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Teoria del riesgo excepcional aplicación en los daños producidos por redes de energía eléctrica. Evolución jurisprudencial


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TEORIA DEL RIESGO EXCEPCIONAL - Aplicación en los daños producidos por redes de energía eléctrica. Evolución jurisprudencial
En relación con la cuestión de fondo, es necesario señalar que en tratándose del caso de daños producidos por redes de energía eléctrica, tanto la doctrina como la jurisprudencia han indicado como fundamento de responsabilidad estatal la teoría del riesgo excepcional, supuesto de responsabilidad objetiva, de cuya declaración sólo se libera la administración si logra demostrar la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, elementos éstos que hacen desaparecer la relación de causalidad entre el hecho o la omisión y el daño causado. Así pues, el Estado compromete su responsabilidad, entre otras situaciones, cuando en la prestación de un servicio, los medios o recursos técnicos que se utilizan, colocan a las personas o a sus patrimonios en situación de quedar expuestos a sufrir un riesgo de naturaleza excepcional que excede notoriamente las cargas que normalmente deben soportar aquellas como contrapartida de los beneficios que derivan de la prestación del aludido servicio público. Los escasos elementos probatorios relacionados, permiten a la Sala establecer que la entidad demandada, contrario a lo afirmado en el memorando de 13 de octubre de 1994, sabía de la solicitud de traslado de las líneas de conducción de energía eléctrica hecha el 4 anterior, sin que hubiese dispuesto el traslado solicitado, omisión que se justifica dada la inmediatez entre la petición del constructor y la ocurrencia del hecho dañosos, circunstancia que conduce a concluir, por razón de la actividad peligrosa que implica en manejo de la energía eléctrica, que las Empresas Públicas de Pereira, expusieron a los señores Correa Cardona y López Flórez, a un riesgo de naturaleza excepcional que excedía las cargas que normalmente deben soportar los ciudadanos por razón de las actividades que realiza el Estado. Por consiguiente, hay lugar a declarar la responsabilidad estatal deprecada en las demandas, ahora acumuladas, bajo el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional. Nota de Relatoría: La Sala definió este régimen de responsabilidad en sentencia del 20 de febrero de 1989 , Exp. 4665; igualmente ver sentencias 2744 del 2 de febrero de 1984; 28465 del 8 de marzo de 1984 y 11815 del 21 de octubre de 1999.
HECHO DE LA VICTIMA - Requisitos para la ruptura del nexo de causalidad / CONCURRENCIA DE CULPAS - Reducción de la condena / CULPA DE LA VICTIMA
La culpa exclusiva de las víctimas, entendida como la violación por parte de éstas de las obligaciones a las cuales están sujetos los administrados, puede conducir a la exoneración total o parcial de la responsabilidad administrativa, dependiendo de la trascendencia y grado de participación de los afectados en la producción del daño. Ahora bien, no toda conducta asumida por la víctima constituye factor que destruya el nexo de causalidad existente entre el hecho y el daño, toda vez que para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: -Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil. -El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración. Estima la Sala que la conducta de las víctimas, como obreros de la construcción encargados de las labores propias de tal actividad en la terraza de un edificio, los obligaba a tener mayores precauciones para evitar comportamientos imprudentes que les pudieran generar riesgos para su vida e integridad física, toda vez que el trabajo desarrollado en los momentos en que se produjo el accidente que posteriormente cobró sus vidas, los exponía, por la cercanía del inmueble a las líneas de conducción de energía eléctrica, a tener contacto con éstas, por lo que puede concluirse que su comportamiento fue imprudente y contribuyó a la producción del daño, circunstancia ésta que sin embargo no permite la exoneración de la entidad demandada, sino la rebaja en la condena que se impone. Nota de Relatoría: Ver sentencia del 4 de octubre de 2001, expediente 11365.
HECHO DE UN TERCERO - Requisitos para constituirse en causal de exoneración
Para que el hecho de un tercero tenga la entidad suficiente para exonerar de responsabilidad a la administración demandada, acorde con jurisprudencia reiterada de la Sala, aquél debe ser causa exclusiva y determinante del daño y, además, revestir el carácter de imprevisible por cuanto si la administración podía preverlo, no hay lugar a la aplicación de la eximente. En el caso bajo estudio, encuentra la Sala que ante la existencia de los cables de conducción de energía eléctrica, en las inmediaciones del predio en el cual se desarrollaba la construcción, esto es, en la carrera 5ª con calle 37 de la ciudad de Pereira, era apenas previsible el peligro que éstos generaban, incluso para el propietario de la obra quien, en conducta que la Sala califica como negligente, esperó a que la construcción estuviera adelantada hasta el punto de encontrarse a la misma altura de las cuerdas de conducción de energía para, tan sólo en ese momento, solicitar el traslado de las mismas, como se desprende no sólo de la copia del escrito contentivo de tal pedimento, sino de las fotos aportadas con la demanda, lo que permite establecer a la Sala que la conducta del tercero, el señor Rodrigo Rivera Duque, concurrió en la producción de la muerte de los señores López Flórez y Correa Cardona. En tales condiciones, el hecho del tercero constituye concausa en el daño, por lo que se presenta una responsabilidad solidaria, a términos del artículo 2344 del Código Civil.
Sentencia 2639(13262) del 02/05/02. Ponente: MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ. Actor: HECTOR ANTONIO CORREA CARDONA Y OTROS

CONSEJO DE ESTADO


SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Consejero ponente: GERMAN RODRIGUEZ VILLAMIZAR
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil dos (2002).

Radicación número: 66001-23-31-000-1994-2639-01(13262)


Actor: HECTOR ANTONIO CORREA CARDONA Y OTROS
Demandado: EMPRESAS PUBLICAS DE PEREIRA

Referencia: INDEMNIZATORIO
Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia del 18 de diciembre de 1996, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se denegaron las súplicas de las demandas acumuladas en el proceso de la referencia.

I.- ANTECEDENTES


1. - Las demandas
1.1. Expediente 2681

1.1.1. La demanda.
Mediante escrito presentado el 11 de enero de 1995 (fls. 33 a 48 cdno. 3), los señores Luz Mery Moreno Usma, Edier Lindey y Fabián Andrés López Moreno, María Cupertina Flórez de López, Aurora, José Germán, Fabiola, Julia Victoria, Heriberto, Jorge Alirio, Jessica Gabriela, Katherine y Víctor Alfonso López Flórez, María Edilma, Luis Alvaro, Luz Edith, Luz Adiela, Luz Amparo, Andrés Felipe y Héctor Albeiro Moreno Usma, en ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado, presentaron demanda para que se declare a las Empresas Públicas de Pereira, responsable por la muerte del señor Gildardo López Flórez, ocurrida el 10 de octubre de 1994 y, en consecuencia, se condene al pago de los perjuicios morales y materiales causados.
Fundamentan sus pretensiones en que la muerte del señor Gildardo López Flórez se produjo por el riesgo excepcional a que fue sometido el occiso, por la actividad de la entidad demandada, de conducción de energía eléctrica.
1.2.2. Los hechos
En la demanda, se narran los siguientes:
1. En la Carrera (sic) 5 con Calle (sic) 37 esquina, a mano derecha bajando hacia el río Otún, de Pereira, se construyó por parte del señor Rodrigo Rivera Duque y otras personas, un edificio denominado ‘La Juliana’.
2. En esa construcción laboraban como obreros los señores GILDARDO LOPEZ FLOREZ y FRANCISCO JAVIER CORREA CARDONA.
3. El día 10 de Octubre (sic) de 1994, cerca de las dos de la tarde, mientras laboraban en el 4 (sic) piso de la estructura en construcción, los señores CORREA CARDONA y LOPEZ FLOREZ sufrieron contacto con las líneas eléctricas de alta tensión, colocadas por las EMPRESAS PUBLICAS DE PEREIRA, a consecuencia del cual fallecieron por múltiples traumas, al caer el primero sobre la estructura y LOPEZ FLOREZ al vacío.

Ambos cadáveres, según la necropsia, presentaban quemaduras en los pies izquierdos, causados por ELECTROCUCION.


LOPEZ FLOREZ falleció cuatro horas más tarde del accidente, en el Hospital San Jorge de Pereira.
4. Como se observa en las fotos que acompañan a la presente demanda, tomadas el mismo día del accidente por el suscrito apoderado, las líneas de conducción eléctrica que causaron el fatal accidente estaban colocadas para la hora y día del mismo a una distancia demasiado cercana a la construcción, lo que acrecentaba al máximo el riesgo especial que de por sí existe por la conducción de energía mediante redes por las calles de la ciudad.
RIESGO especial que permite hablar, como lo ha señalado la jurisprudencia, de una PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD en los daños antijurídicos que se deriven de esa actividad peligrosa de la administración, en este caso, de las EMPRESAS PUBLICAS DE PEREIRA.
PRESUNCION que genera consecuencias en cuanto a la actividad probatoria de las partes
Para la sala (sic) la sentencia merece ser confirmada, porque el estudio efectuado sobre la responsabilidad por riesgo especial como consecuencia de la actividad peligrosa desarrollada por la demandada, cual es el manejo del fluído (sic) eléctrico, se estima ajustado a la realidad fáctica que muestran los autos... Del fallo la sala (sic) comparte los siguientes apartes: ‘... cuando se trata de responsabilidad por riesgo, el actor está eximido de probar, las condiciones particulares en que ello sucedió...’ ... Esta ha sido en otros términos, la reiterada jurisprudencia de la Sala (sic), en la cual se parte del riesgo especial a que se somete a los usuarios del servicio de energía eléctrica por parte de la entidad explotadora de él, puesto que ésta desarrolla una actividad que se ha considerado peligrosa. Así se ha decidido en diversos asuntos últimamente resueltos, como el de 17 de Mayo (sic) de 1991 (Exp. # 6175, actor Ana Milena Escobar de Alvárez) del cual fue ponente quien ahora redacta éste y que muestran que en tales eventos se presume más que la culpa del ente demandado, su responsabilidad; responsabilidad sólo exculpable por fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero, también exclusivo y determinante...’. (Sentencia de Febrero –sic- 25 de 1994. Exp. 8401. actor: Silvina Hernández Duarte. Consejero Dr. Carlos Betancur Jaramillo).
A la luz de la jurisprudencia de esta corporación, aquí se ha presentado un caso de responsabilidad por riesgo excepcional, que compromete a la administración demandada por cuanto es esa entidad la encargada de la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona donde ocurrió el accidente... La prestación del servicio público de energía eléctrica implica un riesgo para la comunidad y la entidad que presta el servicio debe responder administrativamente por los daños que sufran los asociados como consecuencia de que se efectivice el riego al cual fueron sometidos...” (Sentencia de Agosto –sic- 11 de 1994. Exp. 9106. actor. Lucía Moreno Villegas y otros. Consejero Dr. Daniel Suárez Hernández).
...porque acoge la tesis que ha venido sosteniendo jurisprudencialmente la corporación por la falla por riesgo excepcional... De dicho fallo la sala comparte los siguientes apartes que la eximen de cualquier consideración adicional: ... ‘La responsabilidad sin falta tiene aplicación en este caso, por cuanto el servicio eléctrico prestado por entidad oficial al establecer la conducción de energía, creó un riesgo para todos los habitantes de la ciudad, que una vez producido el daño deberá ser asumido por el propietario de dicho servicio ... Por último, la sala considera que aunque no se presentara responsabilidad con base en la teoría enunciada anteriormente, se da también falla en al prestación del servicio, pues la persona pública demandada es la que presta el servicio público de energía en la ciudad y como tal requiere ejercer vigilancia en su propia instalación, revisando periódicamente... Así pues debió la demandada proceder a la supresión de estas conexiones ilegales, pues al permitirlas, o no hacer nada por suprimirlas, colocaba al resto de la población en inminente peligro de su integridad personal... La relación de causalidad también es evidente, de no haber existido el cable energizado no se hubiera producido la muerte...’
Lo anterior, como se dijo, releva a la sala de otras consideraciones... (Sentencia de Abril –sic- 7 de 1994. Exp. 8304. actor: Agustín Morales y otros. Consejero Dr. Carlos Betancur Jaramillo.)
...Compromete la responsabilidad de la administración, porque en la prestación del servicio, desarrollado en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados en situación de quedar expuestos a experimentar un ‘riesgo de naturaleza excepcional’, que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados, como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...
En los regímenes de responsabilidad por riesgo creado en los cuales se aplica la responsabilidad sin falta, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que en casos como el presente, el origen de la obligación de reparar los daños causados a particulares, obedece al riesgo que producen ciertas actividades consideradas peligrosas, tales como el transporte de explosivos, la demolición de edificios y la conducción de energía, en donde el caso fortuito no constituye causal de exoneración.
... En la materia que se estudia, la sala reitera la pauta jurisprudencial que se fijó en sentencia dictada el 20 de Febrero (sic) de 1989, dentro del proceso N° 4655, actor, Alfonso Sierra Velasquez... En otra oportunidad, la sala, al decidir un caso en que también aparecía involucrado el servicio, de conducción de energía eléctrica, reiteró la pauta anterior.
Así se lee en sentencia dictada el 8 de Marzo (sic) de 1984... La verdadera causa del hecho perjudicial quedó desconocida dentro del proceso. Por eso último es preciso estudiar el presente caso... en el campo de la responsabilidad sin falta por riesgo excepcional... el servicio eléctrico oficial, al establecer la conducción de energía eléctrica en las vías urbanas creó un riesgo excepcional para los asociados, riesgo que a pesar de todas las previsiones llegó a ocurrir con las consecuencias anotadas... (Anales, Tomo 106, número 481 – 482, pág. 522)...’(Sentencia de Junio –sic- 30 de 1994. Exp. 9269 actor: Irne León Candela Viáfara y otros. Consejero Dr. Julio César Uribe Acosta).
... En la materia que se estudia la Sala reitera la pauta jurisprudencial que se fijó en la sentencia de Mayo (sic) 17 de 1991, en la cual se lee:
Frente a la responsabilidad de la entidad pública por el servicio de energía eléctrica y en especial a su fuente, la sala estima que cabe aplicar al caso la jurisprudencia reiterada de la Sala a ese respecto; jurisprudencia que parte del riesgo especial a que la entidad explotadora del servicio somete a los usuarios de él o a terceros, por desarrollar una actividad peligrosa. Riesgo especial o excepcional que, por sí solo, al producir un daño sin que tenga que mediar falla en el servicio, amerita la indemnización del perjudicado. Y si se debe indemnizar sin culpa, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, con mayor razón se producirá esa consecuencia cuando dentro del proceso se detecta que también se puso de presente la dalla por el inadecuado funcionamiento del servicio o por falta en el sostenimiento de las redes y demás equipos.
Las ideas que se dejan expuestas han sido desarrolladas en los fallos de esta misma Sala dictados el 20 de Febrero (sic) de 1989 (Proceso 4655), Diciembre –sic- 11 (Proceso 6090) y Diciembre –sic- 18 de 1990 (Proceso 5925)’ (Sentencia 0679 de Mayo –sic- 17 de 1991 sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Doctor Carlos Betancur Jaramillo. Exp. 6175 actora: Ana Milena Escobar de Alvarez.) (Extractos de Jurisprudencia Abril, Mayo y Junio –sic-. 1991. Segunda Parte. Tomo XII. Pág. 75 y 76).
(Sentencia de Abril –sic- 1 de 1993. Exp. 7777. Actor: José Napoleón Correa y otro. Consejero Dr. Julio Cesar Uribe Acosta).
La administración está en el deber de agotar las medidas de seguridad conducentes a proteger los bienes de los asociados y a librarlos de los riesgos creados en el ejercicio de actividades peligrosas’ (Sentencia de Junio –sic- 25 de 1987. Exp. 4930. Actor: Julio César Garcés Vargas y otros. Consejero Dr. Antonio J. De Irisarri R).
Reiteradamente ha venido sosteniendo la sala que en casos como el que se analiza, la responsabilidad se presume por la utilización de la cosa peligrosa (arma de fuego, vehículos, conducción de energía eléctrica etc.) pues ‘el que la utiliza está imponiendo a los demás una carga excepcional que no tiene (sic) por qué soportar y si lo daña debe resarcirlos’ (sent. Agosto –sic- 24/92 –sic-, actor: Henry E. Saltarín M), mirándose más el daño antijurídico que se produce, que la misma conducta irregular de la administración (art. 90 C.N.).
En estos casos al actor sólo le incumbe probar el perjuicio sufrido por la actuación del ente administrativo demandado, a quien le queda solamente para exonerarse la prueba de la fuerza mayor, de la culpa exclusiva de la víctima o del hecho de un tercero, también exclusivo y determinante...’ (Sentencia de Julio –sic- 8 de 1994. Exp. 85117. actor: Yolanda López y otros. Consejero Dr. Carlos Betancur Jaramillo).
Para la sala la sentencia deberá confirmarse en lo fundamental, pues el estudio sobre la responsabilidad del ente demandado se ajusta a la realidad fáctica que muestra el sub-lite ... De ese fallo se comparten los siguientes apartes:
Al sentir de la Sala, en la ocurrencia del accidente... la conducta omisiva y negligente de la administración, que siendo consiente (sic) del peligro en que se había convertido con el paso del tiempo la instalación de las redes inicialmente extendidas... no hizo oportunamente, como era su deber, los correctivos del caso, sin que fuera necesario que se les hubiera demandado su accionar, esto era de su normal incumbencia, máxime por el alto riesgo que entrañaban como se expresó antes...”
En eventos similares al que obra en el sub-lite, en el que con base en la teoría del riesgo especial o excepcional se declara la responsabilidad del ente público demandado por utilización de cosas peligrosas (como el la –sic- explotación del servicio de energía), la sala se ha pronunciado en diversas oportunidades, para destacar que se presume la responsabilidad de dicho ente porque es quien utiliza la cosa peligrosa para provecho de la comunidad y beneficio suyo, imponiendo a los administrados una carga excepcional que no tiene (sic) porque soportar; carga ésta que al causar un daño debe resarcirse como solución de equidad y por el principio constitucional de la igualdad (art. 13) (sent. Agosto 24/92 –sic- Exp. 6754).... La decisión de responsabilidad también encuentra su fundamento en el artículo 90 de la constitución, porque se produjo un daño antijurídico imputable a una autoridad pública, así exista concurrencia de culpas, como se analizó antes.
La sala ha venido sosteniendo que la citada norma constitucional subsume las otras fuentes de la responsabilidad que se han venido manejando de tiempo atrás, tales como la falla del servicio probada, la falla del servicio presunta, el daño especial, el ejercicio de actividades peligrosas, etc, etc....’
(Sentencia de Mayo –sic- 11 de 1994. Exp. 8639. actor: Marina Hincapié de Rengifo y otros. Consejero Dr. Carlos Betancur Jaramillo).
5. El día 4 de Octubre (sic) el responsable de la obra del edificio Juliana, donde sucedió el accidente, entregó una comunicación, fechada el día 3 anterior, y de la cual acompaño fotocopia simple (donde se observa el sello, firma y fecha de recibido), al Sr. Coordinador de Proyectos de Energía del Departamento de Energía de las Empresas Públicas de Pereira, en el cual expusieron el problema o situación de las redes eléctricas mal ubicadas y solicitaron su traslado por ‘razones de seguridad de los trabajadores y la de los posteriores ocupantes de los apartamentos’.
Comunicación que desafortunadamente no tuvo respuesta antes de la tragedia de la cual se ocupa la presente demanda.
Como suele suceder en las entidades estatales, en práctica que la jurisprudencia nacional ha criticado, después del accidente el ente demandado procedió a una relocalización de las redes, aunque en forma que nada rebaja el riesgo ni previene los accidentes que puedan afectar a otros ciudadanos y a otras edificaciones, pues se trató de una elevación de la altura de aquellas en pocos centímetros, ya que según manifestación de un ingeniero del establecimiento autónomo al señor Rodrigo Rivera Duque, no podían hacer otra clase de relocalización.
Las medidas para la seguridad que requiere esta clase de medios de conversión de corriente, se tomaron con posterioridad al 3 de agosto de 1982 y no antes, circunstancia que permite imputarle responsabilidad a la entidad demandada por las lesiones físicas ocasionadas al niño...’. (Sentencia de junio 10 de 1993. Actor: Carmen Julio López Leal y otra. Consejero Dr. Juan de Dios Montes Hernández).
Para la sala el porcentaje con el que el a-quo avaluó la culpa de la víctima es excesivo si se tiene en cuenta que en el plenario existen pruebas que permiten inferir que la culpa de la víctima no puede llegar hasta dicho porcentaje sino uno menor.
Así se observa:
1.- Declaración del Ingeniero (sic) César Augusto Vargas Potes al servicio de EMCALI, en la cual reconoce que el occiso se accidentó con una línea primaria de energía transportada por EMCALI y que “esta línea de alta tensión fue reformada o sea relocalizada por el hecho de encontrarse por encima de unas casas”.
(Sentencia de mayo 11 de 1994. Exp. 8639. Actor: Marina Hincapié de Rengifo y otros. Consejero Dr. Carlos Betancur Jaramimllo)
En el caso presente además de la presunción de responsabilidad por el riesgo que implica la conducción de energía, se podrá hablar de FALLA DEL SERVICIO COMPROBADA, por la omisión en la relocalización de la red tan cercana a las edificaciones, la cual acrecentó el riesgo.
El juzgador, en aplicación del principio IURI NOVIT CURIA, decidirá cual régimen de responsabilidad es el adecuado en este caso.
6. Las víctimas no tuvieron ninguna “culpa” en lo sucedido pues estaban cumpliendo con sus labores normales de obreros de la construcción.
No hay un hecho exclusivo de un tercero pues ni el régimen de presunción de responsabilidad ni el de la falla probada, permitirían su presencia ni la realidad fáctica así lo da a entender, máxime cuando hubo la solicitud previa de retiro de las redes, a la cual nos (sic) referimos anteriormente.
Si acaso se encontrara un hecho del tercero concausa en el daño se presentaría ‘una responsabilidad solidaria entre la administración y el tercero, solidaridad que permite que la indemnización sea reclamada en su integridad a cualquiera de los obligados’ (Sentencia de Agosto –sic- de 1994. actor Libardo Vasquez. Consejero Dr. Daniel Suárez Hernández).
No hay “fuerza mayor” que pueda eximir de responsabilidad pues se trata de una situación perfectamente previsible y evitable.
El caso fortuito no opera como eximente, en estos casos.
7. La Fiscalía 22 de la Unidad Previa y Permanente, de Pereira adelanta la investigación radicada al (sic) # 66583, por la muerte de FRANCISCO JAVIER CORREA CARDONA y GILDARDO LOPEZ FLOREZ.
8. Los patronos de la víctima cancelaron a sus beneficiarios el seguro de vida doble y las prestaciones sociales de ley.
9. El periódico de la ciudad “EL DIARIO DE OTUN”, en su edición del día 12 de Octubre (sic) de 1994, al reseñar la muerte de los obreros Correa Cardona y López Florez, publica una foto del lugar de la tragedia, cuyo pie es de desoladora y descriptiva contundencia: ‘La trampa mortal está a la vista, las líneas de alta tensión rondan el edificio “Juliana”, en construcción “La voz del pueblo es la voz de Dios” (sic), sin duda.
10. GILDARDO LOPEZ FLOREZ nació el 23 de abril de 1958, del matrimonio de JUAN DE DIOS LOPEZ JARAMILLO y MARIA CUPERTINA FLOREZ CASTAÑO, quienes lo habían contraído el 2 de febrero de 1953.
De ese mismo matrimonio son también hijos, nacidos dentro de él, FABIOLA, JULIA VICTORIA, JORGE ALIRIO, HERIBERTO, AURORA y JOSE GERMAN LOPEZ FLOREZ.
11. GILDARDO LOPEZ FLOREZ contrajo matrimonio católico con LUZ MERY MORENO USMA el 14 de mayo de 1988. Con ella convivía, en unión estable y pública, desde varios años antes.
Tuvieron dos hijos. EDIER LINDEY nacido antes del matrimonio de sus padres, pero expresamente reconocido por el padre ante el Notario al registrar su nacimiento. Por eso, comparece al presente proceso como HIJO EXTRAMATRIMONIAL, pues formalmente no fue legitimado al casarse sus padres.
Dentro del matrimonio si nació FABIAN ANDRES, quien como hijo legítimo comparece a este proceso.
12. Aunque pueda parecer fabulesco, la víctima GILDARDO LOPEZ FLOREZ, su esposa y sus hijos, a la fecha de la muerte, y como se comprobará dentro del proceso, vivían en una misma casa de habitación, situada en la Avenida Central que conduce al Barrio (sic) El Japón, en el Barrio (sic) Villa Fanny 2, calle 17 # 9-71, de Dosquebradas, con su hermana Aurora, sus 3 hijos, el esposo de la misma, su hermano Heriberto, la mujer de éste, su suegra, María Edilma, todos sus cuñados y el sobrino político.
La verdad es que gran parte de los ACTORES en este proceso vivían, bajo el mismo techo, en comunidad familiar, con la víctima, GILDARDO LOPEZ FLOREZ.
Esta promiscuidad de convivencia –en la casa que es un inquilinato viven 8 familias, la del dueño de la casa, Adolfo Toro, y 7 más- es muy común en las clases proletarias, de cualquier parte del mundo. Son muchos los ‘hijos de Sánchez’ que tienen que hacinarse en inquilinatos o en la única propiedad familiar, compartiendo angustias las más de veces, alegrías las de menos, pero siempre LAS VIDAS. Caso típico es el que conocemos de la serie televisiba mexicana del ‘Chavo del ocho’: una gran casa de inquilinato, donde terminan todos sus habitantes, hasta la ‘bruja del 51’, por ‘pertenecer’ a una sola familia.
Es una abrumadora realidad que no debe sorprender y que en nuestro caso resulta ineludible resaltar.
El parentesco entre muchos de la familia, así como el vínculo conyugal con otra, hacen presumir el dolor moral.
La convivencia, la pertenencia al grupo, para hablar en términos sociológicos, convierte a los parientes por afinidad, no consanguíneos de la víctima, en DAMNIFICADOS por su muerte, calidad que los legitima por activa, como lo ha venido sosteniendo reiteradamente la jurisprudencia, para reclamar los perjuicios morales.”
13. GILDARDO LOPEZ FLOREZ estaba económicamente productivo, a la hora de su muerte, pues como obrero de la construcción laboraba y pereció. Con el fruto de su labor, ganando el salario mínimo legal, se sostenía él mismo y sostenía a su esposa y a sus hijos, menores.
Esta circunstancia legítima a estos 3 actores para reclamar los PERJUICIOS MATERIALES.” (fls. 35 a 42 cdno. 3 – mayúsculas y negrillas del texto).
1.2. Expediente 2912

1.2.1 La demanda

Mediante escrito presentado el 3 de agosto de 1995 ante el Tribunal Administrativo de Risaralda (fls. 3 a 10 cdno. 4), los señores Johan Armando de la Roche Gómez y María Nelida Ceballos, alegando la calidad de damnificados, formularon demanda contra las Empresas Públicas de Pereira, para que se declare la responsabilidad de dicha entidad por la muerte del señor Gildardo López Flórez, ocurrida el 10 de octubre de 1994 y, en consecuencia, se condene al pago de los perjuicios morales causados.


Consideran los actores que la omisión imputable a la entidad demandada, que no retiró los cables de suministro de energía eléctrica, generó un riesgo especial del cual se desprende la responsabilidad estatal deprecada por la muerte del señor Gildardo López Flórez.
1.2.2. - Los hechos.
En la demanda, se narran los hechos en términos similares a los contenidos en el expediente radicado ante el a quo con el número 2681, lo que hace innecesario realizar la transcripción de los mismos.

1.3. Proceso No. 2639

1.3.1. La demanda
Mediante escrito presentado el 21 de noviembre de 1994, los señores Héctor Antonio Correa Cardona y Gloria Elena Acosta Salazar, en nombre propio y en el de los menores Héctor Andrés y Yuliana Andrea Correa Acosta; Crispiniano, Marco Aurelio, María Evelia, María Cecilia, María Orfilia, María Ofelia, Claudina, María Luisa y María Ercilia Correa Cardona, presentaron demanda en procura de que se declare la responsabilidad de las Empresas Públicas de Pereira por la muerte del señor Francisco Javier Correa, ocurrida el 10 de octubre de 1994, y se condene al pago de los perjuicios morales causados.
Estiman que la muerte del señor Correa Cardona es imputable a la entidad demandada, que lo sometió a un riesgo excepcional, que no estaba jurídicamente obligado a soportar, con ocasión de la prestación del servicio público de conducción y suministro de energía eléctrica.
1.3.1. Los hechos
En la demanda los hechos 1° a 9° (fls. 31 a 37 cdno. ppal.), son idénticos a los señalados con tal numeración dentro del proceso radicado en el tribunal de primera instancia bajo el número 2681, por lo que resulta innecesaria su reiteración.
Ahora bien, además de los anteriores, se narran los siguientes:
10. FRANCISCO JAVIER CORREA CARDONA nació el 16 de junio de 1964, del matrimonio del (sic) Marco Aurelio Correa Ortiz y María Matilde Cardona Cañas, quienes lo contrajeron el 16 de febrero de 1942.
De este mismo matrimonio nacieron todos los actores que como hermanos legítimos del occiso, comparecen en este proceso.
La víctima al morir tenía una supervivencia probable, según las tablas de mortalidad, de 43.89 años más.
11. FRANCISCO JAVIER CORREA CARDONA era soltero al momento de su muerte pero vivía, bajo el mismo techo con su hermano HECTOR ANTONIO, y su cuñada GLORIA ELENA ACOSTA SALAZAR y sus sobrinos HECTOR ANDRES Y YULIANA ANDREA CORREA ACOSTA.
Esa cuñada y esos sobrinos comparecen como actores en este proceso, invocando el carácter de DAMNIFICADOS con la muerte de FRANCISCO JAVIER CORREA CARDONA, con el cual además de los lazos de parentesco, los unían especiales vínculos de afecto, trato y comunicación acrecentados por el hechos de compartir el mismo hogar.
Por esa misma razón, de la convivencia bajo el mismo techo, es que el actor hermano de la víctima HECTOR ANTONIO reclama el equivalente a 1.000 gramos de oro, pues sus relaciones con ésta eran equivalentes a las entre un padre y un hijo, lo que justifica tal pedimento.
12. Los PERJUICIOS MORALES reclamados por los hermanos de la víctima, los presume la jurisprudencia por el solo hecho del parentesco y los tasa normalmente en 500 gramos de oro.” (fls. 37 y 38 cdno. ppal. – mayúsculas del texto).
3. - Contestación de la demanda.
Expediente 2912
Empresas Públicas de Pereira, a través de apoderado, propuso como excepción, la falta de jurisdicción y se opuso a las pretensiones alegando culpa de la víctima y el hecho de un tercero (fls. 43 a 53 cdno. 4).
En cuanto a la excepción de “falta de jurisdicción”, señala que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 142 de 1994, a partir de la entrada en vigencia de la misma, el 11 de julio de ese año, el conocimiento del presente asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria.
En relación con el asunto de fondo, estima que en el caso presente se encuentra demostrado que la entidad demandada obró con la diligencia y cuidado que le eran exigibles, y que, por el contrario, se presenta la culpa exclusiva de la víctima, circunstancias éstas que exoneran a las Empresas Públicas de Pereira de la responsabilidad pretendida en la demanda, ya que si “... las cuerdas de alta tensión pasaban sobre la edificación a una distancia desde el piso del andén del predio de doce (12) metros, lo que significa que las víctimas trabajando en lo que sería el cuarto piso, de manera negligente, buscaron e hicieron contacto con las cuerdas de la energía, situación que pudieron evitar si hubieran desplegado el más mínimo cuidado en el momento en que maniobraban los elementos que hicieron contacto...” (fl. 45 cdno. 4°)
De otro lado, manifiesta que en caso de no prosperar la causal de exoneración de culpa de la víctima, quien debe responder por los perjuicios causados es el propietario de la obra, señor Rodrigo Rivera Duque, “... quien no detuvo el trabajo de la edificación ni tampoco tomó las medidas de seguridad adecuadas para proteger la vida de sus trabajadores, ni dio tiempo para que las Empresas Públicas de Pereira tomaran alguna medida que garantizara la salud de los trabajadores del edificio ‘Juliana’....” (fl. 45 cdno. 4°)

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