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TEXTO ORIGINAL
Ley publicada en el Periódico Oficial el domingo 7 de agosto de 2011.
LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
EL C. LIC. JORGE JUAN TORRES LOPEZ, GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 525.-

LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Capítulo Primero

De las Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer las bases a que deberán sujetarse el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Municipios, los organismos públicos descentralizados estatales o municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos estatales o municipales, que formen parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, para contraer obligaciones o celebrar empréstitos o créditos que deriven del crédito público y que en términos de lo previsto por esta ley, constituyan deuda pública, así como regular lo relativo a su presupuestación, administración, garantías, mecanismos de pago, registro y control.
Artículo 2.- La deuda pública se constituye por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones de crédito público a cargo de las siguientes entidades:
I. El Estado;
II. Los Municipios;
III. Los organismos públicos descentralizados estatales o municipales;
IV. Las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria;
V. Los fideicomisos públicos estatales o municipales que formen parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, en los que el fideicomitente sea alguna de las entidades señaladas en las fracciones anteriores.
Artículo 3.- Para los efectos de la presente ley se entiende por:
I. Entidades: Las señaladas en el Artículo 2 de esta Ley;
II. Entidades de la Administración Pública Paraestatal: Los organismos públicos descentralizados estatales, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos estatales que formen parte de la misma;
III. Entidades de la Administración Pública Paramunicipal: Los organismos públicos descentralizados municipales, las empresas de participación municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos municipales que formen parte de la misma;
IV. Crédito Público: La aptitud jurídica, política, económica y moral de las entidades para, basadas en la confianza de que gozan por su administración, patrimonio e historial crediticio, endeudarse con el objeto de obtener ingresos destinados a realizar inversiones públicas productivas;
V. Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades;
VI. Deuda Pública Directa del Estado: La que contraiga el Estado como responsable directo;
VII. Deuda Pública Indirecta del Estado: La que contraigan las entidades de la administración pública paraestatal;
VIII. Deuda Contingente del Estado: La que derive de operaciones de endeudamiento en las cuales el Estado funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los Municipios, de las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal;
IX. Deuda Pública Estatal o Deuda Pública del Estado: La que contraiga el Estado, por conducto del Poder Ejecutivo, como responsable directo o como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los Municipios, de las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal;
X. Deuda Pública Directa de los Municipios: La que contraigan los Municipios como responsables directos;
XI. Deuda Pública Indirecta de los Municipios: La que contraigan las entidades de la administración pública paramunicipal;
XII. Deuda Contingente de los Municipios: La que derive de operaciones de endeudamiento en las cuales los Municipios funjan como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo;
XIII. Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo;
XIV. Deuda Pública de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal: La que contraigan las entidades de la administración pública paraestatal como responsables directas;
XV. Deuda Pública de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal: La que contraigan las entidades de la administración pública paramunicipal como responsables directas;
XVI. Empréstitos: Las operaciones de endeudamiento que resulten del crédito público que celebren el Estado o los Municipios;
XVII. Créditos: Las operaciones de endeudamiento que resulten del crédito público que celebren las entidades señaladas en las fracciones III, IV y V del Artículo 2 de esta Ley;
XVIII. Financiamientos: Las operaciones de endeudamiento referidas en las fracciones XVI y XVII anteriores, consideradas desde el punto de vista del ingreso que generan a las entidades, mismas que pueden derivar de:
a) La contratación de préstamos;
b) La suscripción o emisión de valores, títulos de crédito o de cualquier otro documento pagadero a plazos;
c) La reestructuración y refinanciamiento de empréstitos y créditos;
d) Proyectos contratados al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado de Coahuila, mismos que no constituirán deuda pública en los casos en que así lo disponga expresamente la ley de la materia;
e) La adquisición de bienes, la contratación de obras y servicios, o cualesquier otro acto jurídico cuyo pago se pacte a plazos;
f) Pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados en las fracciones anteriores; y
g) En general, de operaciones financieras, bajo cualquier modalidad, que comprendan obligaciones a plazo, así como obligaciones de exigibilidad contingente, derivadas de actos jurídicos, independientemente de la forma en que se les documente, contraídas a través o a cargo de las entidades;
XIX. Valores: Son los bonos, obligaciones, certificados y demás títulos de crédito, nominados o innominados, representativos de la parte alícuota de un bien o de la participación en un crédito colectivo o de cualquier derecho de crédito individual, susceptibles de circular en el mercado de valores, que emitan, en serie o en masa, en términos de la legislación aplicable, las entidades señaladas en el Artículo 2 de esta Ley.
XX. Servicio de la Deuda Pública: Son los importes de dinero que se destinen a la amortización de capital y al pago de intereses, comisiones y demás accesorios legales y contractuales derivados de las operaciones de financiamiento, incluyendo los fondos de reserva y de provisión, los gastos de implementación y mantenimiento y demás costos que correspondan según la forma de financiamiento de que se trate. Asimismo, se consideran parte del servicio de la deuda pública, para efectos de esta Ley, los relativos a las operaciones financieras de cobertura que tiendan a evitar o reducir riesgos económico financieros a las entidades derivados de créditos o empréstitos constitutivos de deuda pública, celebrados con base en la misma y el pago de comisiones por garantías de terceros;
XXI. Inversiones Públicas Productivas: Las destinadas a la ejecución de obras públicas, a la adquisición o manufactura de bienes, a la prestación de servicios públicos, al mejoramiento de las condiciones, estructura o perfil de la deuda pública vigente o de la que se pretenda contraer, incluyendo el refinanciamiento o reestructuración de empréstitos o créditos celebrados con o sin la autorización del Congreso siempre que en su origen hayan sido destinados a Inversiones Públicas Productivas, o a cualquier otra finalidad de interés público o social, cuando en forma directa o indirecta, inmediata o mediata, generen recursos públicos;
XXII. Montos y Conceptos de Endeudamiento Autorizado: Son los montos y conceptos derivados de operaciones de endeudamiento, directo o contingente, autorizados en las partidas respectivas de la Ley de Ingresos del Estado y de las Leyes de Ingresos de los Municipios, según corresponda;
XXIII. Operaciones de Refinanciamiento: Son los empréstitos o créditos que se celebren por las entidades, bajo cualquier modalidad, a efecto de mejorar las condiciones de tasa de interés, plazo, perfil de amortización, garantías u otras condiciones originalmente pactadas de uno o varios financiamientos a su cargo, substituyendo o novando, las obligaciones del financiamiento original, por uno o varios nuevos financiamientos con el mismo o con diferente acreedor;
XXIV. Operaciones de Reestructuración: Son los empréstitos o créditos que celebren las entidades, a efecto de mejorar las condiciones de tasa de interés, plazo, perfil de amortización, garantías u otras condiciones originalmente pactadas de uno o varios financiamientos a su cargo, con el mismo acreedor, que no impliquen novación;
XXV. Congreso o Congreso del Estado: El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza;
XXVI. Tesorería General: La Tesorería General del Estado;
XXVII. Tesorería Municipal: La Tesorería Municipal del Municipio de que se trate, o su equivalente;
XXVIII. Órganos de Gobierno: Los consejos, juntas directivas, comités técnicos o equivalentes, de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal; y
XXIX. Registro o Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado: El Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Coahuila de Zaragoza que lleva el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 4.- Los recursos obtenidos por las entidades mediante operaciones de deuda pública, únicamente podrán ser destinados a inversiones públicas productivas.
La aplicación de los recursos derivados de operaciones de deuda pública, podrá ser realizada en forma directa por la entidad que en cada caso hubiere contraído el endeudamiento de que se trate o previa autorización del Congreso, en forma indirecta, a través de fondos o fideicomisos públicos constituidos al efecto, de los que la entidad que corresponda forme parte en virtud de sus atribuciones u objeto.
Artículo 5.- Queda prohibido a las entidades contraer obligaciones de pasivo, que constituyan deuda pública, para financiar gasto corriente.
Artículo 6.- Las entidades no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente obligaciones, créditos o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.
Las obligaciones de pago que contraigan las entidades al amparo de esta Ley, podrán denominarse en la unidad de cuenta, llamada Unidad de Inversión o “UDI”, cuyo valor en pesos para cada día publica periódicamente el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. Dichas obligaciones se considerarán de monto determinado.
Artículo 7.- Los actos realizados en contravención a las disposiciones previstas en la presente Ley, serán nulos de pleno derecho. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran quienes los lleven a cabo.
El desvío de los recursos a un destino distinto al aprobado por el Congreso y establecido en los actos jurídicos que documenten los financiamientos, será considerado como incumplimiento de los mismos y no acarreará su nulidad.
Artículo 8.- El desvío de los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de deuda pública, será responsabilidad de los servidores públicos que incurran en ella, ya sea que ordenen o ejecuten los actos que resulten en el desvío correspondiente. Dicho desvío se sancionará de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado.
Artículo 9.- Las Entidades podrán contratar empréstitos o créditos, sin la previa autorización del Congreso, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
I. El plazo de pago del capital no exceda de trescientos sesenta días naturales;
II. No se afecten en garantía, ni como fuente de pago, ingresos derivados de la coordinación fiscal; y
III. Se informe al Congreso al rendir la cuenta pública correspondiente.
Los financiamientos a que se refiere este Artículo no estarán sujetos a lo previsto por el Capítulo Tercero de esta Ley.
En cuanto a su autorización, dichos financiamientos se regirán exclusivamente por lo previsto en este Artículo.
Las entidades de la administración pública paraestatal sólo podrán contratar los créditos que se señalan en este Artículo si cuentan con la autorización previa de sus órganos de gobierno y de la Tesorería General. Por su parte, las entidades de la administración pública paramunicipal únicamente podrán contratar los créditos que se señalan en este Artículo si cuentan con la autorización previa de sus órganos de gobierno y del ayuntamiento correspondiente.
Los empréstitos o créditos contratados por las entidades en términos de lo previsto por este Artículo podrán ser refinanciados sin la autorización del Congreso del Estado cuando los financiamientos que los sustituyan cumplan con los requisitos previstos en las fracciones I y II del mismo. En caso contrario, su refinanciamiento deberá ser previamiente autorizado por el Congreso estando sujeto a lo previsto por esta Ley para los financiamientos no regulados por este Artículo.
Artículo 10.- El Ejecutivo Estatal a través del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, es el encargado de interpretar esta ley para efectos administrativos y de expedir las disposiciones necesarias para su debida observancia. En el ámbito municipal, corresponderá al ayuntamiento está última atribución.
Los titulares de las entidades a que se refiere el Artículo 2 de esta Ley, serán responsables del estricto cumplimiento de la misma, así como de las disposiciones que con base en ésta se emitan. Las infracciones a la presente Ley y a sus disposiciones administrativas se sancionarán en los términos que legalmente correspondan y de conformidad con el régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

Capítulo Segundo

De las Facultades y Obligaciones de los

Órganos en Materia de Deuda Pública
Artículo 11.- Son órganos competentes en materia de deuda pública dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones:
I. El Congreso del Estado;
II. El Poder Ejecutivo del Estado;
III. La Tesorería General;
IV. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza;
V. Los Ayuntamientos; y
VI. Los órganos de gobierno de las entidades a que aluden las fracciones III, IV y V del Artículo 2 de esta Ley.
Artículo 12.- Al Congreso del Estado le corresponde:
I. Analizar y en su caso, autorizar anualmente en la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos Municipales, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que sean necesarios para el financiamiento de las entidades durante el ejercicio fiscal correspondiente, en términos de lo dispuesto por el Artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Analizar y en su caso, autorizar, previa solicitud debidamente justificada del Poder Ejecutivo del Estado, de los ayuntamientos o de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, el ejercicio de montos y conceptos de endeudamiento no previstos o adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos Municipales, que sean necesarios para su financiamiento, cuando a juicio del propio Congreso se presenten circunstancias extraordinarias que así lo requieran;
III. Autorizar a las entidades para contratar créditos o empréstitos con base en su crédito público;
IV. Autorizar a las entidades la emisión y colocación de valores, en los términos de esta Ley;
V. Autorizar a las entidades, el refinanciamiento y la reestructuración de deuda pública en los términos previstos en la presente Ley;
VI. Reconocer, aprobar y ordenar el pago de la deuda pública del Estado;
VII. Solicitar a las entidades la documentación e información complementaria que requiera para el análisis de las solicitudes de autorización de endeudamiento;
VIII. Autorizar al Poder Ejecutivo para que, en representación del Estado, se constituya en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de las entidades señaladas en las fracciones II, III, IV y V del Artículo 2 de esta Ley;
IX. Autorizar a los ayuntamientos para que, en representación de los Municipios, se constituyan en garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos, de las entidades de la administración pública paramunicipal;
X. Autorizar al Estado y a los Municipios a afectar como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que celebren directamente, así como de aquellos en los que funjan como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos, los bienes del dominio privado de su propiedad o sus derechos al cobro e ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, o cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación aplicable;
XI. Autorizar al Estado y a los Municipios a afectar como fuente o garantía de pago, o ambas, de financiamientos que celebren directamente, las aportaciones federales que en términos de la legislación federal sean susceptibles de afectación;
XII. Autorizar a las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal a afectar como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que celebren, los bienes de su propiedad o sus derechos al cobro e ingresos derivados de la cobranza de cuotas, derechos, productos o cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación aplicable;
XIII. Autorizar la celebración de los mecanismos legales que, bajo cualquier modalidad o forma, se propongan implementar las entidades, a efecto de garantizar o realizar el pago de financiamientos;
XIV. Autorizar, en los casos en que así se requiera, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la celebración de operaciones financieras de cobertura que tiendan a evitar o reducir riesgos económico financieros, derivados de créditos o empréstitos obtenidos por las entidades con base en esta Ley;
XV. Vigilar que los recursos obtenidos de las operaciones a que se refiere esta Ley sean destinados a las inversiones públicas productivas autorizadas;
XVI. Vigilar que se incluyan anualmente, dentro de la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado y autorizar, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago del servicio de la deuda pública directa del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate;
XVII. Solicitar de las entidades los informes necesarios, para verificar que las operaciones de endeudamiento sean realizadas conforme a las disposiciones legales aplicables y a las autorizaciones respectivas, formulando, en su caso, las observaciones que de ello se deriven, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar;
XVIII. Autorizar al Estado, los Municipios y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal para contratar, bajo cualquier forma legal, el otorgamiento de garantías de terceros, totales o parciales, a efecto de mejorar la calidad crediticia de los financiamientos que celebren de manera directa; y
XIX. Las demás que, en materia de deuda pública, le confieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta Ley u otras disposiciones legales.
Artículo 13.- Al Poder Ejecutivo del Estado le compete:
I. Proponer al Congreso, al presentar anualmente la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que, en su caso, sean necesarios para el financiamiento del Estado y de las entidades de la administración pública paraestatal en el ejercicio fiscal correspondiente, en términos de lo dispuesto por el Artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Solicitar al Congreso la modificación de la Ley de Ingresos del Estado, para incluir montos y conceptos de endeudamiento no previstos o adicionales a los autorizados, que sean necesarios para el financiamiento del Estado y en su caso, de las entidades de la administración pública paraestatal a su cargo cuando considere que existen circunstancias extraordinarias que así lo justifiquen;
III. Presentar y gestionar ante el Congreso las solicitudes de autorización de endeudamiento en términos de lo previsto por esta Ley;
IV. Contratar, en los términos autorizados por el Congreso, empréstitos en representación del Estado;
V. Negociar, aprobar, celebrar y suscribir, en el ámbito de su competencia, los actos jurídicos, títulos de crédito y demás instrumentos legales necesarios, directa o indirectamente, para la obtención, manejo, operación y gestión de los financiamientos a cargo del Estado, autorizados conforme a lo previsto en esta Ley;
VI. Emitir, previa autorización del Congreso, valores en representación del Estado y colocarlos entre el gran público inversionista, en los términos de esta Ley y de la legislación aplicable;
VII. Celebrar, previa autorización, en su caso, del Congreso, operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública a cargo del Estado;
VIII. Constituir al Estado, previa autorización del Congreso y sujeto a lo establecido en esta Ley, en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de las entidades señaladas en el Artículo 2, fracciones II, III, IV y V de esta Ley;
IX. Afectar, previa autorización del Congreso, como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que contrate directamente el Estado o de aquellos en los que funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto, los bienes del dominio privado de su propiedad o sus derechos al cobro e ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales o cualesquier otros ingresos de los que pueda disponer de conformidad con la legislación aplicable y realizar en su caso, los pagos que correspondan mediante dichas garantías o fuentes de pago;
X. Afectar, previa autorización del Congreso, como fuente o garantía de pago, o ambas, de financiamientos que celebre directamente el Estado, las aportaciones federales que en términos de la legislación federal sean susceptibles de afectación;
XI. Negociar los términos y condiciones, así como celebrar los actos jurídicos que formalicen los mecanismos legales de garantía o pago de los financiamientos que celebre directamente el Estado o de aquellos en los que funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto;
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