Página principal

Sociedad civil, transparencia y legitimidad en los procesos de integración y en las negociaciones comerciales: Un enfoque sobre la experiencia del Mercosur y algunas lecciones para las negociaciones con la Unión Europea Félix Peña (*)


Descargar 124.24 Kb.
Página2/3
Fecha de conversión23.09.2016
Tamaño124.24 Kb.
1   2   3

Relevancia de la participación de la sociedad civil en un proceso de integración con las características del Mercosur
En nuestra opinión, en el Mercosur la participación de la sociedad civil en la formulación de estrategias y políticas públicas, y en la creación de reglas de juego y de su aplicación, tiene relevancia, por lo menos, por dos motivos principales. Ellos son el de la efectividad de las reglas, y su consiguiente grado de eficacia y credibilidad, y el de la legitimidad social del proceso de integración.
En el caso del Mercosur, como en el de otros procesos similares en sus características, ambos motivos se relacionan con el carácter voluntario y permanente, del vínculo societario que origina la asociación de Estados.
En efecto, el Mercosur pertenece a una categoría de procesos internacionales que se observa, en particular, a partir de la mitad del siglo pasado, con el lanzamiento del Plan Schuman que dio origen a la integración europea.
Se trata de la asociación voluntaria entre naciones soberanas, que no aspiran necesariamente a dejar de serlo y que se unen con vocación de permanencia, a fin de integrar sus economías –utilizando para ello técnicas propias que en su esencia corresponden a lo que el artículo XXIV del GATT-1994, define como zonas de libre comercio y unión aduanera-, estableciendo para ello una preferencia económica –limitada a bienes, o extensible eventualmente a servicios y a otros factores de la producción, y que en un estadio más evolucionado puede incluir la unión monetaria-; disciplinas colectivas y mecanismos institucionales que permiten crear y aplicar reglas comunes. En general son procesos que cuando se producen entre naciones contiguas, adquieren un carácter multidimensional que trasciende el plano exclusivamente comercial y económico.
Pertenecen a esta categoría, además del Mercosur -y entre otros- la UE, el NAFTA, la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano y la Comunidad del Caribe (CARICOM). También puede considerarse dentro de tal categoría, proyectos como el del libre comercio hemisférico (ALCA) y en particular, por la amplitud de sus objetivos, el de asociación interregional entre la UE y el Mercosur.
Por el carácter voluntario del respectivo proceso y su vocación de permanencia, un elemento distintivo es el de la percepción de un cuadro de ganancias mutuas entre los socios, lo que permite explicar el origen del vínculo asociativo en el momento fundacional. La reciprocidad de intereses que entonces se logra, se plasma en un pacto constitutivo del cual deriva un ordenamiento jurídico propio del respectivo proceso. En la perspectiva de los compromisos asumidos por los socios en el plano global de la OMC, la discriminación con respecto a terceros se efectúa de conformidad con el artículo XXIV del GATT-1994 o de los artículos V y V bis del GATS.
Este tipo de proceso se desarrolla normalmente entre países con asimetrías en la distribución de poder relativo y con diferentes dimensiones económicas. Por ello es relevante el que sean predominantemente orientados por reglas comunes libremente consentidas (“rule oriented process”). Ello neutraliza los elementos negativos que podría tener para los socios de menor poder y dimensión relativa, el hecho que las relaciones recíprocas estuvieran predominantemente libradas a consideraciones de poder (“power oriented process”). Esta observación es válida tanto para las relaciones intra-Mercosur, como para las hemisféricas entre el Mercosur y los EEUU y para las interregionales Mercosur-UE.
De allí la importancia que tiene el tipo de instituciones y reglas de juego comunes que permiten mantener, a través del tiempo, el cuadro de ganancia mutua que sustenta el vínculo asociativo voluntario. La finalidad de tales instituciones y reglas de juego, es preservar en forma dinámica la articulación de intereses nacionales, sobre bases de reciprocidad de derechos y obligaciones, que explica tanto el origen del pacto social como su mantenimiento en el tiempo. Ningún país participa de este tipo de procesos si es que no considera que le convenga. Ninguno se mantiene como parte del proceso, si entiende que pierde más dentro de la asociación que fuera. Hay experiencias históricas concretas en tal sentido, como la de Gran Bretaña al no entrar en su momento en la CECA y tampoco de acceder a la CEE hasta años después de constituida, o la de Chile de retirarse del Grupo Andino o de no aceptar participar en el momento fundacional del Mercosur, ni luego incorporarse como miembro pleno. ¿No hay acaso también en países del Mercosur, un debate sobre la conveniencia de un acuerdo de libre comercio hemisférico, según sean sus modalidades, los compromisos que se asuman y el equilibrio en los beneficios que de él resulten? Concretamente nadie está obligado a negociar.
Son procesos que por su carácter voluntario y su vocación de permanencia, son sostenibles en el tiempo en la medida que las ventajas de pertenencia sean percibidas por las respectivas ciudadanías. Es la legitimidad social lo que en definitiva explica el momento fundacional y sustenta el vínculo asociativo a través de los años.
En esta perspectiva, adquiere toda su relevancia la participación de la sociedad civil en la formulación estratégica y en las políticas públicas, así como en las reglas de juego que resulten de la asociación. Los ciudadanos deben sentirse identificados con su pertenencia al espacio regional creado por la asociación de Estados. La valoración de una cierta identidad regional otorga vitalidad a los respectivos procesos.
Este factor se ha observado en los casos de los países que se han ido incorporando gradualmente a lo que es hoy la UE. Por ello en la ampliación más reciente a los nuevos miembros de Europa Central, los instrumentos utilizados por la UE para facilitar la preparación de los candidatos, tales como el Programa Phare, han puesto mucho énfasis en el desarrollo de acciones orientadas a explicar a la sociedad civil los alcances de los compromisos que serían luego asumidos. Incluso la decisión final de participar ha sido sometida a la consulta a las respectivas ciudadanías. La legitimidad social ha sido entonces una preocupación central en el proceso de ampliación que culmina en el 2004.
En el caso de un país del Mercosur –Brasil- fue realizado un plebiscito a fin de consultar la opinión pública sobre su aceptación del ALCA. Dejando de lado la discusión sobre la oportunidad y la metodología de la consulta, ella refleja la importancia política que se le atribuye a la opinión pública, ya no sólo en relación a un proceso de integración entre naciones contiguas, pero incluso en relación a las negociaciones de los acuerdos de libre comercio.

Mecanismos de articulación de intereses, transparencia y canales de participación de la sociedad civil en el caso del Mercosur
En general se considera que la efectividad de una regla jurídica en las relaciones internacionales, es la resultante de la capacidad que manifieste para penetrar la realidad16.
Ello se refleja en el hecho que ella sea tenida en cuenta y respetada por los protagonistas de la vida internacional –los sujetos de derecho destinatarios de su contenido- en sus comportamientos y en sus relaciones recíprocas. Para ello debe suponerse que la norma tiene validez formal. Esto es que se han cumplido los requisitos necesarios a fin de reconocerla como tal.
Puede ocurrir, sin embargo, que una norma tenga vigencia formal como compromiso entre los integrantes de una asociación de Estados, pero que no se haya cumplido el ciclo de su plena incorporación al ordenamiento jurídico interno de cada país –por los medios previstos por la propia norma o que resulten del lugar que ocupará en la respectiva jerarquía normativa interna-. En tal caso, la norma puede tener vigencia internacional entre los Estados socios, pero no tenerla en relación a los sujetos de derecho interno de los respectivos países.
De la efectividad la regla depende, en gran medida, su eficacia. Esto es, que se obtengan los resultados perseguidos por quienes la aprobaron. Es difícil que puedan ser eficaces las reglas que no son efectivas.
La cuestión de la eficacia de una regla concreta, puede condicionar la eficacia general del proceso, si es que se produce un encadenamiento de reglas afectadas en su efectividad. En tal caso, se podría alterar el balance de intereses que está detrás de toda regla común y, más aún, del conjunto de reglas adoptadas por los socios.
La cuestión de la efectividad y eficacia de las reglas pactadas, adquiere una particular relevancia cuando un proceso de integración, como es el caso del Mercosur, está orientado a estimular inversiones y la transformación productiva de cada uno de los socios y del conjunto. Tales objetivos requieren un razonable grado de previsibilidad en cuanto a las reglas de juego que incidirán, en particular, en el acceso irrestricto a los respectivos mercados de bienes y, eventualmente, de servicios y de compras gubernamentales. Si las reglas no son efectivas, es decir, no penetran en la realidad, el proceso pierde credibilidad ante los inversores, quienes no confiarán en que podrán acceder, por ejemplo en el caso del Mercosur, a los doscientos millones de consumidores que se les prometiera al firmarse el Tratado de Asunción.
Si ello fuera así, los mayores perjuicios serían para los países de menor dimensión relativa como son, en el caso del Mercosur, Paraguay y Uruguay. Afectaría su capacidad para atraer inversiones productivas en función del mercado ampliado, a pesar que, eventualmente, las demás condiciones que hacen al clima de inversiones fueran favorables. En tal caso no se lograrían los resultados esperados por la participación del respectivo país en el proceso de integración, con las consiguientes pérdidas de eficacia y eventualmente, de legitimidad social. En el caso del Mercosur, ello es más importante aún, pues la expectativa del acceso irrestricto a los mercados ampliados y su efecto sobre las inversiones productivas, fue el principal argumento por el cual en el momento fundacional, Argentina y Brasil se negaron a reconocer a estos países un tratamiento especial, salvo el reconocido en el artículo 6 (diferencias puntuales de ritmo en el Programa de Liberación Comercial).
Asimismo, la efectividad y eficacia de las reglas de juego condicionan su credibilidad y legitimidad social.
Credibilidad entendida como la posibilidad que los actores sociales a quienes las normas están destinadas, puedan percibirlas como un factor relevante en la orientación de las decisiones que inciden en sus comportamientos concretos. Es precisamente el caso de empresas e inversores.
Y legitimidad social, entendida como el reconocimiento por parte de la sociedad y, en particular, por los actores sociales más afectados por ellas, de que son reglas comunes a todos los socios que deben ser respetadas por mutua conveniencia. Es decir, reglas que aseguran la preservación de ganancias para todos los socios, independientemente de su poder relativo y dimensión económica, y que, por ende, permiten contrapesar los costos que eventualmente producen las aperturas irrestrictas de mercados a favor de países relativamente más desarrollados. En Argentina y Brasil, esta cuestión está presente en el debate sobre la conveniencia y oportunidad de acuerdos de apertura comercial con países más industrializados, como EEUU y los de la UE.
La cuestión de la credibilidad y de la legitimidad social se acrecienta en su importancia política y económica relativa, cuanto mayor sea el espectro de reglas de juego que orientan un proceso voluntario de integración económica, que están afectadas por el “virus” de la falta de efectividad y de eficacia. Si el espectro es muy amplio, es más factible que esté reflejando una deficiencia seria en la voluntad de los socios de cumplir lo pactado. Ciudadanos, empresas e inversores, suelen detectarlo de inmediato, sobre todo si hay memoria colectiva de pasadas tendencias a la “integración-ficción”. Incluso es posible que además esté poniendo de manifiesto desequilibrios profundos en la reciprocidad de intereses nacionales que sustenta el vínculo social entre los países que han decidido trabajar juntos. Este podría ser el caso actual del Mercosur.
Otra característica de este tipo de fenómeno de asociación voluntaria y permanente, es la de contener además de reglas comunes, mecanismos institucionales que tienen como objetivo permitir el impulso del desarrollo del proceso de integración a través del tiempo; la formulación de decisiones que se exteriorizan en reglas comunes, y la administración y solución de conflictos conceptuales o de intereses entre los asociados. Al respecto no hay un modelo institucional único, ni reglas de juego internacionales que fijen parámetros sobre sus modalidades y alcances. La gama de alternativas es muy amplia. Rige el principio de libertad de organización, propio del derecho de las organizaciones internacionales.
Son tres las funciones básicas que se espera puedan cumplir las instituciones de una asociación voluntaria y permanente entre naciones soberanas. Las tres están vinculadas con la necesidad de preservar, a través del tiempo, la concertación de intereses nacionales en un cuadro de ganancia mutua, así como de traducirla en reglas de juego que penetren la realidad y que puedan ser eficaces, creíbles y legítimas.
La primera función es la de canalizar el impulso político del proceso de integración, en particular, cuando éste prevé un desarrollo incremental en etapas contempladas –en forma explícita o implícita- en el pacto constitutivo, como han sido los casos tanto del Tratado de Roma, como luego del Tratado de Asunción. La segunda es la de permitir la formación, adopción y ejecución de distintos tipos de decisiones, que se expresan en normas jurídicas complementarias o derivadas del pacto constitutivo. La tercera función es la de facilitar la administración de conflictos que surjan entre los socios y la de solucionarlos cuando ellos se plantean como controversias justiciables.
Tales funciones se cumplen por órganos que son, técnicamente, comunes a todos los socios. Ellos pueden estar integrados por representantes de los gobiernos y que actúan en tal carácter. Se suelen distinguir según sea el nivel de la representación gubernamental, incluyendo el político –por ejemplo, ministerial- y el técnico. Normalmente son los órganos que tienen la competencia de adoptar distintos tipos de decisiones que, en general, originan reglas de juego.
También puede haber órganos integrados por funcionarios técnicos independientes de los gobiernos, nombrados por ellos en forma colectiva. Este tipo de órgano común, normalmente con funciones técnicas y ejecutivas, puede ser colegiado –como es la Comisión Europea- o unipersonal –como es la Secretaría Técnica del Mercosur-. Sus competencias también pueden variar según los casos, pero en general permiten preservar una visión de conjunto del respectivo proceso, así como asegurar la calidad técnica de las reglas que surgen de los órganos de decisión integrados por representantes gubernamentales. Una función relevante puede ser también la de proteger el balance de intereses de todos los socios, en particular, los de menor poder relativo y dimensión económica.
Con respecto a las decisiones que adoptan los órganos políticos e incluso técnicos, ellas pueden ser aprobadas por consenso o por algún sistema de mayoría. Se expresan en actos jurídicos unilaterales de la asociación, o propuestas de actos jurídicos internacionales multilaterales, que se someten a la firma de los socios –por ejemplo, los Protocolos complementarios del Tratado de Asunción-. Sus efectos jurídicos también pueden variar dentro de una amplia gama de opciones, y pueden ser directos o indirectos en relación al ordenamiento jurídico interno de cada socio. Algunas podrán ser sólo programáticas, o contener recomendaciones o reglas de ordenamiento interno de los trabajos a desarrollar en el futuro. Otras pueden tener un carácter estrictamente institucional, por ejemplo, la creación de nuevos órganos de distinto nivel.
A su vez la función de solucionar conflictos justiciables, puede estar a cargo de una jurisdicción arbitral –permanente o ad-hoc- o de una jurisdicción judicial.
En el marco de los órganos de una asociación, la concertación de intereses nacionales y su expresión en decisiones con distintos tipos de efectos vinculantes, reconoce por lo menos tres fases.
La primera es la que podemos denominar como ascendente. Suele ser la menos estudiada. Es la fase en la cual cada país forma su propia decisión interna con respecto a lo que desea o necesita obtener como decisión colectiva. Se supone que lo hace en función de un diagnóstico de cuáles son los intereses nacionales y la posibilidad de obtener de los socios un consenso en la materia. Es una fase entonces que se cumple en lo que es el segmento nacional del proceso de formación de decisiones17. Cada país se organiza como más le conviene y en función de sus propias características constitucionales y administrativas internas. Pero como se señaló antes, en el caso del Mercosur, tanto el Tratado de Asunción como el Protocolo de Ouro Preto, establecen qué sectores de cada administración nacional integra los principales órganos de decisión y asegura la coordinación nacional por las respectivas Cancillerías.
La segunda fase, es la de la adopción de las decisiones en las instancias comunes. Es aquella en que puestos de acuerdo los socios, finalmente la decisión es adoptada –conforme al sistema de votación establecido- y toma la forma jurídica que corresponda –incluyendo los efectos jurídicos que tendría que producir y las modalidades de incorporación al ordenamiento jurídico interno de los socios, cuando así correspondiera-.
Y la tercera, que podemos denominar como descendente, que es aquella en la que la decisión penetra en la realidad, sea por su cumplimiento directo por los países miembros o por su incorporación al ordenamiento jurídico interno de cada país, a fin de ser cumplidas por sus sujetos de derecho.
La experiencia del Mercosur podría estar indicando que sus fallas institucionales principales residen en la fase ascendente del proceso de decisión. Sería el hecho que las propuestas que llegan a la mesa de las decisiones finales, no han sido suficientemente preparadas en sus aspectos técnicos, o no han sido suficientemente consultadas con otras instancias gubernamentales o con los sectores sociales interesados. Ello se traduce, a veces, en productos de calidad insatisfactoria.
Sería por lo tanto la definición de cada interés nacional –incluyendo el indispensable ejercicio de conciliación de requerimientos internos de un país con las posibilidades de obtener de los socios lo que presuntamente necesitan-, lo que presenta un cuadro de debilidades, que podría explicar la acumulación de reglas de juego que no se cumplen, es decir que no son efectivas y que, a veces, ni siquiera concluyen su proceso de perfeccionamiento jurídico.
Las deficiencias en la preparación de las posiciones nacionales puede deberse a varios motivos. Uno de ellos puede ser en algún país, el hecho que no se haya institucionalizado el funcionamiento de la Sección Nacional del GMC, que fuera concebido en el momento fundacional –sobre la base de la experiencia del período previo de integración bilateral entre Argentina y Brasil- como un colegiado integrado por la Cancillería y el área económica de cada Gobierno. La idea fundacional era de que operara como verdadero motor ejecutivo del proceso de integración, en base a los impulsos políticos de los Presidentes y de los Ministros, en particular, de los responsables de la conducción económica. No siempre ha sido así.
También puede deberse a una insuficiente consulta a otros sectores de la administración pública y, en particular, a una baja participación de la sociedad civil, a través de sus instituciones representativas. Un factor que explique la baja participación de la sociedad civil, podría ser las dificultades de acceso a información de calidad y oportuna que facilite el seguimiento –y la decodificación- de lo que se está negociando. Ello contribuiría a reforzar la tendencia a mecanismos de decisión que funcionan en una especie de circuito cerrado, en el que sólo participan técnicos gubernamentales y sólo marginalmente, instituciones representativas de la sociedad civil.
La acumulación de reglas que no penetran en la realidad o que, incluso, no han completado su ciclo de perfeccionamiento jurídico, podría contribuir a explicar la percepción que ciudadanos, empresas, inversores y terceros países, tienen de una pronunciada distancia entre la normativa nominal del Mercosur y la realidad. Como se señaló antes, ello puede contribuir al diagnóstico de un proceso con serios problemas de eficacia y de credibilidad, lo que puede resultar en su creciente crisis de legitimidad, en la medida que tal situación se traduzca en un deterioro de la reciprocidad de intereses entre socios con asimetrías de dimensión económica y de poder relativo.

Hacia una mayor participación de la sociedad civil en la futura construcción del Mercosur y en sus negociaciones comerciales internacionales.
Las recomendaciones que incluimos en este apartado, están basadas en lo observado más arriba en cuanto a la participación de la sociedad civil en la formulación de estrategias y políticas públicas, y en la creación de reglas de juego y en su aplicación, durante el período que va desde la creación del Mercosur hasta el presente. Son recomendaciones que aspiran a capitalizar la experiencia acumulada durante más de una década. Su oportunidad puede resultar del hecho que se ha renovado el impulso político gubernamental para la construcción del Mercosur.
En efecto, creemos que el entendimiento político que surge de las posiciones exteriorizadas por los gobiernos que asumieron en 2003 en Argentina y en Brasil, permitirá superar el debate existencial que se ha observado sobre la pertinencia del Mercosur en los últimos años.
Si ello es así, el foco deberá concentrarse en lo inmediato, en el debate metodológico de cómo continuar con la construcción de un Mercosur que sea compatible con las otras dimensiones de la inserción internacional de los países socios, y que facilite los procesos internos de transformación productiva y cohesión social.
En tal perspectiva procuramos contribuir a un aspecto crucial de tal debate, cuál es el de la activa participación de protagonistas de la sociedad civil interesados tanto en la construcción del Mercosur, como en las negociaciones comerciales internacionales y, en este caso en particular, con la UE.
La idea central que deseamos defender, es que a la luz de la experiencia acumulada en las casi dos décadas de integración en el Sur de América (períodos del PICAB y del Mercosur), sólo a través de una significativa participación institucionalizada de los actores no gubernamentales interesados -especialmente en el nivel nacional del proceso de formulación de estrategias y de políticas públicas, así como de creación y aplicación de normas- podrá aspirarse a que las reglas de juego reúnan las necesarias cualidades de efectividad que les permitan ser eficaces, creíbles y, sobre todo, sustentables en el tiempo y legítimas ante las respectivas sociedades.
Ello supone, por cierto, un perfeccionamiento de los propios mecanismos institucionales del Mercosur, especialmente en sus respectivos segmentos nacionales. Pero no es un tema que abordaremos en este informe18.
En esta oportunidad nos limitaremos a plantear algunas recomendaciones orientadas a lograr una mayor presencia de los actores no gubernamentales en la creación de reglas de juego del Mercosur, así como en su aplicación y aprovechamiento.
En efecto, creemos conveniente restringir el ámbito de acciones recomendables y posibles, a fin de lograr una evolución gradual hacia el perfeccionamiento de métodos de trabajo conjunto, tanto a nivel gubernamental como de los actores no gubernamentales. Es la retroalimentación entre mecanismos de decisión –y de participación de la sociedad civil- que permitan lograr reglas de juego efectivas –eficaces, creíbles y legítimas-, y la mayor interdependencia económica y social que como consecuencia se vaya produciendo a través del desarrollo de redes de producción y de protagonismo social, lo que incidirá en un predominio creciente de la lógica de integración, tanto entre los países socios como en los espacios económicos ampliados que resulten de las actuales negociaciones comerciales internacionales en las que participa el Mercosur.
Para ello, entendemos que recomendable que se generen incentivos para facilitar la participación de la sociedad civil en la creación de reglas del juego en el Mercosur, a través de:


  • Una mayor transparencia de información de calidad, suministrada en forma oportuna y no sólo “ex post”, a través de páginas Web de las respectivas Secciones Nacionales del GMC, tomando en cuenta su carácter de punto focal de la formación de las posiciones nacionales.

Tales páginas se potenciarían con un enriquecimiento notorio de la página Web oficial del Mercosur, para lo cual pueden servir de precedentes -entre otras- las páginas Web de la OMC y de la UE. Una página Web inteligente y de última generación, debería incluir los textos de las propuestas que se están negociando – así lo hace en ciertos casos la página Web del USTR (http://www.ustr.gov) -, e incluso los textos de proyectos de normativa interna, y por cierto la propia normativa, en la medida que puedan relacionarse con la competencia económica en el espacio económico ampliado. Al respecto pueden considerarse precedentes interesantes –pasos en la buena dirección- el título IX del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y la UE y, sobre todo, el capítulo 20 del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y los EEUU.


Una medida que puede contribuir mucho al acceso de información y a la responsabilidad ante los ciudadanos (“accountability”) es publicar en la página Web oficial del Mercosur y en las respectivas páginas Web focales de cada país socio, el nombre de todos los funcionarios con competencias en los distintos temas de la agenda Mercosur y de negociaciones comerciales internacionales, incluyendo por cierto sus direcciones e-mail.
Finalmente, otra sugerencia para incrementar la transparencia de los procesos de decisión y la responsabilidad de los funcionarios ante los ciudadanos, sería la de establecer la figura del “ombudsman” del Mercosur, concebido como el defensor de los intereses de la sociedad civil en el proceso de integración. La puesta en práctica de esta idea podría comenzar, en forma experimental, con la apertura de un espacio de “quejas y reclamos” en la página Web oficial del Mercosur, el embrión de una especie de “ombudsman” electrónico. Un funcionario de la Secretaría Técnica debería, en tal caso, tener a su cargo la derivación de los reclamos a las instancias nacionales correspondientes y el reclamante debería poder seguir por la página Web el estado del proceso de eventual respuesta. Es una idea que podría ejecutarse, por ejemplo, con cooperación técnica de la UE y en su estadio experimental podría referirse sólo al proceso de negociaciones del acuerdo interregional;


  • Una contribución activa de los medios académicos en la “decodificación” de la información para tornarla inteligible para quien, sin ser experto, necesita seguir los procesos de fabricación de reglas de juego, desde la perspectiva de los distintos sectores de la sociedad civil.

En tal sentido, tanto la experiencia europea como la canadiense pueden servir, entre otras, como modelo de interacción sistemática entre negociadores y funcionarios gubernamentales, instituciones representativas de la sociedad civil, y medios académicos. Es un campo apropiado para canalizar cooperación técnica de la UE y del Programa de Cooperación Hemisférica.


Las antes mencionadas creaciones de instituciones especializadas en el seguimiento de las negociaciones comerciales internacionales, por parte de instituciones empresarias de la Argentina y del Brasil, es un precedente que debe ser estimulado y apoyado con cooperación técnica internacional.
En este plano también puede desempeñar un papel muy significativo la prensa en general y, en particular, la prensa especializada, continuando con un desarrollo muy positivo que se observa en los últimos años, a partir de la intensificación de la agenda de negociaciones comerciales internacionales en las que participan los países del Mercosur. Hay hoy más periodistas especializados en el seguimiento de las negociaciones y en el Mercosur, y ello se refleja en una mayor calidad y precisión, tanto de la información como de los análisis. Contribuir a la formación de periodistas especializados por partes de las instituciones académicas del Mercosur, podría ser también materia de cooperación técnica de la UE –y en el plano del ALCA, del Programa de Cooperación Hemisférica aprobado en Quito;


  • Un fortalecimiento de la capacidad de los actores no gubernamentales de acceder a los mecanismos jurisdiccionales existentes o que se creen en el futuro –nacionales y multinacionales-, a fin de exigir el cumplimiento de las reglas de juego libremente pactadas por los Estados.

Como lo ponen de manifiesto la propia OMC, el NAFTA y sobre todo la UE, es el protagonismo activo de la sociedad civil –en particular de los empresarios- en impulsar la utilización de mecanismos jurisdiccionales, sean judiciales o arbitrales, para exigir el cumplimiento de lo pactado, uno de los factores cruciales para asegurar el carácter “rule oriented” de los ámbitos de integración y de libre comercio.


Es mejor si tal participación puede resultar de un acceso directo de los actores no gubernamentales a la utilización de los mecanismos jurisdiccionales. Pero es un buen paso el que las instancias gubernamentales –por ejemplo, en el caso del Mercosur las respectivas Secciones Nacionales del GMC- sean receptivas a los impulsos en ellos originados para exigir jurisdiccionalmente el cumplimiento de lo pactado, cuando así correspondiera.
En algunos casos –como por ejemplo en la Argentina- la instancia jurisdicción judicial interna puede ser muy efectiva, cuando existe un reconocimiento constitucional explícito en relación a la supremacía de los tratados sobre las leyes internas. Incluso puede considerarse que en el Mercosur, ésta ha sido una vía de acción subutilizada por los actores no gubernamentales, especialmente las empresas. Una excepción notable, por el precedente que sentó, fue el reclamo de Cafés La Virginia contra el Estado argentino, por el desconocimiento de una desgravación arancelaria incorporada a un acuerdo celebrado con el Brasil en el ámbito de la ALADI. En 1994, la Corte Suprema de la Argentina falló a favor del demandante y el Estado debió devolver lo recaudado indebidamente;


  • Un mayor desarrollo de la conectividad a nivel del Mercosur –e interregional en el caso de la asociación con la UE, como es el caso del MEBF-, de las instituciones no gubernamentales nacionales representativas de los intereses de la sociedad civil –comenzando por las que representan a los empresarios, los trabajadores y los consumidores-

Ello implica un fortalecimiento creciente de la capacidad de incidencia real del Foro Consultivo Económico y Social, así como de la actual Comisión Parlamentaria Conjunta, la que debería evolucionar hacia un verdadero Parlamento del Mercosur, tal como lo ha propuesto el gobierno del Brasil;




  • Una intensificación de las políticas públicas orientadas al desarrollo de redes sectoriales integradas, a través de la experiencia incipiente de los Foros de Competitividad del Mercosur, en particular en aquellos sectores en que se han puesto de manifiesto mayores sensibilidades a las aperturas de los respectivos mercados –al respecto son valiosas fuentes de información, los recurrentes conflictos comerciales que se han producido en los últimos años en algunos sectores del Mercosur, como también las “canastas” de posiciones arancelarias a ser desgravadas en plazos de diez años o más en el marco de las negociaciones comerciales con la UE y con los EEUU-, y




  • Una dotación de recursos suficientes que permita a la Secretaría Técnica del Mercosur, no sólo desempeñar sus funciones de preservación de una visión de conjunto y de calidad técnica en la creación normativa, pero pasar a ser un punto focal de irradiación de información oportuna a través de un mejoramiento sustancial de su página Web.

Sin duda que pasará mucho tiempo antes que Montevideo –sea de la Secretaría Técnica- pase a desempeñar el papel que tiene Bruselas, como punto focal de la acción de actores no gubernamentales interesados en la adopción de reglas de juego comunitarias19. Pero lo importante es ir desatando una tendencia que conduzca gradualmente a un mayor peso relativo de la Secretaría Técnica, en el proceso de creación y aplicación de reglas de juego del Mercosur.


Entendemos que el hecho que los países socios encaren simultáneamente el fortalecimiento del Mercosur, las complejas negociaciones comerciales internacionales en la OMC, en el plano hemisférico y en el interregional, así como la preparación de sus sociedad y de sus empresas –especialmente las pymes- para competir en los escenarios post-negociaciones, debería conducir a un enfoque también multipolar y multidimensional de la participación de la sociedad civil en todos los procesos negociadores.
La rica experiencia de la UE con sus programas de cooperación económica con los países candidatos a ser miembros plenos y a ser asociados, puede ser de suma utilidad para los países del Mercosur20.
En tal sentido, el esfuerzo de cooperación que se efectúe por parte de la UE a fin de fortalecer una participación efectiva de la sociedad civil de los países del Mercosur en las negociaciones interregionales, debería ser enfocado con la idea de producir también un efecto significativo en el propio funcionamiento del Mercosur y en sus otras negociaciones comerciales internacionales.
En particular, el financiamiento de reconversión productiva y laboral por parte de la UE, en los sectores reconocidos como sensibles en el curso de las negociaciones, debería ser uno de los medios más concretos de ampliar el interés y la participación de la sociedad civil en el espacio económico que resulte de las negociaciones en curso. De tal forma se logrará tornar viables los acuerdos que se logren y de asegurar su legitimidad social.
Asimismo, en el plano de las negociaciones del ALCA –y del propio “4+1” con los EEUU-, acrecentar la participación de la sociedad civil de los países del Mercosur, y su preparación para los escenarios post-negociación, incluyendo el financiamiento de reconversión que se requerirá en los sectores productivos y laborales más sensibles, debería ser una prioridad en la aplicación del Programa de Cooperación Hemisférica. Para ello debería contarse con un apoyo financiero significativo de los países industrializados y de los organismos financieros internacionales.
1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje