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Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín


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FABRICANTE - RESPONSABILIDAD SOLIDARIA - EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD - AUTOMOTORES - PRUEBA - CARGA DE LA PRUEBA - CONCESIONARIA DE AUTOMOTORES - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR - PRODUCTOS DEFECTUOSOS -

Partes: Ratto Ruben Dario c/ Peugeot Citroen Argentina S.A. y Otro s/ daños y perj. incumplimiento contractual (exc.Estado)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín

FECHA: 8/6/2010

Cita: MJJ55830

Legislación Relacionada

Ley Nº 24.240 DEFENSA DEL CONSUMIDOR (art. 37)

Código Procesal Civil y Comercial. Provincia de Buenos Aires. Decreto 7425/1968 (art. 163)

Ley Nº 24.240 DEFENSA DEL CONSUMIDOR (art. 17)

Ley Nº 24.240 DEFENSA DEL CONSUMIDOR (art. 3)

Jurisprudencia Relacionada

Baz Ricardo Alejandro c/ General Motors de Argentina S.A. (Anterior)

Benzadon Ricardo José c/ Guillermo Dietrich S.A. y otro (Anterior)

Mercurio Cosme Gregorio c/ Organización Sur Automotores S.A. y otro (Anterior)


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Responsabilidad solidaria de la empresa automotriz y de la concesionaria por la venta de un automotor 0km que presentó defectos de fabricación durante todo el tiempo en que el rodado estuvo en manos del adquirente, quien decidió enajenarlo al poco tiempo de su adquisición.
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Sumario


1.-Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que responsabilizó a la empresa fabricante del automotor -en forma solidaria con la concesionaria- por los desperfectos que presentó el vehículo adquirido por el actor, pues, tratándose de un automotor nuevo y habiendo aparecido el desperfecto en un viaje emprendido al día siguiente de la entrega, ello crea una fuerte presunción -art. 163, inc. 5, CPCC- de que se trata de un vicio preexistente, mientras que para fracturar la relación causal se alegó como eximente que ese vicio era posterior a la puesta en circulación del producto, es decir que no es imputable a la fabricación sino a su uso, por la carga de combustible inadecuado por su calidad, pero sin embargo, ello no fue probado, además, la reiteración de dificultades, incluso después de las supuestas reparaciones, hace poco factible que en todos los casos el desperfecto obedeciera al combustible, salvo que se considere que todas las diferentes bocas de expendio no suministren combustible de la calidad requerida, lo que se contrapone con lo que la experiencia indica.
2.-La empresa automotriz debe responder por los perjuicios ocasionados al actor, derivados de la adquisición de un automotor 0km que presentó desperfectos desde el momento de su adquisición -que derivó en detención del motor e imposibilidad de arranque- y durante todo el tiempo en que el rodado adquirido estuvo en sus manos, pues, el hecho de que el problema finalmente se haya solucionado -ya el vehículo en manos de un tercero y luego de complicaciones y gestiones que exceden notoriamente el nivel de diligencia exigible a cualquier usuario de un vehículo nuevo de esa gama)- lejos está de demostrar que el vicio no existió ni que las consecuencias perjudiciales para el originario adquirente no se hubieren producido, además, por si ello fuese poco, rige, en todo caso, el beneficio de la duda en favor del consumidor que campea como principio rector en el texto de la ley instituida en su defensa -arts. 3, 37 y concs., ley 24.240-.
3.-Debe rechazarse el recurso de apelación incoado por la concesionaria automotriz contra la sentencia que la responsabilizó solidariamente con la fabricante, por los perjuicios ocasionados al actor como consecuencia de la compra de un rodado 0km que presentó defectos desde el momento mismo de la adquisición, pues, debe tenerse en cuenta que la Ley 24.240 establece la responsabilidad solidaria entre los integrantes de la cadena de producción y comercialización de los bienes y servicios ofrecidos a los consumidores, y es en razón de las obligaciones que pesan sobre la concesionaria vendedora, antes y después de la operación celebrada, que debe responder, no sirviendo de excusa para ello el servicio de reparación que suministró ya que su resultado, en lo que se refiere al accionante, no fue satisfactorio ya que nunca durante el período de su posesión el automóvil estuvo en "las condiciones óptimas " a las que se refiere el art. 17 de la ley, aquellas necesarias para su uso normal como establece su decreto reglamentario.
4.-Resulta procedente otorgar al actor que adquirió un automotor nuevo con defectos de fabricación, una indemnización en concepto de daño moral, ya que en el caso, del intercambio epistolar resulta evidente que las vicisitudes postventa por la que tuvo que atravesar como adquirente de una unidad 0KM, además de alta gama, exceden ampliamente el nivel de tolerancia por inconvenientes derivados de un funcionamiento no adecuado, además, la repercusión disvaliosa espiritual y anímica del incumplimiento de la garantía con una reparación satisfactoria, con las sucesivos ingresos a taller, queda evidenciada con la decisión de su enajenación a tan poco tiempo de adquirida, corroborando, adicionalmente, la procedencia del daño, la circunstancia de que vio interrumpido un viaje a distancia por el desperfecto, debiendo regresar por otro medio con los trastornos que ello provoca.

Fallo


JUNIN, a los 08 días del mes de Junio del año dos mil diez, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y PATRICIO GUSTAVO ROSAS , en causa Nº 43900 caratulada: "RATTO RUBEN DARIO C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ Daños y Perj. Incumplimiento contractual (Exc.Estado).-", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán y Rosas.-.
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
1. En la sentencia dictada a fs. 952/967 se hizo lugar a la demanda que por indemnización de daños y perjuicios, en virtud de lo regulado por la ley24.240, promoviera Ruben Dario Ratto contra Peugeot Citroen Argentina SA y San Fior Automotores SA, condenándolos a abonarle la suma de pesos catorce mil quinientos noventa y uno con 50ctvos. - $ 14.591,50- ($ 591,50 por daño emergente + $ 12.000 por disminución de valor venal + $ 2.000 por privación de uso), con más intereses a la tasa pasiva desde el 6/2/2006 y hasta el efectivo pago. Desestima los conceptos pretendidos de lucro cesante y daño moral. Impone las costas a los demandados y difiere la regulación de honorarios profesionales.
Concierne el pronunciamiento al reclamo que efectúa el comprador de un automóvil Peugeot 407 ST Sport HDI 0 Km por los desperfectos que presentó el vehículo desde el momento de su adquisición (3/2/2006), que derivó en detención del motor e imposibilidad de arranque, ello hasta en un viaje a distancia, con las consiguientes y sucesivas entradas y salidas en tres concesionarias oficiales sin resultado satisfactorio, pese a las reiteradas intimaciones cursadas, hasta que recién en el mes de agosto ( ver fs. 64) se le ofertó cambiar gratuitamente "la válvula de reciclaje de los gases de escape y telecarguemos un nuevo software del calculador motor de su vehículo para evitar problemas de funcionamiento que pueden provocar el encendido del indicador luminoso de diagnóstico e incluso dificultades de arranque". La Sra. Jueza Dra. Panizza tiene todo ello por acreditado con la documental aportada, prueba confesional y testimonial rendidas; desestimando la circunstancia defensivamente esgrimida referida al empleo de combustible inadecuado, por no ser un hecho probado en el caso concreto que nos ocupa además de ser una cuestión ajena al actor las diferentes calidades de combustibles de las distintas bocas de expendio en nuestro país y que como indica el perito mecánico si bien ello puede causar anomalías en el funcionamiento, depende de cada sistema y que cualquier válvula recicladora de los gases de escape que no funciona correctamente puede causar polución del aire aspirado por el motor y en consecuencia su falla, aclarando que el funcionamiento de esa válvula depende fundamentalmente de la temperatura del motor y muy poco de la calidad del combustible. Agrega la sentenciante que la presencia de tales problemas en el vehículo incluso subsistieron después de su venta al Sr. Frisina, según declaración de éste de fs. 872, con idas y venidas a San Fior sin obtener resultado hasta que logró solucionarlo a través de un contacto suyo con un alto jefe de Peugeot que les dijo que tenían que hacer. Determinada así la responsabilidad objetiva y solidaria del fabricante y la concesionaria demandados, se ocupa luego de los distintos rubros resarcitorios de la forma que luego analizaré en la medida de los recursos interpuestos.
Apelaron el actor y los demandados ( ver fs. 974/978).
Expresaron sus agravios el actor a fs. 990/991; los letrados apoderados de Peugeot Citroen Argentina SA Dres. Melián y Lopez Spadaro a fs. 992/994vta. y el de la codemandada SanFior Automotores SA Dr. Juan José Fernández a fs. 995/998.
Obran las réplicas del actor a fs. 1009/1010 y 1018/1019 y del Dr. Fernández a fs. 1014/1016vta.; no habiendo ejercido tal derecho Peugeot Citroen de Argentina SA. Firme el llamado de autos para sentencia de fs. 1021, las actuaciones están en condiciones de ser resueltas (art. 263 del CPCC).
2. En esa tarea, en primer lugar he de señalar que si bien en la memoria de los representantes de Peugeot Citroen de Argentina SA se hace referencia como objeto de crítica a la procedencia de los daños reconocidos y a su cuantificación ( punto II), acto seguido bajo el título "Generalidades" se introduce dentro de la reiteración casi textual de los términos de la contestación de la demanda una observación vinculada a lo informado pericialmente en cuanto a la posible incidencia de la calidad de combustible cargado para reafirmar su postura en el sentido de que los desperfectos no obedecían a la existencia de vicios de construcción, lo que resultaría también del reconocimiento testimonial por parte del actual titular del rodado de que los problemas fueron superados. Aunque dicha forma encubierta de plantear una disconformidad con la responsabilidad atribuida, con un criterio estricto en cuanto a la exigencia de una crítica precisa y concreta de la parte del fallo que se reputa equivocada (art. 260 del CPCC) ameritaría su desestimación, dada la amplitud valorativa con que se maneja este tribunal en cuanto al examen de admisibilidad formal con el objeto de preservar a ultranza el derecho de defensa de las partes y evitar nulidades, paso a su tratamiento.
Del texto del art. 11 de la ley de defensa del consumidor surge claro la amplitud del concepto de vicio o defecto, comprensivos tanto de los de fabricación como de diseño como los de cualquier otra índole, por los que se debe responder en la comercialización de cosas muebles no consumibles (v. Japaze Belén "Garantía legal por vicios de la cosa objeto del contrato. El derecho del consumidor a demandar la sustitución del bien y la indemnización de los daños derivados" SJA 2/9/2009 Lexis nº003/014661; Lopez Herrera Edgardo "Teoría General de la responsabilidad civil" LexisNexis 2006, Cap. XV Responsabilidad civil por productos defectuosos).
Con la prueba rendida queda evidente que el automotor exhibía un vicio grave que afectaba su correcto funcionamiento y el carácter insatisfactorio de las reparaciones realizadas en tres concesionarias (Prost SA -Entre Rios- Nation SA -Santa Fe- y San Fior Automotores SA - Junin-) - lo que es un hecho que viene admitido-, desde el día siguiente a la entrega y durante todo el tiempo en que el rodado 0Km adquirido estuvo en manos del consumidor reclamante.
Vale recordar que "en el ordenamiento de consumo campea el factor objetivo de responsabilidad. En el análisis del art. 40 de la ley 24.240, que sería la norma principal en que se asienta la responsabilidad por daños, el criterio que ella admite es la garantía que brinda al consumidor acerca de los daños producidos por el riesgo o vicio de la cosa (en una visión dogmática, la falta de seguridad en el producto que resulta por ello defectuoso). El damnificado no debe probar otra circunstancia que el daño, pero éste debe provenir de la relación causal adecuada entre el hecho producido y el daño reclamado...Las garantías específicas regladas en los arts. 11 y 18, referentes a los vicios que afectan la identidad de lo ofrecido y lo entregado y su correcto funcionamiento, o la de los vicios ocultos, son apreciados objetivamente con relación al producto. De esa manera que, señalado el vicio, corresponde su reparación o, en su defecto, la indemnización pertinente" (Rinessi Antonio Juan "Relación de consumo y derechos del consumidor" Astrea nº 143 p. 326)
También cabe traer a colación que "en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso a que está destinada, el consumidor puede (obrar) conforme al artículo 17 (que en su parte final dice "en todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder"). La jurisprudencia (en criterio agrego compartido por la doctrina: Picaso-Wajntraub JA 1998-IV-762; Rinessi ob. cit. nº 97 p. 199/200) ha precisado: "La reparación de la cosa, o sea la puesta en marcha de la garantía, es sólo una opción a favor del consumidor, que en modo alguno lo ata a seguir necesariamente ese camino, pudiendo adoptar alguna de las opciones que contempla el artículo 10 bis de la ley 24.240, ya que, en caso contrario, la garantía del buen funcionamiento terminaría sirviendo para oponer una barrera a las acciones de resolución del contrato que puede promover el consumidor damnificado, forzándolo a aceptar simplemente la reparación o el reemplazo de las piezas defectuosas" (Lorenzetti Ricardo Luis " Consumidores" 2a ed. actualizada Rubinzal-Culzoni p. 351/3; las acotacionesme pertenecen). El autor que vengo transcribiendo, en la nota 20 señala el acierto de distinguir entre las acciones fundadas en el incumplimiento de las garantías o del contrato, de la prevista por el art. 40; lo que también destaca Farina ("Defensa del consumidor y del usuario" Astrea p. 454): "El art. 40 prevé la responsabilidad por los daños que resultan por el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio; es decir, esta norma parte de la base de que el empresario ha cumplido o está cumpliendo la prestación a su cargo, pero se produce un daño al consumidor o usuario. Distinto es el supuesto de incumplimiento o defectuoso cumplimiento -que se asimila a un incumplimiento-". Sin embargo en cuanto al carácter objetivo de la responsabilidad, con el onus probandi de los eximentes admitidos a cargo de los intervinientes en la cadena de comercialización y la solidaridad de los responsables, no existen diferencias. Adviértase que con una visión extracontractual subjetiva basada en la culpa ya Llambías con referencia a las causas de exención del elaborador decía que el fabricante no se libera acreditando que asumió todas las diligencias debidas, sino que debe probar el hecho que rompió el nexo de causalidad adecuada entre el daño y el defecto, concluyendo "la pugna probatoria entre las partes se plantea en el plano de la causalidad y no en el plano de la culpabilidad". Por su parte las VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil declararon que "la culpa del elaborador surge in re ipsa de la existencia del vicio. Acreditada la relación causal entre el vicio de elaboración y el daño, el productor no se libera probando que de su parte no hubo culpa", lo que permite apreciar como expresa el mismo Lorenzetti (ob. cit. p. 511) que desde la tradición subjetivista se llegaba también a la responsabilidad objetiva.
Hecha esta sintética introducción, en el caso que nos ocupa, tratándose de un automotor nuevo y habiendo aparecido el desperfecto en un viaje emprendido al día siguiente de la entrega, ello crea una fuerte presunción (art. 163, inc. 5 CPCC) que se trata de un vicio preexistente. Para enervar tal conclusión y fracturar la relación causal se alegó defensivamente como eximente que ese vicio es posterior a la puesta en circulación del producto, es decir que no es imputable a la fabricación sino a su uso, por la carga de combustible - diesel- inadecuado por su calidad. Sin embargo tal como expresó la A-quo, ello no fue probado (art. 375 del CPCC), pudiendo contar fácilmente los demandados - dado los ingresos del vehículo a service- con determinaciones comprobables (tomar muestras y análisis del gasoil del tanque) de esa circunstancia deficitaria ajena . Se aferra la parte recursivamente a lo informado por el perito Ing. Degli Esposti en el punto 7 fs. 206 vta. en cuanto a la posibilidad de que combustible de calidad inadecuada puede generar las anomalías invocadas. Al margen de que la posibilidad de que ciertas proposiciones resulten verdaderas no puede derivarse ipso facto que lo sean, requiriendo en el caso de las contingentes algún tipo de respaldo proveniente del mundo de los hechos, que como luego diré no verifico aquí satisfecho, no puede soslayarse que el experto, en aclaración de fs. 803 (en la que hizo hincapié la juzgadora y de la que no se hace cargo en su crítica), señaló que "el funcionamiento de la válvula recicladora de los gases de escape depende fundamentalmente de la temperatura del motor y muy poco de la calidad del combustible" y de esa válvula depende el envío de gases de escape al múltiple de admisión para facilitar el arranque ( punto 2 fs. 201) y si funciona mal, la polución del aire aspirado por el motor y su falla (primer párrafo fs. 201vta) ( arts. 384 y 474 CPCC). La reiteración de dificultades, incluso después de las supuestas reparaciones, por otra parte hace poco factible que en todos los casos, el desperfecto obedeciera al combustible, salvo que se considere que todas las diferentes bocas de expendio no suministren combustible de la calidad requerida, lo que se contrapone con lo que la experiencia indica ( v. C. Civ. y Com. San Martín, sala 2ª 12/10/2004 "Bombardir, María E. v. Peugeot Citroen Argentina S.A. y otro" Lexis Nº 70022095 ) en cuanto a los numerosos autos gasoleros - de diferentes marcas y modelos- que circulan sin las dificultades apuntadas. Así si se tratare de un problema común a todos los vehículos del mismo modelo, estaríamos frente a un defecto de diseño ( ya que no se adecua a las posibilidades y realidad del mercado argentino ) y si es específico de esta unidad, no cabe duda que sería de fabricación ("hay defecto de fabricación, siempre que el producto,al salir del control del fabricante, presenta desvíos en algunos aspectos materiales de las especificaciones para su fabricación, o en parámetros de funcionamiento, o en relación a otras unidades idénticas de la misma línea de producción..." -Benjamin, Antonio Herman V."La teoría de la calidad y los accidentes de consumo: Una visión conceptual", en "Derecho del Consumidor", Dir. Gabriel A. Stigliz, Ed. Juris, Santa Fe, 1991, Nro. Uno, p. 74-). En todos los casos debe responder. Que el problema finalmente se haya solucionado ( ya el vehículo en manos de un tercero y luego de complicaciones y gestiones, de las que dió cuenta en su declaración, que exceden notoriamente el nivel de diligencia exigible a cualquier usuario de un vehículo nuevo de esa gama) lejos está de demostrar que el vicio no existió ni que las consecuencias perjudiciales para el originario adquirente no se hubieren producido. Por si ello fuese poco, rige, en todo caso, el beneficio de la duda en favor del consumidor que campea como principio rector en el texto de la ley instituida en su defensa (arts. 3, 37 y concs. ley 24240).
3. La queja de San Fior Automotores SA se centra exclusivamente en la responsabilidad.
De los argumentos que enarbola, el del combustible, que lo emplaza en la supuesta culpa de la víctima como eximente de causa ajena, ya ha sido tratado.
Los otros (pieza original de fábrica defectuosa, garantía del fabricante, compra directa de fábrica, sólo intermediación de su parte) están orientados a sustentar (ver especialmente punto III fs. 996vta.) que la causa generadora del daño es ajena a la concesionaria, emplazada como vicio de fábrica en la obligación de garantía de Peugeot Citroen de Argentina SA y extraña a una responsabilidad solidaria.
Como explica Laura Pérez Bustamante (Derechos del Consumidor p. 145 y ss) dice: "La responsabilidad objetiva y solidaria se erige como el pilar jurídico fundamental en que se apoyará quien haya sufrido un daño en orden a conseguir el efectivo resarcimiento. Y ello es así, por la enorme dificultad que reviste para el consumidor detectar en que momento de la cadena de producción, comercialización, distribución o transporte se originó el vicio que causó el daño con el fin de individualizar a quien corresponde la reparación...Una política enfocada hacia la dilución de la posibilidad de resarcir los daños genera despreocupación por el mantenimiento y elevación de la calidad de los productos y servicios, así como por la seguridad de los mismos, lo que redunda en una desprotección del consumidor y es manifiestamente contrario a sus intereses.... El consumidor, basándose en la responsabilidad objetiva y solidaria, puede accionar conjunta o indistintamente contra uno, varios o todos los intervinientes de la cadena de producción y comercialización... en el supuesto de responsabilidad del vendedor no fabricante, esta es contractual indiscutiblemente y se asienta en el deber de seguridad (arts. 5 y 6 LDC) expectativa de calidad y garantía de los productos que impone a los comercializadores obligación de inocuidad de los mismos (art. 1198 CCivil)...no puede considerarse tercero por el que no deba responder ni al elaborador ni al resto de los componentes de la cadena de comercialización, razón por la cual la demostración de que el vicio surge en el proceso de elaboración o en otro momento distinto y anterior a su llegada, no puede ser atendida como eximente....Como dijimos no parece apropiado considerar que en el supuesto la causa del daño ha sido ajena al vendedor, puesto que a él incumbe garantizar la inocuidad de los productos frente al consumidor, de su obligación de garantía por la seguridad y calidad de los productos y por la imposición del art. 40(REFLEG1334.40) sobre responsabilidad objetiva".
Recuerdan Vázquez Ferreyra-Romera ("Protección y defensa del consumidor ley 24.240" Depalma p. 187) que ya en las IV Jornadas Rioplatenses de Derecho se aprobó el siguiente despacho "...el elaborador no es un tercero por el cual el intermediario no deba responder"; recordando el primero en su trabajo "La garantía legal en la ley de defensa del consumidor" (RDPyC 2009-1 p. 146) que "conforme a lo que es un principio general del Derecho del Consumidor, la ley establece la solidaridad de todos los participantes en la cadena de fabricación, importación y distribución de los bienes respecto del cumplimiento de la garantía. Solución similar a la del artículo 40 de la LDC. Tal solidaridad surge de la ley por ende juega tanto en lo que se refiere a un reclamo extracontractual como contractual. Es un típico supuesto de solidaridad legal".
Comentando el art. 13 de la ley incorporado por la ley 24.999 explica Farina ( ob. citada p. 257 y ss) "se refiere a la responsabilidad solidaria por el otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal respecto del buen funcionamiento de la cosa adquirida, lo cual constituye uno de los aspectos derivados del más amplio concepto de responsabilidad que tiene todo proveedor frente al adquirente...Automotores. Responsabilidad del fabricante y del concesionario. Ya antes de la ley 24.240 nuestra jurisprudencia había reconocido una responsabilidad concurrente del fabricante y del concesionario, adelantándose a lo que establece este nuevo art. 13...En virtud de la relación contractual con el cliente, la concesionaria tiene frente al comprador el deber jurídico de realizar por su cuenta el acondicionamiento, esto es, efectuar todas las reparaciones conducentes a asegurar el buen funcionamiento de la cosa y la de reemplazarla por otra, en caso de ser necesario, además de instruir al adquirente en el uso correcto del bien (art. 11). Esta garantía es conceptualmente diferente de la protección legal por vicios redhibitorios, como lo determina de modo expreso el art. 18 de la ley 24.240; por tal razón, la responsabilidad de la concesionaria está sujeta a los arts. 11 a 18 y a lo que es de uso y práctica (arts. 218 inc. 6 y 219 Cód. de Comercio). El vendedor no fabricante de la cosa defectuosa que fuere condenado en juicio iniciado por el damnificado, tiene una acción recursiva (la que aparece consagrada expresamente en el art. 40) contra el fabricante. Esta acción de reembolso no exige prueba del dolo o culpa del fabricante, aunque exista vínculo contractual con éste. En definitiva, es el fabricante quien introduce en el medio social la cosa viciosa; por tanto debe responder plenamente por todos los daños que ella cause"
Japaze, en el artículo citado, señala que legalmente se ratifica "el criterio conforme al cual quedan obligados frente al consumidor todos los intervinientes en la cadena de comercialización...lo que implica que todos seobligan por el todo (arts. 701 y 705 CCiv), sin perjuicio de las acciones de regreso que pueda ejercer quien pagó el total y pretende el reembolso de los demás sujetos obligados. Pese a la calificación del vínculo que la ley formula, la doctrina coincide en señalar que la obligación de los sujetos responsables es concurrente, indistinta o in solidum pero no solidaria, pues el deber de responder se impone a cada sujeto por una causa propia y distinta de la que compromete a los demás"
Verónica Mas (" Defensa del consumidor: aspectos sustanciales y formales" LNBA 2006-6-618) expresa que el art. 13 es concordante con el art. 40 en lo que respecta a la responsabilidad por daño: "Son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas comprendidas en el art. 11 ". Se observa que los sujetos obligados solidariamente son tanto los fabricantes, importadores, productores y distribuidores como el cocontratante directo (vendedor) frente al consumidor o usuario. El legislador en este tema se aparta claramente del principio de eficacia relativa del contrato. Ello así, porque el deber de calidad-adecuación grava indistintamente a todos los partícipes de la cadena de circulación de bienes sin circunscribirse necesariamente a la existencia de un vínculo contractual directo. Ello posibilita al consumidor el ejercicio de las acciones derivadas de esa garantía contra su cocontratante o, directamente, contra los demás integrantes del circuito económico La fuente de la obligación es legal, pudiendo extenderse convencionalmente."
Por su parte Sandra Frustagli ("Conexiones entre la noción de proveedor y los legitimados pasivos en la ley de defensa del consumidor" RDPyC 2009-1 " Consumidores" p. 225 y ss) destaca que "la garantía por inadecuación de las cosas muebles no consumibles, regulada en el artículo 11 y concordantes de la ley 24.240, opera ante los defectos o vicios de cualquier índole, aún cuando sean manifiestos u ostensibles, existentes al tiempo de formación del contrato, cuando ellos afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o bien incidan en el correcto funcionamiento. La cuestión de la legitimación pasiva aparece tratada en el artículo 13 de la ley, donde se designa como responsables por la garantía, de manera solidaria, a productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas muebles no consumibles comercializadas...Creemos que esas disposiciones han de ser interpretadas sistemáticamente de manera que su armonización conduzca a no excluir a priori a ningún partícipe de la cadena de comercialización de las responsabilidades emergentes de esa garantía debido a que subyace en este instituto la imposición a los proveedores de un deber de calidad de los bienes y adecuación al uso para el cual se destina, cuyo incumplimiento hace nacer la responsabilidad de los integrantes de la red de comercialización. Así en relación a los dicho, en principio procede perseguir contra cualquiera de los sujetos integrantes del circuito de comercialización la reparación del bien, la sustitución o el reintegro de la parte proporcional correspondiente a la rebaja del precio, lo mismo sucederá con la pretensión de reparación de los daños sufridos por el consumidor o adquirente. Resulta evidente que el débito impuesto a los proveedores en tales supuestos encuentra sustento en la conexidad negocial, reconocida aquí por el legislador" y luego señala que en materia de garantías por adecuación y responsabilidades consiguientes nuestro Derecho tiene notorias diferencias con regímenes de Derecho comparado que siguen la Directiva 1999/44 CE en cuanto esta normativa "tiene la particularidad de hacer recaer sobre el vendedor la responsabilidad por la existencia de defectos o falta de conformidad de los bienes muebles objeto de compraventa, siendo la responsabilidad del productor de carácter subsidiario. Hay quienes han interpretado esa solución como una decisión del legislador comunitario de distribuir los riesgos de la comercialización entre los distintos actores y, así como la responsabilidad por productos defectuosos (la específica de nuestro art. 40, aclaro) recae de manera principal en el productor, las garantías por defectos o falta de conformidad se colocan en cabeza del vendedor. El criterio no deja de ser discutible".
Jurisprudencialmente, dijo la sala "C" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que "...en lo que respecta a la atribución de responsabilidad por la negativa a cumplir la obligación de garantía, es del caso considerar que Sevitar y Volkswagen Argentina S.A., en su condición de vendedora y distribuidora -respectivamente- de bienes muebles no consumibles, son solidariamente responsables por el cumplimiento de la garantía acordada al usuario -daños al vehículo-, como por los restantes perjuicios inferidos al consumidor por riesgo o vicio de la cosa enajenada, como en el caso por la pérdida del valor venal o la privación de uso del rodado (arts. 11, 13 y 40 de la ley 24.240)" (Cám. Nac. Com., sala "C" in re "Helbling, Carlos M. c/Sevitar S.A. y otro" del 28/09/2001 en "Responsabilidad Civil y Seguros", La Ley, 2002, p. 653).
En el mismo sentido pueden consultarse los más recientes fallos del Juzgado de 1a Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 2 de Azul del 24/08/2009 "Dorney, Carlos María y otro c. Volkswagen Argentina S.A. y otro" publ. en RCyS 2010-IV, 205 y el de la Cam Civ y Com de Lomas de Zamora, Sala 1ª en causa "Mercurio, Cosme Gregorio c/ Organización Sur Automotores S.A. y otro s/ Sustitución y Daños" sent. del 21/2/2008 JUBA B2550946 fallo 000163986, con voto del Dr. Basile en el que con referencia a la responsabilidad solidaria que impone la Ley 24.240 entre los integrantes de la cadena de producción y comercialización de los bienes y servicios ofrecidos a los consumidores, se puntualiza concretamente en cuanto a la naturaleza de la intervención del concesionario que es un comerciante con clientela propia, aunque ésta se halle conectada a la fama y prestigio de los productos fabricados por el concedente, distinguiéndose su vinculación con el fabricante de la mera habilitación o autorización o de la figura del mandato, toda vez que el concesionario no obra por cuenta y nombre del concedente, sino que desempeña sus funciones con autonomía, no obstante existir cierta dependencia económica y técnica.
Precisamente en razón de las obligaciones que pesan sobre la concesionaria vendedora, antes y después de la operación celebrada, es que debe responder, siendo precisamente por la interdependencia entre las prestaciones el factor garantía en el ámbito contractual la razón de ser y factor de atribución por la que se impone responder por los defectos de la cosa que la hacen impropia para su uso o disminuyen considerablemente su idoneidad o utilidad para el comprador (v. Trigo Represas-Lopez Mesa "Tratado de la responsabilidad civil" To. I p. 774 punto f), no sirviendo de excusa tampoco para ello el servicio de reparación que suministró ya que su resultado, en lo que se refiere al accionante, no fue satisfactorio ya que nunca durante el período de su posesión el automóvil estuvo en "las condiciones óptimas " a las que se refiere el art. 17 de la ley, aquellas necesarias para su uso normal como establece su decreto reglamentario.
4. Admitida la procedencia de las acciones entabladas y yendo al aspecto indemnizatorio, nos encontramos en primer lugar con la disconformidad tanto del actor como de la fabricante con el importe de $ 12.000 asignado por disminución del valor venal.
La Sra. jueza fijo dicho importe prudencialmente, computando que el precio de $ 75.000 que surge del boleto que corre a fs. 60 más allá de reconocimiento testimonial del adquirente Sr. Frisina no les resulta oponible a los demandados y que es de público y notorio que el valor de reventa de un rodado que deja de ser 0Km aún con poco uso conlleva una significativa disminución del valor original no inferior al 10% o 15%.
El actor cuestiona por insuficiente la suma aduciendo que la diferencia entre el precio de la venta "forzada" y el de una unidad usada según el cálculo de la propia sentenciante a partir del precio de adquisición según factura adjuntada ( $ 104.776,71), rondaría los $ 20.000. Destaca igualmente que si bien un instrumento privado no tiene fuerza vinculante respecto de terceros, no hay otro modo de acreditar la disminución del valor.
Los Dres. Melián-Lopez Spadaro la reputan en cambio excesiva, sosteniendo que la sentencia pareciera admitir el valor que dice haber obtenido el actor por su venta.
Sobre el asunto, es de destacar que contrariamente a lo afirmado actoralmente bien pudo recabarse pericialmente la determinación del porcentual de incidencia en el valor de reventa del defecto que sufría el vehículo, lo que hubiese permitido determinar el monto del perjuicio sobre base ciertas. También es innegable que la enajenación, más allá del valor del instrumento respectivo, necesariamente, ante una falla con sucesivos intentos no reparada, determinaba una disminución de su precio en relación a una unidad del mismo tipo y antigüedad sin problemas.
Sopesando el onus probandi a los fines de obtener la "quita proporcional del precio" (art. 17 inc. c de la ley), el precio de mercado usado de esa clase de unidad ( que refleja el porcentaje estimado por la sentenciante ya que según la página de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor -wwww.dnrpa.gov.ar- al 2 de enero de 2007 era de $ 94.000) y la significación de la falla que (porcentualmente según valor de adquisición ha sido dimensionada en aproximadamente un 12%), considero que el importe prudencialmente otorgado es justo y debe ser mantenido (art. 165 CPCC).
5. Se quejan también, en sentido obviamente contrario, por la suma de $2.000 fijada por privación de uso.
Para establecerla en el fallo se evaluaron los gastos de traslado que debió soportar el actor durante las distintas oportunidades en que el vehículo ingresó a talleres durante los meses de febrero a abril de 2006, entre ellos el importe de $580 resultante de la factura glosada a fs. 32. Se señala asimismo que los demandados no acreditaron concretamente el tiempo por el cual le hubieron facilitado una unidad de reemplazo.
La parte actora alega su insuficiencia ya que no cubre los gastos que tuvo durante el tiempo que estuvo en talleres y que prácticamente no lo pudo utilizar hasta su venta por la inseguridad que le daba máxime para viajes largos que debió realizar en micro.
La fabricante objeta su procedencia y monto, afirmando que según reconoció el mismo reclamante sólo se vió privado del automóvil 25 días en marzo y 14 días en abril y San Fior Automotores SA le prestó durante ese período un vehículo.
Para decidir la cuestión, digo que pese a las declaraciones testimoniales de personal de San Fior SA y aún de ser cierta la entrega de una unidad de reemplazo no está comprobado que lo haya sido en todas las ocasiones y por todo el tiempo de las reparaciones. También surge de las ordenes de servicio y cartas documento, y es hasta admitido por la parte demandada recurrente que durante 39 días hubo imposibilidad absoluta de utilización. Ello al margen de la lógica desconfianza y abstención de su uso para viajes de larga distancia con la experiencia vivida y con un problema no superado. Creo por ello, máxime si computamos que la suma incluye el importe de la factura de $580 por el traslado de Santa Fe a Junin, que ha sido insuficientemente cuantificado, proponiendo la elevación del rubro a la suma de $ 3.000 (arts. 65 in fine CPCC).
6.- Finalmente existe agravio de la parte actora por la desestimación del daño moral, pretendido por valor de $10.000, en cuya procedencia se insiste, con el categórico rechazo del apoderado de la concesionaria citando jurisprudencia de este tribunal.
Reiteradamente he expresado (ver mi voto en Expte. Nº 42206 LS 50 nº 26 3/3/2009) respecto de la admisión del daño moral en aquellos casos como el de autos, en que el accionante no ha sufrido lesiones físicas, que su procedencia se encuentra íntimamente vinculada al criterio que se tenga sobre el concepto de daño moral.
En efecto, las tesis que lo conciben como la lesión a intereses no patrimoniales, en función del carácter personalísimo de los derechos menoscabados o afecciones legítimas heridas o interés amparado por el Derecho, indudablemente serán más restrictivas o directamente adversas a su admisión (Para una reseña sobre las distintas corrientes y cultores ver Pizarro Ramón Daniel "Daño moral" p. 36 a 60; Mosset Iturraspe Jorge "Responsabilidad por daños" To. V Daño moral p. 111 a 120).
Así por ejemplo leemos en Zannoni ("El daño en la responsabilidad civil", nº 120 p. 439): "Esto nos persuade, en suma, que debe privar un criterio restrictivo en principio, respecto al reconocimiento de un daño moral resarcible por el menoscabo, pérdida o destrucción de cosas. No ha de ignorarse que todo ser humano sufre ante el daño que ellas experimentan, pero como oportunamente lo recalcamos, no es el sufrimiento en sí lo que se resarce, sino en tanto en cuanto se advierta la lesión a un interés extrapatrimonial digno de tutela".
Aquellos en cambio que en su noción atienden a los resultados, consecuencias o repercusiones de la acción antijurídica, poniendo el acento en la minoración en la subjetividad o modificación disvaliosa del espíritu a raíz de esa lesión, serán más proclives a su recepción. Así Pizarro expresa "Conforme al concepto de daño moral que hemos defendido, la respuesta afirmativa se impone: nada obsta a la existencia de intereses no patrimoniales, de afección, vinculados a bienes patrimoniales, cuya minoración (por destrucción, pérdida o deterioro) puede generar un detrimento espiritual a su titular" (ob. cit. nº 104 p. 531).
En diversos pronunciamientos, (ver Expte. Nº 3729, L.S. nª 43, Nª de Orden 535 del 19/12/02; Expte. Nº 38274, L.S. nª 44, Nª de Orden 542, del 16/10/03 entre otros) he sostenido que la proximidad con la segunda corriente de opinión que mantengo si bien sirve para no descartar su procedencia ab initio no determina su recepción de modo automático. Hago propias en este sentido las consideraciones que formula Mosset Iturraspe, con su notable claridad " En esta cuestión, como en tantas de la vida y del Derecho, pensamos que la verdad está "en el medio", según la sentencia aristotélica. No en todos los casos habrá daño moral; ni tampoco es razonable negarlo siempre e indiscriminadamente. Tampoco es justo limitarlo para supuestos extremos -vehículo de colección o de características especiales-. Es necesario atender a las circunstancias de la víctima, del titular del automotor dañado; a la invocación y prueba del daño en el "goce del bien" o en las afecciones que el mismo despierta. Con criterio de "hombre medio", no de un ejemplo de espiritualidad o estoicismo" (ob. cit. p. 174/175).
Para ir perfilando con más precisión los requisitos para su favorable recepción, también vale la pena recordar lo que dice Zavala de González " Interesa insistir en que el daño moral indirecto, o derivado de la lesión de bienes patrimoniales es resarcible sólo cuando existe una relación espiritual entre la persona y el objeto, distinta y autónoma del interés económico que representa el objeto" (colaboración en ob y pág. cit) Y ello es lógico pues de lo contrario se estaría consagrando un enriquecimiento indebido a través de la duplicación indemnizatoria posibilitada por el desdoblamiento o comprensión en distintos rubros de un único perjuicio.
Por otra parte ya que si bien todo daño patrimonial apareja inconvenientes o molestias sin que ello configure siempre un daño moral, es necesaria la concreta y efectiva acreditación de que ha repercutido en la subjetividad modificándola trascendiendo a los intereses existenciales del sujeto, como recaudo insoslayable para su resarcibilidad (v. Zavala de González "Resarcimiento de daños" To. 4 p.179). Y esto que hace al carácter "cierto" del daño se encuentra relacionado con el otro aspecto al que hice referencia: su prueba. Si bien en muchos supuestos la prueba es in re ipsa , como suele decirse, esto es que surge inmediatamente de los propios hechos, infiriéndose naturalmente de las circunstancias del caso que hablan por sí mismas (vgr. lesiones a la integridad física o muerte), en estos casos " por el contrario, quien prima facie únicamente aparezca afectado en su interés patrimonial, deberá probar la existencia del daño moral, si pretende asimismo su reparación" (Trigo Represas-Compagnucci de Caso "Responsabilidad civil por accidentes de automotores" to. 2 p. 582). Con la misma tónica Zavala de González señala que la principal consecuencia de la distinción entre daño moral directo y daño moral indirecto (molestias en el goce de sus bienes a que aludía el anterior art. 1078) es que el primero es resarcible prácticamente de rigor en tanto que para el segundo no basta el menoscabo del bien si no se acredita el interés de afección. (Última obra citada p. 185). Teniendo en cuenta la índole espiritual y subjetiva del menoscabo no siempre será posible su prueba directa, pero si por vía presuncional a partir de indicios que bien pueden ser objeto de este tipo de prueba (ver Pizarro, ob. cit. p. 563 y ss).
Con tales parámetros, numerosos han sido los casos, máxime si se trataba de una responsabilidad de índole contractual o derivada de un incumplimiento negocial (vg. Expte. Nº 38314 LS 44 nº 393 del 14/8/2003 por mayoría), en que, tal como cita el Dr. Fernández, el concepto no prosperó.
Sin embargo, como todo depende de las concretas situaciones fácticas, en otros fue admitido como aconteció ante un supuesto también de adquisición de un vehículo 0 km que presentó fallas (v Expte. Nº 42419 OVERWHEELS S.A. Y OTRO C/ VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS .IMCUMP. CONTRACTUAL.- LS 50 nº 304 del 15/12/2009), en el cual el Dr. Rosas en voto al que adherí expresaba:" En relación al reclamo de daño moral, es de señalar el carácter restrictivo que tanto la doctrina como la jurisprudencia asigna a la reparación de esta clase de daño en materia contractual, criterio que tiende a excluir de éste ámbito las pretensiones insustanciales, basadas en las simples molestias que puede ocasionar el incumplimiento (conf. Guillermo A. Borda "La reforma de 1968 al Código Civil" p. 203; SCBA; Ac. 57.978, "Dos Santos, José Luis contra Laboratorios Hetty S.R.L. Daños y perjuicios"), pero ello no puede erigirse en un obstáculo insuperable cuando la lesión a las afecciones legítimas, entre otras la paz y la tranquilidad del espíritu, tiene seriedad suficiente y base sólida en los antecedentes de la causa (art. 522 CCivil). La procedencia del reclamo de daño moral efectuada por el consumidor está reconocida por Farina, al referir que dada la amplitud de la responsabilidad del proveedor frente al consumidor y usuario, llegado el caso, está comprendida la indemnización por daño moral ("Defensa del Consumidor y del Usuario", pág.481) y ha sido admitida por este tribunal ("Expte. 43063; "Uazzi, Cristina Mabel y otros c. E.D.E.N. Empresa dist. de energía Norte"; Nº de Orden 06. LS: 50; 05/02/2009). Es sabido que el daño moral importa, una minoración en la subjetividad de la persona, derivada del menoscabo o lesión inferida a un interés no patrimonial. Dicho de otra manera. "...una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel en que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial..." (Pizarro, Ramón D. - Vallespinos, Carlos G.; "Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones", Ed. Hammurabi, T. II, p. 641; Zavala de González, Matilde; "Resarcimiento de Daños", Ed. Hammurabi, T. IV, p. 180 y sigtes.). También se ha explicado que "...el daño moral lo constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, la alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, etc., que exceden lo que por dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar: de manera que toda modificación disvaliosa del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra, configura daño moral..." (SCBA., in re "Toledo, Noemí c/Munic. de la Matanza", en LLBA, 1996-112; LLBA 1999-1031). De una apreciación de la totalidad de las vicisitudes y circunstancias que ha debido atravesar el damnificado, es evidente la existencia de secuelas que han afectado su individualidad, proyectándose sobre su estado de ánimo... además de la impotencia y desazón propia de quien adquiere un vehículo sin uso, que de inmediato presenta problemas (algunos solucionados, aunque no menos irritantes, y otro, el del arranque que continuó en el tiempo)."
Que en el sublite del intercambio epistolar resulta evidente que las vicisitudes postventa por la que tuvo que atravesar el adquirente de una unidad 0KM, además de alta gama, exceden ampliamente el nivel de tolerancia por inconvenientes derivados de un funcionamiento no adecuado. La repercusión disvaliosa espiritual y anímicamente del incumplimiento de la garantía con una reparación satisfactoria, con las sucesivos ingresos a taller, queda además evidenciada con la decisión de su enajenación a tan poco tiempo de adquirida. Corrobora la procedencia del daño, adicionalmente, la circunstancia de que vio interrumpido un viaje a distancia por el desperfecto, debiendo regresar por otro medio con los trastornos que ello provoca.
Propongo por ello se revoque este aspecto de la sentencia, admitiéndose el daño moral por la suma de $ 3.000 ( arts. 522 y 1078 CCivil).
ASI LO VOTO
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Rosas, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:
CONFIRMAR la sentencia apelada, excepto en la cuantificación del daño por privación de uso que se eleva a la suma de $ 3.000 y en el rechazo del daño moral que se lo admite por la suma de $ 3.000. Las costas de Alzada, se imponen a los demandados vencidos (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
ASI LO VOTO.
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Rosas, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y PATRICIO GUSTAVO ROSAS, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA, (Secretaria).
JUNIN, (Bs. As), 08 de Junio de 2.010.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, SE RESUELVE:
CONFIRMAR la sentencia apelada, excepto en la cuantificación del daño por privación de uso que se eleva a la suma de $ 3.000 y en el rechazo del daño moral que se lo admite por la suma de $ 3.000. Las costas de Alzada, se imponen a los demandados vencidos (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.
JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y PATRICIO GUSTAVO ROSAS, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA, (Secretaria).


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