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Superintendencia de industria y comercio delegatura para asuntos jurisdiccionales grupo de trabajo de competencia desleal


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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL
Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil once (2011)



S
entencia No.

Por la cual se decide un proceso por competencia desleal”



Expediente No.: 04056734

Proceso abreviado por competencia desleal

Demandantes: José Filemón Patiño Patiño

Demandada: Airo Hernández Piñeros.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia desleal promovido por JOSÉ FILEMÓN PATIÑO PATIÑO en contra de AIRO HERNÁNDEZ PIÑEROS.


1. ANTECEDENTES:

    1. Partes:


Demandante: JOSÉ FILEMÓN PATIÑO PATIÑO, comerciante inscrito en Bogotá, propietario del establecimiento de comercio “LA VISION” que tiene por objeto la venta de abarrotes, víveres y legumbres, conforme lo dispone el certificado de Cámara y Comercio.1
Demandada: AIRO HERNÁNDEZ PIÑEROS se dedica a la venta de abarrotes, víveres y legumbres y, en general, a la administración del establecimiento de comercio denominado “EXPENDIO DE CARNES GUTIERREZ” de propiedad del señor PABLO EMILIO GUTIERREZ.


    1. Los hechos de la demanda:

JOSÉ FILEMÓN PATIÑO PATIÑO afirmó que le compró a la señora AIRO HERNÁNDEZ, el día 6 de abril del año 2004, un almacén de venta de abarrotes, víveres y legumbres de nombre “LA VISION” que se encontraba en un local de su propiedad, quien se comprometió a no colocar un negocio con el mismo objeto. Sin embargo, manifestó el accionante que la demandada hizo caso omiso a ese compromiso y el 3 de mayo de la misma anualidad colocó a unos cuantos metros una distribuidora de venta de víveres, abarrotes y legumbres en el establecimiento de comercio del señor PABLO EMILIO GUTIÉRREZ.


Agregó el extremo actor que la demandada “salía a la puerta del negocio y llamaba a la clientela”, hecho que le causo graves perjuicios económicos y lo llevó a la quiebra, por lo que se vio obligado a vender el establecimiento de comercio denominado “EL GRAN CACHIPAY”. Adicionalmente señaló el accionante que la señora AIRO HERNÁNDEZ antes de la venta del establecimiento estaba realizando compras a los distribuidores para abastecer su futuro negocio.
1.3. Pretensiones:
En ejercicio de la acción declarativa y de condena descrita en el numeral 1º del artículo 20 de la citada Ley 256 de 1996, el demandante solicitó que declare que las conductas imputadas a su contraparte son contrarias a lo dispuesto en los artículos 7º (clausula general) y 8º (desviación de clientela) de la ley 256 de 1996 y, por consiguiente, se le condene al pago de perjuicios causados2.
1.4. Admision y Contestacion:
Mediante resolución No. 17574 del 29 de julio de 20043, se ordenó la apertura del trámite en ejercicio de facultades jurisdiccionales. Surtida en legal forma la notificación a la accionada, esta contestó la demanda extemporáneamente.
Las partes fueron citadas a audiencia de conciliación4 sin lograr un acuerdo que terminara el litigio5. Mediante auto 03603 de 30 de septiembre del 20046, se decretaron las pruebas del proceso.
De conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión7, oportunidad en la que el extremo actor reiteró los argumentos expuestos en su demanda.
2. CONSIDERACIONES:
Habiendose agotado las etapas procesales y no presentandose nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos:
2.1. Hechos probados:
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se tiene por probado que:
2.1.1. La demandada hasta el mes de abril del año 2004, fue propietaria del establecimiento de comercio “LA VISION” que se dedicaba a la venta víveres, abarrotes y legumbres8
2.1.2 El día 6 abril del 2004 la demandada vendió el establecimiento de comercio denominado “LA VISION” ubicado en la Cra. 79 No 14 B-03, al señor José Filemón Patiño Patiño9.
2.1.3. Para el mes de mayo del año 2004 Airo Hernández Piñeros administraba un establecimiento de comercio de propiedad del señor PABLO EMILIO GUTIÉRREZ, denominado “EXPENDIO DE CARNES GUTIÉRREZ”, que se dedica a la venta de carnes, pollo, abarrotes, legumbre y víveres10.
2.1.4 Mediante escrito presentado ante este Despacho el día 24 de junio de 2004, el actor manifestó haber vendido el establecimiento de comercio denominado “EL GRAN CACHIPAY” al señor ALFONSO ALBARRACIN11.
2.1.5. Mediante recibo de caja No P07-00965479 de fecha 6 de abril de 2004, aportado por el demandante, se constata un pedido de víveres a nombre de Airo Hernández Piñeros a la Compañía Nacional de Chocolates, con lo cual el accionante pretende corroborar que la demandada antes de la venta del establecimiento “LA VISION” estaba realizando compras a los distribuidores para su futuro negocio12.
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996:
En el presente asunto, el ámbito objetivo de aplicación de la citada ley de competencia desleal se encuentra acreditado, en tanto la conducta de la demandada, consistente en “salir y llamar a los clientes”, con el propósito de disminuir la clientela del demandante, así como el hecho de administrar un establecimiento ubicado a unas cuantas cuadras y dedicado a la venta de los mismos productos, pueden constituir eventualmente una conducta idónea para incrementar la participación en el mercado de quien lo ejecutó.
Respecto del ámbito subjetivo, se atiende puesto que existe evidencia de la participación tanto de José Filemón Patiño Patiño como de la señora Airo Hernández Piñeros en el mercado de la comercialización al detal de productos alimenticios.
Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las conductas denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia.


2.3. Legitimación:
El demandante se encuentra legitimado porque partiendo de su participación en el mercado, a través del establecimiento “LA VISION”, sus intereses económicos podrían resultar afectados si se acredita que la demandada, ejecutó conductas de desviación de clientela por medios desleales, en un establecimiento de comercio cercano al del demandante.
Por su parte, la demandada está legitimada para soportar la acción de la referencia, puesto que reconoció en el interrogatorio de parte administrar un negocio de su compañero permanente ubicado a pocos metros del establecimiento del actor y comercializar los mismos productos que ofrecia en el establecimiento de comercio “LA VISION”.


    1. Problema jurídico:

El problema jurídico en esta oportunidad se concentra en determinar si quien se dedica a ejecutar la misma actividad mercantil en un establecimiento que compite directamente con el que vendió, incurre en los actos desleales denunciados.




    1. Análisis de la deslealtad de los actos ejecutados por la demandada:

La improsperidad de las pretensiones de la demanda será declarada, como quiera que carecen de todo fundamento probatorio sólido, que determine de manera concreta la existencia de los actos de competencia desleal endilgados a la señora Airo Hernández. En efecto, el demandante incumplió el deber probatorio que el Código de Procedimiento Civil13 como norma imperativa impone respecto de probar los supuestos fácticos que sustentan la demanda, en tanto que José Filemón Patiño Patino se abstuvo de acreditar que la demandada haya desviado la clientela con el propósito de favorecer deslealmente su permanencia en el mercado, así mismo, tampoco existe prueba sobre el referido acuerdo entre las partes del proceso, mediante el cual la pasiva se comprometía a no constituir otro establecimiento de comercio destinado a la venta de los mismos productos.


Justamente, conviene resaltar que la desviación de clientela configurada en el artículo 8º de la ley 256 del 199614, tendrá lugar en aquellos casos en que se logre comprobar que la clientela se abstuvo de acudir a la oferta mercantil del demandante, como consecuencia del comportamiento desleal desplegado por la demanda, situación que para el presente asunto no se acreditó, pues no existe prueba alguna dirigida a demostrar que efectivamente la denunciada “salía a llamar a la clientela” y, correlativo a este acto, se haya visto perjudicado por la disminución de la misma en su negocio, mediante la incursión de comportamientos contrarios a las sanas costumbres mercantiles y los usos honestos en el mercado.
Y, es que no podría considerarse un acto contrario a las sanas costumbres mercantiles, el simple hecho de que la susodicha laborara en un establecimiento de comercio a corta distancia del que anteriormente era de su propiedad, destinado a la venta de los mismos productos, si esto es realizado dentro del marco normativo permitido y atendiendo a la buena fe comercial15, en todo caso de ser contrario, el extremo actor tendría la carga de demostrar que la denunciada actuó de manera deshonesta y desleal, situación que para el referido caso no aconteció, pues se reitera, la ejecución de un comportamiento como el descrito más bien corresponde a un acto competitivo dentro del mercado.
Los lineamientos precedentes devienen importantes para respaldar también la ausencia de los actos contemplados en el artículo 7º ibídem16, norma que tiene como función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos específicos contemplados en los artículos 8º a 19º de la citada Ley 256, razón por la que la evocación del artículo 7º también impone la obligación de demostrar a quien la alega. De esta manera en el sub lite no se corrobora tampoco prueba del alegado precepto, debido que el demandante aduce que la demandada actuó en contra de lo prescrito en dicha norma, toda vez que faltó al acuerdo celebrado entre ellos, consistente en que la demandada se comprometía a no constituir un establecimiento de comercio destinado al mismo fin, pacto del cual tampoco existe prueba en el expediente.
En lo que atañe a la prueba aportada por el demandante, referida al recibo de caja No P07-00965479 de fecha 6 de abril de 2004, con la cual pretende demostrar que la demandada antes de la venta del establecimiento de comercio “LA VISION” estaba realizando pedidos de productos para abastecer su negocio futuro, desconociendo el presunto acuerdo realizado entre ellos, se precisa, que ante la ausencia probatoria de actos deshonestos por parte de la demandada, dicha prueba se torna insuficiente para acreditar por sí sola la existencia de un comportamiento contrario a la libre competencia.
En estas circunstancias se permite concluir que el demandante no probó en debida forma, como era su deber, que las conductas realizadas por la pasiva configuran actos contrarios a los artículos invocados contemplado en la ley 256 de 1996, en tanto que lo único que se advierte en el expediente es que la señora Airo Hernández labora en un establecimiento que compite con el del demandante sin que de ello pueda colegirse una desviación de clientela, así como tampoco acreditó la existencia de un acuerdo entre ellos, del cual se podría haber partido para entrar a valorar si su conducta comportaba un acto contrario a la sana práctica mercantil.
En todo caso, para la prosperidad de sus pretensiones, aún sin la existencia del mencionado acuerdo, el extremo actor debió probar que durante la administración del establecimiento de comercio denominado “EXPENDIO DE CARNES GUTIÉRREZ” realizada por la demandada, esta desplegó conductas deshonestas que causaron graves perjuicios económicos al demandante, no obstante como ya se explicó, no obra prueba encaminada a mostrar tales supuestos.
Adicionalmente, es menester precisar que de acuerdo a la prueba documental obrante en el proceso, no es posible colegir que el establecimiento de comercio llamado “LA VISION” que el demandante adquirió por compra que le hizo a la señora Airo Hernández Piñero, corresponda al establecimiento denominado “EL GRAN CACHIPAY”, debido a que, de conformidad con los certificados de matrícula de persona natural generados por la Cámara de Comercio de Bogotá, las direcciones en las que se encuentran ubicados los referidos establecimientos, no coinciden. De igual manera de la demanda tampoco se permite deducir que se habla de un mismo local, puesto que nada dijo el demandante sobre el referido asunto.
Por consiguiente, se denegarán las pretensiones de la demanda.
3. DECISIÓN
En mérito de lo anterior, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Denegar las pretensiones elevadas por José Filemón Patiño Patiño, conforme se indicó en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO: Condenar a la parte demandante al pago de las costas del proceso. Tásense.
TERCERO: Archivar las presentes diligencias.

NOTIFÍQUESE
El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO
Notificaciones:

Señor:


José Filemón Patiño Patiño

C.C No 79.671.022 de Bogotá



ACCIONANTE
Doctor

Nelson Trujillo Gordillo

C.C No 19.072.524 de Bogotá.

T.P 57.118 del C. S. de la J.

APODERADO PARTE DEMANDADA

AIRO HERNANDEZ PIÑEROS



1 Folio 5 Cdno 1.

2 folio 12 Cdno 1.

3 folios 16 a 18 Cdno 1. En aplicación de las facultades conferidas en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998 y de la Ley 640 de 2001.

4 folio 36 cdno 1.

5 folio 31 cdno 1.

6 folios 43 y 44 cdno 1.

7 fl. 61 cdn 1.

8 fl. 57 Interrogatorio de Parte, Cdno 1.

9 fl. 57 Interrogatorio de Parte pregunta 5, cdno 1.

10 fl. 56 cdno 1.

11 fs. 7, 54 y 56 cdno 1.

12 fs. 33 y 34.

13 Articulo 177 C.P.C.”Incumbe a las parte probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (…)

14 Artículo 8º ley 256 de 1996: ”se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial”

15 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 4 y 20 de 2009 y No. 1 y 14 de 2010: "la convicción, predicada de quien interviene en el mercado, de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los negocios, o como la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, que les permite

obrar con la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la Ley, e implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico”



16 Articulo 7º “Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial… se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas cosntumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial y comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado



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