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Titulo: Supremacía constitucional, libertad de prensa y censura judicial


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8. En el caso del senador del Chaco tenía que utilizarse esta trascendental distinción y, en aplicación de la justiciabilidad en el sector situado dentro de la esfera de competencia de los jueces, debió decirse que la designación por el senado de un candidato que no fue propuesto ni elegido en la jurisdicción de la provincia de acuerdo con la constitución, es inconstitucional y por ende, susceptible de invalidarse judicialmente, nada más que por haber actuado el senado sin investir competencia. Al contrario, por haber hollado el federalismo y la autonomía de la provincia.
9. Esta es la separación de funciones y poderes que hubo de defender la Corte, y no una inexistente facultad "privativa" del senado para ser "juez" de la elección-derecho-título de sus miembros, porque en el caso del Chaco el senado no operó como "juez" sino como "elector". Y para elegir, violó la constitución porque ésta no le confiere competencia electiva. De rebote, se fue al suelo la justiciabilidad, el reparto de competencias entre las provinciales y el gobierno federal, y la división de poderes. Esto último porque no se "dividió" lo que era justiciable de lo que --acaso-- pudo a lo mejor no haberlo sido, y se metió todo en la misma bolsa para dejar las cosas tal como estaban: con la violación constitucional consumada.
Realmente, muy lejos de haber operado como tribunal de las garantías constitucionales, la Corte camufló en su discurso argumental la habitual tendencia a no enfrentar al poder político de turno. Estos amiguismos oficialistas no son propios de un tribunal de garantías constitucionales en una república democrática.
Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).
(1)Para este deslinde, remitimos a nuestro libro "El derecho de la constitución y su fuerza normativa", p. 281, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1995: "Un caso excepcional; las decisiones finales fuera del poder judicial".
Nota a Fallo

TITULO: Una sentencia que ofende a la república

AUTOR: Loñ, Félix

PUBLICACION: LA LEY, 1999­A, 192


Voces

PODER.LEGISLATIVO ~ CAMARA.DE.SENADORES ~ SENADOR ~ DIVISION.DE.PODERES ~ CONSTITUCION.NACIONAL ~



SUMARIO: I. Los hechos. -- II. Los requisitos constitucionales. -- III. La actuación del Senado Nacional. -- IV. La actuación de la Corte Suprema. -- V. Cuestión justiciable. -- VI. El caso de Corrientes. -- VII. Reflexiones finales.
I. Los hechos
En la causa motivo del presente comentario, los hechos tienen una relevancia singular. Pese a ello, la consideración de los mismos no mereció la atención del voto mayoritario del Máximo Tribunal que se limitó a remitirse al dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado Nacional diciendo que tal informe "...examinó la composición partidaria de la Legislatura provincial a los efectos previstos en la cláusula transitoria cuarta de la Constitución Nacional, estableciendo para ello un criterio compatible con el texto de la norma interpretada, pues consideró que asistía razón al partido impugnante (seguidamente cita textualmente el dictamen) "habida cuenta que es el partido que, conservando su representación original, posee el mayor número de miembros en la Legislatura al tiempo de la elección del senador..." (consid. 11).
Sobre el punto el Ministro Petracchi hace referencia a la composición de la Legislatura chaqueña destacando que el candidato propuesto por la Alianza actuante en esa provincia contó con el apoyo de los dieciséis legisladores de la mencionada coalición más uno del partido Acción Chaqueña (consid. 2°).
Brevemente enunciados, los hechos sobresalientes son:
a) Previo a la elección del senador por la Provincia del Chaco, la Alianza Frente de Todos fue ratificada por las agrupaciones que la integraban, entre las que se hallaba la Unión Cívica Radical.
b) Tal coalición estaba en plena vigencia al momento de efectuarse por la Legislatura provincial la designación del senador. Esta circunstancia invalida el argumento esgrimido por el Partido Justicialista según el cual a la Alianza debían deducírsele cinco miembros que habían sido elegidos en 1995 por la U.C.R. pretendiéndose, por vía de este artilugio, que el Justicilismo era la fuerza política con mayor representación en la Legislatura local.
c) Al momento de la designación del senador nacional la Legislatura estaba formada por treinta y dos legisladores que pertenecían a las siguientes agrupaciones:
--Alianza Frente de Todos: 16 diputados
--P. Justicialista: 13 diputados
--P. Acción Chaqueña: 3 diputados.
d) El candidato propuesto por la Alianza fue votado por todos sus integrantes más por un diputado de Acción Chaqueña. Es decir, que resultó electo por diecisiete legisladores, o sea, por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Legislatura.
II. Los requisitos constitucionales
Establecidos los elementos fácticos más sobresalientes cabe explicitar cuáles son los requisitos constitucionales que deben cumplirse para la elección de un senador nacional. Antes de especificarlos interesa recordar, para la mejor comprensión del caso, que la reforma de la Constitución consumada en 1994, establece la elección directa de los senadores a partir del año 2001 determinando un régimen transitorio para el nombramiento de los mismos hasta ese momento.
Los recaudos fijados en ese procedimiento provisorio se explicitaron en la cláusula transitoria cuarta. Sintéticamente ellos son:
a) Los partidos o alianzas proponen al candidato.
b) El cumplimiento de las exigencias legales y estatutarias para ser proclamado candidato debe ser certificado por la Justicia Electoral.
c) Compete, exclusivamente, a la Legislatura provincial designar al postulante propuesto.
d) De los senadores que representan a la provincia en el Senado Nacional, dos corresponderán al partido o alianza que tenga mayor cantidad de integrantes en la Legislatura local debiendo pertenecer el restante a la agrupación o alianza que le siga en el orden del número de legisladores.
De la fórmula consagrada en la citada cláusula transitoria cuarta se desprende que las legislaturas provinciales son las que tienen la facultad de nominar a los candidatos a senador nacional. Por lo tanto es esta una atribución que las provincias no delegaron en el Senado de la Nación y que se reservaron para sí de conformidad con lo indicado en el art. 121 de la Ley Fundamental.
III. La actuación del Senado Nacional
Ante las situaciones fácticas detalladas precedentemente y lo dispuesto por la Constitución de la República sobre el punto ¿cómo actuó el Senado Nacional?
En primer lugar, desconoció la elección efectuada por la Cámara de Diputados chaqueña aduciendo que cinco legisladores pertenecían a la U.C.R. por haber sido elegidos en 1995, es decir, antes de la formalización de la Alianza para Todos. Ya se destacó la invalidez de esta fundamentación porque la aludida coalición se constituyó en 1997 y fue confirmada, por todos sus integrantes --incluidos los cinco diputados radicales aludidos-- a los fines de la elección del senador.
No satisfecho con ignorar lo decidido por la Legislatura del Chaco, el Senado Nacional fue más allá designando al senador por la provincia en un claro e infundado apartamiento de lo reglado por la Constitución Nacional.
Se consumó, así, el quebrantamiento del federalismo pues el Senado de la Nación sustituyó a la Legislatura local en el ejercicio de una atribución propia y que, por ello, no puede ser menoscabada por la autoridad nacional.
Además, al actuar de este modo, el Senado Federal alteró la representación de la provincia en ese órgano pues, tal como se señalara (2.d), dos senadores deben pertenecer a la fuerza que ostente la mayor cantidad de legisladores provinciales en el momento de la elección correspondiéndole el tercero a la agrupación que le sigue en el orden de prelación.
Debido a la maniobra consumada por el órgano senatorial, éste asignó la mayor representación en el Senado Nacional a la agrupación provincial que cuenta con menor número de miembros en la Legislatura provincial y viceversa, otorgó la minoría (un senador) en el cuerpo federal a la agrupación mayoritaria en el orden local.
Se burló, palmariamente también en este aspecto, a la Constitución Nacional.
IV. La actuación de la Corte Suprema
Ante la doble violación descripta, por parte del Senado de la Nación, ¿cómo resolvió la Corte Suprema de Justicia Federal la cuestión?
La definición asumida por la mayoría del tribunal, compuesta por los magistrados Nazareno, Moliné O'Connor, López, Vázquez y Boggiano, se sustenta en que el Senado al considerar la validez de la elección, derechos y títulos de sus miembros actuó de conformidad con lo establecido en el art. 64 de la Constitución Nacional, en el ejercicio de facultades privativas no susceptibles de ser revisadas en la instancia judicial (consids. 13 y 14 del voto de Nazareno, Moliné O'Connor y López; consids. 4° y 13 del voto de Boggiano y consids. 11 y 12 del voto de Vázquez). Es cierto que la Ley Suprema, por la disposición citada concede a ambas Cámaras del Congreso la competencia señalada.
Pero, ¿puede ejercerla el Senado en forma discrecional y hasta arbitraria decidiendo lo que le parezca aunque ello vulnere abiertamente otras normas de la Constitución?
No es posible admitir que la práctica de una facultad exclusiva pueda derivar en la aceptación de una conducta o resolución arbitraria. Los actos carentes de razonabilidad violan la Constitución por lo que son incompatibles con el Gobierno republicano (arts. 1° y 28, Constitución Nacional).
Por imperio de la doctrina de la arbitrariedad las sentencias de los jueces inferiores son factibles de control por el más Alto Tribunal de la Nación.
En la órbita de la función ejecutiva se rechaza que los actos emanados del poder administrador, ya sean reglados o discrecionales, no puedan ser sometidos al examen de la justicia. Más aún, la tendencia en este campo ha sido marcada, con énfasis, por la Corte Suprema de Justicia del siguiente modo: "Que la circunstancia de que la recurrente obrase en ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna puede constituir un justificativo a su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto" ("Arenzón c. Nación Argentina", Fallos: 306:400, consid. 4° --La Ley, 1984-C, 183--).
Con posterioridad, dentro de esta línea, el mismo tribunal afirmó que la discrecionalidad de los actos administrativos no implica en absoluto que estos tengan un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico o que aquella no resulte fiscalizable ("Consejo de Presidencia de la Delegación de Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos s/ acción de amparo", sentencia del 23/6/92 --La Ley, 1992-E, 101--).
Pero si este criterio sostuvo la Corte Suprema respecto de los actos del órgano ejecutivo, los jueces (Fayt, Bossert y Petracchi) que marcaron su disidencia en la causa motivo de este comentario, recordaron que recientemente los ministros Nazareno, Moliné O'Connor, Fayt, Belluscio, Petracchi, Levene, Boggiano y Bossert, en la causa "Peláez, Víctor" (Fallos: 318:1967 --La Ley, 1996-B, 210--) admitieron el control judicial del alcance de la competencia del Senado y que esa postura fue reiterada en "Soaje Pinto, José María s/ habeas corpus preventivo" mediante la sentencia del 11 de julio de 1996 (consid. 6° de la disidencia suscripta por los doctores Fayt y Bossert y consid. 3° del voto disidente del doctor Petracchi). Además, en ambas disidencias, y en los mismos considerandos, se trae a colación un antiguo fallo (Fallos: 1:1340) en el que el Máximo Tribunal expuso que "planteada una causa, no hay otro poder por encima de esta Corte para resolver acerca de la existencia de los límites de las atribuciones constitucionales otorgadas a los departamentos Legislativo, Judicial y Ejecutivo y de deslinde de atribuciones de estos entre sí...".
Las citas recogidas en las disidencias mencionadas, aparte de marcar una buena senda jurisprudencial, permiten afirmar que la mayoría al emitir su voto en esta causa se tuvo que desviar de ese camino para llegar a la justificación de la actuación del Senado.
Si bien el pronunciamiento de la mayoría de la Corte es objetable por el abandono que hizo del control judicial sobre el desempeño del Organo Legislativo --reconociéndole así un privilegio que no admite para el ejecutivo y las sentencias de los jueces inferiores-- más reprobable es, aún, que haya fundamentado su resolución en que "...el Senado de la Nación ha superado la compleja situación institucional planteada..., sin irrazonabilidad ni notorio apartamiento de las normas constitucionales que consagran sus atribuciones..." (consid. 14).
Por consiguiente, para los magistrados que suscribieron este criterio (Nazareno, Moliné O'Connor y López, consid. 14), que el Senado haya desconocido la elección efectuada por la Legislatura chaqueña y que reemplazara a esta en la designación del senador, constituye un ejercicio razonable de la facultad concedida al Senado de verificar la validez de la elección, derechos y títulos de sus integrantes.
Se trata de una evidente e incomprensible exorbitancia de estos magistrados. Tan es así que en sus votos los jueces Boggiano y Vázquez no receptaron este argumento limitándose el último a decir, mostrando mayor cautela, "...que ese órgano (el Senado) ha actuado de modo que no excede el marco fijado en el art. 64 de la Constitución Nacional ni se aparta en forma evidente de lo previsto en la cláusula transitoria cuarta de la Ley Fundamental, por lo que no resulta susceptible de revisión judicial el modo en que ese poder ha sido ejercido" (consid. 14).
V. Cuestión justiciable
Cuando en la cita precedente Vázquez sostiene que "...no resulta susceptible de revisión judicial el modo en que ese poder ha sido ejercido (por el Senado)" coincide con similares afirmaciones del voto de Nazareno, Moliné O'Connor y López (consid. 17) y del de Boggiano (consid. 4°).
Así, para estos ministros el modo en que se efectúa por las Cámaras del Congreso la atribución de verificar la validez de la elección, derechos y títulos sería una cuestión política no justiciable.
¿Se está, realmente, en presencia de una cuestión de ese carácter?
Una sustanciosa respuesta al interrogante planteado la brindó el Superior Tribunal de Santiago del Estero en la sentencia del 6/1/86 dictada en los autos "Castiglione c. H. Convención Constituyente". En el caso el órgano constituyente había impugnado la incorporación del convencional electo Antonio Castiglione. Recurrida tal resolución ante la máxima instancia judicial de la provincia, el doctor Carol dijo "Es evidente que la no justiacibilidad de los actos políticos lo será en tanto y en cuanto los poderes políticos ejerzan su competencia dentro del límite demarcado por la Constitución, y no cuando bajo la apariencia de facultades privativas violen abiertamente la Carta Fundamental, saliendo de la órbita que el poder constituyente ha fijado".
El pensamiento del magistrado mencionado es claro y certero: el ejercicio de una facultad privativa supone una práctica razonable y ajustada a la letra y fines de la Constitución de manera que si se la practicase en forma excesiva y transgrediendo lo dispuesto en la Carta Magna tal modo de actuar es susceptible de control judicial para restablecer la supremacía de la Constitución Nacional. Demás está decir que la máxima responsabilidad en la tarea de asegurar la intangibilidad de la Ley Fundamental le compete a la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial pues ella es, en palabras del mismo Alto Tribunal, el intérprete final de la Constitución. Este rol de la Corte, innegablemente aplicable al caso, fue atinadamente puesto de relieve en los votos de Fayt y Bossert (consid. 6°) y de Petracchi (consid. 3°).
Dentro de este encuadre del asunto resulta oportuno reiterar aquí una cita que hizo el mencionado juez Carol de unas expresiones de ese meduloso jurista que es Augusto M. Morello. El dijo: "El Poder Judicial ha dejado de moverse dentro del esquema histórico tradicional para convertirse en estos tiempos... en el tercer gigante en una asunción de roles y funciones imprescindibles para controlar al mastodonte legislador y al Leviatán administrador" ("La Corte Suprema. El aumento de su poder a través de nuevos e imprescindibles roles", ED, 112-972).
En síntesis, el argumento de la cuestión política no puede servir de excusa para justificar comportamientos arbitrarios de los poderes ejecutivo y legislativo.
VI. El caso de Corrientes
Otra situación similar a la del Chaco se dio en Corrientes con la postulación para ocupar la Senaduría nacional, del doctor Carlos Tomasella. En esta provincia, el Pacto Autonomista Liberal --que rige desde 1961-- es la alianza que cuenta con el mayor número de legisladores --trece singuiéndole el Partido Justicialista con diez-- de manera que era incuestionable su derecho a proponer al postulante a senador nacional. Pero aquí el oficialismo recurrió a una jugarreta al impedir, con su ausencia, que la Asamblea Legislativa, por falta de quórum, pudiera reunirse para decidir sobre el punto. Es decir, que el mismo justicialismo --aliado a este fin con el Frepanu que orienta Raúl Romero Feris-- imposibilitó que sesionara la Asamblea correntina. Esta circunstancia fue tomada por el Senado de la Nación, dominado por el Justicialismo, como un pretexto para que este cuerpo suplantara a la Legislatura provincial en el papel que la Constitución Federal (cláusula transitoria cuarta) le asigna al respecto.
Este caso fue resuelto por la Corte Suprema mediante sentencia de la misma fecha y remitiéndose a los argumentos vertidos en el pronunciamiento que suscita esta glosa por lo que cabe reproducir aquí la crítica expuesta en los acápites anteriores.
VII. Reflexiones finales
El periodismo informó profusamente acerca de que la verdadera intención del Justicialismo en el Senado de la Nación al incorporar a dos senadores --uno por el Chaco y otro por Corrientes-- de su mismo sesgo partidario, infringiendo en forma evidente las disposiciones de la Constitución, estaba dirigida a conservar su mayoría en ese órgano para después de la transferencia del poder presidencial el próximo 10 de diciembre de 1999.
Por lo tanto, los jueces que configuraron la expresión mayoritaria de la Corte, al resolver ambas causas, expresando que el cuerpo senatorial había hecho una interpretación razonable del art. 64 y cláusula transitoria cuarta de la Constitución Nacional satisficieron claramente los intereses políticos partidarios del gobierno. Ello al elevado costo de hacer aparecer a la Corte resignando el papel --impuesto por la Constitución (arts. 5°, 31 y 116)-- de custodio de los derechos y garantías y del federalismo. Respecto de este último, los magistrados aludidos habían hecho su defensa en los autos: "P. Justicialista de Santa Fe c. Provincia de Santa Fe" (6/10/94 --La Ley, 1995-A, 203--), conocidos como el caso "Reutemann", pero ahora cambiaron su postura sin fundamento plausible.
Los ministros que formaron la opinión mayoritaria con su actuación no hicieron más que continuar una deplorable línea jurisprudencial en la que constituyó un hito preocupante la sentencia recaída en las actuaciones caratuladas: "Novello, R. apoderado de la U.C.R. s/ recurso de apelación contra la res. 50 de la Junta Electoral Nacional" (11/12/91) donde se convalidó un fraude electoral --que favorecía al elenco gobernante-- para lo cual hizo abandono de la prevalencia de la verdad objetiva sobre la formalidad jurídica. Otro mojón en ese derrotero lo marcó el reciente pronunciamiento por el que se relega el control difuso de constitucionalidad absorbiéndolo la Corte y en el que se asevera, además, que los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el P. Ejecutivo no son susceptibles de ser examinados por la justicia ("Rodríguez, Jorge --Jefe de Gabinete-- s/ plantea cuestión de competencia"; 17/12/97 --La Ley, 1997-F, 884--).
Ante el panorama descripto se rescatan las disidencias en minoría de los doctores Bossert, Fayt, Belluscio y Petracchi que expusieron con solvencia la mejor doctrina del Máximo Tribunal.
Todos los jueces que en el presente y en los casos mencionados conformaron el criterio mayoritario de la Corte Suprema --nítidamente identificados con el poder presidencial-- transgredieron la Constitución Nacional afectando su estructura y armonía institucional e infiriendo, así, una ofensa a la República.
Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).
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