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Todos juntos unidos en la esperanza


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Antagonismo social y acción colectiva

 

Por Michel Vakaloulis*

 

 

“Todos juntos unidos en la esperanza” podía leerse en un improvisado cartel durante la manifestación parisina de los estudiantes secundarios del 20 de octubre de 1998. Consigna polisémica si las hay, que expresa a la vez un sentimiento de alegría generado por compartir situaciones sociales de esta índole; la voluntad de producir un cambio en la relación de fuerzas y conquistar objetivos comunes y una exaltación de la acción colectiva como instrumento adecuado para “desfatalizar” la realidad social. Consigna alentadora que contrasta con el sentimiento de impotencia que sienten los individuos frente a la fatalidad cotidiana que se les escurre como agua entre las manos.



 

En un espacio social donde predomina la precarización de la vida cotidiana, la degradación de las situaciones de trabajo y la pérdida de las garantías colectivas, la crisis durable de las relaciones políticas y el debilitamiento de los “grandes relatos” de emancipación social, los individuos ven reducirse cada vez más la capacidad de control de sus propios destinos al mismo tiempo que aumentan sus deseos de intervenir en el curso de la realidad mundial. Atrapada en una contradicción difícil de resolver, la gente sabe que la situación es “grave”, “alarmante”, “que está más allá de lo tolerable”. Mirada lúcida, sin duda, pero también dubitativa, distanciada, desencantada. Entre una sensación de desposeimiento real y la profunda aspiración de ocuparse de los asuntos comunes que a uno le conciernen, existe una gran tentación de refugiarse en la ciudadela del individualismo. Ciertamente existen deseos y esperanzas que se confunden también a menudo con un cierto pasotismo individual. Precisamente durante las movilizaciones colectivas una postura de este tipo resulta insostenible. Los “figurantes” se transforman en actores del evento y coproducen sentido libremente, allí donde sólo existía la violencia padecida del orden establecido.

 

Pero estas ocasiones son más bien raras, momentos excepcionales. La desunión de los individuos, el desgarramiento mutuo en la lucha competitiva que los opone y los empobrece, son en general la regla. Un encadenamiento “fatal” de obstáculos estructurales les impide pasar de una disposición favorable a la acción colectiva a un compromiso y participación real en la misma. Son permanentemente divididos, ordenados, atomizados por los designios y los dispositivos del capital. Sus existencias están ritmadas por lo incierto, por el temor a la desconexión social, por el espectro de la despersonalización. “Las ontologizaciones espontáneas del pensamiento social cristalizadas fundamentalmente en las categorías económicas” (Vincent, 1998) impregnan sus representaciones, limitan su horizonte ideológico, someten su imaginario colectivo al fetichismo de la forma valor.



 

La dinámica de la acción colectiva sólo puede tener un impacto acotado si tenemos en cuenta los límites externos que dificultan el “trabajo de protesta”. Los efectos desestabilizadores de la desocupación de masas, la exacerbación de la competencia entre los trabajadores, la influencia de las “nuevas” tecnologías de captación de la inteligencia colectiva por parte de las direcciones manageriales dificultan la movilización de las fuerzas del trabajo. A esto hay que agregar una segunda serie de dificultades que son inmanentes a la acción y a la reflexión de los grupos movilizados. Las movilizaciones contemporáneas, casi sin excepciones, tienen dificultad para inscribirse en una temporalidad más prolongada que la de la conflictividad inmediata. El riesgo evidente consiste en padecer las evoluciones en lugar de poder anticiparlas. La puesta en forma de las perspectivas sociales de la protesta, cuando existe, es muy insuficiente. El gran desafío es entonces poder llevar el “rechazo de lo intolerable” a su “extremo”, cuestionando concretamente el “programa único” de las estrategias y de las reformas liberales. En lo que hace al trabajo de unificación de las experiencias y de los diferentes intereses de los asalariados, éste permanece a menudo prisionero de una categorización limitativa de las relaciones sociales de poder y de dominación que, por un lado, desconoce la nueva realidad social que resulta de la desagregación del fordismo histórico, y por el otro, subestima la gran complejización del espacio de la protesta.

 

Nuestro estudio apunta a aportar elementos de reflexión sociológica sobre la cuestión del antagonismo social en sus configuraciones contemporáneas. Nuestros argumentos se exponen en tres puntos. En un primer momento examinamos de qué forma el paradigma de “la exclusión social” hoy en boga conduce a los analistas que parten de ópticas diferentes, y aún divergentes, a coincidir en las interpretaciones de las formas actuales de movilización colectiva de los asalariados; devaluándolas e invocando los errores del “movimiento social” para descalificarlo y caracterizarlo como un “movimiento errado”. La temática de los “excluidos/incluidos” sobre la cual reposa un gran número de interpretaciones de las huelgas del otoño de 1995 nos servirá de ejemplo.



 

La segunda parte de nuestro análisis tiene un alcance teórico y comparativo. Por un lado explicitamos los desplazamientos conceptuales que implica el análisis de la problemática de la movilización colectiva en términos de “exclusión social” en relación al paradigma marxiano del “antagonismo de clase”. Por otro lado proponemos una deconstrucción de esta problemática partiendo de la necesidad de articular determinantes estructurales y dimensiones fenomenológicas que definen la acción colectiva moderna.

 

La tercera parte de la reflexión se centra en la dinámica propia del conflicto social. Sindicalismo asalariado, movimientos sociales, micro-resistencias difusas, líneas de fuga individuales: ¿qué tipo de relaciones? ¿Cuál es el sentido y cuáles son los límites de la politización inherente a la movilización de los dominados? Las tesis presentadas en la última parte del estudio no pretenden aportar respuestas definitivas a estas cuestiones. Simplemente subrayan la necesidad de clarificar los términos del debate.



 

 

La huelga a ultranza”: líneas de fractura y líneas de resistencia



 

En su dimensión de acontecimiento, sorprendiendo en su carga contestataria e invasora, el movimiento huelguístico y las manifestaciones de otoño de 1995 dieron lugar a una intensa lucha discursiva. Una vez cuestionadas las explicaciones “evidentes”, la controversia sobre las razones y las significaciones de dicho acontecimiento se instala de manera duradera entre los comentadores, quienes se dividen más allá de su pertenencia al campo intelectual stricto sensu, de donde surge un conflicto de sentido sobre el sentido del conflicto. ¿Este movimiento constituye un “cambio profundo” en el enfrentamiento social o un simple paréntesis de la historia en Francia? ¿Se trata de una acción colectiva que expresa la “desfatalización” de las orientaciones dominantes del sistema socio-económico o de una protesta “regresiva” de las categorías “privilegiadas”? ¿Estamos frente a una lucha “radical” que se opone a la lógica de la rentabilidad financiera de corto plazo que se impone a la lógica de los oficios o de una movilización “categorial” que no puede tener sentido más que a través de un modo defensivo?

 

Dicho acontecimiento huelguístico desconcierta. Por una parte, el mismo da cuenta de la falla repetida en la que incurre el poder político en su incapacidad por aprehender la complejidad de lo real y en la consideración de las preocupaciones de los ciudadanos. Al mismo tiempo, explicita las disposiciones democráticas de la gran mayoría y su voluntad de sustraerse de las indexaciones jerárquicas de una política “legítima” cada vez más marcada por el economicismo. Estos rasgos hacen que la emergencia del movimiento social aumente la indeterminación del juego de la representación política, dado que una gran parte de la sociedad, cotidianamente excluida del campo de la política, rechaza toda forma de participación en tanto “espectadora” (Vincent, 1998).



 

Por otra parte, el lenguaje identitario del movimiento social rompe con la simbólica de la “modernización única” que consiste en seleccionar y en imponer orientaciones a las prácticas sociales sin debate público previo ni preocupación alguna por responder a las necesidades reales de la multitud. Lo que se presenta como “ineluctable” deviene en desafío de fuerzas que se oponen. Nuevos clivajes afloran a la luz del día. Ciertamente, el fundamentalismo obrero o fundamentalismo de clase no caracterizó al movimiento multisectorial de otoño de 1995. Los grupos movilizados no tenían la impresión de estar viviendo su respectiva situación ni como una excepción ni a fortiori como algo exterior al resto de la sociedad. Por el contrario, la acción colectiva permitió reconstruir representaciones de pertenencia a un espacio social más vasto: espacio a la vez laboral (relación al trabajo asalariado), popular (relación a la jerarquías sociales), y dominado (relación al poder económico y político).

 

Sin embargo, en torno a esta constatación se anuda una confrontación ideológica y política mayor: ¿cuál es el carácter de la oposición social que subyace al movimiento contestatario más potente que tuvo lugar en Francia después de mayo del ‘68? Si las movilizaciones colectivas de otoño del ‘95 expresan otra cosa que un simple “malentendido” entre las elites y los dirigidos, ¿cuál es la textura del bloque social de diciembre y cuál es su potencial subversivo? ¿Cuál es la significación de estos comportamientos contestatarios que instalan vivamente la “cuestión social” en el centro de la actualidad política?



 

Un rodeo de orden interpretativo nos permitirá aprehender mejor el campo teórico del problema. En el origen de varias “lecturas” que desvalorizan el contenido y el alcance del movimiento huelguístico, existe de hecho una temática común: aquella que traza una línea de demarcación, supuestamente decisiva, entre dos categorías de individuos, los “favorecidos” y los “nuevos condenados de la tierra”, los “incluidos” y los “excluidos”, o para retomar la formulación de Touraine, los in y los out. Más allá de la cuestión de saber si los funcionarios u otros agentes de los servicios públicos son “privilegiados”, o si los asalariados que disponen de un empleo son los (nuevos) “desfavorecidos” de los tiempos de crisis, el fondo de la argumentación se entiende y parece imponerse al inicio mismo del juego: frente a los fenómenos de exclusión social, los “protegidos” del momento deben disminuir sus “exigencias”, deben aceptar la “adaptación necesaria” a la modernidad económica” de un capitalismo en adelante mundializado, y en fin, deben consentir las orientaciones de las reformas que tienen por objeto llenar el vacío que se produjo entre los “excluidos” y los “incluidos” en el corazón mismo de los países desarrollados.

Se pueden considerar tres ejemplos. Sin duda, ellos no nos reenvían ni al mismo espacio simbólico y político ni a la misma sensibilidad vis-à-vis de la huelga. Además, sus respectivas posturas de enunciación difieren según se trate del intelectual “todólogo” mediatizado a ultranza, los dos co-directores de una revista prestigiosa de la “segunda izquierda” y el sociólogo del movimiento anti-utilitarista (MAUSS), sensible a la “cuestión social”. Sin embargo, el tema de la “exclusión” adquiere en estos tres casos una significación estratégica para la calificación del movimiento social. Para comenzar, he aquí el propósito, incendiario, de Bernard-Henri Lévy:

 

“Pero en fin, ¿cómo no pensar que los problemas más candentes de la sociedad francesa contemporánea, sus injusticias más marcadas, sus angustias sin portavoces y quizás sin reivindicación, no se encuentran allí donde se expresa el clamor del momento? ¿Cómo no ver que la línea de fractura –quizás sea necesario decirlo un día: la línea de frente o de confrontación mayor– no pasa más por el viejo eje histórico de las manifestaciones callejeras de Plaza de la Concorde-Plaza Bastille-Plaza République tal como lo señalan, desde hace un siglo, los sindicatos tradicionales? Un día, en Francia, habrá una nueva noche del 4 de agosto. Y habrá también, entre los privilegiados de esa noche, una fracción de aquellos que representa, hoy, M. Blondel” (Levy, 1995[a]).



 

Más aún:


 

“Estos admirables defensores de los humildes que son los Señores Blondel (Sec. Gral. FO) y Viannet (Sec. Gral. CGT) no tuvieron, hasta hoy día, una sola palabra de solidaridad para estos verdaderos desheredados que son, no sólo los sin-derechos, SDF [sin domicilio fijo] y otros excluidos de los cuales hablé la semana pasada, sino los tres millones de desempleados que son también, las víctimas del sistema. El Sr. Blondel tiene todo el derecho a desinteresarse de estos tres millones de personas, pero ¿es necesario que la izquierda política, todavía, le de una mano? ¿Qué vale, a los ojos de esta izquierda, un movimiento de protesta que deja a la vera del camino al pueblo de los sans-culottes?” (Levy, 1995[b]).

 

En este primer caso, la evocación del “pueblo de los sans-culottes” sirve para caucionar el plan Juppé. El respaldo a la reforma gubernamental es tanto o más imperioso como el principio que la respalda, considerado como una causa de lo más noble: la defensa de los “verdaderos desheredados”, de las víctimas del sistema”, de los abandonados “a la vera del camino”, sin socorro ni recurso. Para estar en aparente compatibilidad con los verdaderos “humildes”, el discurso del autor no es menos anti-sindical. El “egoísmo” de las fuerzas sindicales que forman parte del movimiento sindical, personificados por los secretarios generales de la CGT y FO [Fuerza Obrera], es señalado con el dedo, caricaturizado, estigmatizado. En el origen del “clamor del momento”, el sindicalismo en lucha se ve incriminado por delitos de des-solidaridad hacia aquellos que se encuentran del lado negativo de la fractura social y por su indiferencia vis-à-vis “de los problemas más candentes de la sociedad contemporánea.”



 

“¿Cómo la gente que dispone de un empleo se permite hacer una huelga?”, he aquí la sustancia del argumento. Es como decir que las luchas salariales por la defensa de los derechos sociales y el combate contra la “exclusión” se contradicen abiertamente, según una lógica que ubica la línea de confrontación mayor en el seno del asalariado dominado, oponiendo de manera falaz los trabajadores ocupados a los sin empleo, a las capas sociales desestabilizadas, o dicho más claramente, a los empobrecidos por la crisis, aún los nuevos pobres. De esto resulta un triple posicionamiento: apología de la reforma gubernamental sobre la seguridad social, postura anti-movimientista, uso polémico de la exclusión social que dirige la movilización colectiva de los huelguistas contra la inacción de los “sin (porta)-voces”.

 

El segundo ejemplo se sostiene con un análisis más elaborado de la estructura social. El punto de partida del propósito de Olivier Mongin y de Joël Roman es la preocupación de organizar “la salida de la sociedad salarial” tomando en cuenta al mismo tiempo “la lucha contra la exclusión”.



“¿La reforma de la Seguridad Social era o no una reforma de justicia social? Y, más allá de esto, ¿es necesario pensar la manera en la que los principios de base de la justicia social fueron comprendidos en nuestra sociedad? Está claro que entre aquellos que, cualquiera sea su análisis, consideran que la cuestión de la exclusión, de la dualización social, del quiebre de la sociedad salarial nos plantea un desafío inédito […] y aquellos que piensan que el conflicto es de hecho entre el pueblo y las elites, hay claramente una línea de fractura” (Mongin y Roman, 1995).

 

El apoyo a la reforma de la Seguridad Social se expresa en términos de “justicia social”. La justificación no tiene nada de original: el mismo primer ministro Alain Juppé, durante su intervención en la Asamblea Nacional el 15 de noviembre de 1995, ubicó la defensa de su plan bajo el signo de tres ideas: “una exigencia: la justicia; un principio: la responsabilidad; una restricción: la urgencia”. Tal lectura favorable al plan Juppé no es unánime, ni siquiera entre ciertas conocidas figuras de la “izquierda modernista”. Jacques Delors (1995), para no citar más que un solo ejemplo, piensa que la reforma propuesta es un proyecto vago, que comporta un serio riesgo de estatización y no logra crear para nada un clima propicio de responsabilización de los profesionales de la salud y de los usuarios.



 

Pero el argumento significativo, según el punto de vista de nuestro estudio, se sitúa en otra parte. Se trata de una designación clara de dos aproximaciones del movimiento social que hacen referencia a análisis distintos de la estructura social misma. Por una parte, a la de la descomposición de la sociedad salarial, a la “dualización”, a la “exclusión”. Por otra parte, a la de la oposición entre el “pueblo y las elites”. La primera hace de la cuestión de la “exclusión” el operador conceptual que renueva la reflexión sobre las metamorfosis de lo “social”. La segunda supone el populismo, y por consiguiente, en “validar la simbólica del Frente Nacional” (Esprit, 1996). Es sobre esta base que se organiza la depreciación del movimiento huelguístico: ¿cuál es el valor de una movilización que oblitera los problemas de los “jóvenes de los monoblocks de la periferia, de los desempleados y de los excluidos”, que olvida a “aquellos que no hace mucho tiempo atrás estaban en la tapa de los diarios”? (Esprit, 1996). Aquí, una vez más, la referencia a los “inútiles del mundo” funciona como vector de deslegitimación de la acción colectiva de los asalariados. En lugar de insistir en las razones de la diferenciación interna del espacio contestatario de los oprimidos y en las capacidades asimétricas de su puesta en movimiento, se contentan en oponer formalmente el “inmovilismo” desesperante de los más desfavorecidos a la movilización estructurada de los pequeños asalariados. El clivaje del espacio contestatario aparece en estas condiciones como consecuencia directa de la fractura entre “excluidos” e “incluidos”. Queda por saber cómo la movilización de aquellos que pueden aún defenderse contra la modernización del liberalismo podría favorecer la puesta en movimiento de aquellos que no tienen nada que perder.

 

Aunque esta designación es clara, no deja de ser tramposa. Es seguramente reduccionista hacer de la oposición “pueblo-elites” el resumen oficial del “pensamiento” del movimiento social. Si se admite que lo que se expresa en noviembre-diciembre de 1995 es una indignación de clase que reagrupa a los pequeños asalariados, a los empleados tanto como a los obreros, es sociológicamente inapropiado adjudicar el contendido social de este antagonismo a una oposición prácticamente desencarnada entre el “abajo” (la masa) y “el arriba” (las elites). Uno podría preguntarse, por lo tanto, si el movimiento social se obstinó en su conjunto “a leer la realidad social en categorías”. La respuesta está lejos de ser evidente. Ciertamente, es verdad que la denuncia sumaria de las “elites” puede alimentar el populismo de derecha así como puede crear un cierto espacio, más bien pequeño, sin duda, para el desarrollo de un populismo de izquierda. Ahora bien, sería erróneo considerar, en su conjunto, la expresión de la desconfianza de los ciudadanos hacia las elites dirigentes (actitud que todas las encuestas de opinión confirman) como un recurso discursivo irremediablemente “extremista”, destinado a servir como un arma simbólica al Frente Nacional. En primer lugar, “la crítica política del rol de las elites, y de la relación entre dirigentes y ciudadanos, participa de un proyecto de izquierda” (Fassin, 1996). El rasgo actual de los expertos sociales sobre los procesos decisionales, económicos y políticos, constituye un obstáculo mayor a la participación democrática de los ciudadanos en los asuntos de la ciudad. En segundo lugar, el “clivaje” que uno puede observar entre la “gente de abajo” y la “gente de arriba”, aunque sea impreciso su contenido de clase, sugiere al menos que la verdadera línea de demarcación no pasa entre  los “excluidos” y los “otros” sino que opera “en otra parte” y más “arriba”. Este argumento funciona como el revelador pero también, en parte, como la fuente de la incapacidad del liberalismo de transformar su supremacía ideológica en sólida hegemonía política. Este es el indicio de su prolongada crisis de legitimidad política.



 

Antes de haberse constituido en uno de los temas de predilección del Frente Nacional, el “descrédito de las elites” señala la falla política del proyecto modernizador en Francia, el divorcio entre la “lógica de la opinión” y la “lógica de los mercados financieros” (Rozès, 1999). En suma, enarbolar el peligro del Frente Nacional para descalificar de antemano todo discurso crítico hacia las elites dirigentes equivale a hacer uso de la “exclusión” como un recurso inhibidor de toda acción reivindicativa de los asalariados. Desde este punto de vista, las declaraciones anti-huelgas de Le Pen son significativas: “una semana de huelga, es criminal, quince días, es mortal” (Liberation, 1995). En realidad, el movimiento social de noviembre-diciembre de 1995 contribuyó a desactivar el discurso del Frente Nacional. ¿Es necesario recordar que los asalariados del sector público en lucha –que por otra parte son los más refractarios a la ideología y al voto del Frente Nacional– colocaron en dificultad, quizás por primera vez de forma tan clara y contundente, a Le Pen? (Simon, 1996).

 

El tercer ejemplo nos facilita un análisis más detallado de la acción colectiva. Alain Caillé asume la “positividad” de la huelga pero al mismo tiempo hace referencia a la incapacidad total de esta “en hablar en nombre del pueblo entero”.



 

“Nadie podría reprochar a los huelguistas que por algún milagro deberían haber podido de repente inventar palabras o consignas que nadie pudo imaginar antes que ellos. Pero no es menos significativo que a pesar del ardor y del sentido comunitario reencontrado, y de algunos impulsos de generosidad verdaderos que se expresaron en aquellos días, las manifestaciones de diciembre permanecieron políticamente, éticamente e ideológicamente estériles porque todo se desarrolló sobre la base de un no dicho colosal. Ni el gobierno, ni los manifestantes supieron hablar desde el punto de vista de la tercera Francia que está profundizando la fosa de las dos primeras, la de la Francia de las elites y la Francia de los trabajadores” (Caillé, 1996).

 

En oposición a los ejemplos precedentes, la postura sociológica es la más propicia al movimiento social. “Ardor”, “impulso de generosidad”, “sentido reencontrado de la comunidad” son valores que impregnan las significaciones sociales de la acción huelguística y manifestante. Sin embargo, el esquema tripartito (las “elites”, los “trabajadores”, la “tercera Francia”) relativiza el alcance político de las movilizaciones y restringe su potencial contestatario. Los límites del movimiento social vienen de su carácter limitado: la acción de la “fracción de los asalariados más o menos protegidos” no llegan a transmitir “un mensaje de solidaridad y de esperanza a los que se encuentran excluidos de la condición salarial” (Caillé, 1996). A fuerza de no ser un movimiento total, no llega a unificar en su verbo y en su acto, todos los segmentos de la sociedad salarial nacional en plena descomposición. La defensa del “salariado universal” desconoce la implosión del modelo de integración nacional. El punto de vista de los “excluidos” del orden salarial deviene así indecible, invisible, irrepresentable. De ahí la “esterilidad” del movimiento social, a la vez política (ausencia de un “nuevo pacto social”), ética (falta de lazos de solidaridad con la “tercera Francia”), ideológica (ninguna representación de una vía alternativa entre “reformismo liberal tecnocrático” y “estatismo corporativista anticuado”).



 

Entre un pragmatismo reformador que busca rellenar las fracturas de la cohesión social evitando las trampas de la “dualización” y un utopismo anti-utilitarista que quiere superar el horizonte limitado del asalariado nacional, el esquema de Alain Caillé tiene como objetivo realizar una síntesis inédita. La descalificación del movimiento huelguístico no fue posible. Pero al mismo tiempo, la dicción “laboral” de la confrontación social condena este movimiento a la impotencia. Lo no dicho de la exclusión funciona ahora como una matriz de desradicalización y empobrecimiento proyectual.

 

Los tres ejemplos que analizamos, a pesar de sus diferencias, tienen un punto fundamental en común: el recurso al paradigma de la exclusión substituye al análisis de la relación de clases tal como quedó de manifiesto con la existencia del movimiento social de otoño de 1995 en sus diversos componentes, movilizaciones de desocupados y de precarios. A continuación se examina precisamente el pasaje de una problemática a la otra. No se trata de debatir sobre “detalles” que no interesan más que a los especialistas de la investigación sociológica, sino de contribuir a la “clarificación” conceptual de las figuras modernas del antagonismo social.



 

 

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