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Solicita vista de actuaciones. Ofrece prueba. Requiere se abstenga de continuar ejerciendo competencias que no tiene


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DEDUCE IMPUGNACIÓN ADMINISTRATIVA

DENUNCIA MENTIRA: NO EXISTE RESOLUCIÓN JUDICIAL – EXIGE INMEDIATA RECTIFICACIÓN.

PLANTEA NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE COMPETENCIA DE ESE MINISTERIO, DOLO, Y SIMULACIÓN ABSOLUTA, CON INDEBIDA INGERENCIA EN FACULTADES DE OTRO PODER (art.109 Constitución Nacional)

SOLICITA VISTA DE ACTUACIONES.

OFRECE PRUEBA.

REQUIERE SE ABSTENGA DE CONTINUAR EJERCIENDO COMPETENCIAS QUE NO TIENE (art.246:3º, 248 Código Penal), QUE COMPORTAN VÍAS DE HECHO ADMINISTRATIVAS (art.9 L.19.549).

PLANTEA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL.

FORMULA ADVERTENCIA: RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO Y SUS FUNCIONARIOS.

Buenos Aires, 19 de julio de 2007

A S.E. la señora Ministro de Defensa,

Doctora Nilda Garré

S._____­­­­_________/_____________D.

                                           ALFREDO A.A. SOLARI (T.XIII, Fo.403), abogado, por la representación de los Señores Oficiales de la Armada de la República Argentina que más abajo explicito, constituyendo domicilio en Av. Córdoba 1417 – 7º piso “A”, ante la Sra. Ministro me presento y digo:

                                           I.-REPRESENTACIÓN.

                                  1.-Que comparezco en representación de mis defendidos en actuaciones de la Causa ESMA 14.217/03 de trámite ante el Juzgado federal No. 12, Secretaría No.23 de esta Capital Federal, Sres. Capitanes (RE) Raúl Enrique Scheller, Carlos Octavio Capdevila, Néstor Omar Savio, Alberto Eduardo González, Juan Carlos Rolón, Miguel Ángel Benazzi Berisso, y Carlos José Pazo.

                                           Que asimismo lo hago en representación administrativa de los Sres. Capitanes (RE) Jorge Eduardo Acosta, y Jorge Radice.

                                           2.-Todos, inconstitucional é ilegalmente afectados por el acto de la Sra. Ministro que se dirá, verdadera vía de hecho administrativa prohibida por la ley (art. 9 L.19.549).



***

                                           II.-ACTO IMPUGNADO.

                                  1.-Que el acto que en el presente se impugna es la comunicación al Sr. JEMGA, fechada el 17 de julio de 2007, que se acompaña como Anexo A”.

                                           Su pretendido antecedente es un oficio del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 12; que se acompaña como Anexo B”.  Ese oficio lleva fecha un año anterior al acto impugnado.

                                           2.-Que dicho acto resulta modificatorio de lo resuelto por el Juez Torres en la C. ESMA citada, y la sentencia de la Sala II de la CNACCF de la Capital Federal.

***

                                  III.-CONSIDERACIONES LIMINARES.

                                           1.-Que mientras en el oficialista diario Página 12, por ej. en su edición del 27/12/2005 se consignaba “El Ministerio de Defensa, a cargo de Nilda Garré desde hace dos semanas, se propone avanzar en la democratización de las Fuerzas Armadas. Para eso reforzará el perfil de la Dirección de Derechos Humanos de la cartera, que ideó su antecesor, José Pampuro, y le dará carácter institucional.”, y mientras hoyse publica pomposamente en la página Web del Ministerio a su cargo (http://www.mindef.gov.ar/portada.htm) un CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS dirigido a Oficiales-Jefes de las Fuerzas Armadas Sudamericanas, VE no titubea en violar groseramente los derechos humanos de mis defendidos y patrocinados, oficiales de las FFAA, usurpando -por el acto impugnado- la función jurisdiccional que el art. 109 de la CN le prohíbe al Ejecutivo, pretendiendo modificar una resolución judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, y privando –por una verdadera vía de hecho administrativa- a mis representados de la garantía constitucional del juez natural que consagra el art. 18 de la CN.

                                           2.-Que el actual gobierno, que Ud. Integra, viene proclamando la defensa de los DDHH a voz en cuello, mientras borra con el codo lo que escribe con la mano violando el DIDH y la Constitución Nacional al consagrar un verdadero derecho penal de enemigos, como claramente lo señalara el Juez Fayt (consid.96 de su voto ‘in re’ “Simón”, Fallos, 328:2056; y Consid.34 de su voto ‘in re’ “Mazzeo, Julio Lilio y otro” (13-7-07, M. 2333. XLII).

                                           El acto impugnado se inscribe claramente en esa “política” de persecución judicial, que ha llegado hasta una presidente constitucional (María Estela Martínez de Perón), consistente en incorporar al aparato del Estado, oficial ó extraoficialmente (caso del “asesor” Verbitsky) a ex integrantes, favorecedores y cómplices de organizaciones terroristas que ahora se pretenden legitimar bajo el falso ropaje de la invocación de los DDHH, dominar por el miedo (acusaciones ante el Consejo de la Magistratura) a un siempre débil poder judicial, é instaurar una desembozada, deshonesta, y cobarde, persecución política de aniquilamiento de las FFA (que la izquierda revolucionaria despliega y reivindica desde Lenin  (“Las FFAA y la revolución”, N.Lenin 15-11-1905) en adelante (por ej. “Resoluciones del V° Congreso del PRT”  que crea el EERP y lo dota de bandera, 1970 [1]). Lo que no pudieron con las armas desde Tucumán (cuna de la Independencia y sepulcro de la subversión) a todo el país, pretenden ahora lograrlo con “acción jurídica y judicial” de pseudos defensa de los DDHH.

                                           3.-Que muchos de los que vivieron el ataque de la guerra revolucionaria de los 70 en la Argentina, no clamaron entonces por los DDHH de los terroristas, ni tampoco imputaban de terroristas de estado, genocidas ó criminales de lesa humanidad, a los integrantes de las FFAA empeñadas en la guerra contrarrevolucionaria dispuesta por el gobierno constitucional de la época.

                                           Callaron, y ahora pretenden contar la historia al revés.

                                           Una de esas figuras, por entonces diputada de la Nación, intervino en el debate en la Cámara de Diputados de los días 17 y 18 de marzo de 1976 (Diario de Sesiones de la HCDN, páginas 6510 y ss.), con motivo del atentado con bomba perpetrado por la guerrilla el 15 de marzo de 1976, dirigido a matar al Jefe de Estado Mayor Gral. del Ejército Gral. Videla, haciendo volar por control remoto un auto cargado de explosivos y perdigones sobre uno de los accesos al edificio del Comando, que Ud. hoy ocupa.

                                           En su intervención, y luego de recordar algunos hechos –que en su condición de funcionaria pública (art. 77 del código penal vigente) no denunció a la justicia, en flagrante incumplimiento de lo que disponía el art. 177 del código de procedimientos en materia penal vigente en la época- esa entonces joven diputada manifestó:

A todo ello ha venido a sumarse, en las últimas horas, un atentado con explosivos contra el Comando General del Ejército que agrega una nueva lista de víctimas de esta guerra boba en la que todos parecemos estar atrapados, impotentes y atados de pies y manos para encontrar una solución al drama que vive la República. Me resisto a creer, en primer término como diputada de la Nación, que estas instituciones que tanto queremos preservar, no puedan dar una contribución positiva y eficaz en esta guerra dramática. Yo me resisto a creer que todos estos hombres y mujeres –los legisladores nacionales- que integramos un poder de la República, no podamos coadyuvar con los demás poderes del Estado en una acción enérgica, comprometida, responsable y solidaria para terminar con estos enemigos que, por izquierda ó por derecha nos someten a la guerra que no queremos y hemos rechazado reiteradamente”.

                                           Curiosamente, entonces esa diputada no llamaba genocida al Gral. Videla, ni tampoco hacía reserva de que en Tucumán las FFAA –empeñadas en febrero de 1975 por el Dto. 261/75 de la Presidente Perón para la guerra contrarrevolucionaria en Tucumán- habían cometido crímenes de lesa humanidad (pese a que la Carta del Tribunal de Nüremberg era de 1945, y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad había entrado en vigor el 11-11-1970), ni tampoco denunciaba como crímenes de lesa humanidad ó encubrimiento de los mismos, el estado de sitio en que se vivía con suspensión de garantías constitucionales –art.23 CN- (dispuesto por el Dto.1368/74 y prorrogado por el Dto. Dto.2717/75), ni denunciaba el Dto. 1454/73 (declaración de ilegalidad del ERP, calificado además de sedicioso), ni el Dto. 2452/75 (de prohibición de Montoneros, calificado asimismo como grupo subversivo), ni el Dto.2772/75 (por el cual el empeñamiento de las FFAA en la guerra contrarrevolucionaria se extendió a todo el país).

                                           Con su silencio y omisión, esa diputada (y tantos otros como ella), claramente favoreció, encubrió y dio su aquiescencia, a los que ahora llaman “terroristas de estado”. Convendrá Ud. que es difícil sacar patente de defensora de los DDHH con ese pasado, Ministra.

                                           Igual le pasa al presidente Kirchner, que con mandato vencido el 25-5-2007 [2], sigue clamando por la defensa de los DDHH de los terroristas, y cuando debió actuar, guardó un inolvidable –y cobarde- silencio.

                                           La recuerda a esa diputada, Sra. Ministro? Esa diputada se llamaba Garré.

                                           El mismo apellido suyo, y el mismo de Raúl A., que en el Organigrama de su Ministerio figura como Jefe de Gabinete de Asesores. Dicen que es su hermano, Ministra. Es eso así? Es este otro caso más de nepotismo flagrante como el de Kirchner con su hermana, la Piccolotti con sus parientes, De Vido con su mujer, y Miceli con su marido?

                                           Poca autoridad moral para señalar con el dedo a nadie tienen quienes ofenden a la República de esa manera.

                                           Ahora bien: por su omisión entonces como funcionaria pública (art. 77 del código penal entonces vigente), al no denunciar todos esos hechos que los terroristas de otrora hoy invocan poniéndose el miserable -y cobarde- disfraz de víctimas, aquella diputada es innegablemente una falsa defensora ó sostenedora de los DDHH.

                                           4.-Como falso defensor, falsario histórico y mixtificador jurídico del pasado, es el gobierno Kirchner al que Ud. sirve, Sra. Ministra.

                                           En efecto: Desde hace tres años se encarcela y juzga a militares, miembros de las fuerzas de seguridad, y aún a un capellán (el padre Von Wernich), y en la reciente actualidad también se ha ordenado detener y se pretende juzgar a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, todos bajo la gravísima imputación de haber cometido, ordenado y/ó participado, en la comisión de hechos que judicial y políticamente se han calificado como "crímenes de lesa humanidad".

                                           La aplicación de tal categoría a los hechos de la guerra contrarrevolucionaria de los ’70 constituye la mayor falsedad histórica y la más fabulosa mixtificación jurídica implementada por un gobierno, el actual, con el designio de deslegitimar primero, y aniquilar luego, a las fuerzas armadas de la Nación, para reemplazarlas por milicias populares ‘chavistas’ y llevar a la Argentina a un régimen castro-chavista de cuño marxista. Ud. lo conoce, Sra. Ministra, por su desempeño como embajadora en la corte de Hugo Chávez Frías.

                                           La pretensión exhibe sin embargo un punto crítico de insuperable vulnerabilidad en diversas circunstancias históricas y jurídicas, que la opinión pública desconoce, la publicada no refleja --y muchas veces oculta-- y la dirigencia política y social, claudicantemente calla.

                               1.-La falsificación histórica.

    

                                           Particularmente se desmorona el engaño cuando se atiende a tres circunstancias histórico-jurídicas absolutamente dirimentes, y que echan por tierra el embaucamiento, a saber:



    

                                           1ª) Si la de "crímenes de lesa humanidad" fuera una categoría preexistente a la década del '70, y --como se afirma-- de jus cogens (esto es: derecho imperativo, de aplicación obligatoria por los Estados), entonces no se ve por qué no la imputó el presidente Raúl Alfonsín en el Dto. 158/83 de enjuiciamiento a los integrantes de las juntas militares.

                                           2ª) Por las mismas razones, tampoco se ve por qué no la aplicaron ni la Cámara Federal ni la Corte Suprema, en el juicio y condena a los comandantes (C.13/84).

                                           3ª) Si la imprescriptibilidad es característica esencial de tal categoría (y ello permite aún reabrir causas fenecidas y/ó con acciones penales prescriptas, como hoy se hace), y la categoría hubiese estado vigente por ser derecho consuetudinario, entonces tampoco se ve por qué, tanto la Cámara Federal como la Corte Suprema, en el citado juicio a los comandantes, declararon la prescripción de delitos imputados al Brigadier Agosti (CSN, Fallos 309.5 y ss.)

Como no puede seriamente sostenerse que aquellos magistrados de antes habrían incumplido las leyes que juraron observar y que sólo los jueces de ahora sabrían cumplir, es manifiestamente perceptible que los "crímenes de lesa humanidad" son una torpe excusa sofística y pseudojurídica para abrogar las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional, desatando persecuciones políticas que sólo generan discordia y desunión entre argentinos.

                                           Lo mismo vale para la pseudocategoría de "terrorismo de Estado", inexistente en el derecho positivo argentino, pero políticamente útil para estigmatizar, primer paso de deslegitimación política, para luego aniquilar judicialmente.

                                           Y al par que se sostiene que tales "categorías" serían inamnistiables [3] é ininindultables de derecho, al no perseguirse a los terroristas que tomaron las armas contra la Nación (artículo 103, hoy 119 CN) en la década del '70, hoy se los privilegia con una amnistía de hecho.

    


                                  2.-La mixtificación jurídica.

                                           Su gobierno quiere engañar al pueblo de la Nación, Sra. Ministra. Pero no engañan a nadie, sino que sólo logran sometidos por cobardía y claudicación moral. Pero no todos son iguales, no se crea. No todos comulgamos con ruedas de molino.

                                           En efecto: desde el punto de vista jurídico, la categoría de “crímenes de lesa humanidad” tiene un origen histórico perfectamente establecido, y en modo alguno deriva de la costumbre (como pretenden hoy en Argentina la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales federales inferiores dóciles a los designios del ejecutivo nacional), sino que fue el resultado de un tratado celebrado el 8 de agosto de 1945 por las cuatro potencias vencedoras en la II Guerra Mundial.

                                           Muchos años después, la categoría se internacionaliza con el Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional,  que entró en vigor el 1º de julio de 2.002. La Argentina adhirió por L. 25.390 (BO 23-1-2001).

                                           Ninguno de ambos estatutos resulta aplicable a la guerra contrarrevolucionaria de los ’70.

                                           La utilización de la categoría en nuestro país, sin embargo, es la mascarada con la que el gobierno, y un claudicante poder judicial de la Nación, abrogan el valladar de la prescripción largamente operada ya con relación a los hechos de los ’70.

                                           Mascarada que se completa, como va dicho, con la amnistía de hechos a los delitos múltiples perpetrados por los terroristas en dicha época.

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