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Síntesis de los Matutinos H. Senado de la Nación / Diputados


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POLÉMICA EN TORNO AL ACCESO DE LA OPOSICIÓN A LOS MEDIOS OFICIALES

Lo presentó la senadora radical Laura Montero, por considerar que a los miembros de la oposición no se les permite el acceso a los medios públicos en igualdad de condiciones que a los representantes del oficialismo. Réplica del titular del bloque del FpV.



La senadora Laura Montero impulsó una cuestión de privilegio. Al hacerlo, lo hizo por considerar que se estaban vulnerando los derechos en torno al cumplimiento de la ley de Medios. Se quejó al respecto porque la oposición no figura en ninguna de las Autoridades de Aplicación.
Asimismo sostuvo que no se está cumpliendo la Ley de Medios en el artículo 121, que indica que Radio Televisión Argentina debe promover la pluralidad, en tanto que el 122 señala que todos deben contar con espacios y reprochó que las protestas que en ese sentido ha expresado la oposición “nunca se tratan”. Por eso reclamaron que Radio Televisión Argentina cumpla con esos dos artículos, pero más allá de eso contó su experiencia personal: al concurrir a las radios estatales de su provincia, los programas de producción local cada vez son menos, pues abundan los enlatados. “Tienen que estar escuchando los programas que les bajan enlatados de Radio Televisión Argentina”, dijo.
Paralelamente concurrió a otra radio para una entrevista enlatada, le “bajaron” la nota, cosa que le comunicó el propio director de la radio. “Tanta fue la presión que hice que terminaron grabándome”, contó, aunque aclaró que pasaron solo algunas partes de la nota.
Se quejó también por la pauta oficial. “Está en 1.700 millones –dijo-, y la distribución es absolutamente discrecional”.
En ese marco, Montero dijo que “los derechos que se vulneran son los de la libertad, igualdad y dignidad. No sólo están en el encabezado de nuestro Preámbulo, sino también en el artículo 16 de la Constitución, en todos los tratados internacionales que hemos firmado, y no se trata de una cuestión graciosa de privación: no se está cumpliendo la ley”.
Así las cosas, apeló a la presidenta de la Nación, al titular del Senado, al del bloque oficialista, para defender la libertad de expresión. “No podemos permitir que lo que se vulnere sea la libertad”, enfatizó.
Anticipó además que irán por esos temas al defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación.
Como respuesta, el titular del bloque oficialista, Miguel Pichetto, replicó que el oficialismo también presentó una cuestión de privilegio quejándose porque también sufren una discriminación de los medios.
En ese marco apuntó contra la exdiputada Silvana Giudici, recordando que en su momento dijo que no la oposición no iba a formar parte de los organismos creados por la Ley de Medios, y se mostró dispuesto a discutir el tema en el ámbito de la comisión.
En ese marco intervino el titular del bloque radical, Luis Naidenoff, quien apoyó los dichos de la senadora Montero, despertando la reacción del senador Mario Colazo, lo que a su vez llevó al también radical Gerardo Morales a plantear otra cuestión de privilegio contra el fueguino.
“No puede ser que los opositores no podamos ir a Radio Nacional”, se quejó el jujeño, que le reconoció a continuación a Pichetto la realidad de la concentración del grupo Clarín, pero también le reprochó al Gobierno nacional la concentración que a su vez tiene el Gobierno nacional. “La lucha que dimos para tratar de evitar la sanción de la ley de medios tenía que ver con que fue la gran parodia que impulsó el Gobierno nacional, después de haber generado la propia concentración de medios en el Grupo Clarín al permitir la fusión de Cablevisión y Multicanal”, señaló.
“Los medios públicos no les pertenecen al Frente para la Victoria, sino a todos los argentinos”, se quejó, tildando de “tránsfuga” al senador Colazo recordando su origen radical.

HABRÁ COBERTURA MÉDICA PARA NIÑOS EN RIESGO

Fue una de las normas aprobadas en la sesión del Senado. También se dio luz verde a un programa para combatir incendios forestales.

El senador radical tucumano José Cano fue el encargado de presentar su propio proyecto, destinado a dar cobertura médica para niños en riesgo.
La iniciativa obtuvo una aprobación unánime y pasó ahora a Diputados, donde deberán convertirla en ley en caso de aprobarla. Contó con el apoyo explícito de los senadores Luis Juez y Jaime Linares.
Inmediatamente después se aprobó también por unanimidad un programa integral de manejo del fuego orientado a prevenir los incendios forestales, que también pasó a Diputados.
La medida recibió los respaldos de la misionera Sandra Giménez (FpV), el santacruceño Alfredo Martínez (UCR) y cuestionamientos parciales de los justicialistas disidentes Juan Carlos Romero (Salta) y Carlos Verna (La Pampa).
El proyecto establece que serán consideradas infracciones el interior de bosques y pastizales, así no cumplir con la obligación de dar aviso a la autoridad más cercana de la existencia de un foco de incendio; y encender fuego, realizar quemas o desarrollar actividades prohibidas o sin la correspondiente autorización previa, entre otras.
Las sanciones previstas contempla apercibimientos, multas entre uno y 30 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional; clausuras de establecimientos; pérdidas de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios.
También se aprobó un proyecto que modifica el nombre de la Autovía 9 (ex Ruta Nacional 9) entre San Nicolás de Los Arroyos y Rosario, que pasará a llamarse "Teniente General Juan José Valle", dejando atrás el nombre "Teniente General Pedro Eugenio Aramburu" en una parte de la Autovía 9. La norma deberá ser convalidada por la Cámara baja.
También se aprobó por unanimidad el pedido de aumento de aportes al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que exige el organismo mundial a todos los países miembros y la expropiación de un predio de Montesquieu y Chutro, de la Capital Federal donde se imprimían los DNI. Se trata de un inmueble ubicado en la calle Montesquieu 443, esquina Pedro Chutro, de la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó el senador oficialista por Santa Cruz Pablo González, el mismo "funciona el centro de producción de documentos" y que estaba siendo alquilado por "120 mil pesos por mes". El valor del inmueble "sería de 2.200.000 pesos".

PARA MORALES, EL 82% EN LAS JUBILACIONES “ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO”
En respuesta a la exposición de Bossio, señaló que el problema de la Anses es la falta de dinero. Además aclaró que no se encontró presente en la reunión donde expuso el titular de la entidad debido al retraso de su vuelo a Buenos Aires.

El senador Gerardo Morales salió a desmentir a varios medios que habían publicado sobre su participación en la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de La Seguridad Social. El radical aclaró que no pudo estar presente a causa de la demora en su vuelo a Buenos Aires. Aún así manifestó que el problema que atraviesa la Anses es que “el Gobierno no tiene plata para seguir con gastos desproporcionados”.


Durante su exposición, el titular de la entidad, Diego Bossio, sostuvo que “es insostenible hacer frente a los fallos de la Corte” que, explicó, generan un déficit en el sistema. En este sentido, Morales advirtió que la gestión kirchnerista “pretende demorar los pagos judiciales o hacerse de las jubilaciones más altas de los mal llamados regímenes de privilegio”.
“El 82% es un derecho, no un privilegio”, enfatizó Morales. “No estamos de acuerdo en derogar el 82% en las jubilaciones de jueces, diplomáticos o docentes universitarios”, aclaró. Cabe señalar que junto con Rubén Giustiniani (FAP) fueron los autores del proyecto 82% móvil que no tuvo adhesión en 2010.
“Mientras para la presidente y Diego Bossio es un orgullo nacional que el 80% de los jubilados cobren la mínima y sean condenados a la pobreza, nosotros seguimos buscando la recomposición de las jubilaciones en función de los aportes realizados en toda una vida de trabajo”, finalizó.


EL SENADO APROBÓ LA REFORMA DEL CÓDIGO ELECTORAL

En adelante, se votará con la nueva tarjeta de identidad. A cuánto ascienden las multas a quienes no lo hagan.


El Senado aprobó por 41 votos contra 22 de la oposición y convirtió en ley la reforma del Código Electoral que habilita la emisión de voto con la nueva tarjeta de identidad, en lugar del tradicional DNI con formato de libreta y establece multas de entre 50 y 500 pesos para quienes no concurran a sufragar sin un motivo justificado.
El senador por el FpV Aníbal Fernández dijo que el DNI en el formato libreta se elimina porque "en realidad nunca sirvió para nada" y calificó de "injusto" que "se pretenda señalar que las penas de 50 a 500 pesos es una agresión a la sociedad".
A su vez, el presidente del bloque radical dijo que la reforma "es vergonzosa", con mecanismos "que alientan el amedrentamiento y el apriete".
El radical de Chubut, Mario Cimadevilla, expresó que "el texto deja muchas dudas" y "afecta las posibilidades de los partidos chicos a la hora de llevar adelante la fiscalización de los comicios, porque muchas veces no tienen elementos humanos y económicos". La iniciativa "ignora modificaciones más estructurales como podría ser la instalación de boleta única o la ansiada transparencia en el financiamiento", agregó.
La justicialista disidente salteña Sonia Escudero opinó que el proyecto significa "un grave retroceso de los derechos la fiscalización", al prohibir a los fiscales "votar fuera de la mesa que le señala el padrón". Manifestó que "otro paso atrás son las sanciones a los empleados públicos, que forman parte de un sistema de amedrentamiento", por lo que, concluyó, "se perdió una oportunidad para hacer una buena legislación".
Su colega Juan Carlos Romero manifestó que "en materia de control, volvemos a la época de los patrones que retenían las libretas de los peones: Eso es un atraso, algo reaccionario, que establece una lista negra de los desaparecidos cívicos por su inconducta", cuando exige un control de los empleados públicos.
El socialista Rubén Giustiniani aseguró que no entendía por qué es un avance votar con una tarjeta en vez de una libreta y criticó la improvisación en gastos públicos que significa "haber gastado más de mil millones de pesos para la confección de 14 millones de tarjetas y ahora dejarla de lado".
"Ustedes van a votar el mismo texto que aprobó la dictadura" para controlar "el voto de los empleados públicos que incluye la suspensión y la cesantía" de los trabajadores en caso de la reincidencia, resaltó.
También se pronunciaron en contra legisladores radicales, del peronismo federal, del Frente Amplio Progresista (FAP) y la Coalición Cívica.
Los cambios. La norma había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril y establece la eliminación del DNI libreta y su reemplazo por una tarjeta. La tarjeta se emitirá a partir de la nueva ley como toda documentación, servirá para todos los trámites y obligaciones cívicas.
La constancia del voto será entregada por el presidente de la mesa electoral y el formato de constancia será establecido durante la reglamentación de la ley.
Las libretas de enrolamiento, la libreta cívica y el actual Documento Nacional de Identidad (DNI), en cualquiera de sus formatos, podrán ser usados para votar, al menos para las próximas elecciones.


LA CÁMARA DE SENADORES CONVIRTIÓ EN LEY LA REFORMA QUE PERMITE VOTAR CON EL DNI TARJETA
El Senado aprobó y convirtió en ley una reforma al Código Electoral que permite la emisión del voto con soporte tarjeta, en lugar del DNI, Libreta Cívica o de Enrolamiento, que igual seguirán vigentes.
La iniciativa logró 41 votos a favor y 22 en contra, y fue respaldada por el bloque del Frente para la Victoria y sus aliados, mientras que votaron en contra el radicalismo, el justicialismo disidente, el FAP y la Coalición Cívica.
Según la Constitución Nacional, la norma debía ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara o sea 37 votos.
El proyecto establece el reemplazo del DNI libreta por una tarjeta para todos los trámites y obligaciones cívicas y la entrega de troqueles a los votantes como constancia de emisión de su voto, entre otras cuestiones.
La iniciativa hace hincapié en la Reforma Política “tendiente a brindar a la ciudadanía un sistema más moderno, ágil, transparente y dotado de seguridad jurídica para el electorado”, que comenzó con la implementación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el año pasado.
El texto establece, entre otras cuestiones, multas de 50 a 500 pesos para quienes no emitan su voto, en el caso de los ciudadanos que no justifiquen este accionar dentro del plazo de los 60 días posteriores al de la elección.
El infractor que no haya pagado la multa “no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la ciudad autónoma de Buenos Aires o municipales”.
Asimismo, la iniciativa propone que ninguna autoridad, ni tampoco el juez electoral, podrá ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en el padrón electoral y establece que las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón en la mesa para la cual sean designados.
Además, la norma establece que los empleados de la administración pública nacional o municipal que no presenten a sus superiores inmediatos la constancia de la emisión del voto al día siguiente de la elección, “serán sancionados con una suspensión de hasta 6 meses”, mientras que en caso de reincidencia podrán llegar a la cesantía.
El proyecto fue defendido por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, quien dijo que se busca “facilitarle la vida a los argentinos”.
“Esta es una norma sencilla que sólo trae la mejora de un sistema”, aseguró Fuentes y fustigó “los cuestionamientos que se hicieron en torno a esta presunta `persecución`”.
El senador bonaerense Aníbal Fernández dijo que “lo que estamos definiendo es algo nuevo en el marco de seguir creciendo” y sentenció que “es un verso que digan que se roban las boletas”.
“¿Cómo se le roba una boleta si cada cuatro votos están revisando el cuarto oscuro?”, preguntó Fernández.
Además, el senador bonaerense dijo que “esta libreta (por el DNI) no sirve para nada, nunca sirvió para nada”, y subrayó que “cuando las críticas lesionan al poder formal lo que se conseguía siempre era mellar, romper, para que sea los que no tienen la responsabilidad de representantes de la voluntad popular que tomen decisiones por nosotros”.
En cambio, el titular de la bancada radical, Luis Naidenoff, dijo que “si esto no se veta o el oficialismo no rechaza el artículo (que impone castigos por no votar) esto es un apriete”.
Se está discriminando y castigando a los trabajadores del Estado”, afirmó.
El senador chubutense Mario Cimadevilla dijo que no compartía “esta sanción al empleado público que no vaya a votar” y agregó que “no se puede castigarlo de manera distinta que a los demás”.
El socialista Rubén Giustiniani, en tanto, consideró que “es grave que a esta reforma la vote solamente el partido del gobierno” y preguntó: “¿para qué se gastaron mil millones de pesos para hacer 14 millones de DNI si ya no sirven?”.

EL SENADO APROBÓ EL PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE RECIÉN NACIDOS DE ALTO RIESGO
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este miércoles por unanimidad y giró a Diputados un proyecto de Ley que crea el Programa de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo que beneficiará a los bebés con una enfermedad congénita o neonatal y que estén en riesgo o presenten secuelas o necesidades especiales de atención.
El Ministerio de Salud deberá coordinar con el de Desarrollo Social y el de Educación las acciones tendientes a garantizar la creación de grupos interdisciplinarios de seguimiento de los recién nacidos de riesgo, la coordinación y unificación de programas y normas existentes y el acceso a los medios de diagnóstico precoz o temprano que fueran necesarios.
También se deberá coordinar el tratamiento correspondiente a cada niño según su diagnóstico o monitoreo; el acceso a la educación especial que corresponda y el traslado hacia y desde los Centros de Salud cuando se requiera cualquier tipo de asistencia, entre otros aspectos.
Cada centro de seguimiento determinará qué poblaciones seguir, según las características epidemiológicas de la unidad de cuidados intensivos neonatal de la que provenga el paciente.
El niño será seguido preferentemente por el equipo interdisciplinario de seguimiento del centro donde fue tratado por su patología neonatal, asegurándose, en caso contrario su atención en otro centro que cuente con el equipo y los servicios necesarios para su seguimiento integral.
Los grupos de seguimientos de recién nacidos de alto riesgo tendrán la finalidad de monitorear la evolución post alta y a largo plazo de estos niños, detectar precozmente patologías y cubrir las necesidades de tratamiento.
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, José Cano, explicó que “lo que estamos generando es potenciar los recursos humanos y económicos que ya se usan desde el propio Estado a través de los programas que existen”.
El cordobés Luis Juez dijo que “como papá de una papá de una criatura especial, con parálisis cerebral, y en nombre de cientos de papás que conozco, esto es una bendición”.
“Nosotros tenemos posibilidades, ¿pero los miles de papás que no tienen los recursos que tenemos? En nombre de mi hija, quiero agradecerle a este cuerpo legislativo”, expresó el senador.


EL SENADO DIO EL ACUERDO AL NOMBRAMIENTO DE BALZA COMO EMBAJADOR EN COSTA RICA
El Senado de la Nación le dio este miércoles acuerdo al pliego del general retirado Martín Balza, quien fue designado por el Poder Ejecutivo para ser el nuevo embajador argentino ante Costa Rica.
Durante la audiencia pública que se llevó a cabo este miércoles en horas de la mañana en el Salón Eva Perón, Balza ratificó el apoyo de ese país al reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas al exponer en la comisión de Acuerdos del Senado.
Durante una audiencia pública en el salón Eva Perón de la Cámara alta, Balza aseguró que Costa Rica es uno de los países que apoya "incondicionalmente" el planteo argentino, informaron fuentes de la comisión de Acuerdos.
El embajador asistió a la reunión que preside el senador chubutense Marcelo Guinle, y en la que también se emitió dictamen favorable para la designación de Claudio Kishimoto como fiscal federal de la ciudad santafesina de Rafaela.
Balza respondió preguntas del senador radical Gerardo Morales respecto a las relaciones comerciales y a las regulaciones sobre medio ambiente que rigen en Costa Rica y trazó un paralelismo entre su nuevo destino y su paso por Colombia, donde fue embajador.

EL SENADO APROBÓ CREAR UNA COMISIÓN BICAMERAL POR MALVINAS
El Senado de la Nación aprobó un proyecto de Resolución para la creación de la Comisión Bicameral sobre la “Cuestión Malvinas”, que deberá ser respaldado por la Cámara de Diputados para que se pueda poner en marcha.
La Comisión Bicameral sobre la “Cuestión Malvinas” tendrá por objeto recabar, recopilar y sistematizar antecedentes e información que sustenten y justifiquen la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas.
También deberá organizar audiencias públicas, foros de intercambio, seminarios, jornadas y toda otra acción tendiente a promover el debate y la participación de actores y sectores sociales, políticos, académicos y económicos en la cuestión, informando a al conjunto de la sociedad sobre estos aspectos.
El senador kirchnerista porteño, Daniel Filmus, quien fue el impulsor de la creación de la Bicameral explicó que “la Comisión Bicameral sobre la “Cuestión Malvinas” estará integrada por 16 miembros: 8 senadores y 8 diputados, que serán designados por los presidentes de cada Cámara garantizando, en lo posible, la participación proporcional de todos los partidos políticos con representación parlamentaria”.
Filmus agregó que “para cumplir con su cometido la Comisión contará con la colaboración de un equipo de ocho expertos, especialistas y/o académicos que deberán acreditar reconocida vocación democrática y trayectoria, antecedentes académicos y/o méritos por su desempeño en la materia, sea a nivel nacional como internacional.
Además, señaló que ese equipo deberá trabajar “en el ámbito del Congreso Nacional y tendrá carácter ad honorem”.
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La modificación ya contaba con media sanción de diputados



ES LEY LA REFORMA DEL CÓDIGO ELECTORAL QUE HABILITA EL VOTO CON EL DNI TARJETA

El FPV obtuvo 41 votos y logró sancionar el proyecto que implementa el nuevo soporte y declara la garantía de inalterabilidad del padrón.


La modificación del Código Electoral ya es ley. El Frente para la Victoria sólo necesitó de sus aliados para imponer el proyecto que ya contaba con media sanción de Diputados. Fueron 41 votos con los que se aprobó la garantía de inalterabilidad del padrón electoral y la implementación del soporte por tarjeta del documento nacional de identidad. La oposición blandió la bandera de la sospecha en cuanto a las intenciones que tiene el gobierno con esta norma, pero apenas cosechó sólo 22 voluntades.
No fue un debate apasionante. El radicalismo y el FAP retomaron sus viejas críticas a las iniciativas del gobierno. Apenas tuvo un momento de tensión cuando los opositores reclamaron, antes de concentrarse en el Código Electoral, la no aplicación de la Ley de Medios que, dicho sea de paso, no votaron y que incluso llegaron a cuestionar judicialmente. Superado el trance, le dieron la palabra al neuquino Marcelo Fuentes del FPV.
El kirchnerista habló como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Desde ese lugar argumentó a favor del proyecto. “Los cambios sólo buscan facilitarle la vida a los argentinos”, dijo y fustigó “los cuestionamientos que se hicieron en torno a esta presunta ‘persecución’.” Fuentes se refería a las críticas que los opositores realizaron a un supuesto hostigamiento al que se arriesgarían los que no voten y que incluyen incluso a los empleados públicos.
Las palabras del senador oficialista fungieron a modo de anticipo de lo que iban a decir los legisladores de la oposición. “Estado policial”, fue la caracterización que hizo la cívica Eugenia Estenssoro. “Se estigmatizará al que no vote. Acá se aplica el vigilar y castigar”, azuzó la salteña Sonia Escudero. El presidente del bloque radical, Luis Naidenoff, enumeró sus críticas. Primero dijo que el proyecto tiene “un perfil cuartelar”, para luego decir que perjudica a los partidos más chicos que no podrán fiscalizar la elección. El socialista Rubén Giustiniani, en tanto, consideró que “es grave que a esta reforma la vote solamente el partido del gobierno”, y cuestionó que “se hayan gastado 1000 millones de pesos para hacer 14 millones de DNI si ya no sirven”. El socialista se refería a que a partir de la sanción de la norma, se emitirá un DNI en formato de tarjeta con el que se podrá sufragar.
El kirchnerista Aníbal Fernández les respondió: “Nos dicen que votamos una ley que tiene resabios de la dictadura. Lo dicen los mismos que no votaron la Ley de Medios”, los acicateó. En cuanto a la supuesta persecución a los empleados de la administración pública –con riesgo de perder el trabajo– por no votar, Fernández fue contundente: “Hay sobrada jurisprudencia pacífica de la Corte sobre la estabilidad de los empleados públicos. Si no lo saben, yo no tengo la culpa. Acá no se persigue a nadie, se garantizan derechos.”
El resultado de la votación sirvió también para hacer cuentas sobre el futuro resultado de la sesión donde se debatirá el pliego de Daniel Reposo (ver aparte). Los más optimistas del oficialismo aseguraron que el objetivo no está tan lejos.
Area Comunicaciones – Bloque UCR – Senado de la Nación

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