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Superior tribunal de justicia de santiago del estero sala: criminal, laboral y minas autos


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TRIBUNAL: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

SALA: CRIMINAL, LABORAL Y MINAS 

AUTOS: “ROSENTHAL DE REBULLIDA SARA JUDITH C/ ACUARELA Y/O IDEAS Y/O RESPONSABLE S/ SUELDOS IMPAGOS, ETC”

FECHA:21/09/2009.-

SUMARIO: “EL EFECTO INTERRUPTIVO DE LA DEMANDA SE PROLONGA TODO EL TIEMPO QUE DURE EL PROCESO; LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DEL ACREEDOR EXPRESADA JUDICIALMENTE, BASTA PARA HACER DESAPARECER LA PRESUNCIÓN LEGAL DE ABANDONO DEL DERECHO” (C.S.J.N, FALLOS, 237:452). EN ESTE SENTIDO, TIENE DICHO LA DOCTRINA QUE LA INTERRUPCIÓN CAUSADA POR LA DEMANDA TIENE TODA LA DURACIÓN DEL PROCESO, CUALQUIERA QUE SEA LUEGO LA RAPIDEZ O CONTINUIDAD DEL TRÁMITE.”
VOCABLOS: EXCEPCION DE PRESCRIPCION – DEMANDA JUDICIAL - EFECTO INTERRUPTIVO – DURANCION - EXPRESION DE VOLUTAD - PROCESO JUDICIAL -

Resol. Serie “B” Nº 288

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil nueve, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, integrada por el Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo, como Presidente, y los Dres. Raúl Alberto Juárez Carol y Armando Lionel Suárez, como Vocales y, a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, con los Dres. Sebastián Diego Argibay y Felipe Francisco Alegre Viaña, asistidos por la Secretaria Judicial Autorizante, Dra. Isabel Mercedes Sonzini de Vittar, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 288/289 vta. del Expte. Nº 16.440 – Año 2007 – caratulado: “Rosenthal de Rebullida Sara Judith c/ Acuarela y/o Ideas y/o Responsable s/ Sueldos Impagos, etc. - Casación Laboral”. Establecido el orden para que los Sres. Vocales emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el Dr. Raúl Alberto Juárez Carol, y en segundo y tercer lugar, los Dres. Agustín Pedro Rímini Olmedo y Armando Lionel Suárezrespectivamente; y a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, los Dres. Sebastián Diego Argibay y Felipe Francisco Alegre Viaña.

El  Sr. Vocal, Dr. Raúl Alberto Juárez Carol dijo:

                    Y Vistos: Para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Y Considerando: I) Que llegan los presentes autos a este Tribunal en virtud del recurso de casación deducido por la parte actora -fs. 297/301-, en contra de la sentencia dictada (como tribunal de alzada) por la Excma. Cámara de Trabajo y Minas de Cuarta Nominación, en fecha 13 de septiembre de 2007, glosada a fs. 288/289 vta., por la que se resuelve rechazar la apelación propuesta por la accionante y confirmar el resolutorio recurrido (que admite la defensa de prescripción y rechaza la demanda), imponiendo las costas a la recurrente, eximiéndola de las mismas en uso de facultades procesales. Que tal recurso es concedido por ante esta Sala y se ordena el procedimiento de ley. Que cumplimentado el trámite del art. 151 Ley 3.603 y modif., queda previa vista al Sr. Fiscal General -fs. 352/353 vta.- (quien dictamina a favor del acogimiento del recurso) a despacho para resolver.

 II) Que en su escrito recursivo citado (previa referencia a la procedencia formal del recurso y los antecedentes de la litis) el casacionista censura y sostiene en lo esencial que la sentencia dictada resulta arbitraria en forma manifiesta y que existe una errónea interpretación y aplicación del derecho de la normativa laboral (de fondo y procesal) y civil aplicable a la prescripción liberatoria (arts. 256, 257, 277 LCT; Ley 3603, arts. 3986, 3987 C.C.) de la acción laboral en la causa, y de igual modo de otros institutos como la caducidad o perención de instancia y el desistimiento de derechos. En sustancia, los agravios que porta la queja pueden sintetizarse del siguiente modo: concuerda con la apreciación de iudex ad quem, respecto de la presentación en término de la demanda en noviembre de 1994, y luego enfatiza la errónea interpretación del Tribunal al aplicar un desistimiento tácito de la instancia por actos inequívocos con basamento en el art. 4017 C. Civ., siguiendo una jurisprudencia que señala equivocada. En lo sustancial, afirma que la interrupción de la prescripción causada por la promoción de la demanda subsiste en tanto no se produzca alguna de las causales específicas contempladas por el art. 3987 del Código Civil, de plena vigencia; y que la deserción de la instancia no constituye un modo anormal de culminación del proceso laboral. Sostiene que la Cámara ha aplicado un desistimiento tácito que no está previsto ni en la legislación procesal o sustancial laboral, ni en la procesal civil provincial, y que la deserción de la instancia como tal no está contemplada en la normativa ritual laboral provincial. Argumenta de igual modo, que el ad quem ha obviado la jurisprudencia y doctrina que en forma mayoritaria entiende la aplicación restrictiva de la prescripción, perjudicando así los intereses de la parte trabajadora y que se ha dejado de lado el impulso oficioso (art. 44 C.P.L. Ley 3.603 y modif.) y la norma mas benigna (arts. 9 LCT). Pregona con detalle que no hubo tampoco falta de dinamismo en la actividad procesal de la actora, sino que la rémora fue el aparato judicial y los cambios operados en el mismo. Finalmente añade que la Cámara confirmó una sentencia que había omitido la aplicación correcta del art. 257 LCT, si bien tiene por presentada en término la demanda como expuso. Requiere al Tribunal Casatorio, declare procedente el remedio incoado y case el fallo impugnado.

 III) Que la instancia casatoria tiene un ámbito restrictivo en cuanto a la posibilidad de revisión de pronunciamientos de mérito y la jurisprudencia es conteste en afirmar que “Determinar el inicio de la prescripción, su interrupción o el cómputo de la misma, son típicas cuestiones de hecho, ajenas a la casación” (S.C.B.A., sent. de fecha 18-04-00, en autos: “Torello, José María y Otra c/ Municipalidad de San Isidro s/ Daños y Perjuicios”), salvo que el casacionista alegue y pruebe el absurdo o la arbitrariedad en la valoración de esos temas por parte de los sentenciantes. Este Superior Tribunal tiene dicho que “se configura el absurdo cuando lo resuelto escapa a las leyes lógicas formales y las transgrede, o es impensable o inconcebible y no puede ser de ninguna manera por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio” (S.T.J., sent. de fecha 14-10-05, en autos: “Noriega, Gabriel c/ Díaz, Ariel E. y/u Otros s/ Cobro de Pesos, Daños y Perjuicios - Casación”); como asimismo que la arbitrariedad “...se configura cuando existe un inequívoco apartamiento de la solución normativa prevista por la ley o una absoluta falta de fundamentación de la sentencia” (S.T.J., sent. del 22-06-05, en autos: “Moreno, Pérez Leirós y Asociados c/ Salim, Raúl Felipe s/ Incumplimiento de Contrato, Casación”). Los agravios de la parte recurrente suscitan cuestión suficiente para su examen por la vía elegida, toda vez que lo resuelto admite revisión en supuestos excepcionales cuando se omite ponderar argumentos legales conducentes para la correcta solución del pleito. Así pues, individualizados en su análisis los agravios sobre los conceptos sustanciales del pronunciamiento jurisdiccional de segunda instancia, puede advertirse que en su fundamentación, el impugnante manifiesta que el motivo sustancial de la casación es la “violación y errónea aplicación del derecho” y los planteos del recurrente, en rigor, se encaminan a denunciar la preterición de cuestiones esenciales y a impugnar la labor apreciativa legal realizada por los sentenciantes que sirvió de sustento a la decisión, cuyo mérito o acierto también se controvierte. El Juez es el intérprete de la ley en los casos concretos y todo esto, se refuerza con el principio conocido como “in dubio pro operario” y que postula que en caso de duda sobre la aplicación e interpretación de normas legales se favorecerá al trabajador. En efecto, las normas específicas que rigen la cuestión deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, atento a las excepcionales particularidades de esta causa, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (C.S.J.N, Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:1284).



 IV) El recurso debe prosperar. Para evaluarse y decidirse en la causa, vale denotar que “en las relaciones laborales, la prescripción liberatoria se ha de regir en primer término, por las normas específicas consagradas por la LCT y en los aspectos no reglamentados se aplicarán, con carácter complementario y subsidiario, las normas de derecho civil, siempre que resulten compatibles con los principios generales del derecho del trabajo” (Etala, Carlos Alberto, D.T. on line, art. 256 LCT y Ídem, “Contrato de Trabajo”, pág. 577, § 1, Edit. Astrea, 1998; De La Fuente, en Vázquez Vialard (dir.), Tratado, T. 5, p. 668) y tomarse en consideración dos principios tuitivos en la materia que, al converger, llevan a concluir que la eficacia interruptiva de la demanda no se conmueve por las ulterioridades del proceso; salvo, claro está, las específicas dispuestas por el art. 3987 del Código Civil (desistimiento, deserción de la instancia o absolución definitiva del demandado). Y esos principios son: 1) que la interrupción producida por la demanda se prolonga cualquiera sea luego la rapidez o continuidad del trámite, en toda la duración del proceso y 2) que el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva (en general, y con más razón en la disciplina laboral donde interesan derechos de orden alimentario), razón por la cual, en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho, (cfr. en este sentido: Rodríguez, Mancini Jorge, colab., “Ley de Contrato de Trabajo”, com., anot. y conc., T. 4, págs. 681/682, Edit. La Ley, 2007; Maddaloni, Osvaldo A., Tula, Diego J., “Prescripción y caducidad en el derecho del trabajo”, pág. 9, Edit. Lexis Nexis, 1ra. edic. 2006; Etala, Carlos Alberto, Poclava Lafuente, Juan; Virgili, Claudio; Recalde, Héctor, art. 256 LCT, D.T. on line; Centeno,La prescripción en el derecho del trabajo, LT, XXII-385; De La Fuente, en Vázquez Vialard Tratado, T. 5, p. 680, cit. D.T. on line, Consultor, Prescripción - Díaz, Silvia E.; C.S.J.N., doctrina de Fallos: 213:71; 295:420; 308:1339; 318:879; 323:192; 326:742; 327:1629; 329:1012, entre muchos otros). “Debe tenerse en cuenta que en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo, la interpretación de este instituto debe ser más restrictiva aún que en el derecho común, donde rige el principio de favor del deudor (favor debitoris). Así, pues, se ha decidido que “la prescripción no puede constituir un medio de vulnerar los derechos esenciales del trabajador, por lo que toda duda debe resolverse a favor del mantenimiento de la acción” (CNTrab., sala I, 30/8/1985, “Merelles, Silvia L. y otro c/ Modas Denise S.R.L.”, D.T., 1985-B, 1607; ídem, ídem, 14/11/1988, “Manavella, Ramón c/ Empresa Kantek S.A. y otro”, D.T., 1989-B, 2286), y en consecuencia, al cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas -que implícitamente se reconocen existentes, y sólo son repelidas bajo el amparo de su carácter devenido de no exigibles, de acatamiento moral- y no su pérdida indirecta por este remedio de excepción (Etala, Carlos A., “Ley de Contrato de trabajo”, p. 644, Edit. Astrea, 2004 y “Contrato de Trabajo”, pág. 580, § 6, Edit. Astrea, 1998 con cita a Centeno, ob. y loc. Cit., De La Fuente, en Vázquez Vialard (dir.), ob. y loc. cit.). Por derivación lógica, de ello se sigue que los actos interruptivos o suspensivos de la prescripción deben interpretarse con criterio amplio, decidiéndose en caso de duda por la solución más favorable a la subsistencia del derecho del trabajador (cfr. POSE, Carlos, “Ley de Contrato de Trabajo”, 2da. edic. act., pág. 408, p. 4, Edit. David Grinberg, 2004). Esta interpretación en materia laboral, eventualmente contará además con el aval del in dubio pro operario (art. 9°, LCT). En efecto, como destaca Ackerman, si una interpretación restrictiva se ha preconizado para el Derecho Privado en general, debiéndose decidir en caso de duda por aquella solución que conduzca a la conservación del derecho, y permitiéndose de este modo el acceso a los beneficios que se irroguen del mismo, cuánto más cabe hacerlo cuando de lo que trata es de derechos siempre irrenunciables y absolutamente indisponibles, como lo son los créditos que nacen en cabeza del trabajador o sus derechohabientes como consecuencia del contrato de trabajo (Rodríguez Mancini, Jorge y colab., “Ley de contrato de trabajo”, t. 4, pág. 682, Edit. La Ley, 2007 con cita a Ackerman, Mario, “Los principios en el derecho del trabajo”, en Tratado de Derecho del Trabajo, (dir.) Ackerman, Mario, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2005, t. 1, págs. 375/378). Así las cosas, tengo para mí, que le asiste razón al recurrente en sus planteos, pues va de suyo que los sucesos procesales de autos, no implican un desistimiento de la demanda incoada, habida cuenta que el mismo no se presume sino que debe ser expresamente manifestado, ratificado por el trabajador y homologado judicialmente; tal el sentido estricto que impera en la legislación laboral sustancial conforme surge del art. 277 LCT con nulificación de pleno derecho (cfr., Vázquez Vialard, Antonio - Ojeda, Raúl Horacio, “Ley de Contrato de Trabajo”, pág. 651, p. 4, Edit Rubinzal-Culzoni, 1a. edic., 2005), resultando entonces que la acción no se encuentra desistida, y menos prescripta como estableció el fallo de grado al confirmar el resolutorio del juez de conciliación y sentencia. Dice Etala, Carlos Alberto. La Ley on line art. 277 y en “Contrato de Trabajo”, pág. 611, § 5, Edit. Astrea, 1998: “En el ordenamiento jurídico argentino existen dos clases de desistimiento: de la “pretensión” y del “derecho”. El desistimiento de la pretensión (el C.P.C.C.N. lo llama desistimiento del proceso) es el acto mediante el cual el actor declara su voluntad de poner fin al proceso pendiente, sin que éste avance, por lo tanto, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Este tipo de desistimiento sólo entraña el abandono del proceso, pero no afecta al derecho material que pudiere corresponder al actor quien puede interponer la misma pretensión en otro proceso. El desistimiento del derecho constituye, el acto en virtud del cual el actor declara su voluntad de abdicar del ejercicio del derecho material invocado como fundamento de la pretensión. El desistimiento del derecho al que alude el artículo no requiere conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio y a dar por terminado el juicio en caso afirmativo, no pudiendo promoverse en lo sucesivo otro proceso por el mismo objeto y causa (art. 305 C.P.C.C.N.). El desistimiento, según el artículo comentado, requiere ratificación personal del trabajador en el juicio y homologación judicial. Debe ser hecho por escrito y ser anterior a la sentencia. El desistimiento no se presume y puede ser revocado hasta tanto el juez se pronuncie (art. 306 C.P.C.C.N.)”. La demanda interrumpe la prescripción, sin otro aditamento; además, no comienza a correr un nuevo plazo de prescripción ya que la demanda no es un acto instantáneo sino continuo con los demás actos del proceso, luego, el efecto interruptivo se extiende mientras el proceso no fenezca, aún para el caso de que la demanda no se haya notificada. Especifica Héctor Recalde en D.T. on line art. 256 LCT: “Demanda al solo efecto interruptivo de la prescripción: Entendemos que este tipo de demandas de construcción pretoriana, aunque no esté expresamente prevista en nuestro ordenamiento ritual es útil para interrumpir la prescripción pues por este medio el actor manifiesta expresamente su voluntad de accionar por el cobro de sus créditos y cumple con los requisitos del art. 3986 primer párrafo C.Civ. La prescripción, que como sostuviéramos reiteradamente, debe ser interpretada con criterio restrictivo, no puede liberar al deudor pues no existe inacción del acreedor. Nótese que el citado art. 3986 C.Civ. establece un criterio amplio según el cual son útiles para interrumpir la prescripción las demandas ante juez incompetente, las defectuosas y aquellas en las que el demandante no tuviera capacidad legal para presentarse en juicio. De tal modo, aunque se considere la demanda al solo efecto interruptivo de la prescripción como una “defectuosa”, ésta, habrá surtido sus efectos interruptivos”. Existe jurisprudencia y doctrina que coinciden en darle una interpretación amplia al término demanda utilizado en el art. 3986 del C.C. comprensivo de toda actividad o diligencia judicial enderezada a la defensa del derecho de quien la realice (conf. Etala, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, pág. 583, § 1-a, Edit. Astrea, 1998 con cita a Centeno, LT, XXII-385; Cazeaux – Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, T. III, pág. 577). Si bien puedo advertir que, dado el tiempo transcurrido (1994-1997, ver fs. 7 y 28) entre la promoción de la demanda (con entidad suficiente para interrumpir el plazo prescriptivo) y la provisión de la misma, se percibe una falta de correspondencia con los principios de celeridad, economía y lealtad procesal a los que deben sujetarse los litigantes durante todo el curso del proceso; empero, recordando siempre el carácter restrictivo con el que ha de evaluarse este modo de extinción de las obligaciones, una solución distinta a la aquí propiciada me llevaría a tomar una decisión contra legem, pues no encuentro norma alguna que permita inferir siquiera, ni equiparar menos, la situación dada con las únicas causales que el legislador tuvo en mira para desvirtuar la interrupción operada (art. 3987, C.C.). O sea, ante la inexistencia de una declaración de la finalización de la acción por alguna de las causales contempladas en el art. 3987 del Código Civil con los requisitos formales premencionados, se produjo el reinicio del primigenio reclamo por la demanda, perdurando en el tiempo el acto interruptivo y durante todo el transcurso del proceso. No es vano recordar, que en el marco del proceso laboral, caracterizado como de justicia de protección, ante cuestionamientos meramente formales, no cabe perjudicar reclamos que poseen naturaleza alimentaria. Cabe señalar además respecto de la otra figura (caducidad o deserción de instancia), que la actual Ley 3603 y modif. vigente no contiene disposiciones referidas a la deserción de la instancia, lo que torna al instituto como no operable en el fuero laboral provincial, pues presentada la demanda el procedimiento puede ser impulsado por las partes, el tribunal y el Ministerio Público (art. 44 C.P.L. Ley 3603 y modif.) y si bien el impulso de oficio (devenido del orden público laboral) no viene a reemplazar la inacción de los litigantes, su institución es incompatible con la caducidad de la instancia, y siendo ello así, ésta no se produce. Denoto además que, el propio Código Civil (art. 3987) delega a los procedimentales pertinentes la regulación de la deserción de la instancia, que nuestro rito laboral no ha recogido. Caducidad de las pretensiones en el procedimiento laboral: Torrens Elguetta, Gonzalo, La Ley on line: “No existe en el fuero laboral el instituto de la perención de instancia por la naturaleza oficiosa del proceso” (Toselli, Carlos Alberto; Ulla, Alicia Graciela, “Código Procesal del Trabajo, Ley 7987”, Ed. Alveroni, 2005, p. 113), esta postura se sustenta en el axioma que reza que “donde existe deber funcional no puede haber carga procesal”, de lo que se desprende que las normas del Código Procesal Civil y Comercial sobre perención de la instancia no serían aplicables supletoriamente al proceso laboral. “Cuando la institución ha sido excluida legislativamente, no resulta posible la declaración de caducidad de instancia en juicios laborales, ya que dicha exclusión constituye un indicio de que el mencionado instituto resulta inconveniente dentro del sistema procesal laboral” Maddaloni, Osvaldo A.; Tula, Diego Javier, ob. cit., pág. 161. En suma, me percato que la teoría expuesta puede prestarse a conductas cercanas si se quiere al abuso, pero ello no puede apartarnos de la solución que, bien o mal, ha dado la ley. Hasta parece ocioso recordar, que si la condición única para que se cumpla la prescripción liberatoria es el silencio o inacción del acreedor, basta para interrumpirla una manifestación de voluntad suficiente que desvirtúe la presunción de abandono de su derecho que se induzca de ese silencio o inacción, y esta manifestación de voluntad tanto puede exteriorizarse mediante demanda, entendida en su sentido técnico procesal, como cualquier otro acto que demuestre en forma auténtica que no ha abandonado su crédito y que su propósito es no dejarlo perder. “El efecto interruptivo de la demanda se prolonga todo el tiempo que dure el proceso; la manifestación de voluntad del acreedor expresada judicialmente, basta para hacer desaparecer la presunción legal de abandono del derecho” (C.S.J.N, Fallos, 237:452). En este sentido, tiene dicho la doctrina que la interrupción causada por la demanda tiene toda la duración del proceso, cualquiera que sea luego la rapidez o continuidad del trámite (Bueres  - Highton, “Código Civil Anotado”, t. 6 b, ed. Hammurabi, p. 686). La norma responde así a la máxima “omnes actiones qua morte aut tempore perenit, seme inclusae indicio salvae permanent”, todas las acciones que caducan con la muerte o con el tiempo una vez puestas en juicio quedan salvadas indefinidamente (Llambías, Jorge - Méndez Costa, María, “Código Civil Anotado”, t. Vc, ed. Abeledo Perrot, p. 793). Por todo lo desarrollado, considero que corresponde hacer lugar al recurso deducido, casándose el fallo recurrido, debiendo volver los autos a la instancia de grado para que conforme a las normas procesales en vigor, produzca los actos procesales necesarios y se continúe la causa según su estado, hasta el dictado del pronunciamiento que corresponda.

 V)Sentado lo expuesto, y si bien el evaluado lapso de inactividad de la actora en el impulso del trámite procesal no viabiliza a mi entender la procedencia de la prescripción opuesta, entiendo cuanto menos que ello habilitó a la demandada a juzgar, con razón procedente su defensa. Máxime cuando la falta de celeridad y lealtad han sido anotadas como rasgos propios de la conducta procesal observada por la actora. Por ello propongo que las costas sean impuestas por su orden (arts. 122, 168 Ley 3603, 68, 69 Ley 3534). Conforme lo ponderado, doctrina y jurisprudencia reseñadas, normas legales citadas y habiendo dictaminado el Sr. Fiscal GeneralVoto por: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora. II) Casar la resolución de la Excma. Cámara de Trabajo y Minas de Cuarta Nominación, en fecha 13 de septiembre de 2007, glosada a fs. 288/289 vta., en cuanto declaró procedente la excepción de prescripción planteada por la demandada. En su mérito, bajen los autos a la instancia de grado, para que conforme a las normas procesales en vigor, produzca los actos procesales necesarios y se continúe la causa según su estado, hasta el dictado del pronunciamiento que corresponda. III) Costas por su orden (arts. 122, 168 Ley 3.603, 68, 69 Ley 3.534).

                       A estas mismas cuestiones, el Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo dijo: Que comparte los argumentos esgrimidos por el Vocal preopinante, Dr. Raúl Alberto Juárez Carol, emitiendo su voto en idéntico sentido.

                    A las mismas cuestiones, el Dr. Armando Lionel Suárez, dijo: Que se adhiere en un todo a lo sustentado por el Dr. Raúl Alberto Juárez Carol votando en igual forma. Con lo que se dió por terminado el Acto, firmando los Sres. Vocales, por ante mí, que doy fe. Fdo: Raúl Alberto Juárez Carol - Agustín Pedro Rímini Olmedo - Armando Lionel Suarez - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe



 

 

 



Santiago del Estero, veintiuno de septiembre del año dos mil nueve.-

                        En mérito al resultado de la votación que antecede, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora. II) Casar la resolución de la Excma. Cámara de Trabajo y Minas de Cuarta Nominación, en fecha 13 de septiembre de 2007, glosada a fs. 288/289 vta., en cuanto declaró procedente la excepción de prescripción planteada por la demandada. En su mérito, bajen los autos a la instancia de grado, para que conforme a las normas procesales en vigor, produzca los actos procesales necesarios y se continúe la causa según su estado, hasta el dictado del pronunciamiento que corresponda. III) Costas por su orden (arts. 122, 168 Ley 3.603, 68, 69 Ley 3.534). Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese. Fdo: Raúl Alberto Juárez Carol - Agustín Pedro Rímini Olmedo - Armando Lionel Suarez - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.


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