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Superior tribunal de justicia resistencia chaco real malicia


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BIBLIOTECA DALMACIO VELEZ SARSFIELD

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESISTENCIA – CHACO


REAL MALICIA

DIEGUES, JORGE ALBERTO

Voces

TEORIA DE LA REAL MALICIA ~ LIBERTAD DE EXPRESION ~ LIBERTAD DE PRENSA ~ DERECHO A LA INTIMIDAD ~ DIFUSION DE INFORMACION ~ FUNCIONARIO PUBLICO ~ DIFAMACION ~ RESPONSABILIDAD CIVIL ~ RESPONSABILIDAD PENAL ~ EXIMICION DE RESPONSABILIDAD ~ CALUMNIA ~ INJURIAS ~ PERIODISMO ~ PRENSA ~ DEBER DE INFORMACION ~ PRUEBA ~ CARGA DE LA PRUEBA ~ CONSTITUCION NACIONAL ~ MEDIOS DE COMUNICACION ~ INDEMNIZACION ~ DAÑO MORAL ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ PROGRAMA DE TELEVISION ~ ANIMUS INJURIANDI ~ RECURSO EXTRAORDINARIO ~ EDITORIAL ~ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Título: Real malicia

Autor: Diegues, Jorge Alberto

Publicado en: LA LEY 28/04/2010, 11-DJ 02/06/2010, 1516





I. Generalidades

1. Las expresiones concernientes al ejercicio de funciones de las instituciones del Estado gozan de una mayor protección ya que en una sociedad democrática las instituciones o entidades del Estado como tales están expuestas al escrutinio y la crítica del público, y sus actividades se insertan en la esfera del debate público.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, 20/11/2009, Usón Ramírez c. Venezuela.

2. La libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, y no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población, pues tales son las demandas del pluralismo, que implican tolerancia y espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28/01/2009, Ríos y otros c. Venezuela, Sup. Const. 2009 (agosto), 60, con nota de Germán González Campaña.

3. En el marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e inclusive de los particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público debe ser mucho mayor que el de los particulares.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, 31/08/2004, Canese, Ricardo c. Paraguay.

II. Presupuestos de procedencia

4. Tratándose de informaciones referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones de esa índole, cuando la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria despreocupación por su veracidad.

CS, 24/06/2008, Patitó, José Angel y otro c. Diario La Nación y otros, LA LEY, 2008-D, 374; DJ, 13/08/2008, 1009; RCyS, 2008-558, con nota de Alejandro Dalmacio Andrada; LA LEY, 2008-E, 324, con nota de Gregrorio Badeni; LA LEY, 2008-F, 306, con nota de Emilio A. Ibarlucía; LA LEY, 2009-E, 12, con nota de Oscar Flores; JA, 2008-III, 128, con nota de Augusto M. Morello.

a) Funcionarios públicos, figuras públicas o asuntos de interés público

5. La doctrina de la real malicia es inaplicable cuando no se trata de noticias atinentes a funcionarios públicos, pues el estándar de “protección atenuada” derivado de dicha doctrina sólo es aplicable a los casos en que funcionarios o figuras públicas están comprometidos en temas de interés general, relevancia pública o importancia institucional.

CNCiv., sala K, 08/04/2009, S., L. c. Editorial Perfil S.A., RCyS, 2009-VI, 75; LA LEY, 15/01/2010, 4.

6. En una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público pues desde que se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público, umbral que no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, 27/01/2009, Tristán Donozo, Santander c. Panamá.

b) Informaciones difamatorias

7. En el marco del debate público sobre temas de interés general, y en especial sobre el gobierno, toda expresión que admita ser clasificada como una opinión, por sí sola, no da lugar a responsabilidad civil o penal a favor de funcionarios públicos, ya que no se daña su reputación mediante opiniones o evaluaciones, sino exclusivamente a través de la difusión maliciosa de información falsa.

CS, 24/06/2008, Patitó, José Angel y otro c. Diario La Nación y otros, LA LEY, 2008-D, 374; DJ, 13/08/2008, 1009; RCyS, 2008-558, con nota de Alejandro Dalmacio Andrada; LA LEY, 2008-E, 324, con nota de Gregrorio Badeni; LA LEY, 2008-F, 306, con nota de Emilio A. Ibarlucía; LA LEY, 2009-E, 12, con nota de Oscar Flores; JA, 2008-III, 128, con nota de Augusto M. Morello.

8. A fin de juzgar la responsabilidad civil de un medio periodístico, la doctrina que exime de responsabilidad por la difusión de noticias erróneas o difamatorias sobre cuestiones de interés público si no media dolo ni culpa grave del informante, resulta inaplicable cuando no se trata de la publicación de una noticia dañosa para un tercero, sino que mediante la apariencia de un reportaje se hace aparecer, a ese tercero, como si se tratase de una fuente cuyos dichos se reproducen —en el caso, se atribuyó a un periodista haber difundido el nombre de los supuestos autores de un homicidio— y cuya mención exculparía, precisamente, la responsabilidad derivada de la publicación

CNCiv., sala I, 22/04/2004, Beldi, Luis R. c. Editorial Perfil S.A. y otro, LA LEY, 20/01/2005, 4.

c) Falsedad de la información

9. El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o falsedad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifestaciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas, lo cual implica que la materia de discusión o prueba es el conocimiento que el periodista o medio periodístico tuvo —o debió tener— de esa falsedad o posible falsedad.

CS, 24/06/2008, Patitó, José Angel y otro c. Diario La Nación y otros, LA LEY, 2008-D, 374; DJ, 13/08/2008, 1009; RCyS, 2008-558, con nota de Alejandro Dalmacio Andrada; LA LEY, 2008-E, 324, con nota de Gregrorio Badeni; LA LEY, 2008-F, 306, con nota de Emilio A. Ibarlucía; LA LEY, 2009-E, 12, con nota de Oscar Flores; JA, 2008-III, 128, con nota de Augusto M. Morello.

d) Dolo directo o “Reckless disregard”

10. La doctrina de la “real malicia” cobra sentido cuando se trata del ejercicio del derecho de informar, pues sólo en ese contexto puede tener relevancia la actuación con conocimiento de la falsedad o la temeraria despreocupación respecto de la verdad o falsedad de la noticia, no resultando aplicable en caso de opiniones o juicios de valor vertidos a través de la prensa.

CNCiv., sala H, 05/06/2008, G., J. C. c. Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otros, RCyS, 2008-962; 2008-617, con nota de Matilde Zavala de González.

III. Carga de la prueba

11. El específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real malicia —conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad de la información— no debe ser dado por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

CS, 24/06/2008, Patitó, José Angel y otro c. Diario La Nación y otros, LA LEY, 2008-D, 374; DJ, 13/08/2008, 1009; RCyS, 2008-558, con nota de Alejandro Dalmacio Andrada; LA LEY, 2008-E, 324, con nota de Gregrorio Badeni; LA LEY, 2008-F, 306, con nota de Emilio A. Ibarlucía; LA LEY, 2009-E, 12, con nota de Oscar Flores; JA, 2008-III, 128, con nota de Augusto M. Morello.

IV. La Real malicia y el derecho a la intimidad

12. Si los argumentos de la condena del medio de prensa demandado se fundan en la debida injerencia en la vida privada de un personaje público, como derivación lógica de la interpretación del art. 19 de la Constitución Nacional y más allá de la verdad o falsedad de los hechos afirmados, la doctrina de la real malicia es inaplicable para eximirlo de responsabilidad.

CNCiv., sala L, 27/06/2008, C., J.A. c. Editorial Atlántida S.A. y otro, RCyS, 2008-1113.

V. Casuística

i) Asuntos concernientes a funcionarios públicos

13. Corresponde responsabilizar, al conductor y a la firma productora de un programa de televisión, por el daño moral ocasionado a un magistrado en virtud de haber informado que dicho funcionario se encontraba involucrado en distintas conductas ilícitas, pues, visto que lo informado no se correspondía con los expedientes judiciales que el periodista demandado alegó haber consultado como fuente, debe tenerse por debidamente acreditada la indiferencia negligente sobre la posible falsedad de la información emitida, la cual fue idónea para poner en duda la reputación del actor.

CNCiv., sala D, 22/10/2009, K. de C., A. R. c. Lanata, Jorge y otros, LA LEY, 14/12/2009, 7, con nota de Emilio A. Ibarlucía; DJ, 03/02/2010, 218; RCyS, 2010-II, 83, con nota de José Luis Correa; LLGran Cuyo 2010 (febrero), 28, con nota de José Luis Correa.

14. En la medida que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha incorporado el principio de “real malicia” y no el test de la verdad como adecuada protección de la libertad de expresión, corresponde revocar la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios originados en la publicación de una nota que describía a un juez de la Nación como sospechoso del delito de enriquecimiento ilícito y sugería su falta de apego al trabajo, pues el a quo, después de constatar que se trataba de un artículo crítico del comportamiento de un magistrado en el desempeño de sus funciones, debió limitarse a verificar si el actor había demostrado que el medio periodístico conocía o debió conocer —al obrar sin notoria despreocupación— la falsedad de la información.

CS, 16/11/2009, B. J. a. c. Lanata, Jorge y otros, LA LEY 14/12/2009, 7, con nota de Emilio A. Ibarlucía.

15. El especial factor de atribución que exige la doctrina de la real malicia —dolo o negligencia casi dolosa— no juega cuando se trata del reclamo de un ciudadano que no es funcionario público, aunque el tema divulgado por el medio periodístico pudiera catalogarse de interés público o general —en el caso, se condenó a un diario y a su director por los daños y perjuicios causados a raíz de las publicaciones aparecidas en el medio que involucraban al actor con una organización delictiva dedicada al tráfico de niños— debiendo aplicarse en tales casos las reglas comunes de la responsabilidad civil según las cuales basta la simple culpa del agente para comprometer la responsabilidad del órgano de prensa.

CS, 21/10/2003, Perini, Carlos Alberto y otro c. Herrera de Noble, Ernestina y otro, Fallos: 326:4285.

16. Es arbitraria la sentencia que ha aplicado al actor que no es funcionario público ni figura pública el estándar de la real malicia, concebido sólo para los casos en que aquéllos están comprometidos en temas de interés general pues tratándose de informaciones sobre un ciudadano común —en el caso, se publicó una noticia que incluía una foto del actor en el que se lo vinculaba con una mesa de dinero clandestina—, basta para responsabilizar al medio de prensa con la acreditación de la simple culpa, aun cuando se considere que el tema sobre el que versaba la nota era de interés público o general.

CS, 5/08/2003, Menem, Amado Calixto c. La Voz del Interior, Fallos: 326: 2491.

ii) Cuestiones de interés general

17. Es improcedente condenar a la productora televisiva demandada a indemnizar al actor por la transmisión de un programa televisivo en el cual, a través de un cámara oculta, se difundió su imagen y se lo vinculó con la venta ilegal de armas y con una sociedad dedicada a violar las leyes del medio ambiente, pues, la trascendencia e interés público del tema denunciado justificó la intromisión en la esfera de intimidad del actor, más allá de que las informaciones hubieran o no sido veraces.

CNCiv., sala H, 03/11/2009, Aguirre, Antonio María c. Artear S.A. y otros, La Ley Online.

18. La doctrina de la “real malicia” en cuanto exige un estándar agravado para evaluar los presupuestos legales de la responsabilidad civil de los órganos de prensa, es inaplicable a una investigación periodística referida a lugares de la ciudad donde se ejerce la prostitución —en el caso, se difundió televisivamente la imagen de una persona sin su consentimiento—, ya que se trata de una cuestión carente de interés público, político o institucional.

CNCiv., sala E, 25/06/2004, L., M. C. c. Telearte S.A., DJ, 13/10/2004, 494.

iii) Expresiones humorísticas contra un candidato político

19. Cabe rechazar la acción de daños y perjuicios interpuesta por un candidato político en virtud de las supuestas injurias vertidas a través de un programa televisivo con motivo del sketch satírico realizado respecto de su persona, toda vez que las frases presuntamente injuriosas fueron expresadas en el contexto de un programa de humor que utiliza lo grotesco para manifestar una crítica o expresar un juicio de valor y el accionante no acreditó el “animus injuriandi” de la demandada de acuerdo a la doctrina de la real malicia

CNCiv., sala D, 07/03/2005, B., R. A. c. P., M. y otros, La Ley Online.

iv) La real malicia y el recurso extraordinario

20. A los fines del recurso extraordinario —art. 14, ley 48 (Adla, 1852-1880, 364)—, debe descalificarse la sentencia que no se pronunció razonadamente sobre los agravios del recurrente ni realizó un examen crítico de problemas conducentes para la solución del litigio —en el caso, al desechar el análisis de una publicación periodística según las doctrinas de la “real malicia” y “Campillay” (LA LEY, 1986-C, 411; DJ, 1986-2-242; LLC, 1986-650), pese a su admisión por la Corte Suprema y su reiterada invocación por el recurrente—, con grave violación del principio de congruencia ínsito en la garantía del debido proceso (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace suyo).

CS, 30/03/2004, R., H. c. Editorial Tres Puntos S.A., DJ, 2005-2-167, con nota de Gastón Federico Blasi; LA LEY 2004-C, 815, con nota de Gerardo Ancarola; DJ, 2004-1, 1056.

v) Reckless disregard

21. Resulta improcedente la aplicación de la doctrina de la real malicia, construida en favor de los medios periodísticos, cuando se acreditó tanto el carácter difamatorio de la publicación y la inexactitud de los hechos imputados al damnificado como el actuar doloso o, como mínimo, con notoria, total y absoluta despreocupación, del medio de prensa profesional que imputó el delito de robo a un suboficial de policía cuando sólo se había iniciado a su respecto una investigación de carácter judicial y administrativo en virtud de una denuncia anónima.

CNCiv., sala B, 25/07/2008, Rodríguez, Jorge Alberto c. La Nación S.A., LA LEY, 02/01/2009, 3.

22. Es descalificable la sentencia que admitió la acción resarcitoria iniciada contra un periódico, pues en la medida que la Corte Suprema incorporó el estándar de real malicia y no el test de la verdad como adecuada protección de la libertad de expresión, el a quo, al constatar la existencia de una crítica al funcionamiento de una dependencia gubernamental y al desempeño de sus miembros, debió limitarse a verificar la efectiva prueba del conocimiento de la falsedad de los hechos expresados —en el caso, sostuvo la existencia de una “estructura ilegal” en el Cuerpo Médico Forense y pidió su depuración—, por lo cual la omisión de ese análisis restringió inaceptablemente el espacio necesario para el desarrollo de un amplio y robusto debate público sobre temas de interés general.

CS, 24/06/2008, Patitó, José Angel y otro c. Diario La Nación y otros, LA LEY, 2008-D, 374; DJ, 13/08/2008, 1009; RCyS, 2008-558, con nota de Alejandro Dalmacio Andrada; LA LEY, 2008-E, 324, con nota de Gregrorio Badeni; LA LEY, 2008-F, 306, con nota de Emilio A. Ibarlucía; LA LEY, 2009-E, 12, con nota de Oscar Flores; JA, 2008-III, 128, con nota de Augusto M. Morello.

23. Corresponde condenar como autor del delito de injurias a un periodista que publicó en Internet una serie de artículos que contienen manifestaciones injuriosas en contra de un funcionario público —en el caso, relativas al encubrimiento por su parte de una organización dedicada al narcotráfico— pues, con temeraria indiferencia acerca de su falsedad o acierto, el encartado ha calificado la conducta del querellante sin que se vislumbre alguna relación con el objeto de la nota periodística.

CNCasación Penal, sala I, 12/03/2007, Sanz, Christian Eduardo s/rec. de casación, La Ley Online.

24. Es improcedente el recurso extraordinario deducido por la editorial que fue condenada civilmente por haber difundido información falsa —en el caso, se dijo que el actor percibía de modo simultáneo una jubilación y un sueldo como funcionario público—, aun cuando el recurrente sostenga que no se habría acreditado dolo o culpa grave que permita responsabilizarlo según la teoría de la real malicia, pues omite hacerse cargo de la conclusión de los jueces relativa a que la falsedad de la noticia demostraba en sí misma el desinterés del recurrente por verificar el grado de certeza de la noticia publicada (del dictamen del Procurador General que la Corte, por mayoría hace suyo)

CS, 15/04/2004, Guerineau, Horacio L. c. La Gaceta S.A., DJ 2004-2, 405 - LA LEY 2004-D, 364.



 

 

 



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