Clarín informe a este tribunal, dentro de

las 48 hs., de notificado, la composición accionaria del grupo Clarín y acompañe

copia de los registros de accionistas de dichas sociedades, a fin de poder

determinar exactamente los socios de dichas sociedades, bajo apercibimiento de lo

preceptuado por el art. 239 del Código Penal Argentino. Dicha notificación y

emplazamiento, bajo apercibimiento de ley, deberá realizarse junto con la

notificación de las medidas cautelares que se efectúe a la demandada Cablevisión;

m) se ordene el reajuste equitativo y provisional a precios de mercado de los precios

de venta a Salta Cable Color S.A. (Salta Cable) de las señales correspondientes a

ARTEAR y la provisión de las mismas a Salta Cable conforme al siguiente

esquema: Canal 13, TN Noticias, Volver, Magazine y Quiero: $ 2,2565 por abonado

de Salta Cable (el mismo precio estipulado en el contrato entre ARTEAR y

Supercanal en diversas plazas), calculado en función de las afirmaciones vertidas

por Salta Cable en la documental adjunta en el sentido de que el total de abonados

de su sistema es de 1.750.

Para avalar su pedido, alega la parte actora que se

configuran en el presente caso los extremos requeridos para el dictado de las

medidas cautelares solicitadas, toda vez que existen derechos de la actora que se

encuentran efectivamente conculcados, existiendo además un peligro cierto y real

en la demora que resulta evidenciado por la circunstancia de que si no se otorgasen

las medidas cautelares solicitadas, se posibilitaría la consolidación irreversible de

la unión de los dos mayores cable-operadores, solidificando una estructura cuya

división sería al tiempo de la sentencia, impracticable (fs. 1091 vta./ 1093).

Destaca el presentante, en relación a la legitimación

activa de la actora, que su representada en su carácter de cable-operadora, de

propietaria de acciones y cuotas sociales de sociedades licenciatarias de servicios

de radiodifusión y de empresas comercializadoras de señales (como CableCord) -

participante activa de los mercados de comunicación audiovisual y gráficos- resulta

afectada por las prácticas anticompetitivas aquí denunciadas y por la consolidación

de los negocios de la otrora Multicanal, en Cablevisión, lesionando derechos y

garantías que le reconocen la Constitución Nacional y la Legislación nacional.

Funda su postura en lo establecido por el art. 43 de Nuestra Carta Magna y en

demás antecedentes, a los que me remito “brevitatis causae” (fs. 1093 vta./ 1095).

Seguidamente, analiza los antecedentes fácticos de la

industria de la televisión por cable; el mercado de distribución paga de señales y

contenidos de TV; la relación existente entre Cablevisión, Multicanal y el Grupo

Clarín; la posición dominante de Cablevisión y el abuso de la misma (fs. 1095

vta./1110).

Luego, al describir las prácticas anticompetitivas, la

parte actora –entre otros argumentos- hace referencia al contrato recientemente

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celebrado entre Supercanal y Artear, para el año 2011, donde esta última impuso



un cambio de condiciones sobre el mecanismo de reajuste del precio de las señales

(agregando como variable la Tarifa Nominal Básica (TNB) que Cablevisión cobre a

los suscriptores de Cablevisión en Córdoba) de carácter notablemente abusivo, al

introducir variables de ajuste al precio contractual, que quedan bajo el control

exclusivo de Cablevisión, competidor del adquirente de señales –Supercanal- e

integrante del grupo vendedor de las señales y acreedor del precio a abonar (v.

cláusula 12, fs. 662).

Destaca que, si bien Supercanal suscribió el contrato que

contiene el esquema cuestionado, ello se debe a la modalidad que venían

empleando ARTEAR y Supercanal en sus relaciones contractuales, por lo que

resulta una cuestión puramente formal; ya que la aceptación de esa condición

resulta forzada para no perder señales sustanciales – Canal 13 y TN Noticias- que

afectarían su propia audiencia y su viabilidad como operador de cable; lo que sólo

traduce su condición de víctima de la imposición de condiciones manifiestamente

perjudiciales y abusivas (fs. 1110/1132).

Posteriormente, luego de fundar la procedencia del

remedio estructural que solicita (fundamentos a los que me remito en orden a la

brevedad), argumenta sobre la procedencia formal de la acción impetrada (fs. 1132

vta./ 1141).

Asimismo, luego de peticionar la medida cautelar que

estima pertinente, solicita con vistas a asegurar el dictado de la misma de manera

suficientemente eficaz e idónea, que conjuntamente con el libramiento de la orden

de trabar la precautoria se libre oficio a la Comisión Nacional de Comunicaciones

(CNDC) y a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales

(AFSCA) para que tales organismos informen acerca de otras medidas que -con

carácter precautorio- podrían ser adoptadas con vistas a impedir abusos y

garantizar la utilidad de la sentencia que se dicte en este proceso (fs. 1141/1143).

Por último, luego de fundar la procedencia de la medida

cautelar solicitada, ofrece como contracautela la caución juratoria de su

representada, la que –según expone- es prestada desde ya por la suscripción del

escrito génesis de estos obrados, suscripto en su calidad de apoderado de la actora

(fs. 1143 vta./ 1147).

Finalmente, funda la competencia federal por la materia

en que, la situación planteada se trata de una disputa concerniente a prácticas

anticompetitivas (art. 53 de la Ley 25.156), agregando en relación a la competencia

territorial, que la misma surge del hecho de que las prácticas referidas afectan los

derechos de la actora domiciliada en la Ciudad de Mendoza, donde también

tendrián efectos los hechos lesivos configurados por las conductas denunciadas,

que afectan los derechos de su representada (fs. 1147/1148).

Para terminar, la parte actora ofrece prueba y deja

planteada la reserva del caso federal. A tal presentación me remito en mérito a la

brevedad (fs. 1148 vta./1153).

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