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Soldados seguirán violando si no acaba fuero militar


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Milenio

Domingo 01 de julio de 2007

Cimacnoticias

Soldados seguirán violando si no acaba fuero militar

Hypatia Velasco Ramírez

www.cimacnoticias.com

cimac@laneta.apc.org



http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=524769&sec=19
México incumple convenios internacionales sobre derechos humanos que firmó y ratificó, sobre todo en caso de violación a mujeres por soldados.
Ante el contexto actual de nuestro país y las reiteradas violaciones a derechos humanos perpetradas por elementos del Ejército mexicano contra población civil, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), durante su segunda visita a México en este año, buscó reunirse con el Supremo Tribunal de Justicia Militar sin éxito.
Cejil, con estatus consultivo ante la OEA, sólo fue recibido por representantes de la Procuraduría General de la República, instancia encargada de remitir los casos de violación de derechos humanos cometidos por militares a la justicia castrense. Pero no obtuvieron ninguna respuesta favorable.
Antes de este encuentro, integrantes de Cejil recorrieron distintas entidades federativas. Iniciaron en Guerrero, donde se han cometido varias de las agresiones sexuales contra mujeres por parte de militares, y concluyeron en el Distrito Federal reuniéndose con funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión de Derechos Humanos del DF.
En su balance de esta visita Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Cejil, se refirió al fuero militar señalando: “Han sido lamentables los avances de los casos de mujeres violadas por militares”. Con preocupación manifestó que “México no puede desentenderse de sus obligaciones internacionales y constitucionales de protección de los derechos de las mujeres y es necesario cambiar radicalmente el alcance del fuero militar, pues no debe ser un fuero de impunidad contra la población civil”.
La violación sexual no puede ser nunca un acto del servicio militar, apuntó. “Se han violado la Convención Belem Do Pará y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que exigen que las mujeres vivan libres de violencia, actos provocados por el abuso de mecanismos ilegítimos, entre los que se encuentra el abuso de la jurisdicción militar”.
Soraya Long, directora general de Cejil, dijo que en su visita pudieron constatar que “no hay reconocimiento de las autoridades mexicanas sobre estos casos, señalados ya por instancias internacionales”, y para que pueda haber algún cambio “es fundamental que exista ese reconocimiento”.
Violaciones
Actualmente, los casos de dos mujeres indígenas violadas en Guerrero se están litigando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde se busca mostrar que las violaciones son cometidas por los militares y que están bajo la jurisdicción militar, cuando esto no debe ser así, denunció Long.
El primer caso de mujeres violadas por militares que se llevó al ámbito internacional fue el de las hermanas tzeltales González Pérez, detenidas, golpeadas y violadas por elementos del Ejército el 4 de junio de 1994.
El 30 de junio se presentó la denuncia ante la PGR. En septiembre de 1994, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar, que lo archivó argumentando falta de comparecencia de las víctimas a declarar y someterse a pericias ginecológicas.
En 1996, Cejil recurrió a la CIDH, quien en abril de 2001 emitió dos recomendaciones que, hasta ahora, no ha cumplido el Estado mexicano.
Además, Amnistía Internacional (AI) tiene registrado de 1994 a 2006, 60 casos de mujeres indígenas y campesinas agredidas sexualmente por miembros de las Fuerzas Armadas, según Alma Burciaga, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Estos son: el caso de Ernestina Ascencio, presuntamente violada y asesinada por soldados en la Sierra de Zongolica, Veracruz; 2 mujeres tlapanecas violadas en Guerrero y 12 mujeres indígenas de la zona de Loxichas, Oaxaca, ambos en 1997.
Dos mujeres nahuas del estado de Guerrero, violadas por militares en abril de 1999; una violada por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería y otra más violada por 11 soldados, ambas en 2002 en el estado de Guerrero; 23 agredidas sexualmente por fuerzas de seguridad en mayo de 2006 en San Salvador Atenco y 14 mujeres de Castaños, Coahuila, atacadas por militares en mayo de 2006.
Todos están impunes.
Reforma constitucional
Los responsables de estas agresiones deben ser remitidos ante la ley civil, según el General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, pues esto se encuentra asentando en el Artículo 13 de la Constitución. Sin embargo son acogidos por el fuero militar.
Señaló que esta serie de violaciones deben derivar en una reforma constitucional y en reglamentos que abroguen al fuero militar. Aseguró que quien debe decidir qué tipo de Ejército se necesita es el Congreso de la Unión.
Para Soraya Long, la jurisdicción militar no es competente para atraer casos de violaciones de derechos humanos pues la responsable de ello es la jurisdicción ordinaria, ya que los tribunales militares no son independientes, pues son nombrados por el Ejecutivo, son imparciales al juzgar a sus miembros y las víctimas son totalmente ajenas a los procesos.
“Es necesario que el Estado mexicano haga una reforma de la jurisdicción militar; de lo contrario, la Corte Interamericana puede obligarlo a hacerla como lo ha hecho con países como Chile, Perú, Colombia y Venezuela”, asegura.
Por ello, la diputada federal perredista Valentina Batres Guadarrama anunció que la próxima semana la fracción parlamentaria del PRD presentará a la Comisión Permanente una iniciativa de reforma constitucional y del Código de Justicia Militar para que las autoridades civiles investiguen, juzguen y sentencien a los militares que incurren en delitos contra civiles, incluidas las mujeres.
Una vez que entre en vigor, los casos de agresiones a mujeres por parte de militares que se encuentren pendientes de investigación o juicio en autoridades militares se canalizarán al MP Federal y a los jueces ordinarios para que sean resueltos.
Porque, según Batres, el problema de la justicia militar es la impunidad, pues no castiga a los militares que juzga y si lo hace es de manera muy ligera, lo que ha generado casos pendientes.


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