Página principal

Trasplante de órganos: desafíos éticos I. Introducción


Descargar 111.44 Kb.
Página3/3
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño111.44 Kb.
1   2   3
tácito universal y restringido. El llamado pomposamente “modelo español” es recurrentemente citado como modélico y ejemplar, hasta el punto de que la Comisión de Expertos en materia de Trasplantes del Consejo de Europa, así como la Organización Mundial de la Salud, han recomendado a sus países miembros la adopción de las directrices de este llamado “modelo español”. Ciertamente, y sin temor a exagerar, se puede decir que los españoles son los ciudadanos del mundo que mayores probabilidades tienen de acceso al transplante. En efecto, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales de la Comisión de Transplantes del Consejo de Europa correspondientes al año 2007, en España se realizan 34,3 donaciones por millón de población, una cifra muy superior a la media en la Unión Europea (16,8), Estados Unidos (26,6), Canadá (14,8) o Australia (9,4); véase Newsletter Transplant, Vol. 13, nº1, septiembre 2008. Algunas voces insisten, con todo, en que la única explicación plausible de la buena marcha relativa de nuestro modelo de transplantes es simplemente la de que se colocan muchos incentivos económicos para lograr extracciones de órganos. Tal es el caso de Enrique Costas Lombardía (“Detrás de las estadísticas de transplantes”, El País, edición de 27 de abril de 2001). Y es que, si nos atenemos a otros datos, no hay en la población española una mayor cota de solidaridad o altruismo. En efecto: tomemos las donaciones de médula ósea. De acuerdo con los datos que la propia ONT publica, en el año 2007 España figuraba muy por detrás de países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, etc. en número de donantes registrados. A ello añádase lo marginal que sigue siendo el transplante de riñón procedente de personas vivas en España: un mísero 6,2% de acuerdo con los datos del año de 2007 publicados por la ONT.

9 En la edición de El país de 20 de agosto de 2008 (p. 29). Rivera señala que así como los musulmanes sunitas están dispuestos a recibir de y donar órganos a cualesquiera individuos, los musulmanes chiítas aceptan recibir órganos de cualesquiera individuos pero no se autoriza la extracción de uno de sus órganos si su destino es el cuerpo de un no-musulmán; Rivera, 2001, pp. 91-92.

10 Una ley de 1987 en Singapur prioriza a los donantes, sobre los objetores, a la hora de recibir un riñón; véase Rivera, 2001, p. 103.

11 Así lo destaca Rivera también (2001, p. 91 nota 32) y los supuestos de negativa en los llamados “trasplantes dominó”; ibid., p. 90.

12 Rivera, 2001, p. 90.

13 Ibid., pp. 94-95.

14 Id., pp. 95-97.

15 Id., pp. 104-107.

16 Así, por todos, Ernesto Garzón Valdés quien señala que la extracción forzada de órganos viola el principio de autonomía y supone tratar a los individuos como meros instrumentos; véase “Algunas consideraciones éticas sobre el trasplante de órganos”, Isonomía, número 1, octubre 1994, pp. 151-189, pp. 169-170.

17 Véase Ronald Dworkin, “Comment on Narverson: In Defense of Equality”, en Social Philosophy & Policy, vol. 1, Issue 1, autumn, 1983, pp. 24-44, p. 39.

18 Véase Fabre, 2006, pp. 2-3, 11.

19 En la misma línea Rakowski, 1991, p. 170.

20 Ibid., pp. 22-23. De esta manera, no respetar los intereses póstumos no equivaldría a una acción dañosa o un mal. Esta es una tesis muy controvertida, pues implica que cosas tales como las traiciones no descubiertas o la propia muerte, no pueden constituir un “mal”, lo cual resulta contraintuitivo. En la defensa de la idea de intereses póstumos que ha hecho Eduardo Rivera, el respeto a los deseos post-mortem es una forma de evitar el daño que a los vivos produciría saber y comprobar que en general los anhelos póstumos no se respetan. Se trata, como el mismo Rivera asume, de una defensa “indirecta” del concepto de interés póstumo, y remite, en último término, y como señala Fabre, a la afectación de quienes se pueden ver afectados (los todavía vivos). Sólo el “último hombre” sobre el planeta podría dejar de respetar los deseos post-mortem; véase Rivera, 2001, p. 69.

21 Fabre, 2006, p. 86.

22 Ibid., pp. 89-96.

23 Id., pp. 99-100.

24 Id., pp. 100-102. En la misma línea Garzón Valdés, 1994, p. 158.

25 2007, p. 112.

26 1991, pp. 167-195.

27 Fabre, 2006, pp. 107-108.

28 Ibid., p. 119.

29 Ibid., pp. 122-123.

30 Con este requisito, se excluyen obligaciones de transferencia para mejorar a los que físicamente ya gozan de una salud suficiente, y quieren, por ejemplo triunfar deportivamente. Piénsese en un individuo, señala Fabre, que sólo cuenta con un riñón y necesita otro para mejorar su rendimiento atlético; véase 2006, p. 103.

31 “¿Es que acaso la obligación universal de ayudar a ponerse de pie a quien se ha resbalado por la calle debido al hielo – se pregunta Fabre muy gráficamente-, supone tratarnos como un mero medio porque se controlan durante esos 10 segundos de ayuda, los movimientos de nuestro cuerpo y nuestros deseos?”; ibid., pp. 113, 115.

32 Si, como parece sugerir Fabre, tales intervenciones corporales “no son para tanto”, no se entendería muy bien nuestra repugnancia moral frente a los castigos físicos a los culpables, incluso leves, o el que no transijamos una conmutación de años de cárcel de un convicto por una extracción renal, por ejemplo. El argumento es de Dworkin (1983, p. 39).

33 Todos estos datos proceden del estudio de John L. Flowers et. Al., “Comparison of Open and Laparoscopic Live Donor Nephrectomy”, Annals of Surgery, Vol. 226, nº4, 1997, pp. 483-490, cuya referencia me fue amablemente proporcionada por el Dr. Amado de Andrés, coordinador de trasplantes del Hospital Doce de Octubre de Madrid.

34 “Kidney Donors Live Longer”, I. Fehrman-Ekhlom et. al., Transplantation, Vol. 15, nº7, octubre 1997, pp. 976-978. Nuevamente he de agradecer al Dr. De Andrés el haberme puesto sobre la pista de este artículo.

35 Id., pp. 128-129.

36 Id., p. 129. Fabre entiende que, también cuando la extracción se realiza en el cumplimiento de la obligación de ayuda a quien lo necesita, el individuo de quien procede el órgano tiene derecho a una compensación, aunque sólo sea porque a partir de ese momento incurrirá en pólizas de seguro de vida más costosas; id., p. 107 (en un sentido muy similar se ha pronunciado Manuel Atienza, “Juridificar la bioética. Bioética, derecho y razón práctica”, Claves de razón práctica, nº61, abril 1996, pp. 2-15, pp. 14-15). Eso mismo es lo que cabría entender que ocurre con el cirujano que realiza el transplante: que sus honorarios son una compensación. De otro modo, la pregunta sería porque es de justicia que donemos nuestros órganos a quienes lo necesiten (pudiendo venderlos sólo residualmente), y, en cambio, el médico que realiza la operación no despliega un comportamiento debido por solidaridad sino una acción por la que puede pedir un emolumento.

37 Id., pp. 126-127.

38 Así y todo, Fabre contempla dos excepciones a esta regla: cuando el vendedor morirá pronto de una enfermedad terminal o cuando el individuo no ve ningún porvenir a su vida y pretende suicidarse, si bien quiere, sin embargo, asegurar el futuro financiero de sus hijos; id., p. 134.

39 Fabre, 2006, pp. 142-146.

40 Ibid., p. 146.

41 Fabre, por ejemplo, apunta a que los datos comparativos de donación de sangre en Estados Unidos y Gran Bretaña son muy semejantes, cuando resulta que en el primero de los países la venta está permitida; véase 2006, p. 137. Otro economista ilustre que se destacó en las críticas de Titmuss fue el premio Nobel de economía Kenneth Arrow.

42 Véase Keith N. Hylton, “The law and economics of organ procurement”, Law and Policy, Vol. 12, n°3, july, pp. 197-224, p. 212 y Gerald Dworkin, “Markets and Morals: The Case for Organ Sales”, The Mount Sinai Journal of Medicine, Vol. 60, n°1, January 1993, pp. 66-69

43 En esa línea, Fabre se muestra partidaria de un mercado fuertemente regulado por el Estado que llegaría, incluso, a imponer precios públicos sobre los órganos. Sin embargo, la distribución habría de recaer en manos privadas, concretamente en agencias privadas sin ánimo de lucro, para así evitar, por un lado, el ocultamiento de riesgos y falta de idoneidad de los órganos a los que nos hemos referido antes si es que la intermediación pudiera realizarse por bancos privados con ánimo de lucro, y, de otra parte, el conflicto de intereses que viviría el poder público al ser él mismo quien fijara los precios de los órganos y los distribuyera (Fabre, 2006, pp. 149-151).

44 Fabre, 2006, p. 139 y Rivera, 2001, pp. 77-78.

45 Los datos proceden del Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical de la Organización Nacional de Trasplantes (marzo de 2008). El documento es accesible en la web de la ONT: http://www.ont.es

46 Actualmente se estiman en 30.000 las unidades almacenadas en España, y en 300.000 las existentes en todo el mundo. Así, en términos absolutos, España ocupa el segundo lugar en número de unidades almacenadas, y el tercero en términos relativos. Los datos proceden, nuevamente, del Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical de la ONT.

47 Decreto 28/2006 de 23 de marzo (Boletín de la Comunidad de Madrid de 28 de marzo de 2006, nº74, p. 4 y ss).

48 El aludido REDMO.

49 Con todo, en el Plan se insta a lograr la mayor diversidad en tipaje, con lo que se deberían incentivar las donaciones de las minorías étnicas o personas con tipajes no habituales.



1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje