Página principal

Solicitud de facultad de atraccióN


Descargar 153.19 Kb.
Página1/2
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño153.19 Kb.
  1   2


SOLICITUD DE faCULTAD DE ATRACCIÓN

8/2004-ps.

PROMOVENTE: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, MARCIAL RAFAEL MACEDO de la CONCHA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIo: JAIME SALOMÓN HARÍZ PIÑA.
Vo. BO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día trece de octubre de dos mil cuatro.

V I S T O S; para resolver, los autos del expediente citado al rubro, relativo a la solicitud que formula el Procurador General de la República, para que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza la facultad de atracción para conocer del recurso de apelación al que correspondió el número 415/2004 interpuesto por el Representante Social de la Federación, de la Oficina del Fiscal Especial y el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en contra de la resolución de veinticuatro de julio de dos mil cuatro, dictada por el titular del Juzgado Federal en cita, en el proceso penal 114/2004, por la que se declaró extinguida la acción penal respecto del delito de GENOCIDIO, previsto en el artículo 149 bis del Código Penal Federal en vigor en la época de los hechos, a favor de LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, MARIO AUGUSTO JOSÉ MOYA Y PALENCIA, LUIS DE LA BARREDA MORENO, MIGUEL NAZAR HARO, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALEU, MANUEL DÍAZ ESCOBAR FIGUEROA (a) “EL MAESTRO”, RAFAEL DELGADO REYES (a) “EL RAFLES”, SERGIO SAN MARTÍN ARRIETA (a) “EL WATUSI”, ALEJANDRO ELEAZAR BARRÓN RIVERA (a) “EL PICHÍN”, SERGIO MARIO ROMERO RAMÍREZ (a) “EL FISH” y VÍCTOR MANUEL FLORES REYES (a) “EL COREANO”; y,
- R E S U L T A N D O -
PRIMERO.- Mediante oficio PGR/672/2004, recibido el veinticinco de agosto de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Procurador General de la República, solicitó a la Primera Sala de este Alto Tribunal, que ejerciera la facultad de atracción, respecto del recurso de apelación número 415/2004, del Índice del Quinto Tribunal Unitario del Primer Circuito; en virtud de que estimó que en la especie se surten todos y cada uno de los supuestos previstos por la fracción III del artículo 105 de la Constitución General de la República.
SEGUNDO.- La Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de veintiséis de agosto de dos mil cuatro, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la facultad de atracción solicitada, con el número 8/2004-PS; y, requirió al Magistrado del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito para que remitiera el expediente original número 415/2004.

Al efecto, el órgano jurisdiccional federal en cita, remitió el toca penal aludido, así como el original del proceso penal 114/2004 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.


TERCERO.- Mediante proveído de siete de septiembre del año en curso, se turnaron los autos a la Ponencia del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a fin de que elaborara el proyecto de resolución.
- C O N S I D E R A N D O -
PRIMERO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la solicitud realizada por el Procurador General de la República, en el sentido de conocer del recurso de apelación al que correspondió el número 415/2004, interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Oficina del Fiscal Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales, Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, así como por su similar adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en contra de la resolución de veinticuatro de julio de dos mil cuatro, dictada por el titular del Juzgado Federal en cita, en el proceso penal 114/2004-I, por la que se declaró que ha prescrito la acción penal ejercida por la Representación Social de la Federación, en contra de LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, MARIO AUGUSTO JOSÉ MOYA Y PALENCIA, LUIS DE LA BARREDA MORENO, MIGUEL NAZAR HARO, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALEU, MANUEL DÍAZ ESCOBAR FIGUEROA (a) “EL MAESTRO”, RAFAEL DELGADO REYES (a) “EL RAFLES”, SERGIO SAN MARTÍN ARRIETA (a) “EL WATUSI”, ALEJANDRO ELEAZAR BARRÓN RIVERA (a) “EL PICHÍN”, SERGIO MARIO ROMERO RAMÍREZ (a) “EL FISH” y VÍCTOR MANUEL FLORES REYES (a) “EL COREANO”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de GENOCIDIO, previsto en el párrafo primero del artículo 149 bis y párrafo quinto y sancionado en el párrafo segundo y quinto de dicho precepto, en relación con el 7º, 8º fracción I, 9º párrafo primero y 13 fracción I, del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal vigente para el año de mil novecientos setenta y uno.
SEGUNDO.- La solicitud de facultad de atracción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los numerales 105, fracción III, de la Ley Fundamental, así como 21, fracción I, y 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la formula el Procurador General de la República.
TERCERO.- Previamente al análisis de la cuestión fundamental del asunto, es necesario dirigir la atención a los antecedentes que arrojan las constancias de autos, en los términos que a continuación se expondrán.
1.- Mediante oficio FEMOSPP/DGIM”B”/394/2004, recibido por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal el veintitrés de julio del año en curso, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, de la Procuraduría General de la República, consignó la averiguación previa PGR/FEMOSPP/011/2002, en la que ejerció acción penal contra LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, MARIO AUGUSTO JOSÉ MOYA Y PALENCIA, LUIS DE LA BARREDA MORENO, MIGUEL NAZAR HARO, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALEU, MANUEL DÍAZ ESCOBAR FIGUEROA (a) “EL MAESTRO”, RAFAEL DELGADO REYES (a) “EL RAFLES”, SERGIO SAN MARTÍN ARRIETA (a) “EL WATUSI”, ALEJANDRO ELEAZAR BARRÓN RIVERA (a) “EL PICHÍN”, SERGIO MARIO ROMERO RAMÍREZ (a) “EL FISH” y VÍCTOR MANUEL FLORES REYES (a) “EL COREANO”, como probables responsables de la comisión del delito mencionado en el preámbulo de esta resolución, y solicitó se librara orden de aprehensión.
2.- En la fecha de recepción del pliego de consignación a que se refiere el párrafo que antecede, se radicó la averiguación previa citada, registrándose ésta en el libro de causas penales del mencionado órgano jurisdiccional, con el número 114/2004-I, se dio aviso a la Superioridad y la intervención legal que le compete a la Representación Social de la Federación de aquella adscripción.
3.- Por resolución de veinticuatro de julio de dos mil cuatro, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, determinó:
"PRIMERO.- Por las razones expuestas en el "considerando último de esta resolución, se "declara extinguida la acción penal respecto del "delito de GENOCIDIO, a favor de los inculpados "LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, MARIO AUGUSTO "JOSÉ MOYA Y PALENCIA, LUIS DE LA BARREDA "MORENO, MIGUEL NAZAR HARO, JOSÉ ANTONIO "GONZÁLEZ ALEU, MANUEL DÍAZ ESCOBAR "FIGUEROA (a) “EL MAESTRO”, RAFAEL "DELGADO REYES (a) “EL RAFLES”, SERGIO SAN "MARTÍN ARRIETA (a) “EL WATUSI”, ALEJANDRO "ELEAZAR BARRÓN RIVERA (a) “EL PICHÍN”, "SERGIO MARIO ROMERO RAMÍREZ (a) “EL FISH” "y VÍCTOR MANUEL FLORES REYES (a) “EL "COREANO”; por tanto, se decreta el "sobreseimiento en la presente causa. --- "SEGUNDO.- Una vez que cause ejecutoria la "presente resolución, previas las anotaciones en el "libro de gobierno, archívese la causa como asunto "concluido”.
Al notificársele la resolución que antecede, el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Oficina del Fiscal Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales, Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, así como su similar adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, interpusieron recurso de apelación, por lo que en proveído de veintisiete de julio del año que transcurre, el juzgador federal de origen lo tuvo por presentado, admitiendo el recurso en efecto devolutivo; y, posteriormente, por auto de veintinueve siguiente ordenó turnar los autos al Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, en el Distrito Federal.
4.- El Magistrado del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, en auto de seis de agosto de dos mil cuatro, mandó formar y registrar el expediente relativo al recurso de apelación hecho valer, bajo el número 415/2004, y poner los autos a la vista del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por el término de tres días. En Pedimento FEMOSPP/DGIM “B”/433/2004, la Agente del Ministerio Público de la Federación Comisionada a la Oficina del Fiscal Especial, ofreció pruebas documentales, a lo que en proveído de trece de agosto del año en curso, el Magistrado en cita las tuvo por admitidas y desahogadas, señalándose día y hora para la celebración de la correspondiente audiencia de vista.
Posteriormente, tal y como se informa en el resultando primero de esta determinación, el Procurador General de la República, solicitó a la Primera Sala de este Alto Tribunal, que ejerciera la facultad de atracción, para tal efecto expresó, en síntesis:
- Que el numeral 105, fracción III Constitucional, establece la facultad discrecional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atraer a su conocimiento, aquellos recursos de apelación de la competencia originaria de los Tribunales Unitarios de Circuito.
- Que en cuanto a los requisitos de procedibilidad para el ejercicio de la facultad referida, se encuentran: que la Suprema Corte de Justicia la ejerza oficiosamente, o bien, a petición fundada del Tribunal Unitario de Circuito que conozca del asunto o del Procurador General de la República; que se impugnen sentencias emitidas por los Jueces de Distrito; que dichas resoluciones recaigan en asuntos en los que “la Federación sea parte” y que tales asuntos contengan las características de “interés” y “trascendencia”.
- Que en el caso concreto se ha actualizado la reunión de los supuestos legales respectivos, habida cuenta que, el Procurador General de la República, solicita el ejercicio de la multicitada facultad de atracción.
- Que por otro lado, si bien es cierto, la determinación que se impugna –de sobreseimiento por prescripción de la acción penal-no se trata, en estricto sentido, de una sentencia que resuelve la instancia y resuelve el asunto en lo principal, también lo es, que por su naturaleza y efectos, debe equipararse a aquélla, por disposición del artículo 304, del Código Federal de Procedimientos Penales; y, para corroborar su aserto, hace referencia a la resolución emitida por esta Primera Sala, al resolver la facultad de atracción 2/2003-PS.
- Que el carácter de la Federación como “parte” en el proceso penal, se origina por la circunstancia de que al Ministerio Público de la Federación compete la facultad de persecución, ante los tribunales federales, de los delitos de ese orden (ius puniendi), representando intereses públicos y sociales; y, a mayor abundamiento, cuando la materia del juicio puede afectar a la Nación.
- Que por lo que se refiere a los requisitos de “interés” -complejidad, importancia, relevancia jurídica y social del caso justiciable, que no se ponderará necesariamente por su cuantía económica, en caso de ser ésta apreciable por ese criterio- y “trascendencia” -impacto o influencia de la resolución que en la especie se pronuncie sobre otras cuestiones que en futuro se examinen, o bien, sobre un conjunto notable de relaciones jurídicas o sociales-, éstos se desprenden de la naturaleza del asunto específico, no sólo por el cúmulo de investigaciones ministeriales que se realizan actualmente en los rubros de derechos humanos, así como de delitos cometidos por servidores públicos con motivo de movimientos políticos y sociales del pasado, sino también, de manera particular, por el pronunciamiento efectuado por el Juez de Distrito de origen en lo tocante a la operancia de una de las formas extintivas de la acción penal –por prescripción-, respecto del ilícito de genocidio que se encontraba previsto en el párrafo primero del artículo 149 bis y párrafo quinto y sancionado en el párrafo segundo y quinto de dicho precepto, en relación con el séptimo, octavo fracción I, noveno párrafo primero y trece fracción I, del Código Penal para el Distrito y territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal vigente para el año de mil novecientos setenta y uno.
CUARTO.- Pues bien, una vez que se han destacado las circunstancias particulares del presente asunto y los motivos por los cuales se solicita a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza la facultad de atracción para conocer del recurso de apelación respectivo, resulta procedente arribar al análisis fundamental del asunto, en el que habrán de tomarse en cuenta los siguientes tópicos:
La intención del Constituyente Permanente al reformar el tenor del artículo 105, Constitucional;
La naturaleza jurídica de la facultad de atracción para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda conocer de recursos de apelación, en los términos de dicho numeral;
El carácter de “parte” de la Federación de índole ordinario, así como excepcional;
El campo de atribuciones del Procurador General de la República y del Ministerio Público de la Federación;
La interpretación adecuada que debe darse al precepto de mérito;
El procedimiento del recurso de apelación multicitado y los requisitos que se deben satisfacer para su procedencia; y,
La interpretación de este Alto Tribunal del concepto de interés de la Federación cuando es parte en los juicios federales.
Todo lo que una vez realizado, otorgará la pauta para la solución del presente asunto.
En ese orden de ideas, en principio es prudente destacar, que el artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro-, disponía:
"ARTÍCULO 105.- Corresponde sólo a la Suprema "Corte de Justicia de la Nación conocer de las "controversias que se susciten entre dos o más "Estados; entre uno o más Estados y el Distrito "Federal; entre los poderes de un mismo Estado y "entre órganos de gobierno del Distrito Federal, "sobre la constitucionalidad de sus actos y de los "conflictos entre la Federación y uno o más "Estados, así como de aquéllas en que la "Federación sea parte en los casos que establezca "la Ley”.
A partir de la modificación mencionada, el texto vigente establece:
"ARTÍCULO 105.- La Suprema Corte de Justicia de "la Nación conocerá, en los términos que señale la "ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I.- De las controversias constitucionales que, con "excepción de las que se refieran a la materia "electoral, se susciten entre:

"a).- La Federación y un Estado o el Distrito "Federal;

"b).- La Federación y un municipio;

"c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión;

"aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su "caso, la Comisión Permanente, sean como "órganos federales o del Distrito Federal;

"d).- Un Estado y otro;

"e).- Un Estado y el Distrito Federal;

"f).- El Distrito Federal y un municipio;

"g).- Dos municipios de diversos Estados;

"h).- Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la "constitucionalidad de sus actos o disposiciones "generales;

"i).- Un Estado y uno de sus municipios, sobre la "constitucionalidad de sus actos o disposiciones "generales;

"j).- Un Estado y un municipio de otro Estado, "sobre la constitucionalidad de sus actos o "disposiciones generales; y

"k).- Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, "sobre la constitucionalidad de sus actos o "disposiciones generales.

"Siempre que las controversias versen sobre "disposiciones generales de los Estados o de los "municipios impugnadas por la Federación, de los "municipios impugnadas por los Estados, o en los "casos a que se refieren los incisos c), h) y k) "anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de "Justicia las declare inválidas, dicha resolución "tendrá efectos generales cuando hubiera sido "aprobada por una mayoría de por lo menos ocho "votos.

"En los demás casos, las resoluciones de la "Suprema Corte de Justicia tendrán efectos "únicamente respecto de las partes en la "controversia.
"II.- De las acciones de inconstitucionalidad que "tengan por objeto plantear la posible "contradicción entre una norma de carácter general "y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán "ejercitarse, dentro de los treinta días naturales "siguientes a la fecha de publicación de la norma, "por:

"a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los "integrantes de la Cámara de Diputados del "Congreso de la Unión, en contra de leyes "federales o del Distrito Federal expedidas por el "Congreso de la Unión;

"b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los "integrantes del Senado, en contra de leyes "federales o del Distrito Federal expedidas por el "Congreso de la Unión o de tratados "internacionales celebrados por el Estado "Mexicano;

"c).- El Procurador General de la República, en "contra de leyes de carácter federal, estatal y del "Distrito Federal, así como de tratados "internacionales celebrados por el Estado "Mexicano;

"d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los "integrantes de alguno de los órganos legislativos "estatales, en contra de leyes expedidas por el "propio órgano, y

"e).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los "integrantes de la Asamblea de Representantes del "Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por "la propia Asamblea.

"f) Los partidos políticos con registro ante el "Instituto Federal Electoral, por conducto de sus "dirigencias nacionales, en contra de leyes "electorales federales o locales; y los partidos "políticos con registro estatal, a través de sus "dirigencias, exclusivamente en contra de leyes "electorales expedidas por el órgano legislativo del "Estado que les otorgó el registro.

"La única vía para plantear la no conformidad de "las leyes electorales a la Constitución es la "prevista en este artículo.

"Las leyes electorales federal y locales deberán "promulgarse y publicarse por lo menos noventa "días antes de que inicie el proceso electoral en "que vayan a aplicarse, y durante el mismo no "podrá haber modificaciones legales "fundamentales.

"Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia "sólo podrán declarar la invalidez de las normas "impugnadas, siempre que fueren aprobadas por "una mayoría de cuando menos ocho votos.

"III.- De oficio o a petición fundada del "correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del "Procurador General de la República, podrá "conocer de los recursos de apelación en contra de "sentencias de Jueces de Distrito dictadas en "aquellos procesos en que la Federación sea parte "y que por su interés y trascendencia así lo "ameriten.

"…”
Como puede advertirse de las transcripciones que anteceden, la reforma al artículo 105 Constitucional que se comenta, obedeció a la intención del Constituyente Permanente, en establecer la efectiva vigencia de la Constitución y el estado de derecho que de ella emana, fortalecer el Poder Judicial de la Federación, velar por la unión de la República, establecer mecanismos precisos para un efectivo control de la constitucionalidad, así como plantear las bases de un Sistema Nacional de Seguridad Pública y garantizar un verdadero Federalismo, claro está, bajo el respeto absoluto al principio de división de poderes.
De ahí, que a diferencia del texto anterior, que no detallaba lo relativo a la temática de cuáles eran “las controversias” –lato sensu- que pudieran existir entre los Estados y el Distrito Federal y entre éstos y la Federación, así como entre los poderes y niveles de gobierno de cada uno de ellos -a fin de que de ellas conociera y resolviera la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, con la actual redacción del precepto en cita y la expedición de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisaron las diversas hipótesis respecto de tales conflictos, siendo denominadas, por una parte, “controversias constitucionales” –para dirimir la constitucionalidad de los actos de diferentes niveles de gobierno o normas generales emitidas por los órganos legislativos- y “acciones de inconstitucionalidad” –con objeto de plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Ley Fundamental-.
Por otra parte, en torno al rubro del fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, es destacable la premisa de robustecer el carácter de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un auténtico Tribunal Constitucional, dotado, por ende, de mayor autonomía, resultando comprensible que al explicitarse los diferentes tipos de conflictos que habría de conocer y las demás facultades constitucionales que previamente tenía conferidas –verbigracia, artículos 97, 103 y 107-, sus tareas administrativas fueran otorgadas a un órgano novedoso -el Consejo de la Judicatura Federal-.
Una lectura minuciosa a la exposición de motivos de la reforma constitucional de mérito, clarifica las ideas precedentes, en tanto expresa:
"CÁMARA DE ORIGEN: SENADORES --- "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS --- MÉXICO D.F., A 5 "DE DICIEMBRE DE 1994 --- INICIATIVA DEL "EJECUTIVO CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA "DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA "UNIÓN PRESENTES. --- La Constitución es el "ordenamiento supremo que, surgido de nuestras "luchas históricas y de nuestros mas amplios "consensos, recoge la voluntad nacional de los "mexicanos y da sustento a nuestro Estado de "Derecho. La Constitución ha orientado la "construcción del país, señala las pautas para "avanzar en la democracia hacia la convivencia "justa y segura que todos anhelamos y expresa "nuestra voluntad de mantener la unidad de la "República en un pacto federal que garantice a sus "integrantes, Federación, estados y municipios, "una vida justa y armónica. --- El "perfeccionamiento de la democracia, la seguridad "y la justicia son demandas medulares de nuestra "sociedad los mexicanos deseamos vivir al amparo "de un Estado que garantice plenamente la "vigencia de las normas, el apego del gobierno a la "ley da seguridad de las personas, el disfrute de su "patrimonio y el ejercicio de sus libertades. Al "cumplir esos propósitos, el poder alcanza su "legitimidad y se convierte en fuerza constructiva al "servicio de la sociedad. --- En nuestra vida "cotidiana, los mexicanos exigimos certeza en el "ejercicio de nuestros derechos y capacidad para "asegurar el respeto de nuestras libertades. "Asimismo demandamos la protección del Estado "frente al crimen o la violencia, y aspiramos a una "mayor fortaleza y credibilidad de las instituciones "encargadas de la justicia y la seguridad. --- "Debemos fortalecer el Estado de Derecho que "otorgue certidumbre a todos y permita la más "cabal expresión de las potencialidades de cada "quien y de la sociedad en su conjunto. Fortalecer "el Estado de Derecho requiere mejores "instrumentos para asegurar la plena vigencia de "nuestra Constitución, mayor capacidad para "aplicar la ley, sancionar a quienes la violan y "dirimir las controversias. Los mexicanos "queremos un Estado de Derecho que asegure una "convivencia civilizada, armónica y pacifica, un "Estado que haga de la norma jurídica el sustento "de la cohesión social y de la suma de nuestros "esfuerzos. --- La rica tradición constitucional de "México nos ha enseñado que la convivencia "armónica sólo está garantizada en el marco del "Derecho; que el progreso nacional sólo es posible "a partir del cumplimiento de la ley y de la "constante adecuación de nuestro marco jurídico a "las nuevas realidades del país. Hoy, los mexicanos "nos encontramos frente a la apremiante necesidad "de adecuar las instituciones responsables de la "seguridad pública y la justicia para que el Derecho "siga siendo garantía de convivencia pacífica e "instrumento efectivo de cambio. --- Es esencial "que la Constitución y el orden legal derivado de "ella tengan plena observancia. Es preciso que las "autoridades actúen con apego a las normas, que "los derechos sean reconocidos y las "discrepancias resueltas conforme a la ley. Todo el "esfuerzo de varias generaciones, toda la tarea de "la nuestra, todo el horizonte de nuestros hijos "puede perderse si no damos los pasos definitivos "para seguir consolidándonos como un país de "leyes. No podemos fincar nuestras expectativas "en la certidumbre de la ley y vivir en la "incertidumbre de su cumplimiento. Los mexicanos "necesitamos, queremos, demandamos y "merecemos un sistema de Justicia y seguridad "eficaz; queremos que la ley sea la norma real de "nuestra convivencia. --- Hoy, en ejercicio de la "facultad que me confiere la fracción primera del "Articulo 71 Constitucional, someto a la "consideración del Constituyente Permanente, por "el digno conducto del Senado de la República, una "iniciativa que tiene el propósito de fortalecer la "Constitución y la normatividad como sustento "básico para una convivencia segura, ordenada y "tranquila. Se propone el fortalecimiento del Poder "Judicial y modificaciones a la organización "interna, al funcionamiento y a las competencias de "las instituciones encargadas de la seguridad y la "procuración de justicia. Son cambios que "permitirán a estas instituciones un mejor "desempeño de sus responsabilidades de "representar y salvaguardar los intereses de la "sociedad y hacer que la ley sea la norma suprema "de nuestra vida pública. --- La Constitución "deposita el ejercicio del Poder Judicial de la "Federación en la Suprema Corte de Justicia de la "Nación, en los Tribunales Colegiados y Unitarios "de Circuito y en los Juzgados de Distrito; y les "encomienda la custodia del orden constitucional y "legal. Por eso, una Suprema Corte de Justicia "libre, autónoma fortalecida y de excelencia, es "esencial para la cabal vigencia de la Constitución "y el Estado de Derecho que ella consagra. En la "Suprema Corte de Justicia la voluntad popular ha "depositado la función fundamental de mantener el "equilibrio entre los poderes de la Unión, "dirimiendo las controversias que pudieran "suscitarse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así "también, la Suprema Corte es depositaria del "supremo mandato de velar por la Unión de la "República, dirimiendo las controversias entre "estados, municipios, el Distrito Federal y la "Federación. En la Suprema Corte reside asimismo "el mandato de asegurar a los individuos que todo "acto de autoridad se apegue estrictamente al "orden que la Constitución consagra. De ahí que un "régimen de plena vigencia del Estado de Derecho "y un sistema de administración de justicia y "seguridad pública justo y eficiente, requiere de un "Poder Judicial mas independiente y más fuerte. --- "En esta iniciativa se somete a la consideración de "esa Soberanía un conjunto de reformas a la "Constitución para avanzar en la consolidación de "un Poder Judicial fortalecido en sus atribuciones y "poderes, más autónomo y con mayores "instrumentos para ejercer sus funciones. Estas "reformas entrañan un paso sustantivo en el "perfeccionamiento de nuestro régimen "democrático, fortaleciendo al Poder Judicial para "el mejor equilibrio entre los Poderes de la Unión, "creando las bases para un sistema de "administración de justicia y seguridad pública que "responda mejor a la voluntad de los mexicanos de "vivir en un Estado de Derecho pleno. --- La "fortaleza, autonomía y capacidad de interpretación "de la Suprema Corte de Justicia, son esenciales "para el adecuado funcionamiento del régimen "democrático y de todo el sistema de justicia. La "Suprema Corte ha sabido ganarse el respeto de la "sociedad mexicana por su desempeño ético y "profesional. En los últimos años se ha vigorizado "su carácter de órgano responsable de velar por la "constitucionalidad de los actos de la autoridad "pública. Hoy debemos fortalecer ese carácter. --- "Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de "constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a "sus decisiones, exige ampliar su competencia "para emitir declaraciones sobre la "constitucionalidad de leyes que produzcan efectos "generales, para dirimir controversias entre los tres "niveles de gobierno y para fungir como garante "del federalismo. Al otorgar nuevas atribuciones a "la Suprema Corte, se hace necesario revisar las "reglas de su integración a fin de facilitar la "deliberación colectiva entre sus miembros, "asegurar una interpretación coherente de la "Constitución, permitir la renovación periódica de "criterios y actitudes ante las necesidades "cambiantes del país, y favorecer el pleno "cumplimiento de su encargo. En esa misma "perspectiva, se hace necesaria una diferenciación "en el desempeño de las funciones administrativas "de la Suprema Corte para facilitar la eficiencia en "ambas.-… --- Esta iniciativa de reformas a la "Constitución forma parte de un conjunto de "acciones que fortalecerán el orden público y la "seguridad individual, familiar y patrimonial. Se "trata de una reforma profunda que parte de la "voluntad de los mexicanos de vivir en un Estado "fundado en la soberanía nacional, la democracia, "la división de poderes, el federalismo y el respeto "a las garantías individuales. Su objetivo último es "el fortalecimiento del equilibrio de poderes y del "Estado de Derecho. --- La reforma se inscribe en la "larga tradición nacional que ha buscado "subordinar la totalidad de los actos del poder "publico a la Constitución y a las leyes. Esa "tradición comprende el establecimiento por Don "Manuel Cresencio Rejón del juicio de amparo del "estado de Yucatán, la federalización del propio "juicio de amparo por Mariano Otero y el "establecimiento de un sistema de Control de "constitucionalidad de leyes. Esa tradición incluye "también los importantes criterios que en materia "de constitucionalidad fijó Ignacio Vallarta. En fin, "una tradición que comprende la creación de los "Tribunales Colegiados de Circuito y el "otorgamiento a la Suprema Corte, en 1987, de "facultades exclusivas en materia de "constitucionalidad. Todos estos avances, fruto del "enorme esfuerzo y el talento de muchos juristas "mexicanos, tuvieron el propósito común de "garantizar nuestra Constitución como norma "suprema de la Nación. Esa es la tradición jurídica "mexicana en que se inscribe esta iniciativa. --- La "propuesta de modificaciones al régimen "competencial y organizativo de la Suprema Corte "de Justicia, parte de la convicción de que es el "Órgano Jurisdiccional que ha funcionado con "mayor eficiencia y credibilidad en nuestro país. "Debido al carácter supremo de sus resoluciones "en los distintos litigios que se generen y a las "nuevas atribuciones con que se propone dotarla, "la reforma a nuestro sistema de justicia debe partir "del fortalecimiento de la Suprema Corte de "Justicia de la Nación. --- Se trata de llevar a sus "últimas consecuencias el principio de la "supremacía constitucional. Hasta ahora el juicio "de amparo ha sido el medio tradicional para tutelar "las garantías individuales, dando buena cuenta de "su capacidad protectora. Mediante el juicio de "amparo, los individuos han contado con un "instrumento eficaz para impugnar aquella norma "jurídica general o aquel acto individual de "autoridad federal, estatal o municipal, que pugne "con lo dispuesto por una norma constitucional. "Por ello, el juicio de amparo debe conservar sus "principios fundamentales, pero debemos "continuar perfeccionándolo, a fin de permitir una "cada vez más adecuada defensa de los derechos "fundamentales del individuo frente a cualquier "abuso de la autoridad. --- Debemos reconocer que "incluso con independencia de los importantes "beneficios del juicio de amparo, la nueva y "compleja realidad de la sociedad mexicana hace "que este proceso no baste para comprender y "solucionar todos los conflictos de "constitucionalidad que pueden presentarse en "nuestro orden jurídico. Por ello, es necesario "incorporar procedimientos que garanticen mejor el "principio de división de poderes y a la vez "permitan que la sociedad cuente con mejores "instrumentos para iniciar acciones de revisión de "la constitucionalidad de una disposición de "carácter general a través de sus representantes. --- "La iniciativa plantea la reforma del articulo 105 "constitucional a fin de ampliar las facultades de la "Suprema Corte de Justicia de la Nación para "conocer de las controversias que se susciten "entre la Federación, los estados y lo municipios; "entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la "Unión; entre los Poderes de las entidades "federativas, o entre los órganos de gobierno del "Distrito Federal, al ampliarse la legitimación para "promover las controversias constitucionales, se "reconoce la complejidad que en nuestros días "tiene la integración de los distintos órganos "federales, locales y municipales. --- Asimismo, se "propone abrir la posibilidad de que un porcentaje "de los integrantes de las Cámaras del Congreso "de la Unión, de las legislaturas locales, de la "Asamblea de Representantes del Distrito Federal "o, en su caso, el Procurador General de la "República, puedan plantear ante la Suprema Corte "de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus "atribuciones, la inconstitucionalidad de leyes, "previéndose que las resoluciones puedan anular, "con efectos generales, la norma declarada "inconstitucional. --- Adicionalmente a los cambios "propuestos en lo concerniente a las competencias "judiciales de la Suprema Corte de Justicia, la "iniciativa propone que sus atribuciones "administrativas sean asignadas a un órgano de "nueva creación. --- … --- El Ministerio Público, "como responsable de los intereses de la sociedad, "que actúa como una institución de buena fe, "cumple una función básica en la defensa de la "legalidad al perseguir los delitos que atenten "contra la paz social. Este es el fundamento que "justifica que esa institución tenga, en principio, "encomendado el ejercicio de la acción penal de "manera exclusiva y excluyente. Sin embargo, la "iniciativa prevé la creación de instrumentos para "controlar la legalidad de las resoluciones de no "ejercicio de la acción penal, con lo que se evitará "que, en situaciones concretas, tales resoluciones "se emitan de manera arbitraria. --- Por último, la "iniciativa plantea las bases de un Sistema "Nacional de Seguridad Publica. --- … --- La "iniciativa que se somete a su consideración, "busca establecer las bases constitucionales para "iniciar el fortalecimiento de un nuevo sistema de "justicia y seguridad en el país. Posteriormente, "habrán de irse presentando las iniciativas de ley "que aseguren la reforma integral que la sociedad "viene exigiendo. A continuación se describen los "elementos fundamentales de la presente iniciativa, "a fin de que puedan ser exhaustivamente "analizados y considerados por el Constituyente "Permanente. --- PODER JUDICIAL DE LA "FEDERACIÓN. --- INTEGRACIÓN --- … --- A los "mexicanos nos cabe la satisfacción de que "nuestra Suprema Corte de Justicia ha "desempeñado cabalmente sus funciones a lo largo "de su historia. Por ella han transitado muchos de "los mejores juristas del país y sus resoluciones "han significado la determinación final del alcance "y sentido de nuestros preceptos constitucionales "y legales. En virtud de las nuevas competencias "con que es necesario dotar a la Suprema Corte de "Justicia y debido también a la asignación de las "tareas administrativas a un órgano especializado, "se pretende que la Suprema Corte sea un órgano "compacto y altamente calificado, cuyos miembros "sigan siendo personas de reconocido prestigio "profesional y altas virtudes morales, dedicados en "exclusiva al conocimiento y resolución de las mas "importantes controversias jurídicas que puedan "suscitarse en el país. --- En razón de la dinámica "institucional de la Suprema Corte, la sola "reducción en el numero de Ministros no generará "un nuevo rezago, pues la reforma que se propone "asignaría a un órgano distinto las competencias "administrativas que hasta el día de hoy desahoga "la propia Corte a un órgano distinto. Ello permitirá "que los Ministros dediquen mayor tiempo a "resolver los asuntos de carácter jurisdiccional, al "posibilitar que se incremente substancialmente el "número de sesiones del pleno. --- RÉGIMEN "JURÍDICO DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA "CORTE. --- … --- LAS CONTROVERSIAS "CONSTITUCIONALES Y LAS ACCIONES DE "INCONSTITUCIONALIDAD. --- Adicionalmente a las "reformas constitucionales de carácter orgánico y "estructural descritas en el apartado anterior, la "iniciativa propone llevar a cabo una profunda "modificación al sistema de competencias de la "Suprema Corte de Justicia para otorgarle de "manera amplia y definitiva, el carácter de tribunal "constitucional. --- ASPECTOS GENERALES Y "EFECTOS DE SUS RESOLUCIONES. --- Mediante "las reformas constitucionales publicadas en el "Diario Oficial de la Federación en agosto de 1987, "se estableció que el Pleno y las Salas de la "Suprema Corte conocerían, por vía de recurso, de "aquellas sentencias de amparo dictadas en juicios "en que se hubiere impugnado la "constitucionalidad de una norma de carácter "general o establecido la interpretación directa de "un precepto de la Constitución. A la luz del "derecho comparado y de los criterios en la "materia, tal designación no basto para otorgarle a "la Suprema Corte de Justicia el carácter de un "auténtico Tribunal Constitucional. --- Es "aconsejable incorporar a nuestro orden jurídico "los valores y funciones característicos del Estado "constitucional de nuestros días. De aprobarse la "propuesta sometida a su consideración los "mexicanos contaremos en el futuro con un "sistema de control de constitucionalidad con dos "vías, semejante al que con talento y visión "enormes diseñó en 1847 don Mariano Otero y fue "recogido en el Acta de Reformas de mayo de ese "año. --- La iniciativa propone mantener plenamente "vigente el Juicio de Amparo, fortaleciéndolo con "algunas precisiones que se mencionarán mas "adelante en este texto. Este proceso es eficaz para "el control cotidiano de los actos del poder público "y accionable a partir de los agravios que las "personas sufran en sus vidas, papeles, "posesiones o derechos. De igual modo, propone "conservar íntegramente la fórmula Otero, con lo "que las resoluciones de amparo seguirán teniendo "efectos solo respecto de las personas que "hubieren promovido el juicio. Hoy se propone que, "adicionalmente, los órganos federales, estatales y "municipales, o algunos de ellos, puedan promover "las acciones necesarias para que la Suprema "Corte de Justicia resuelva, con efectos generales, "sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad "de las normas impugnadas. --- La posibilidad de "declarar la inconstitucionalidad de normas con "efectos generales será una de las tareas más "importantes innovaciones que nuestro orden "jurídico haya tenido a lo largo de su historia. En "adelante, el sólo hecho de que una norma de "carácter general sea contraria a la Constitución "puede conllevar su anulación, prevaleciendo la "Constitución sobre la totalidad de las actos del "Poder Público. La supremacía constitucional es "una garantía de todo Estado democrático, puesto "que al prevalecer las normas constitucionales "sobre las establecidas por los órganos legislativos "o ejecutivos, federal o locales, se nutrirá una "autentica cultura constitucional que permite la "vida nacional. --- Por razones de seguridad jurídica "y estabilidad social, aun cuando las declaraciones "de inconstitucionalidad produzcan efectos, éstos "habrán de limitarse en el tiempo a fin de impedir "que las resoluciones tengan efectos retroactivos, "con excepción de la materia penal. --- Por las "dificultades técnicas que implicará el articulo 105 "constitucional de aprobarse la presente iniciativa, "será necesaria la promulgación de la "correspondiente ley reglamentaria. Los complejos "problemas técnicos que habrán de ser materia de "los procesos previstos en dicha norma "constitucional no pueden seguirse tramitando "conforme a las disposiciones del Código Federal "de Procedimientos Civiles, ordenamiento "formulado para resolver, en principio, litigios entre "particulares; de ahí que la reforma prevea la "conveniencia de que sea una ley reglamentaria de "esta disposición constitucional la que preceptúe "su cabal aplicación. --- LAS CONTROVERSIAS "CONSTITUCIONALES. --- El artículo 105 del texto "original de la Constitución le otorga competencia "exclusiva a la Suprema Corte de Justicia para "conocer de las controversias que se susciten "entre dos o mas estados, entre uno o más estados "y el Distrito Federal, entre los poderes de un "mismo estado y entre órganos de gobierno del "Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus "actos. Los mencionados supuestos del articulo "105 no prevén muchos de los conflictos entre los "órganos federales, estatales y municipales que la "realidad cotidiana esta planteando. --- Una de las "demandas de nuestros días es la de arribar a un "renovado federalismo. Ello hace indispensable "encontrar las vías adecuadas para solucionar las "controversias que en su pleno ejercicio pueda "suscitar. Por este motivo, se propone la "modificación del articulo 105 a fin de prever en su "fracción primera las bases generales de un nuevo "modelo para la solución de las controversias "sobre la constitucionalidad de actos que surjan "entre la Federación y un estado o el Distrito "Federal, la federación y un municipio, el Poder "Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquél y "cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso la "Comisión Permanente, sea como órganos "federales o del Distrito Federal, dos estados, un "estado y el Distrito Federal, el Distrito Federal y un "municipio, dos municipios de diversos estados, "dos poderes de un mismo estado, un estado y uno "de sus municipios, y dos órganos del Distrito "Federal o dos municipios de un mismo estado. --- "Con la modificación propuesta, cuando alguno de "los órganos mencionados en el párrafo anterior "estime vulnerada su competencia por actos "concretos de autoridad o por disposiciones "generales provenientes de otro de esos órganos "podrá ejercitar las acciones necesarias para "plantear a la Suprema Corte la anulación del acto "o disposición general. --- El gran numero de "órganos legitimados por la reforma para plantear "las controversias constitucionales es un "reconocimiento a la complejidad y pluralidad de "nuestro sistema federal. Todos los niveles de "gobierno serán beneficiados con estas reformas. -"-- El otorgamiento dé estás nuevas atribuciones "reconoce el verdadero carácter que la Suprema "Corte de Justicia tiene en nuestro orden jurídico el "de ser un órgano de carácter constitucional. Es "decir, un órgano que vigila que la Federación, los "estados y los municipios actúen de conformidad "con lo previsto por nuestra Constitución. --- LAS "ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. --- El "segundo proceso que se propone recoger en el "articulo 105 Constitucional es el de las "denominadas acciones de inconstitucionalidad. "En este caso, se trata de que con el voto de un "porcentaje de los integrantes de las Cámaras de "Diputados y de Senadores de las legislaturas "locales o de la Asamblea de Representantes del "Distrito Federal se puedan impugnar aquellas "leyes que se estimen como contrarias a la "Constitución. El Procurador General de la "República podrá también impugnar leyes que "estime contrarias a la Constitución. --- Lo que "acontece en el juicio de amparo y en las "controversias en las acciones de "inconstitucionalidad no es necesario que exista "agravio para que sean iniciadas. Mientras que en "el amparo se requiere de una afectación de las "garantías individuales y en las controversias "constitucionales de una invasión de esferas las "acciones de inconstitucionalidad se promueven "con el puro interés genérico de preservar la "supremacía constitucional. Se trata, entonces, de "reconocer en nuestra Carta Magna una vía para "que una representación parlamentaria calificada, o "el Procurador General de la República, puedan "plantearle a la Suprema Corte de Justicia si las "normas aprobadas por la mayoría de un órgano "legislativo son, o no, acordes con la Constitución. "--- Siendo indudable que México avanza hacia una "pluralidad creciente, otorgar a la representación "política la posibilidad de recurrir a la Suprema "Corte de Justicia para que determine la "constitucionalidad de una norma aprobada por las "mayorías de los congresos, significa, en esencia, "hacer de la Constitución el único punto de "referencia para la convivencia de todos los grupos "o actores políticos. Por ello, y no siendo posible "confundir a la representación mayoritaria con la "constitucionalidad, las fuerzas minoritarias "contarán con una vía para lograr que las normas "establecidas por las mayorías se contrasten con la "Constitución, a fin de ser consideradas válidas. --- "…LOS PROCESOS EN QUE LA FEDERACIÓN "SEA PARTE. --- En el artículo 105 en vigor, se "establece que la Suprema Corte de Justicia "conocerá de aquellos procesos en que la "Federación sea parte, lo que, interpretado por el "legislador ordinario, ha significado la intervención "del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, "siempre que se haga valer un interés de la "Federación. Este sistema ha provocado que "nuestro Más Alto Tribunal, tenga que pronunciarse "de manera inicial en una serie de conflictos en los "que, en realidad, pueden no resultar afectados los "intereses sustantivos de la Federación. --- A fin de "remediar esta situación, se propone crear en la "fracción III del artículo 105, un nuevo sistema para "el conocimiento de los procesos mencionados. "Mediante esta propuesta. la Suprema Corte de "Justicia podrá decidir si atrae o no el "conocimiento del asunto en la instancia de "apelación, una vez que se hubiere hecho la "petición por el correspondiente Tribunal Unitario "de Circuito a por el Procurador General de la "República y que haya evaluado la importancia del "proceso en que la Federación pudiera ser parte…"
Así, la facultad discrecional contemplada en la fracción III del artículo 105 Constitucional, al ser colocada en el mismo nivel constitucional de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad, es claro que el constituyente estimó que es un medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional.
De esta forma, el Máximo Órgano Jurisdiccional del País, puede conocer y pronunciarse sobre cuestiones de legalidad, siempre y cuando se trate de asuntos que entrañen un rango constitucional, como lo es la factible afectación a los derechos sustantivos de la Federación en términos de la fracción III del artículo 105 Constitucional.
Para entender tal idea y poder determinar la naturaleza de dicha facultad, es preciso, preliminarmente, dirigir la atención a lo dispuesto por el artículo 104 Constitucional, el cual prevé el campo de conocimiento de los tribunales federales:
"ARTÍCULO 104.- Corresponde a los Tribunales de "la Federación conocer:

"I.- De todas las controversias del orden civil o "criminal que se susciten sobre el cumplimiento y "aplicación de leyes federales o de los tratados "internacionales celebrados por el Estado "Mexicano. Cuando dichas controversias sólo "afecten intereses particulares, podrán conocer "también de ellas, a elección del actor, los jueces y "tribunales del orden común de los Estados y del "Distrito Federal. Las sentencias de primera "instancia podrán ser apelables para ante el "superior inmediato del Juez que conozca del "asunto en primer grado.

"I-B.- De los recursos de revisión que se "interpongan contra las resoluciones definitivas de "los tribunales de lo contencioso-administrativo a "que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y "fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta "Constitución, sólo en los casos que señalen las "leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los "Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a "los trámites que la Ley Reglamentaria de los "Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para "la revisión en amparo indirecto, y en contra de las "resoluciones que en ellas dicten los Tribunales "Colegiados de Circuito no procederá juicio o "recurso alguno;

"II.- De todas las controversias que versen sobre "derecho marítimo;

"III.- De aquellas en que la Federación fuese parte; "IV.- De las controversias y de las acciones a que "se refiere el artículo 105, mismas que serán del "conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de "Justicia de la Nación;

"V.- De las que surjan entre un Estado y uno o más "vecinos de otro, y

"VI.- De los casos concernientes a miembros del "Cuerpo Diplomático y Consular”.
Como se observa de la transcripción que antecede, la propia Constitución General de la República tutela el conocimiento de controversias civiles o criminales que versen sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; de recursos de revisión interpuestos en contra de sentencias emitidas por tribunales contencioso-administrativos; de los conflictos que versen sobre derecho marítimo; de los asuntos concernientes a los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular y de aquéllas en que la Federación sea “parte”; todos ellos, en favor de los tribunales federales. Pero, en tales hipótesis destaca el carácter de la Federación, con un interés relativo u ordinario, o bien, como “parte procesal”, sujeta por ende, a que la consumación de los juicios respectivos, en su caso, se realice ante los tribunales federales de segunda instancia.
Asimismo y concretamente de la fracción IV del numeral precedente, se logran desprender las formas excepcionales en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede actuar como Tribunal tanto de única instancia, decidiendo asuntos de legalidad con rango constitucional o de constitucionalidad de normas generales en las controversias constitucionales y, de la inconstitucionalidad de estas últimas en las acciones de inconstitucionalidad. Por otro lado y como segunda instancia, en caso excepcional, en el ejercicio de la facultad de atracción que prevé la fracción III del artículo 105 Constitucional; supuesto este último, en el que el carácter de “parte” de la Federación, deja de ser de mera índole procesal u ordinaria, puesto que persigue un verdadero interés de la Federación, derivado, como se dijo, de la posibilidad de afectación de sus derechos sustantivos, emanados de la propia Constitución General de la República.
A fin de robustecer las afirmaciones que anteceden, es preciso además subrayar el campo de atribuciones del Procurador General de la República y del Ministerio Público de la Federación. Sobre el particular, los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución General de la República, expresan:
"ARTÍCULO 21.- La imposición de las penas es "propia y exclusiva de la autoridad judicial. La "investigación y persecución de los delitos "incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará "con una policía que estará bajo su autoridad y "mando inmediato. Compete a la autoridad "administrativa la aplicación de sanciones por las "infracciones de los reglamentos gubernativos y de "policía, las que únicamente consistirán en multa o "arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el "infractor no pagare la multa que se le hubiese "impuesto, se permutará ésta por el arresto "correspondiente, que no excederá en ningún caso "de treinta y seis horas.

"Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, "no podrá ser sancionado con multa mayor del "importe de su jornal o salario de un día.

"Tratándose de trabajadores no asalariados, la "multa no excederá del equivalente a un día de su "ingreso.

"Las resoluciones del Ministerio Público sobre el "no ejercicio y desistimiento de la acción penal, "podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en "los términos que establezca la ley.

"La seguridad pública es una función a cargo de la "Federación, el Distrito Federal, los Estados y los "Municipios, en las respectivas competencias que "esta Constitución señala. La actuación de las "instituciones policiales se regirá por los principios "de legalidad, eficiencia, profesionalismo y "honradez.

"La Federación, el Distrito Federal, los Estados y "los Municipios se coordinarán, en los términos "que la ley señale, para establecer un sistema "nacional de seguridad pública”.
"ARTÍCULO 102.-

"A.- La ley organizará el Ministerio Publico de la "Federación, cuyos funcionarios serán nombrados "y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la "ley respectiva. El Ministerio Público de la "Federación estará presidido por un Procurador "General de la República, designado por el Titular "del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado "o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. "Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano "mexicano por nacimiento; tener cuando menos "treinta y cinco años cumplidos el día de la "designación; contar, con antigüedad mínima de "diez años, con título profesional de licenciado en "derecho; gozar de buena reputación, y no haber "sido condenado por delito doloso. El procurador "podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

"Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la "persecución, ante los tribunales, de todos los "delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le "corresponderá solicitar las órdenes de "aprehensión contra los inculpados; buscar y "presentar las pruebas que acrediten la "responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se "sigan con toda regularidad para que la "administración de justicia sea pronta y expedita; "pedir la aplicación de las penas e intervenir en "todos los negocios que la ley determine.

"El Procurador General de la República intervendrá "personalmente en las controversias y acciones a "que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.

"En todos los negocios en que la Federación fuese "parte; en los casos de los diplomáticos y los "cónsules generales y en los demás en que deba "intervenir el Ministerio Público de la Federación, el "Procurador General lo hará por sí o por medio de "sus agentes.

"El Procurador General de la República y sus "agentes, serán responsables de toda falta, "omisión o violación a la ley en que incurran con "motivo de sus funciones.

"La función de consejero jurídico del Gobierno, "estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo "Federal que, para tal efecto, establezca la ley.

"B.- …"
Como es de verse, dentro del campo de atribuciones del Procurador General de la República –como titular de la institución del Ministerio Público de la Federación-, es notable su función de representante social con la tarea de investigar y perseguir los delitos federales y de hacer que los juicios correspondientes ante los tribunales se desarrollen con regularidad; tarea en la cual, si bien da cumplimiento a una facultad y mandato constitucional, es indudable que no persigue un absoluto interés de la Federación, pues tal actividad se desarrolla exclusivamente en el ámbito penal, en el que únicamente ejerce atribuciones que constitucional y legalmente se le confieren, pero, se insiste, sin que su intervención en los procesos penales federales constituya una forma de representación de la Federación, como entidad política y jurídica que representa a la Nación y en su carácter de persona moral de derecho público.
En cambio, a la luz de lo previsto por los preceptos 102, Apartado A, (tercer párrafo) y 105 Constitucionales (fracciones II y III), la Carta Magna confiere al Procurador General de la República, una labor extraordinaria en las acciones de inconstitucionalidad, en las controversias constitucionales y en los recursos de apelación cuyo ejercicio puede atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación –y que no se circunscriben a la materia penal, toda vez que el vocablo es utilizado en forma genérica-; de modo que el interés que persigue se trata de un verdadero interés constitucional, de ahí que pueda instar dicho ejercicio. Ello refuerza la aseveración de que el carácter de la Federación, no es meramente relativo o procesal, sino constitucional.
Así las cosas, se obtiene, por un lado, que la Ley Fundamental ha distinguido debidamente el campo de competencia de los tribunales federales en primera y segunda instancias, en aquellos asuntos en los que la Federación tiene el carácter de parte procesal o con un interés ordinario y, a su vez, el campo de atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la Federación es parte, pero persiguiendo intereses constitucionales; y, por el otro, que las funciones del Procurador General de la República y del Ministerio Público de la Federación se desarrollan generalmente en un ámbito de competencia penal (artículos 21 y 102, de la Norma Suprema), pero su labor resalta –en lo que se refiere a la materia constitucional-, en el momento en que interviene conforme al numeral 105 del Pacto Federal (en sus tres fracciones).
A mayor ahondamiento, la intención del legislador, en aras de robustecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un auténtico Tribunal Constitucional, no tuvo el propósito –con la reforma comentada-, de que el Máximo Órgano Colegiado del País conociera de todos aquellos asuntos en que la Federación fuese parte o tuviera un interés, sino que, se insiste, ese carácter debe tener un grado superlativo. Lo anterior se deduce de la parte conducente de la exposición de motivos del numeral multicitado –ya transcrita-, bajo el Subtítulo “Los procesos en que la Federación sea parte”:
Con base a lo expuesto, es válido concluir, que por virtud de su naturaleza jurídica, en el recurso de apelación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá atraer, si bien decidirá asuntos de legalidad, también lo es, que deben contener un rango de constitucionalidad.
Esto es, para poder establecer cuál es la interpretación adecuada que debe darse a la fracción III del numeral 105 Constitucional, debe tomarse en cuenta que tal numeral dispone:
"ARTÍCULO 105.- La Suprema Corte de Justicia de "la Nación conocerá, en los términos que señale la "ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"III.- De oficio o a petición fundada del "correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del "Procurador General de la República, podrá "conocer de los recursos de apelación en contra de "sentencias de Jueces de Distrito dictadas en "aquellos procesos en que la Federación sea parte "y que por su interés y trascendencia así lo "ameriten.

"…”
En primer orden, cabe reiterar, que el ejercicio de la facultad de atracción de recursos de apelación, fue ubicado por el Constituyente Permanente al nivel de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales.
Por su parte, los diversos 21 y 141 a 143, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevén lo siguiente:
"ARTÍCULO 21.- Corresponde conocer a las Salas:

"I.- De los recursos de apelación interpuestos en "contra de las sentencias dictadas por los jueces "de distrito en aquellas controversias ordinarias en "que la Federación sea parte, de conformidad con "lo dispuesto en la fracción III del artículo 105 de la "Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos;

"…”
"TÍTULO NOVENO.

"DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN EN LAS "CONTROVERSIAS ORDINARIAS.

"CAPÍTULO ÚNICO.

"ARTÍCULO 141.- El ejercicio de la facultad de "atracción a que se refiere la fracción I del artículo "21 de esta ley, se regirá por las siguientes reglas:

"Si es ejercida de oficio por alguna Sala, ésta "deberá comunicar por escrito al correspondiente "Tribunal Unitario de Circuito, el cual, en el término "de quince días hábiles, le remitirá los autos "originales y lo notificará a las partes mediante "oficio.

"Cuando el Procurador General de la República "solicitare su ejercicio, la Sala, si lo estima "conveniente, ordenará al Tribunal Unitario de "Circuito que le remita los autos originales dentro "del término de cinco días. Recibidos los autos, la "Sala, dentro de los treinta días siguientes, "resolverá si ejerce la facultad de atracción, en "cuyo caso le informará al propio tribunal unitario "de circuito de la resolución correspondiente; en "caso contrario, notificará su resolución al "solicitante y devolverá los autos a dicho tribunal.

"Si un Tribunal Unitario de Circuito solicita que se "ejerza la facultad de atracción, expresará las "razones en que se funde su petición y remitirá los "autos originales a la Sala que corresponda, la cual "resolverá dentro de los treinta días siguientes en "términos del párrafo anterior.

"No podrá solicitarse o ejercitarse la facultad de "atracción, sin que se haya agotado la "sustanciación del recurso de apelación ante el "correspondiente Tribunal Unitario de Circuito.

"Dentro de los diez días siguientes a la fecha en "que se hubiere admitido la atracción, el expediente "se turnará al ministro relator que corresponda, a "efecto de que en un término de treinta días "formule el proyecto de sentencia que deba ser "sometido a la resolución de la Sala "correspondiente”.
"ARTÍCULO 142. Si al dictar sentencia la Sala "estima que en la tramitación o resolución de la "primera instancia o durante la sustanciación de la "segunda se violaron las normas esenciales del "procedimiento afectando las defensas de alguna "de las partes, decretará la reposición del "procedimiento. En estos casos, la Sala "competente revocará a la sentencia recurrida y "remitirá los autos al Magistrado o Juez de Distrito "que corresponda”.
"ARTÍCULO 143.- En contra de las resoluciones "dictadas por el Ministro a quien conforme a lo "dispuesto en el artículo anterior se hubiere "encomendado la reposición, podrá interponerse el "recurso de reclamación siempre que en términos "del Código Federal de Procedimientos Civiles la "providencia correspondiente sea revocable. Para "la sustanciación de este recurso se aplicarán, en "lo conducente, los artículos 48 a 50 de la Ley "Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo "105 de la Constitución Política de los Estados "Unidos Mexicanos.

"Cuando el recurso de reclamación se interponga "sin motivo, se impondrá al recurrente o a su "representante, a su abogado o a ambos, una multa "de diez a ciento veinte días de salario."
Así, de conformidad con lo anterior y efectuando una interpretación armónica de lo anotado, es válido concluir, que el ejercicio de la facultad de atracción de recursos de apelación a que los multicitados artículos se constriñen, contiene los rasgos siguientes:
  1   2


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje