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Tribunal: Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta, sala II autos


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Tribunal: Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta, sala II

Autos: Leguizamon, José Armando c. Banco Macro Bansud S.A.

Fecha: 19/03/2009
Sumario:

Se rechaza la apelación y se confirma la sentencia que hace lugar a la demanda por despido, ya que es injustificado el despido hecho por el empleador que alegaba perdida de confianza ya que el trabajador bancario no había registrado el pago de boletas de telefonía que le fueron abonadas, pues al haberle otorgado, a sabiendas, una licencia, no le había dado la oportunidad al trabajador de defenderse y demostrar que efectivamente se habían traspapelado los comprobantes y que fueron luego encontrados, y no se demostró la existencia por parte del trabajador de un obrar culposo o doloso, ni se probo que las irregularidades hubieran configurado una retención indebida deliberada.


Vocablos: DEMANDA LABORAOL – DEMANDA POR DESPIDO – DESPIDO INJUSTIFICADO – PERDIDA DE CONFIENZA – PRUEBA – EMPLEADO BANCARIO – BANCARIO – DERECHO DE DEFENSA
2ª Instancia. — Salta, marzo 19 de 2009.

El doctor Froilán M. Miranda dijo:

I.- Suben estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada disconforme con la sentencia de fs. 194/200 vta.

Dice que la resolución apelada le causa gravamen irreparable a su mandante al hacer lugar a la demanda en todas sus partes, por entender la A quo que existió el distracto, "falta de acreditación de la injuria grave y suficiente" "falta de proporcionalidad en la medida adoptada" y "falta de contemporaneidad entre la falta y la decisión del despido". El punto III lo titula: De los Hechos.

Los hechos que culminaron en el despido se originaron en un reclamo efectuado por dos clientes, abonados de Telecom, quienes el día 24 de mayo de 2004, se presentaron ante la Sucursal Metán del Banco Macro, manifestando que Telecom les había informado que sus servicios se encontraban impagos, a pesar de que habían pagado las boletas correspondientes, los días 3 y 5 de mayo en el banco, acompañando constancias que así lo acreditaban.

Ante ello, el banco ordena la realización de una investigación administrativa, de donde surgió que, a pesar de que las boletas acompañadas por los clientes tenían sello de caja, correspondiente a los días 3 y 5 de mayo de 2004, a cargo del actor, las mismas no habían sido ingresadas en es fecha por el actor, el que además no había informado algún sobrante de dinero en esos días y que recién rindió las cobranzas el día 19 de mayo de 2004, como si hubieran sido pagadas por los clientes en esa fecha.

IV.- De la justa causa de despido.

Tal como surge de la carta documento de fecha 14 de junio de 2004, el actor fue despedido por pérdida de confianza, derivada de haberse acreditado que el día 3 y 5 de mayo de 2004 dos clientes pagaron sendas facturas de Telecom en la caja del actor, que en arqueo de caja correspondiente a dichas fechas no aparecen ingresados los montos pagados ni los comprobantes de dichos pagos, no habiendo excedente de caja ni faltante y que el monto correspondiente a dichas facturas fue ingresado por el actor recién el 19 de mayo de 2004, con comprobantes de pago como si los clientes hubieran realizado los pagos recién en esa fecha.

Tal como se indica en la carta documento, el actor retuvo en forma indebida dinero y documentación de terceros, perdiendo toda confianza por parte de su mandante, afectando la imagen del banco en su relación con los usuarios clientes de Telecom y en relación con esta firma.

De la sentencia apelada.

Los hechos se encuentran debidamente acreditados, la irregular conducta del actor fue probada, tal como lo manifiesta la propia A quo, surge de la pericia contable que las facturas de Telecom se encuentran intervenidas con el sello de caja N° 2 a cargo del actor, con fecha 4 y 5 de mayo de 2004, pero sólo los comprobantes que entregó a los clientes, ya que los comprobantes para el banco fueron rendidos y sellados recién por el actor el día 19 de mayo de 2004.

Se acreditó también que los días 3 y 5 de mayo el actor no informó sobrante alguno.

Entiende la A quo que dichos hechos estaban reconocidos por el actor, pero que existió.

1) Falta de Contemporaneidad.

Manifiesta la A quo que si bien el banco ordenó la realización de una investigación administrativa, vulneró el derecho de defensa del actor al otorgarle una licencia pendiente mientras se realizaba la investigación.

Manifiesta que el despido fue extemporáneo porque el pedido de informe formal fue recién el día 10 de junio y que el otorgamiento de la licencia se debió a la supuesta anomalía, más que a la circunstancia de encontrarse pendiente la licencia.

2) Falta de acreditación de injuria suficiente y grave.

Manifiesta la A quo que los clientes abonados de Telecom no fueron traídos como testigos a la causa, que eran esenciales para dilucidar la litis, que el banco no actuó debidamente ante un reclamo de tal importancia y que su obrar fue diligente.

3) Falta de proporcionalidad.

Manifiesta la A quo que el banco no tuvo en cuenta que el actor se desempeñó durante más de 18 años no registrando sanción alguna, de lo que, dice, se desprende un buen rendimiento, sin que su parte aportara antecedente alguno.

Manifiesta por último que como su parte consignó en la extinción del vínculo "retención indebida de dinero y documentación de terceros", como mínimo debe tener a la vista una denuncia penal por parte de la empresa.

VI.- De los agravios.

La sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho y de los hechos acreditados en autos.

1) De la Contemporaneidad del distracto.

No es cierto que haya existido falta de contemporaneidad entre los hechos y el pedido de informes realizado al actor el 10 de junio de 2004 y la notificación de despido de fecha 14 de junio de 2004.

Como lo tiene entendido nuestra doctrina y jurisprudencia, la contemporaneidad del despido debe ponderarse de conformidad con las circunstancias particulares de cada caso.

Tal como lo reconoce el propio actor e inclusive la Sra. Juez, recién el día 24 de mayo de 2004, se toma conocimiento de los hechos en la sucursal Metán de su mandante, ante sendos reclamos formulados por los abonados de Telecom.

El día 25 de mayo fue feriado y el día 26 el actor solicita su licencia por vacaciones adeudadas, las que cumple desde el 27 de mayo, reintegrándose el 10 de junio de 2004.

No puede entonces la A quo manifestar que el pedido de explicaciones del día 10 de junio de 2004 fue extemporáneo, cuando se realizó el mismo días que el actor regresó de sus vacaciones (por él solicitadas).

Debe tenerse presente que el actor solicita su licencia el día inmediato hábil posterior a que en la sucursal se tomara conocimiento de los hechos.

Efectivamente los clientes, abonados de Telecom, se presentan en el banco el 24 de mayo de 2004, el día 25 fue feriado y el 26 el actor solicita se le otorgue sus vacaciones pendientes, la que empieza a gozar desde el 27.

Es decir, que desde que se toma conocimiento de los hechos en la SUCURSAL de su mandante hasta que el actor solicita su licencia no habían transcurridos ni 24 horas hábiles.

No es cierto que a ese momento "ya había concluido la investigación" como erróneamente lo entiende la Sra. Juez A quo.

Cuando el actor solicita su licencia, la investigación apenas estaba por comenzar. Los hechos recién fueron de conocimiento de la sucursal el día 24 de mayo, y debían ser informados a la superioridad, es decir, a casa central, a los fines de su investigación y evaluación.

En primer lugar, su mandante debió corroborar la veracidad del reclamo efectuado por los abonados de Telecom, empezando por verificar, una por una las cobranzas del día 3 de mayo de 2004, luego la del día 5 de mayo de 2004, para luego, al constatar que las cobranzas no se encontraban registradas esos días, continuar la búsqueda en los días siguientes, hasta llegar a las cobranzas del día 19 de mayo donde recién se encuentran los talones.

Sin perjuicio de que dicha investigación no fue pocos días, lo cierto es que la misma no pudo haberse realizado antes de que el actor solicite licencia reglamentaria, por el contrario, los hechos recién pudieron ser corroborados luego de que el actor solicitara y se le otorgue su licencia por vacaciones pendientes, y por esa razón, cuando éste se reintegró de la misma, ese mismo día se le solicitaron las explicaciones correspondientes, las que en modo alguno fueron convincentes, obligando a su mandante a dar por rescindido el vínculo con justa causa, ante la gravedad de los hechos.

La contemporaneidad no puede entenderse desconocida por la circunstancia de que el despido haya ocurrido luego de que se tomara conocimiento de los hechos, máxime si se tiene en cuenta que dicho período de tiempo debió ser utilizado para investigar los hechos, evaluar debidamente la conducta del trabajador, y consultar con los titulares de la empresa.

En el marco del tiempo que lleva investigar debidamente los hechos y evaluar la situación, debe analizarse lo temporáneo del despido.

1.1.) De la falta de introducción oportuna de la cuestión.

El actor fundamenta su demanda, alegando exclusivamente que el despido fue "desproporcionado", en ningún momento alega "falta de contemporaneidad" o que el despido haya sido "extemporáneo", recién lo hace al formular alegato, es decir, en forma extemporánea, cuando la litis ya se encontraba trabada sin que se haya puesto en debate la contemporaneidad o no del despido

Ante ello, al resolver sobre una supuesta "falta de contemporaneidad", la Sra. A quo se apartó de los términos en que quedó trabada la litis, excediéndose en los límites de sus facultades decisorias con la consecuente lesión a la garantía de defensa en juicio de su mandante, lo que causa gravamen irreparable a su parte.

1.2.) Sobre este punto la jurisprudencia tiene dicho que:

1.2.1.) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II - 31/10/1991.

"No puede hablarse de violación del principio de contemporaneidad entre el despido y la injuria detectada, si la empresa tomó tardíamente conocimiento del hecho y se vio obligada a realizar investigaciones concretando el despido del trabajador cuando éste volvió a su trabajo tras gozar de licencia por enfermedad".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II- 15/02/1993.

"No es posible considerar la ausencia de contemporaneidad entre el hecho invocado como injuria y la decisión rescisoria si no fue invocado en la demanda".

2) De la Acreditación de injuria suficiente y grave:

Se encuentra debidamente acreditado que el actor cobró en la caja a su cargo, los días 03 y 05 de mayo de 2004, dos facturas de Telecom, que no rindió los comprobantes ni ingresó en esos días el dinero y que recién lo hizo el día 19 de mayo de 2004, como si los hubiera percibido ese día.

Si bien en un primer momento, al contestar la carta documento del despido, el actor niega la veracidad de todos los hechos (ver telegrama N° 389143845 de fecha 18/06/04), al entablar esta demanda, los reconoce expresamente, pero intenta "justificar" sus serias irregularidades, manifestando que "omitió" ingresar como abonadas las facturas de los días que fueron pagadas porque se encontraban "traspapeladas" por una "desprolija acumulación de documentación".

Se acreditó en autos que la infantil justificación intentada por el actor, no es cierta.

En primer lugar, tal como surge de la documentación acompañada por su parte y de la pericia contable de fs. 117, cuando el actor recibió de los abonados de Telecom el pago de las facturas, los días 3 y 5 de mayo de 2004, selló con fecha de esos días, sólo los talones que entregó a los clientes, no insertó sello alguno en ese momento en los talones para el banco.

En segundo lugar, tal como surge de la pericia de fs, 104, todas las transacciones realizadas por el cajero, requieren la "validación" de un comprobante en el momento de realizar la transacción, "la validación imprime en el comprobante los datos correspondientes a la operación efectuada" es decir, en el momento del pago el sistema (la caja) imprime en la factura los datos de la operación.

Surge de la documentación acompañada que en los días correspondientes a los pagos el actor tampoco validó las operaciones.

En tercer lugar, si el actor hubiera "traspapelado" las facturas, la caja debería haber tenido un sobrante en los días de pago, sin embargo, surge de la pericia de fs. 112, que no existió sobrante en los días 03 y 05 de mayo de 2004.

2.1.) Agrega que los hechos fueron gravísimos, no se trató de un mero traspapelamiento, el actor percibió el dinero los días 03 y 05 de mayo, no lo ingresó a la caja y recién lo hizo el día 19, como si los hubiera percibido ese día.

Fueron dos casos distintos, dos días distintos, las irregularidades del actor fueron la misma en los dos casos sólo selló los talones para los clientes, en ninguno de los casos validó las operaciones y en ninguno de los casos ingresó el dinero los días que efectivamente los percibió, lo que deja sin sustento sus improcedentes "excusas".

Se agravia por las manifestaciones de la A quo, al entender que no se acreditó "injuria grave y suficiente" porque no se trajeron como testigos a los clientes de Telecom, manifestando que sus declaraciones eran esenciales para "dilucidar la litis". Dice que no es cierto.

Lo que es esencial para la litis es que el actor retuvo dinero y documentación sin justificación alguna, sin rendirlo al banco durante más de 15 días. Agrega que ello fue acreditado.

El propio actor reconoce en su demanda que los clientes, abonados de Telecom se presentaron al banco el día 24 de mayo y realizaron reclamos verbales porque desde la empresa de teléfono les estaban reclamando como impagos períodos que ya habían pagado.

No hace a la litis ni quienes son esos clientes de Telecom hace a la litis que pagaron sus boletas los días 3 y 5 de mayo de 2004 en la caja del actor y que éste no las rindió esos días.

Tal como lo reconoce la A quo los hechos fueron gravísimos, la circunstancia que su mandante no realizó denuncia penal nada quita.

La conducta de su mandante dice que fue suficientemente diligente, pero lo que debió la A quo valorar también fue la conducta del actor y no lo hizo.

Dice que su mandante tomó conocimiento de los hechos, realizó una prolija investigación, solicitó explicaciones al actor, que no fueron convincentes, e inmediatamente lo despidió con causa.

2.2.) De la proporcionalidad de la medida.

Agravia a su parte las manifestaciones de la A quo al entender que el despido fue desproporcionado porque el actor no registraba sanciones anteriores y se había desempeñado durante 18 años.

Menciona que tanto la doctrina como la jurisprudencia, tiene dicho que la falta de antecedentes no excluye la legitimidad de la causa del despido, en tanto un acto único basta para justificar la medida (CSJN entre otros "Baba vs. OLAM Coop." del 24/08/76).

Dice que el hecho fue suficientemente grave sin necesidad de otro antecedente.

La valoración efectuada por la A quo, luce abstraída de las obligaciones que el vínculo laboral generaba para las partes.

La A quo no analizó debidamente el real significado de la pérdida de confianza que la conducta del actor produjo en el ánimo de su mandante, que había asignado al actor la tarea de cajero, que implica el manejo de dinero, que imponía al trabajador el acentuar al máximo su diligencia y honestidad.

La intervención del actor en los hechos denunciados fue debidamente acreditada y no puede existir dudas de que su acción implicó una violación al principio de buena fe, consagrado en el art. 63 LCT, de entidad suficiente como para justificar la ruptura del contrato al derivar de un hecho objetivo, como el señalado incompatible con el principio de buena fe.

El actor no guardó una conducta ética apropiada, actuó en violación a estrictas normas de procedimiento, retuvo indebidamente fondos ajenos y no registró debidamente la operación. Como bien se señala, violó el reglamento de control interno de personal en el punto 5.1.12 y Cap. IV del Código de Conducta.

Cabe señalar que el despido deriva de un hecho objetivo, la comprobación de las irregularidades en el desempeño del cargo.

La conducta hizo que desapareciera por parte del Banco la confianza. Desaparecida la confianza entre empleador y trabajador, el vínculo jurídico se torna imposible y justifica el despido. Dice que la falta cometida configura la pérdida de confianza que no consintió la prosecución del vínculo.

Las funciones del actor, cajero, no podían dejar dudas sobre su proceder, ante la grave irregularidad detectada y dice que su mandante en modo alguno podía permitir que el actor continuara como cajero, había perdido toda confianza, el hecho detectado configuró una total pérdida de confianza, ¿cómo podía mi mandante permitir que el actor continuara como cajero, manejando dinero, luego de la irregularidad cometida? Imposible.

Surge de lo expuesto que el A quo debió valorar la gravedad de la conducta del actor, en función del carácter de las relaciones, el actor era cajero de una entidad financiera, regulada y controlada por el Banco Central de la República Argentina, el actor manejaba dinero ajeno, debía actuar con suma prudencia. No lo hizo, por el contrario, actuó con total negligencia, manejando dinero ajeno, debía actuar con suma prudencia. No lo hizo, por el contrario, actuó con total negligencia, manejando dinero ajeno con total irresponsabilidad. Inadmisible para un empleado bancario, que debía ajustarse a las estrictas normas de procedimiento.

Detectada las irregularidades, su mandante no podía continuar "confiando" su caja a una persona que pretendía manejar el dinero a su "parecer", como si las normas de procedimiento, no existieran.

Tal es la gravedad de la irregularidad cometida por el actor que el sistema bancario no existiría, si sus empleados (con más razón si cumplen funciones de cajeros) no actuaran conforme estrictas normas de control, y por el contrario decidieran ellos, según su parecer, cuál es el destino de los fondos que reciben en sus cajas.

Valorada la injuria "en función del carácter de las relaciones" sólo cabe concluir en que la falta cometida configura la pérdida de confianza que no consintió la prosecución del vínculo.

VII.- De la Conducta procesal del actor.

Debe valorarse también la postura procesal del actor, quién, conciente de la gravedad de su conducta, desde un primer momento, faltó a la verdad, intentando "ocultar" sus serias irregularidades, también con mentiras, manifestando que "omitió" ingresar como abonadas las facturas en los días que fueron pagadas porque se encontraban "traspapeladas" por una "desprolija acumulación de documentación".

Se acreditó en autos la falsedad de sus excusas ya que si hubiera traspapelado las boletas debió informar en esos días un sobrante de dinero, lo que se acreditó no hizo. Cita fallos dictados en "Monsalve, Juan Alberto c. Banco de la Nación Argentina s/despido" Sala I, del 21/09/2005. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M, 27/09/1996. "Medina, Daniel O. c. Banco de la Ciudad de Buenos Aires". La Ley, 1997-E, 61, con nota de María Teresa Neira - DJ 1997-3, 628.

Como la "confianza" es fundamental en la relación entre el empleado y el Banco en el que presta servicios, no puede calificarse de arbitraria o exorbitante la cesantía del actor, que reconoció saber que las operaciones que realizó estaban prohibidas por un empleado bancario, pues tal conducta fue objetivamente susceptible de originar la desconfianza de sus superiores en cuanto a la correcta prestación del servicio".

"La conducta del dependiente que efectúa operaciones que le están vedadas por normas reglamentarias de la empresa y razones de ética, afectan la confianza que le fuera depositada, lo que justifica el despido (C. Fed. General Roca (Río Negro), septiembre 16-1997- F. L.O. c. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), T y SS, 1998-69.

En el punto IX) lo titula "De la improcedente aplicación de la ley 25.561: De la inconstitucionalidad de los decretos de prórroga".

Sostiene que el agravio debe ser analizado desde dos aspectos: 1°) Respecto a la primera parte, se ordena el pago indemnizatorio en virtud de la prohibición de despedir por el plazo de 180 días dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561, sin tener en cuenta que en el caso de autos no se trata de un despido sin causa como está previsto en la ley.

Cita la opinión de la Cámara del Trabajo de Córdoba en autos: "Hurtado c. Consorcio Propietario Edificio Pora II (Sala X- 20/10/2004).

Como segunda parte del agravio y conforme el cuestionamiento de inconstitucionalidad de los decretos de prórroga, al que se hizo referencia al contestar la demanda, la A quo rechaza el mismo con un mezquino argumento, al entender que en el contrato de la ley de emergencia, los decretos adquieren validez constitucional.

Reitera que los decretos de prórroga reconocidos por el fallo cuestionado, no encuentra asidero jurídico en la Constitución Nacional, desde el momento que los decretos de prórroga fueron dictados cuando se encontraba en pleno funcionamiento el Congreso Nacional, y aún en el caso contrario el Poder Ejecutivo debe cumplimentar con los requisitos que la norma del art. 99 inc. 3° le exige, requisitos que no se han cumplimentado aún hasta la fecha sobre dichas disposiciones del P.E.N., más cuando el plazo de 180 días establecidos por el art. 16 de la ley 25.561 ya había fenecido al momento de la desvinculación del actor. Por ello torna inconstitucional los mismos e inaplicables a la causa, y los pretendidos efectos resultan anulables.

Luego se refiere al decreto de prórroga N° 883/02 y a los fundamentos dados en autos: "Lavares, Jorge Miguel c. Corporación General de Alimentos S.A. s/despido" y en base a dichos fundamentos considera que los decretos de prórroga del art. 16 de al ley 25.561 resultan inconstitucionales y por ello pide el rechazo de la duplicación de la indemnización por despido del actor. Cita luego el voto del Dr. Carlos Toselli emitido por la Sala X de la Cámara del Trabajo de Córdoba dictado en autos: "Hurtado Juan c. Consorcio Propietarios Edificio Pora II- Demanda".

Agrega que deben desestimarse por inconstitucionalidad los decretos 264/02, 883/02, 662/03, 256/03, 1351/03, 269/04 por carecer de validez legal, y consecuentemente carece de sustento el incremento de los rubros indemnizatorios.

En el punto X) considera que en el peor de los casos la duplicación debería calcularse sobre la indemnización del art. 245, no sobre las restantes.

Dice que el art. 16 de la ley 25.561 se refiere a la "indemnización que le correspondiese", que aparece como singular y al estar refiriéndose a los despidos, debe entenderse como interpretación lógica, que lo que se duplica es la indemnización por despido del art. 245 de la LCT y no otros conceptos que se originen como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo.

El decreto 264/02 bajo la apariencia de pretender clarificar los aspectos previamente reseñados incurrió en un exceso reglamentario y, además se convirtió en un decreto meramente interpretativo, lo cual lo descalifica como norma aplicable y lo torna inconstitucional.

El decreto establece que la "duplicación de las indemnizaciones comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo. Se fundamenta en el hecho que la ley no ha realizado referencia alguna a los rubros alcanzados por la duplicación y que la intención del legislador ha sido de fuerte contenido protectorio para los trabajadores cuya fuente de trabajo se encuentre en peligro.

Dice que es el Poder Judicial quien interpreta las normas, dicha facultad no está en cabeza del Poder Ejecutivo a quien sólo le cabe la posibilidad de reglamentar una ley cuando ello ha sido expresamente previsto por el legislador quien en su caso le deriva esa facultad en forma expresa, lo cual no ocurrió en la ley 25.561.

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