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Temas: indemnización por muerte. Daño material. Daño moral. Legitimación activa. Madre de crianza. Hermanos. Inconstitucionalidad. Alcances. Revocación de sentencia


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TEMAS: INDEMNIZACIÓN POR MUERTE. DAÑO MATERIAL. DAÑO MORAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA. MADRE DE CRIANZA. HERMANOS. INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCES. REVOCACIÓN DE SENTENCIA.

(Libro de Acuerdos Nº 56 Fº 389/398 Nº 136). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los ocho días del mes de abril del año dos mil trece los Señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Sergio Ricardo González, Clara D. L. de Falcone, José Manuel del Campo, Sergio Marcelo Jenefes y, por habilitación, Mónica Jáuregui de De los Ríos, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº 8448/11, caratulado: “Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-155.020 (Sala II – Cámara Civil y Comercial) Ordinario por daños y perjuicios: Cruz, María Rosa y Cruz, Juan Carlos c/ Barboza, Ariel Fernando, Policía de la Provincia y Estado Provincial” y acumulado Nº 8766/12.

El Dr. González dijo:

La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial hizo lugar a la demanda promovida por Olga Segovia, María Rosa Cruz y Juan Carlos Cruz en procura del resarcimiento de los daños y perjuicios que dijeron irrogados a causa de la muerte de Néstor Fabián Cruz, en cuyo mérito condenó a Ariel Bernardo Barboza y al Estado Provincial al pago del 70% de los montos indemnizatorios justipreciados como sigue: $ 90.000 en concepto de daño material para todos los actores; $ 70.000 por daño moral sólo para Olga Segovia y $ 1.500 por gastos de sepelio. Dispuso que los intereses debían calcularse con ajuste a la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina (comunicado 14.290) desde la fecha del siniestro hasta la de la sentencia y desde ésta y hasta el efectivo pago, conforme la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina.

Para fallar en tal sentido, el Tribunal consideró la responsabilidad de las demandadas, en tanto la muerte de la víctima se produjo al ser atropellada por una motocicleta conducida por Barboza y de propiedad del Estado Provincial y que -en la apreciación del sentenciante- transitaba a excesiva velocidad considerando que lo hacía por una ruta que atraviesa un sector densamente poblado de la ciudad. Asignó imprudencia en la conducción del rodado y aplicó la teoría del riesgo creado. En tanto la víctima había intentado cruzar esa vía por un lugar no permitido al efecto, le asignó el 30% de la responsabilidad en el siniestro.

Ponderó que dos de los actores: María Rosa Cruz y Juan Carlos Cruz eran hermanos de la víctima, en tanto Olga Segovia, su madre de crianza. Todos habían solicitado al demandar una suma que cubriera el perjuicio ocasionado por la muerte de Néstor Fabián Cruz, de 38 años de edad y de quien se dijo era sostén del grupo conviviente ya que trabajaba y colaboraba en la manutención del hogar que todos ellos conformaban. Valoró al efecto la prueba instrumental acompañada y el testimonio de los testigos que depusieron en la audiencia de vista de la causa, encuadrando la pretensión en los arts. 1079, 1081 y 1083 del Cód. Civil.

En contra de esa sentencia, se articularon tres recursos de inconstitucionalidad, de los cuales el primero (Expte. nº 8388/11) fue desestimado por cuestiones formales.

De los dos restantes, uno es el que promueve el Dr. Jorge Eusebio García, con el patrocinio letrado de la Dra. María Jimena Bernal, en representación del Estado Provincial. Califica la sentencia de arbitraria expresando, como primer agravio, prescindencia del texto legal aplicable. Afirma que al contestar demanda ambos demandados esgrimieron como primera defensa la de falta de legitimación activa en razón del vínculo de los actores con la víctima, ya que dos de ellos eran hermanos y la restante, “madre de crianza”. Alega que la ley (arts. 1078, 1085, 3585, 3591, 3592 del Cód. Civil) limita la legitimación a los herederos legitimarios o forzosos y ninguno de los actores reviste ese carácter.

Cuestiona también el daño material, diciéndolo no probado.

Como segundo agravio, señala defectos en la consideración de extremos conducentes y que llevan a concluir que el accidente se produjo por la exclusiva culpa de la víctima, por su reprochable proceder al haber intentado cruzar corriendo una ruta por lugar no permitido, sorteando aún los separadores existentes en el medio de la arteria y que fueron construidos, justamente, para evitar la circulación peatonal. La prueba pericial determinó tal extremo, aludiendo a la señalada prohibición y determinando que, a 700 mts. del lugar del accidente, se encuentran emplazadas pasarelas peatonales; y a 180 metros, un túnel. El imprudente actuar de la víctima no sólo puso en riesgo su vida, sino el de los tripulantes de la moto que lo embistió, quienes por el impacto salieron despedidos del vehículo sufriendo lesiones de consideración. Critica que la sentencia, pese a dar por sentada la prohibición de cruce, considere que, siendo ésa una práctica común en la zona, se deben extremar los cuidados y respetar los límites de velocidad para evitar accidentes.

Como tercer agravio señala la gravedad institucional que importa el fallo, por el precedente que sienta.

El cuarto agravio está dirigido a cuestionar la tasa activa que manda aplicar la sentencia. Denuncia ausencia de fundamentos para resolver en tal sentido. Argumenta al respecto: a) el carácter no vinculante del precedente de este Superior Tribunal en el que se apoya la sentencia en el punto; b) la prohibición de actualizar deudas; c) la inexistencia de agravio concreto de la supuesta afectada; d) la naturaleza de la obligación y e) la inexistencia de mora de su parte.

Por esos, y demás argumentos a cuya lectura remito, tras formular reserva del caso federal, pide, en concreto, se haga lugar a su recurso, se revoque en todas sus partes la sentencia recurrida y se desestime la demanda.

A fs. 28/34 el Dr. Eduardo Gabriel Insausti, en representación de los actores, contestó ese recurso. Pide su rechazo replicando cada uno de los agravios expresados por su contraria. Señala incongruencia respecto del primero, toda vez que el fallo no condenó por daño moral a favor de los hermanos de la víctima Juan Carlos Cruz y María Rosa Cruz. Sólo lo hizo por el daño material, conforme lo expresamente requerido en la demanda y lo preceptuado por el art. 1079 inc. 2º del Cód. Civil.

En cuanto al daño moral a favor de Olga Segovia, en tanto “madre de crianza” de la víctima, reconoce que el fallo se aparta del principio sostenido por el art. 1078 del Cód. Civil pero destaca que, en diversos precedentes, por vía de excepción, se ha declarado su procedencia y que si bien al demandar su parte no planteó la inconstitucionalidad de esa norma, es posible que se resuelva en tal sentido aún de oficio, en tanto es cuestión de derecho. Argumenta sobre la grave injusticia que importaría privar a la nombrada de la indemnización y a la desigualdad ante la ley que sienta la norma cuestionada.

En relación al segundo agravio, sostiene el ajuste de la sentencia a las circunstancias probadas de la causa que fueron correctamente valoradas por el sentenciante. Expresa falta de argumentos del recurrente en punto a demostrar lo contrario y señala la distinción entre la posibilidad de imputar conducta penalmente reprochable al conductor imputado del delito de homicidio culposo y la de condenarlo civilmente. En concreto y al respecto, dice que el Estado Provincial sólo expresa su mera disconformidad respecto del fallo, claramente insuficiente para sostener su recurso.

Descarta el tercer agravio refiriendo al criterio de este Tribunal y al de la C.S.J.N. en cuanto a que el peatón -aún el distraído- es una contingencia que debe ser considerada por todo conductor. Quedó demostrado en la causa que éste fue visto por el del vehículo embistiente, no obstante no pudo sortearlo por la excesiva velocidad que llevaba.

Por último, argumenta que la tasa de interés aplicada por el a-quo es la fijada por este Tribunal en el caso “Zamudio c/ Achi” y respeta los principio de justicia y equidad.

Formula reserva del caso federal y concluye pidiendo el rechazo del recurso, con costas a su contraria.

Por expediente Nº 8766/12 tuvo ingreso el recurso promovido por la Dra. María Soledad Carreras Jurado, quien se agravia por la regulación de sus honorarios profesionales. Argumenta que tuvo participación en la causa, con patrocinio letrado de la Dra. Paula Carolina Álvarez, desde la promoción de la demanda hasta su contestación, en representación de dos de los actores (los hermanos Cruz). Estima apartamiento de las normas del caso (art. 2, 6 de la ley 1687 y ley 5302). Dice conculcados el derecho constitucional de propiedad, el de trabajar y el de peticionar a las autoridades. Señala desproporción entre el monto de la condena y la cuantificación de sus honorarios en la suma de $ 1.423.

El Dr. Eduardo Gabriel Insausti contestó ese recurso por esos dos actores, pidiendo su rechazo por las razones que esgrime y a cuya lectura, para abreviar, remito.

Se tuvo por no contestado el responde del Estado Provincial por la falta de oportuna acreditación de la representación de quien dijo actuar en su nombre.

A fs. 132/140 se pronunció el Sr. Fiscal General quien propone el rechazo de ambos recursos.

Cumplido así el trámite del presente y traídos que fueron los autos para el dictado de la sentencia, corresponde sin más emitirla.

En punto al primer agravio y en relación al daño moral, destaco ante todo que, lejos de lo afirmado por el recurrente, la sentencia no contiene condena por este rubro en favor de los hermanos de la víctima: María Rosa Cruz y Juan Carlos Cruz, por los que los agravios expresados al respecto evidencian desconexión con el caso y resultan, como bien lo sostiene el Sr. Fiscal General, inconsistentes.

Cabe, en cambio, dar tratamiento al agravio por la condena por tal rubro en favor de Olga Segovia, a quien se le atribuye el carácter de “madre de crianza” de la víctima, pues, respecto de ella, la sentencia declara procedente su reclamo por tal concepto.

La cuestión nos impone -una vez más- al análisis de lo normado en el segundo párrafo del art. 1078 del Cód. Civil respecto a los límites de la legitimación para el reclamo del daño moral que, en el caso de fallecimiento del damnificado directo, se circunscribe a los herederos forzosos.

Esa disposición generó encontradas posiciones en la doctrina y en la jurisprudencia respecto al alcance de la expresión “herederos forzosos”. Para quienes se inclinan por la tesis restrictiva, sólo están legitimados para ese reclamo quienes revistan en concreto el carácter de herederos forzosos (Borda, Bellucio, Cichero, entre otros). Para los que sostienen la tesis más amplia, lo están todos los que potencialmente participan de tal calidad, aún cuando fueren desplazados de la sucesión por herederos de grado preferente (Llambías, Kemelmajer de Carlucci, Zannoni, Trigo Represas, Compagnucci del Caso, Bueres, Bossert, Jorge Alterini y Ramón Daniel Pizarro (cfr. de este último: Daño Moral. Prevención, Reparación. Punición, Ed. Hammurabi, 2º ed. Bs.As. 2004), y es el criterio sentado por la C.S.J.N. en el caso Badín (L.L. 1998-E-194); el Superior Tribunal de Córdoba (cfr. “Campos, Javier” del 19-03-2003 en LLC 2003 1103; Mercevich, Jorge del 30-05-2003 en LLC 2003,1253 entre otros); la CNacCivil en pleno (JA 1994-II-678 ED 157-594), entre otros.

Como bien señala el Sr. Fiscal General en su dictamen, tengo postura asumida por la tesis amplia (L.A. 50 Fº 1561/1564, Nº 511).

Sin embargo, el caso bajo análisis difiere de aquel en el que me pronuncié por la procedencia de ese reclamo por la madre de la víctima desplazada en la sucesión de su hijo, por su nieto. Y ello así, pues no se trata aquí de determinar si “heredero forzoso”, en los términos de esa preceptiva, es aquel que fue efectivamente llamado a la sucesión de la víctima o si -en cambio- es todo aquel que potencialmente pudiera serlo aún cuando, en el caso concreto, haya quedado excluido de la sucesión por otro de grado preferente.

Es que Olga Segovia no es heredera forzosa de la víctima, ni en concreto ni en abstracto. Ni siquiera es heredera legítima ya que la circunstancia de que haya tenido con Néstor Fabián Cruz, desde la infancia de éste, vínculo afectivo afín al parental, no alcanza para atribuirle aquel carácter estrictamente definido en el art. 3545 del Cód. Civil.

No dudo que, como lo estimó el a-quo, probada que fue esa relación de afecto y de convivencia, es de presumir el daño moral padecido por la nombrada. Sin embargo, la sola configuración de éste no permite ampliar la legitimación activa que resulta del citado art. 1078 del Cód. Civil sin traspasar sus fronteras, claramente trazadas por el legislador en la reforma impuesta por la ley 17.711.

Tampoco encuentro la contradicción que el fallo señala entre esa norma y las de los art. 1077 y 1079 del mismo Código. Es que, conforme inveterado criterio de la C.S.J.N., “la inconsecuencia o falta de previsión jamás se supone en el legislador, y por esto se reconoce como un principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto” (Fallos: 1:300, 278:62 entre muchos otros).

Así pues, la regla del art. 1077 sienta un principio cuya extensión y límites fijan las normas que le siguen, en tanto el 1079 refiere a los damnificados indirectos por los daños patrimoniales, de modo que el moral resulta excluido de ese precepto y comprendido, en cambio, en la norma específica del art. 1078 Cód. Civil.

No desconozco la actual y cada vez más avanzada tendencia doctrinaria que apunta a ampliar el rango de legitimados activos para el reclamo del daño moral, tanto para conferir acción a damnificados indirectos aún en casos de supervivencia del directo (tal el caso del cónyuge, padres e hijos de víctimas con secuelas gravemente incapacitantes) como aquella que, acaecido el fallecimiento del damnificado directo, tiende a conferir acción no sólo a sus concretos y potenciales herederos forzosos sino a otros damnificados. Particular interés revisten las posiciones asumidas en ese sentido para conferir acción al concubino y a hermanos y que han sido justificadas con variados argumentos. De entre ellos y como de mayor relevancia, destaco el que expresa el maestro Mosset Iturraspe al sostener la teoría más abarcadora del llamado “daño a la persona” que, en sus palabras, es “nacida del descrédito del daño moral y de su interpretación restrictiva. De su equivocidad y de los flancos que presenta a la crítica. De la parcialidad que traduce …”. Se trata -en sus enseñanzas- del daño que puede predicarse de quienes, sin ser herederos forzosos ni en abstracto ni en concreto, evidencian uno cierto frente al evento dañoso (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, “Daño moral. Noción. Crítica a la denominación. Daño extramatrimonial. Daño a la persona”, en Rev. de Derecho de Daños. N° 6, daño moral, 1999, p. 13 y ss.).

Sin embargo, esa tendencia doctrinaria -que comparto íntegramente- y cuya fuerza viene evidenciándose, incluso, en su adopción en los proyectos de reforma al Código Civil (inclusive en el último, de unificación con el Código de Comercio, presentado al Congreso de la Nación en el año 2012) no permite desatender el texto vigente sin desbordar los límites de nuestro ministerio, con claro compromiso del principio republicano de gobierno.

En señeros precedentes, tiene dicho la Corte que “cuando los términos de la ley son claros no corresponde a los jueces apartarse de sus propósitos, so pretexto de evitar las deficiencias reales o presuntas que podrían resultar de su aplicación” (Fallos: 213:405); y que “cuando la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente por los jueces con prescindencia de tesis que podrán ser objeto de consideración por el Congreso pero que son ajenas a la misión de aquellos magistrados” (Fallos: 218:56); como que las cuestiones relativas a la mayor o menor prudencia de las leyes, como a la conveniencia u oportunidad de un régimen legal, son ajenas al juicio de los jueces” (Fallos: 220:939).

En esa línea, este Tribunal -en su anterior integración- si bien en relación a quien había invocado y probado su calidad de hermano de una víctima fatal, tuvo ocasión de pronunciarse en sentido adverso a sobrepasar los límites de la norma reconociendo legitimación sólo a los herederos forzosos, potenciales y concretos (Conf. L.A. Nº 43, Fº 182/184, Nº 70 y L.A. Nº 43, Fº 112/1114, Nº 414). Comparto y adopto como propios los fundamentos dados en la ocasión que entiendo íntegramente predicables al reclamo de quien, como la actora, lo sustentó en el sólido vínculo afectivo que la vinculaba con la víctima y el consecuente menoscabo moral por su pérdida.

En sus partes pertinentes, se consideró entonces: “el art. 1078 del Código Civil determina que la acción por indemnización del daño moral, si del hecho hubiese resultado la muerte de la víctima, únicamente corresponde a los herederos forzosos y, entre estos últimos se encuentran el o la cónyuge de la víctima, sus hijos y demás descendientes, sus padres y otros ascendientes … no obstante, tal criterio no lleva a extender el supuesto a los hermanos de la víctima, por cuanto, pese a que pueden ser llamados a recibir la herencia, al tratarse de parientes colaterales, no resultan herederos legitimarios. Y aunque si bien es cierto que existen casos en los cuales sería moralmente justa la concesión de la indemnización prevista por el art. 1078 del Código Civil a otro heredero que los mencionados por esta disposición, como un hermano que convivía con la víctima y que compartía su vida y sus actividades, el juzgador no puede apartarse de los términos precisos de una norma positiva (Cftr. Cámara Nac. de Apel. Civ. y Com. Cap. Federal, Sala IV, sentencia 75232 del 23 de junio de 1987 "Lauro, Rosa c/ Moreyra, Téofilo s/ Accidente de tránsito”).

Tales apreciaciones -aunque dichas en torno a la legitimación de los hermanos de la víctima fallecida- son enteramente predicables, como dije, a quien aún evidenciando daño moral, cierto y concreto, no está incluido en la categoría diseñada por el art. 1078 del Código Civil. Tal el caso de Olga Segovia en esta causa.

Queda por tratar el cuestionamiento de la constitucionalidad de esa preceptiva que formula el recurrido, a lo que -como bien lo señala- no obsta el hecho de que no haya sido formulado al promover la demanda porque, tal como lo tengo dicho (L.A. Nº 50 Fº 2459/2464 Nº 823), pueden -y deben- los jueces “omitir la aplicación de un precepto si lo encuentra en pugna con normas superiores, aún cuando no medie petición expresa del interesado, lo que deriva del principio iura novit curia por el cual si bien el juez no puede prescindir de los hechos denunciados por las partes, es soberano en la aplicación del derecho, en cuyo cometido suple el que las partes no invocan o invocan mal”.

También se registran valiosos criterios doctrinarios a favor de la inconstitucionalidad de esa preceptiva. Aunque con distinta extensión y variados matices se pronunciaron en ese sentido Iribarne, Héctor Pedro, (“La cuantificación del daño moral” en Rev. de Derecho de daños, n° 6, 1999, p. 208); Vázquez, Oscar Eduardo (en “¿Hasta qué punto es constitucional la limitación legal a la legitimación activa para reclamar por daño moral?” en www.aaba.org.ar, su ponencia al Congreso Internacional sobre derechos y garantías en el siglo XXI); Matilde Zavala de González (en “Resarcimiento de daños 5.a. Cuánto por daño moral. La indemnización en desequilibrios existenciales”, Bs. As., Ed. Hammurabi, 2005, p. 47); Daniel Pizarro (“Daño moral. Prevención, Reparación. Punición”, 2° ed. Bs. As., Ed. Hammurabi, 2004, n° 64 pág. 375).

No obstante la solvencia y reconocido prestigio de tales doctrinarios, tengo para mí que, siendo la declaración de inconstitucionalidad la ultima ratio del ordenamiento jurídico, las distintas razones expresadas para postular la inconstitucionalidad que tratamos, resultan insuficientes.

Es que tanto las disposiciones constitucionales que dan protección a la persona en su integridad, como los tratados internacionales en tal sentido (cfr. art. V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y. 5 de la Convención Americana sobre los Derechos humanos, entre otros) no reconocen derechos absolutos, como que todos los que reconocen tanto la Constitución Nacional como los Tratados incorporados al derecho interno con estirpe constitucional deben ejercerse conforme las leyes que los reglamentan.

Tampoco advierto transgresión al principio de igualdad que invoca el recurrido. Como es sabido, la igualdad constitucional supone identidad de circunstancias y en tanto la exclusión que dimana del art. 1078 para quienes no son herederos forzosos es para todos por igual, no hay transgresión a tal principio.

Menos aún supone desigualdad la circunstancia de que la legitimación para el daño moral que consagra el art. 1078 resulte más restrictiva que la conferida para el reclamo del patrimonial en el art. 1079. Ello así porque son dos categorías distintas y nada impide que la amplitud prevista para el legislador para una, no sea igual para la otra. Y ninguna desigualdad genera en tanto ambas deben ser aplicadas a todos por igual.

Por último para concluir con este tópico, las bondades de una postura doctrinaria en pos de ampliar la legitimación para el reclamo del daño moral y la indiscutida realidad de que el derecho nacional contiene una mayor restricción de la que refleja gran parte de la legislación comparada son elementos que -en todo caso- habrán de aportar fundamentos para una reforma normativa, pero es claro que ello se inscribe en el campo de la política legislativa que, en principio, a los jueces nos es ajena.

En definitiva, considero que la norma del art. 1078 no es inconstitucional y que, al prescindir de su aplicación, la sentencia evidencia apartamiento del derecho aplicable, lo que la ubica en la doctrina de la arbitrariedad.

De compartir mis pares este temperamento, corresponde entonces excluir de la cuenta indemnizatoria, el rubro daño moral reconocido en la sentencia a favor de Olga Segovia.

Los demás agravios del recurrente no pueden ser atendidos.

Los que se dirigen a cuestionar la responsabilidad de los demandados al postular que el accidente obedece a la exclusiva culpa de la víctima, tanto como el relativo al daño material y su cuantificación, son cuestiones de hecho y prueba que, como tantas veces se ha dicho, son ajenas al conocimiento de este Tribunal por la vía de este extraordinario remedio; más aún tratándose de sentencia dictada al cabo del proceso oral en el que gran parte de la prueba y los alegatos de bien probado tuvieron desarrollo en la audiencia de vista de la causa y que resulta, por tanto, irrevisable en esta instancia. Y si bien de tal principio cabe apartarnos, ello sólo es posible, por excepción en casos en que, conforme lo tengo dicho, la sentencia “devela ostensible absurdo, patentizado cuando el sentenciante prescinde de prueba incuestionablemente relevante, cuando se apoya en alguna inconducente, inexistente o irregularmente incorporada al proceso, o cuando el juicio de valor sobre algún elemento de convicción, devela voluntarismo inconsecuente con la lógica del razonamiento científico” (L.A. Nº 49 Fº 888/889 Nº 296).

Ninguno de tales extremos evidencia el fallo aquí recurrido en punto a esos otros agravios.

En cuanto al que concierne a la tasa de interés, nuevamente el recurrente atribuye al fallo un alcance que no tiene. Es claro que se mandó aplicar el de la tasa pasiva desde la fecha del hecho y hasta la de la sentencia y que la activa sólo se prevé para el período comprendido a partir de ésta y hasta la del efectivo pago. Tal temperamento es coincidente con el que sostuvo este Tribunal en “Castro c/ Martínez” (L.A. 54, Fº 910/917, Nº 242) de amplia difusión en nuestro medio y cuyos postulados dan acabado fundamento para desestimar cada uno de los argumentos del recurrente al respecto. Remito a ellos para evitar inútiles reiteraciones.

La variación del monto indemnizatorio que dejé propuesta lleva a la necesaria adecuación de los honorarios profesionales a la que habrá de constituir su nueva base.

Siendo así, la cuestión planteada en el recurso articulado por la Dra. María S. Carreras Jurado ha devenido en abstracta, como que también sus honorarios deben ser recalculados en función de la nueva base fijada al efecto. Sin perjuicio de ello, y advirtiendo que la nombrada tuvo actuación como procuradora de dos de los actores (Sres. Juan Carlos y María Rosa Cruz) en la primera de las tres etapas del proceso y que el Tribunal no resolvió la excepción de litis pendencia articulada por el Estado Provincial para resistir la demanda que, por los mismos actores, promovió el Dr. Eduardo Gabriel Insausti, cabe recomendar a los jueces de la causa que hagan mérito de esa circunstancia a fin de que la regulación de los honorarios de la nombrada guarde adecuada proporción al monto del juicio y en función del interés defendido por cada letrado, las etapas cumplidas, el rol de cada uno y, por supuesto, la eficacia, extensión y mérito de la labor desarrollada.

En tanto respecto del primero de los recursos media vencimiento parcial y mutuo y el segundo no es objeto de tratamiento por las razones apuntadas, propicio que las costas de ambos se distribuyan por el orden causado (art. 102 del C.P.C.).

Los honorarios por la labor desarrollada en esta instancia debe diferirse para cuando se practique la que deberá concretar el sentenciante conforme lo postulado líneas arriba.

Tal es mi voto.

Los Dres. de Falcone, del Campo, Jenefes y Jáuregui de De los Rios, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia,

Resuelve:

1. Hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad promovido por el Estado Provincial y, en su mérito, revocar la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial el 04 de agosto de 2011, solo en cuanto hace lugar al daño moral a favor de la co-actora Olga Segovia, excluyendo ese rubro de la cuenta indemnizatoria.

2. Revocar la regulación de los honorarios profesionales establecida en la misma sentencia y disponer que el Tribunal de la causa la redetermine conforme la nueva base y las pautas dadas en los considerandos del primer voto.

3. Declarar abstracto el recurso promovido por la Dra. María Soledad Carreras Jurado.

4. Imponer las costas de ambos recursos por el orden causado.

5. Diferir la regulación de los honorarios profesionales.

6. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. Sergio Ricardo González; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone; Dr. José Manuel del Campo; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Mónica Jáuregui de De Los Ríos(Habilitada).



Ante mí: Dra. María Florencia Carrillo – Secretaria Relatora.

 


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