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Trasplante de órganos: desafíos éticos I. Introducción


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3.1. ¿Riñones de pobres para insuficientes renales ricos? Si, de acuerdo con el razonamiento de Fabre, los recursos que el Estado debe redistribuir para intervenir en la lotería natural incluyen los tejidos u órganos, nos podríamos encontrar con el sorprendente escenario de ver a un “pobre” sano teniendo la obligación de transferir uno de sus riñones a un “rico” que padece de una insuficiencia renal aguda. Así y todo, la situación, nos dice Fabre, no sería injusta siempre que estemos considerando que aquel al que denominamos “pobre” es un individuo que lleva una vida digna y que la va a seguir llevando después de la extracción de su riñón. Pensemos, apunta Fabre, en que un nadador “pobre” puede, fácilmente, socorrer a un ricacho que se ha caído de su yate y no sabe nadar. ¿Cabría excusar al nadador su omisión de ayuda por el hecho de la diferencia relativa de recursos entre ambos? No parece. De la misma forma, el ricacho enfermo renal, no por ese infortunio, puede evadir sus obligaciones tributarias27.

3.2. ¿Dónde queda la autonomía personal?

Sabernos obligados, en algún momento de nuestras vidas, a ceder tejidos u órganos a quienes los necesitan supone que nuestros planes de vida – y por tanto el valor de la autonomía individual sobre el que Fabre también quiere apuntalar su propuesta- se ven rigurosamente afectados. Decisiones de muy variado orden – tener hijos, buscar trabajo, planificar viajes o estudios- habrían de ser adoptadas siempre condicionalmente a nuestra llamada al quirófano. Por cierto, también la propia decisión de qué hacer con nuestro cuerpo, pues en aras al socorro de quienes están enfermos se supone que no podremos nosotros mismos poner en riesgo nuestra preciada condición física.

Todo ello constituye, para algunos, una grave vulneración del imperativo categórico kantiano, como ya he señalado: nuestro cuerpo y nuestros deseos son durante un tiempo un instrumento en beneficio de otros. Y puestos a satisfacer necesidades ajenas, ¿es que acaso la sexual no es una también imprescindible para vivir una vida digna? ¿No tendría el Estado igualmente que imponer a algunos – los sexualmente capaces- el cumplimiento de un servicio de satisfacción sexual en beneficio de otros – los que por razones variadas no logran el consentimiento de nadie para tener relaciones sexuales? ¿Y qué decir de la reproducción? ¿Debería el Estado obligar a las mujeres con capacidad reproductiva a la gestación de embriones ajenos, a confiscar óvulos y esperma de los fértiles para uso de los infértiles?

En cuanto a esta segunda batería de objeciones, Fabre señala, con razón, que la diferencia entre los órganos y tejidos y la relación sexual, es que esta última adquiere valor - es parte de una vida digna-, sólo cuando es, precisamente, consentida. Así, si los servicios sexuales se proporcionaran como la satisfacción de un derecho, el acto de transferencia cambiaría la naturaleza del sexo, y el privado sexualmente, en realidad, no obtendría lo que quiere y la satisfacción de su necesidad seguiría sin darse28. En relación con los deseos procreativos, la tesis de Fabre es que nuestras obligaciones solidarias tienen como límite el que otros puedan vivir dignamente, no que alcancen a satisfacer cualesquiera concepciones de la vida buena que alberguen. En ese sentido, reproducirse es una más de tales concepciones, y no en cambio la condición de posibilidad de vivir una vida mínimamente floreciente como sí es la de disponer de función renal, hepática, la de tener, al fin y al cabo, un estado de salud decente.

En todo caso, en el planteamiento de Fabre no cabe extender el alcance de las obligaciones de ayuda hasta el punto de tener que renunciar a las que también son concepciones sobre la vida buena que nos identifican como individuos – por ejemplo, la de no querer ser padres o madres genéticos- o bien de tener que soportar intromisiones emocionales o físicas excesivas que conllevan elevados riesgos de quebrantar nuestra salud – como es el caso de la gestación y parto del embrión ajeno29.

En definitiva – y con esto se contestaría a la objeción genérica de ser la propuesta de Fabre una flagrante vulneración del imperativo categórico kantiano- si la obligación de transferir a los enfermos parte de nuestra sangre, o médula ósea, o un riñón o un lóbulo de hígado para que así puedan llevar una vida suficientemente digna30 tiene como condición: (1) que quienes son objeto de extracción van a seguir viviendo dignamente; (2) que se interfiere mínimamente en nuestros planes de vida; (3) que se organiza el cumplimiento de las obligaciones de forma tal que haya un aviso con antelación suficiente – piénsese en la obligación de formar parte de los jurados populares que se da en muchos países, incluido España, o un momento fijo del año – como es típicamente el caso de la declaración de impuestos- , y (4) que no se nos impone la obligación de cuidar de nuestra salud en aras a los demás – de la misma forma que el rico no tiene el deber de seguir siéndolo para así seguir contribuyendo- no parece que estemos ante un supuesto de quiebra del imperativo kantiano por haber sido tratados meramente como un medio31.

Así y todo, a la hora de calibrar hasta qué punto se cumplen las anteriores condiciones, que, prima facie, parecen razonables para forzar las “confiscaciones” de órganos y tejidos de personas vivas, resulta crucial saber de qué estamos hablando cuando aludimos a sacar sangre, o médula ósea, o extraer riñones o segmento hepático. Parece que, si de sangre se trata resulta difícil sostener que hay una “grave invasión” sobre la integridad física. En cuanto a la médula ósea, una caracterización suficiente del procedimiento para su obtención es la descripción que se hace en el documento de consentimiento informado que pone a disposición la Registro Español de Donantes de Médula Ósea, la agencia encargada de centralizar estas extracciones y canalizar los transplantes en España. En ese documento se puede leer que la médula: “… se obtiene en un quirófano, en condiciones estériles, bajo anestesia general o epidural, mediante punciones repetidas de las crestas ilíacas posteriores (prominencias óseas de la parte posterior y superior de la cadera)”. Ambos tipos de anestesia comportan riesgos que van desde la pérdida de la vida por complicaciones alérgicas – con una incidencia inferior a 1/50.000 anestesias- hasta molestias como nauseas, ronquera, inestabilidad… Los riesgos de la anestesia epidural son los de su generalización, lo cual obliga a realizar una anestesia general, y el dolor de cabeza o de espalda es tratable con analgésicos suaves. La extracción en sí también supone el riesgo excepcional de dolor en la zona (que cede con analgésicos suaves), sensación de mareo y muy raramente infección. Cuando la anestesia practicada es general, el paciente ha de permanecer 24 horas ingresado. A eso ha de añadírsele que, en todo caso, previa a la extracción de la médula se deberá proceder a una revisión médica completa, análisis de sangre, radiografías, un electrocardiograma y una o dos extracciones de sangre que serán autotransfundidas en el momento de la donación. Confiscar sangre y médula ósea, por tanto, no parece un atentado intolerable hacia la autonomía individual.

A mi juicio no resulta posible decir lo mismo de la extracción renal o de segmento hepático32. En ambos casos el riesgo de mortalidad es bajísimo, pero las complicaciones y el postoperatorio inciden de manera grave sobre nuestros planes de vida. De acuerdo con el documento de consentimiento informado que debe firmar un paciente que se someta a la donación de segmento hepático en el Servicio de Cirugía General, Aparato Digestivo y Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital Doce de Octubre de Madrid, éste afronta los riesgos específicos de la resección hepática tales como la hemorragia, la fístula biliar, insuficiencia hepática, riesgos “posibles aunque poco frecuentes”, así como los de la administración de anestesia general y los generales de toda intervención quirúrgica, a saber: infección, accidentes vasculares, renales y cardiorespoiratorios. “Asimismo – concluye el documento- la posibilidad de que de forma excepcional cualquier complicación no controlada pueda inducir a la muerte”. La operación supone: “La apertura de la cavidad abdominal y la extirpación de la parte del hígado seleccionado, para lo cual es necesario el aislamiento de las arterias, venas y conductos biliares, maniobras que requieren transfusión de sangre y derivados”.

Algo semejante ocurre si de extracción renal – nefrectomía- hablamos. Aunque la mortalidad es muy baja – el 0’03%- la morbilidad postoperatoria no es despreciable (reintervenciones, sangrados, infecciones y una estancia hospitalaria promedio de cuatro a cinco días, y una reincorporación laboral a los 52 días de promedio33).

En todo caso, estas son objeciones de naturaleza técnica o instrumental, no objeciones de principio: en la medida en que se aminoren los riesgos, y las molestias causadas – cosa que en el supuesto de la nefrectomía ocurre cuando se practica mediante laparoscopia- será mayor la razón para imponer la obligación de poner los órganos a disposición del sistema sanitario. Es más, algunos estudios demuestran una mayor longevidad y calidad de vida en aquellos que se sometieron a una nefrectomía. La razón es que están más controlados, así que, a fin de cuentas, la extracción renal, lejos de ser una invasión, puede rendir buenos réditos para quien se somete a ella34. Lo que quiero en definitiva señalar, es que la razón de peso para la oposición a la propuesta de Fabre tiene más que ver con los daños físicos y psicológicos producidos al sujeto, con la relativa interrupción que en sus quehaceres y en su vida supondrían las extracciones, que con la cuestión de la propiedad de sus órganos. Para el caso de la sangre y la médula ósea, y también como veremos de los progenitores hematopoyéticos del cordón umbilical, un supuesto derecho de propiedad sobre esos tejidos debe ceder frente a los superiores derechos a mantener una vida digna del resto de los individuos.


4. El modelo del mercado:

A la tan cacareada “absolutidad” de la propiedad de nuestros órganos que se esgrime frente a la confiscación, no acompaña, sin embargo, la alienabilidad de los mismos, es decir, la posibilidad de su venta. De nuevo, el mercado de órganos es visto como un atentado ético de magnitud semejante a la de la confiscación de los órganos por parte del poder público. En el documento publicado por la ONT “Meeting the organ shortage. Situación actual y estrategias para mejorar la donación de órganos” se insiste – frente a los cantos de sirenas de permitir la compraventa de órganos a la vista de que la oferta de donación no cubre la demanda de órganos- en el “… innegable problema ético que plantea la venta de órganos y tejidos…” y en que “La promoción de la donación altruista de órganos de cadáver es, por lo tanto, la única solución razonable y realista, al menos hasta que los xenotransplantes sean una realidad”. En el mismo sentido se pronunció la 57 Asamblea de la OMS en cuya Resolución WHA57.18 de 22 de mayo de 2004 urgía a los Estados miembros a tomar medidas contra el “turismo de trasplante de órganos” y el “tráfico internacional de órganos”. Más recientemente, The Transplantation Society and International Society of Nephrology emitió la conocida como Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el Turismo de transplante con motivo de la Cumbre Internacional sobre Turismo de Transplantes y Tráfico de Órganos celebrada entre los días 30 de abril y 2 de mayo de 2008. En ella se declara que la comercialización de órganos conduce inexorablemente a la falta de equidad y a la injusticia y debe ser prohibida.

Mi impresión es que el supuesto problema ético del mercado de órganos no es tal si se establecen ciertas reglas e intervenciones del poder público, y que, en todo caso, tales reparos palidecen ante las cifras de personas que siguen muriendo en lista de espera cuando hay órganos disponibles para prolongar su vida con calidad.

Para Fabre, impedir impedir la compraventa de órganos no es algo muy distinto a prohibir a quien, por sus circunstancias, no puede acceder a una vivienda de protección oficial, que se compre o alquile una de precio libre35. En sus propias palabras: “Al proscribir la venta de órganos estamos aceptando un estado de cosas en el que, en operaciones de transplante, el único individuo a quien no se paga por su contribución a la mejora de la salud del paciente es al proveedor del órgano necesitado. En términos de justicia, eso, realmente, es completamente arbitrario”36.

Fabre entiende que sólo se podría considerar la nulidad de la compraventa cuando el vendedor se propone vender una parte de su cuerpo cuya pérdida sería tan catastrófica que su decisión de vender equivaldría a consentir en ser tratado puramente como un instrumento por parte del comprador, y, así, como menos que una persona37. De esa manera se impedirá vender todo aquello – corazón, pulmones, todo el hígado- cuya extracción es incompatible con seguir viviendo. En esos supuestos alguien, nos dice Fabre, se está beneficiando de la carencia de autorrespeto del individuo por sí mismo, lo cual no puede ser sancionado por el Estado38.

La mayoría de los detractores del mercado de órganos apuntan en esta misma dirección, aunque, a diferencia de Fabre, consideran que siempre se da esa suerte de “falta de autorrespeto” por parte del que quiere vender, y no sólo cuando con la puesta a disposición del órgano en vivo, producirá con ello su propia muerte.

El argumento en contra de los mercados de órganos puede presentarse en forma categórica o condicional: la compraventa de órganos sería admisible bajo condiciones de igualdad, de “no explotación” por parte de algunos frente a otros, es decir, en una sociedad ideal en la que se dan auténticamente las condiciones de la genuina contratación entre personas libres e iguales. Las sociedades reales en el mundo real no son ni sucedáneos de tal escenario.

Pero el argumento también puede ser puesto sobre el tapete en forma categórica: incluso en tales sociedades ideales la compraventa habría de estar prohibida. Las razones que se apuntan entonces tienen que ver con el carácter inalienable de nuestros órganos, razones que, como ya he argüido, no se me alcanzan como definitivas.

¿Qué hemos de decir, en cambio, de la razón de la “explotación” para oponerse al mercado de órganos? En primer lugar, que estamos ante un argumento que no es exclusivo del mercado de órganos, sino, en general, de casi cualquier actividad en la que alguien se aviene a prestar sus servicios o a dar sus bienes a otro a cambio de un precio. De acuerdo con el análisis de Fabre, una transacción supone una explotación de A a B si: (1) A obtiene un beneficio; (2) la transacción supone un daño a B o es injusta para B, y, (3) si A logra que B acceda al pacto aprovechándose de algunos rasgos de B, o de su situación, tales que, de no darse, B no aceptaría.

Para empezar, en el caso de los órganos, A sólo se beneficia si el transplante es un éxito, con lo que, en otro caso, no habrá explotado a nadie. Es más, pudiera ocurrir que de la transacción sólo se ha beneficiado B que ha vendido su órgano, y obtenido el precio, aunque el transplante haya fracasado. En cuanto al daño, ciertamente éste se produce cuando la venta es de vivo (y por esa razón, salvo excepciones, Fabre, como vimos antes, condenaría ese mercado y nosotros también); pero no así, obviamente, cuando la disposición del órgano vendido ha de esperar al fallecimiento del vendedor. ¿Cuándo podríamos decir que la transacción es en todo caso injusta, incluso si todos se han beneficiado? Fabre entiende que cuando el precio obtenido es más bajo que el precio que el comprador habría logrado en un mercado hipotético en el que no haya habido presión para la transacción. Pero tal comparación no cabe hacerse en el caso del mercado de órganos, pues es este un mercado caracterizado precisamente por la venta bajo presión para ambas partes.

En definitiva, la explotación, si se da, puede darse en ambas direcciones, no, como suele presuponerse, en perjuicio del vendedor. Y es que el argumento de que el Estado debe impedir vender los órganos por la situación de pobreza, implica que también debe prohibir a los pobres ser contratados en los empleos penosos. Es más, resultaría, de acuerdo con el argumento de la pobreza, que aquellos que no son pobres sí estarían autorizados a obtener más recursos mediante la venta de sus órganos39. La objeción de la explotación, por tanto, “… permite, de un modo bastante extraño, un mundo en el que el interés de los que están peor por conseguir ayudas para mejorar su situación, no es lo suficientemente importante como para fundamentar el deber del Estado de permitirles vender sus órganos y hacer válidas tales transacciones, mientras que el interés de los que están mejor en obtener recursos materiales extra, aunque mucho menos acusado que el similar interés de los que están peor, puede ser lo suficientemente poderoso como para imponer al Estado un deber similar. En resumen, bajo tal concepción, los que están peor carecen, por ello, de los derechos de los que disfrutan los que están mejor, sólo por ello”40.

Otros argumentos de menor mordiente, a nuestro juicio, para oponerse a la compraventa de órganos son de carácter consecuencialista. Así, se destaca en primer lugar que la existencia de un mercado de órganos contribuye a minar el ya muy escaso ethos altruista de las sociedades occidentales avanzadas, donde la mercantilización parece haberlo inundado todo. No deja de resultar paradójico que se maneje una razón semejante cuando la introducción de un mercado de órganos responde precisamente a un hecho incontrovertible: todos los años mueren miles de pacientes en esas mismas sociedades occidentales justamente porque el altruismo resulta insuficiente. ¿A qué ethos en peligro de extinción se está entonces aludiendo? Para, por lo que parece, no minarlo todavía más, ¿estamos dispuestos a seguir tolerando la pérdida de vidas que podrían ser salvadas si, por precio, alguien estaría dispuesto a ceder sus órganos?

Es conocida la tesis – propagada a partir de la obra de Richard Titmuss (The Gift Relationship)- de que abrir la posibilidad de vender aquello que antes sólo se podía donar, tiene el efecto psicológico en los donantes de hacerles batirse en retirada. Así habría ocurrido en Inglaterra, de acuerdo con el análisis de Titmuss, cuando se permitió vender sangre. La tesis de este autor es que hay ciertos bienes – como los órganos o la sangre- que no pueden recibir a la vez la consideración social de ser vendibles o donables. Independientemente de que el análisis de Titmuss sea, en términos económicos, plausible – sobre lo cual hay muchas dudas41- el hecho es que en nuestras sociedades esos duales significados sociales de muchos bienes y servicios coexisten sin problema alguno. La comida, que sin duda supone una necesidad básica, se ofrece gratuitamente en comedores de la beneficencia y se sirve en restaurantes de altísimo copete. Y ¿cómo es que permitimos tal cosa?, es decir, ¿qué razón habría para que se apueste porque no se pierda el presunto sentimiento de solidaridad que abrazamos cuando nos referimos a la donación de tejidos u órganos, pero no así a la donación de bienes como la comida42? A no ser, claro, que la objeción esté apostando, en realidad, por acabar con todo mercado, es decir, por eliminar la propiedad privada y con ello la autonomía personal. Pero ese es, claro, otro cantar…

La existencia de un mercado de órganos, se señala en segundo término, introduce perversos incentivos para que se oculten los “déficit” del producto, y, con ello, se eleven intolerablemente los riesgos en la salud de los pacientes a quienes se vayan a trasplantar. Este peligro, sin duda cierto, no es intrínseco a la permisión de comprar y vender órganos, sino más bien al tipo de mercado que se termine por implantar. Es decir, atribuir a los órganos y tejidos de los individuos carácter alineable no conlleva que los poderes públicos se desentiendan de esas transacciones. Si lo hicieran, y, por ejemplo, se permitiera la intermediación o los bancos privados con ánimo de lucro, entonces, sin duda, estarían muy presentes los incentivos para el fraude, el ocultamiento, el menor celo en cuanto a la exploración de la idoneidad de los órganos que se acaban finalmente extrayendo y trasplantando. Todos esos riesgos se conjuran, por tanto, haciendo que el Estado intervenga sobre el mercado de órganos43.

También, por cierto, se elimina la otra consecuencia que (equivocadamente) se consigna como un grave inconveniente de la compraventa de órganos: que opera en beneficio de los ricos pues sólo ellos podrán acceder a tales compras. De nuevo, esto no es inherente a la libertad de comprar y vender órganos, sino consecuencia de la existencia o inexistencia de un sistema sanitario público que preste o no un determinado servicio. De la misma manera que, allí donde existe, el sistema públicamente financiado de protección de la salud de los ciudadanos compra y vende medicamentos, equipamiento, etc. para asistir sanitariamente a quien lo necesite - independientemente de su capacidad económica- el sistema sanitario podría igualmente comprar órganos para trasplantarlos a quienes los necesiten, independientemente de que fuera del sistema no serían económicamente capaces de adquirirlos44.

5. A modo de conclusión: el caso de las células madre del cordón umbilical:

Una propuesta como la de Fabre se bandea entre los polos de la solidaridad y la libertad, un terreno sin duda resbaladizo en el que no resulta fácil conciliar todos los valores y presupuestos éticos a los que, por otro lado, no estamos dispuestos a renunciar. Como forma de evidenciarlo, y así concluir este trabajo puede resultar ilustrativo referirse a la reciente regulación que se ha llevado a cabo en España sobre los bancos de sangre de cordón umbilical, una normativa que enfrenta dos visiones contrapuestas sobre la propiedad de nuestros tejidos y órganos, y sobre los límites del poder del Estado. Ello explica la notable controversia que ha generado.

Hace aproximadamente 50 años empezaron a realizarse transplantes de progenitores hematopoyéticos (células precursoras de la sangre humana) provenientes de la sangre del cordón umbilical, una magnífica fuente de tales células madre para el tratamiento de enfermedades hematológicas, neoplásicas (cánceres de la sangre como los linfomas y leucemias) y otras. Las ventajas de este trasplante frente al tradicional trasplante de progenitores provenientes de la médula ósea parecen ciertas: la mayor rapidez en la búsqueda de donante y, sobre todo, el hecho de que no requieren tanta compatibilidad HLA entre donante y receptor. Y es que sólo en el 30% de los casos se encuentra un donante compatible para trasplante de médula entre los familiares más directos45.

Pues bien, a la vista de estos datos, desde hace algunos años un número creciente de madres o parejas españolas almacenan la sangre del cordón umbilical con vistas a su eventual trasplante para sí mismo del nacido. Es lo que se denomina “uso autólogo”. Como es bien sabido, los mismísimos príncipes de Asturias enviaron la sangre del cordón umbilical de su primera hija nacida en octubre de 2005, la infanta Leonor, a un banco ubicado en los Estados Unidos, lo cual provocó una discreta polémica.

Mientras tanto, las donaciones de la sangre de esos cordones a los centros hospitalarios del sistema nacional sanitario han seguido siendo escasas, entre otras razones por la falta de información y/o medios públicos para el almacenaje y conservación46.

En paralelo, y en ausencia de una regulación legal clara, han proliferado los bancos privados, y, en la estela de los príncipes, las “exportaciones” de sangre de cordón umbilical a bancos radicados en el extranjero. Ante este panorama, el gobierno decidió a finales de 2006 regular la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de la sangre del cordón umbilical, mediante el Real Decreto 1301/2006 de 10 de noviembre. En lo que a mí más me interesa, en esta normativa se establece la posibilidad de que los individuos almacenen dicha sangre en bancos privados (artículo 15.2.), si bien sobre los tejidos y células conservados será de aplicación el principio de “distribución equitativa”, es decir, queda garantizado el acceso a aquellos que necesiten las células, coincidan o no con el individuo para quien se pensó originalmente guardarlas, esto es, la sangre proveniente del cordón umbilical tiene carácter de bien público (artículo 27). La denominada aplicación autóloga “quedará encuadrada en el caso de procedimientos terapéuticos de eficacia demostrada en indicaciones médicas establecidas” (artículo 27.2.). Por si hubiera alguna duda, se exige a las instituciones privadas que almacenen sangre del cordón umbilical para uso autólogo, que suscriban un seguro que cubra los costes en los que se ha incurrido por el procesamiento, preservación y almacenamiento ante la eventualidad de que se produzca la cesión de las células a otro centro sanitario para que sean empleadas alogénicamente “… en procedimientos terapéuticos con indicaciones médicas establecidas en receptores adecuados” (artículo 15.4.).

Esta suerte de “confiscación” de la sangre de cordón umbilical que sanciona el RD 1301/2006 ha levantado ampollas en distintos sectores. De hecho, la Comunidad Autónoma de Madrid, que se había adelantado al gobierno estatal en la regulación de los bancos privados en el ámbito de su competencia territorial47, interpuso en 2006 un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Entre los motivos de dicho recurso está el de que los padres no puedan reservar para uso autólogo la sangre del cordón umbilical de sus descendientes, impidiendo, además, la “libertad de empresa” constitucionalmente protegida en el artículo 38 toda vez que dichos bancos privados no podrán tener “carácter lucrativo” (artículo 3.5.).

Las razones que anidan detrás de la obligación de que los bancos privados pongan todas las muestras que almacenan a disposición de un pool colectivo de recursos48, no responden sólo a una suerte de “imposición del altruismo” por parte del poder público estatal, sino a que los usos autólogos son de remotísima utilidad desde el punto de vista terapéutico. Las razones parecen diáfanas. Al decir del propio Plan Nacional: “… la práctica totalidad de las indicaciones de trasplante en la infancia se deben a enfermedades que tienen una base genética o congénita y, por lo tanto, pueden estar presentes en las células del cordón y que, una vez hecho el diagnóstico, lo hacen inútil para el eventual trasplante del niño o de cualquier otro paciente”. Según los datos del Plan, de los 6.000 trasplantes de progenitores hematopoyéticos procedentes de sangre del cordón umbilical hechos hasta el momento en todo el mundo, sólo se han registrado 3 de uso autólogo.

En cuanto al trasplante a otros familiares de primer grado - la denominada “donación dirigida”- en el Plan se insiste en que, habiendo una indicación médica de guardar el cordón umbilical para el padre, madre hijo o hermano “ésta se podrá hacer en un banco público con las mismas garantías que cuando la donación se hace para terceras persona”. Esa suerte de “reserva” no queda sin embargo clara tras la lectura del RD 1301/2006.

Así y todo, persiste un elemento discordante en este esquema de justicia distributiva que ha pergeñado el sistema sanitario público en España en relación con los cordones umbilicales. Hay tres preguntas, al menos, que nos asaltan. En primer lugar, porqué esta fuerte intervención pseudoconfiscatoria no se produce en relación con otros tejidos u órganos, pues, como hemos visto anteriormente al analizar la tesis de Fabre, hay razones de justicia para ello, y, además, la eficacia terapéutica de esos trasplantes está más que probada. En segundo lugar, si nos fijamos bien, no hay confiscación alguna, es decir, la puesta a disposición del sistema público de bancos de la sangre del cordón umbilical no deja de ser voluntaria: las madres o parejas pueden seguir destinando el cordón umbilical al depósito de residuos como se ha venido haciendo desde tiempos remotos. Y, sin embargo, no pueden mantenerlo guardado para su descendencia a pesar de que hoy (pero, ¿quién sabe mañana?) el uso autólogo no esté indicado en casi ningún supuesto; o para destinarlo a aquellos que ellos decidan, y, mucho menos, por supuesto, vender la sangre al mejor postor. ¿No hay en esto algo contradictorio, una incoherencia con el mismo aire de familia de aquella en la que se incurre cuando se proclama a los cuatro vientos que el cuerpo es nuestro, pero en cambio se imponen fortísimas restricciones en cuanto a la alienabilidad de los órganos, cuando no directamente su inalienabilidad?

Por lo que parece, hay una razón de orden “técnico” para no obligar a todas las madres que darán a luz a poner sus cordones umbilicales al servicio del sistema público para su distribución universal en función de la necesidad: no hacen falta tantos, sino que basta con un número estadísticamente calculable. Esa estimación, según el Plan, se cifra en 60.000 unidades - el doble de los actuales depósitos en España- y se basa en consideraciones de orden médico (las probabilidades de compatibilidad y los resultados del transplante con diferentes compatibilidades) y de orden económico (los costes de recogida y almacenamiento). El cálculo ha tenido por bueno un estudio probabilístico realizado en Estados Unidos, y ha tomado como presupuesto el que la variedad antigénica de España es similar a la de ese país. Con esos puntos de partida, se asumen las probabilidades de compatibilidad que se calcularon para los Estados Unidos y el resultado es la cifra antes indicada con su correspondiente coste económico49.

Aceptemos, por tanto, que sería económicamente desaconsejable y médicamente fútil acopiar todos los cordones umbilicales generados, de la misma manera que, en función de las que entonces eran necesidades de la Defensa en España, durante algunos años – cuando el servicio militar era obligatorio- no todos los mozos en edad hábil cumplían con su obligación de defender a la patria: existieron los llamados “excedentes de cupo” de resultas de un sorteo. Y es que eso parece lo más razonable en términos de justicia, y lo que, entiendo, también debería ocurrir con la sangre del cordón umbilical: un sorteo entre todas las donantes potenciales. De otro modo, con la actual normativa, pueden, en primer lugar, no llegar a cubrirse las necesidades (máxime si se sigue permitiendo el almacenamiento privado en bancos extranjeros), o, de cubrirse, hacerlo sin que todos hayamos contribuido por igual. Añádase a ello el que no pueda excluirse a nadie del beneficio de disponer de un banco público. Una situación odiosa, ciertamente, que favorece el gorroneo por parte de quienes no pusieron en su día el cordón umbilical a disposición del sistema público, y que, en cambio, recibirán un trasplante de progenitores hematopoyéticos si es que lo necesitan. Como igualmente recibimos transfusiones de sangre si la necesitamos aunque no hayamos nunca aportado una gota a los bancos. Algo, en términos de justicia, anda mal en nuestro modelo.




1 El país, edición de 7 de septiembre de 2008, p. 36.

2 “The Survival Lottery”, Philosophy, Vol. 50, 1975.

3 Equal Justice, Clarendon Press, Oxford, 1991.

4 Ibid., p. 167.

5 1974, p. 206.

6 2005, p. 97. Recuérdese también la escena de la película “El sentido de la vida” de los Monty Python, cuando dos médicos acuden al domicilio de Mr. Brown para confiscarle su hígado sin que les valga su argumento de que “aún lo estoy usando”, esgrimido por el pobre Mr. Brown.

7 Véase Ética y transplantes de órganos, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, pp. 73 y ss.

8 Véanse los artículos 4 y 5 de la Ley 30/1979. Fácticamente, el modelo corresponde así con el del consentimiento
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