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Situación mundial La ue se expande


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Situación mundial

La UE se expande
hacia el este


EE.UU. ve debilitarse su
alianza en Medio Oriente


América Latina

Se detuvo el ALCA,
pero no el Mercosur


¿Crisis para la democracia
en la región?


Argentina

La estrategia de la
“nueva burguesía
nacional”

Entre la unidad y la


gobernabilidad posible


Sumario


Sumario 2

En este número 3

Situación mundial 3

Pelea por las ganancias 4

Ampliación de la UE: aspectos económicos de las pujas políticas 4

Seguridad 6

Medio Oriente: EE.UU. comanda una alianza cada vez más frágil 6

Conflicto Social 9

Ampliación de la UE: el “dumping social” 9

América Latina 10

Pelea por las ganancias 10

Negociaciones estancadas por ALCA 10

El proceso de integración comercial no se detiene: UE, CAN, México. 11

Negociaciones con el FMI 12

Coyuntura Política 12

Crisis y Democracia 12

Crisis energética en Argentina y papel de Venezuela 13

Nueva condena a Cuba en la Naciones Unidas 13

Bolivia: las "minorías eficientes" explotan La Paz 14

Argentina 16

Pelea por las ganancias 16

Sin novedades en el frente (externo) 16

El superávit distorsivo de la “nueva burguesía nacional”. 17

La estrategia de la “nueva burguesía nacional”. 17

La crisis energética al ritmo del “plin, caja...” 18

Un crecimiento que aplasta 19

Coyuntura política 19

Estallan las contradicciones en el PJ 19

Políticos, jueces, policías y delincuentes: el crimen organizado 20

La defensa corporativa 21

Unidad, elemento fundamental de una estrategia 21

Conflicto social 22



En este número

Concluido el mes de abril, hay poco de nuevo que no es lo mismo que afirmar que no hay novedades. Es decir, los mismos conflictos que venimos siguiendo desde estas páginas siguen su curso dentro de carriles “esperables”. Se intenta superar la crisis con los medios conocidos: ampliación de los espacios de actuación de los capitales –tal como lo precisan los más concentrados– a la vez que abaratamiento de la mano de obra –a través de la erosión de las conquistas de los trabajadores.

Qué plasmación más gráfica puede haber de la ampliación de la esfera de acción de los capitales más concentrados –que no sólo abren mercados sino que se deshacen de la forma nacional que han tenido en su desarrollo histórico–, que la extensión de la Unión Europea hacia los países del este. Más teniendo en cuenta que el mismo movimiento de extensión abre la oportunidad de avanzar sobre el nivel de vida de los trabajadores, sea en sus condiciones laborales o en las prestaciones sociales del estado. Cosa que éstos no dejan de advertir, movilizándose en consecuencia

Y si observamos otros espacios, las políticas son básicamente las mismas, ocurre que su aplicación encuentra en diferentes espacios distintas situaciones iniciales y distintos niveles de respuesta de los perjudicados. Es decir, no son iguales los lugares de donde parten trabajadores de uno y otro lugar, pero sí la dirección en que se ven empujados por la crisis y las respuestas que se le quieren dar. En buena medida es por eso que son diferentes sus respuestas: la movilización sindical en Europa muestra un grado de funcionamiento de las instituciones que contrasta con cómo las percibe la población latinoamericana, en la práctica ya casi habituada al derrocamiento insurreccional de presidentes electos.

Si miramos hacia Medio Oriente, el cuadro sigue sin mejorar: aquí se trata ¿apenas? de “correr de en medio” a la población árabe de cualquier poder de decisión sobre un recurso estratégico. Y el brutal uso de la fuerza es paradójicamente una señal de debilidad: en primer lugar, tener que recurrir a ella indica la incapacidad política para controlar esos recursos –y a la población que pretende una cuota de sus beneficios. Pero más importante, es el hecho de que no puede subsanarse la inutilidad del uso de la fuerza. Y no se trata de que no se aprendiera la lección que dieron durante el siglo veinte los pueblos colonizados, sino de que no existe otra carta que la opresión abierta, y este jugador no se va al mazo: juega su carta en el afán de mostrar al resto del mundo que es capaz de actuar como le parezca si ve afectados sus intereses.

Y en ese marco, la clase dominante de nuestro país se plantea un proyecto nacional buscando su lugar en el mundo. Para ello no sólo deberán sumar a al menos parte de la sociedad –condición indispensable para poder reprimir al que no otra– sino y sobre todo, conseguir una unidad interna que hasta el momento se ha mostrado difícil de lograr. Así, entre la gobernabilidad de la sociedad toda, y la unidad y fragmentación dentro de sí misma, la clase dominante argentina se juega nuestro futuro.

Y qué podemos decir que pasó en abril…



Situación mundial



El auge en las ventas minoristas y el empleo durante marzo en EE.UU. sugiere que la economía del país está creciendo con fuerza pese a que se desvanecen lo saludables efectos de los recortes de impuestos y las bajas tasas hipotecarias ... los inversionistas ahora ven una mayor probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) eleve las tasas en agosto ... un alza de tasas en EE.UU. podría repercutir en las economías de América Latina, al desincentivar la inversión en la región y encarecer el financiamiento externo ... la Fed ha prometido ser paciente con respecto al aumento de tasas ... para asegurarse que la economía puede soportar cualquier reacción negativa ... en 1994, los mercados de bonos y acciones vivieron un mal momento” (WSJ, 14/4) que en América Latina desembocó en el famoso “Efecto Tequila” que arrastró a las economías emergentes en sucesivas crisis financieras alrededor del mundo. El abandono de una política monetaria laxa, que incentiva el consumo por sobre el ahorro (especialmente en EE.UU., sociedad históricamente poco inclinada al ahorro), revela el temor a un crecimiento permanente basado en parámetros económicos desajustados. En este sentido, el magro crecimiento y la posibilidad de deflación en Europa, indican que es probable que tal vez la Unión Europea decida tomar el rumbo monetario opuesto, es decir, que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca las tasas. No obstante, los conflictos políticos en relación a la incorporación de nuevos miembros y a la sanción de la nueva constitución allí se traducen en un “mensaje confuso del Banco Central Europeo ... mientras la OCDE y el FMI se han pronunciado a favor de un recorte de tasas” (WSJ, 26/4). Este cambio de rumbo representará para los EE.UU. la posibilidad de atraer capitales para financiar su inmenso déficit de cuenta corriente, pero sólo la posibilidad. Y el candidato demócrata John Kerry así lo entiende, como demuestra una importante medida de su plan económico, por la cuál generaría condiciones para la ocurrencia de dicha “posibilidad”: “intentará repatriar 639.000 millones de ingresos en el exterior de corporaciones norteamericanas que no han tributado (pues lo hacen recién cuando ingresan al país) con una ‘moratoria fiscal’ que reducirá la tasa a 10% por un año” (WP, 2/4).

Pelea por las ganancias

Ampliación de la UE: aspectos económicos de las pujas políticas

Con la incorporación, a partir del 1° de mayo, de cinco países de Europa del este (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia), tres naciones bálticas (Letonia, Lituania y Estonia) y dos islas mediterráneas (la parte griega de Chipre y Malta) la UE pasa a ser la primera economía del mundo, con un mercado común de 454 millones de habitantes y U$S 12,5 billones de PBI (el 28 % mundial), superando los U$S 11,7 billones de PBI de EE.UU. (WSJ 29/4). Sin embargo, la incorporación no se desarrolla sin polémicas, sobre todo en referencia a los “costos” que representará para los antiguos miembros. En realidad, estos resultan bajos en relación a otros procesos de incorporación: por ejemplo, los pagos directos a la producción agrícola (parte esencial de la Política Agraria Común) serán por el momento del 25% de los que perciben los agricultores de la antigua UE, aunque esta tasa se elevará gradualmente hasta el 100% para 2013, a pesar de que la población agrícola se elevará un 58%. En general, las ayudas netas no superarán, entre 2004 y 2006, el 0,8% del PBI de los nuevos miembros, o sea que serán menores a las que se destinaron a Irlanda (2,5 %) y la décima parte del costo de la reunificación alemana (BBC 22/4). Por ello, “para alimentar la ‘convergencia’ de los nuevos miembros, la Comisión pidió que se aumentara el próximo presupuesto, que actualmente fija aportes de hasta un 1,27% del PBI. Pero los grandes, como el Reino Unido, Alemania y Francia, no quieren destinar más del 1% de su riqueza bruta para dar la bienvenida a nadie” (TE 11/4). Así y todo, “la suerte cambiará drásticamente para los países que recibían ayuda en forma de subsidios agrícolas y fondos estructurales para adaptarlos a las exigencias de la moneda única y que deberán pasar a pagar. Se lo llama ‘efecto estadístico’ y afectará a España, Irlanda, Portugal y Grecia” (TE 11/4).



Los reparos, entonces, parecen más comprensibles en lo que concierne a la nueva relación de fuerzas políticas en las instituciones de la UE. Los diez nuevos miembros aparecen “sobre-representados” en relación con su poder económico, ya que suman un 5% del PBI comunitario y un 19,5% de la población de la UE, pero obtendrán, como resultado de los Acuerdos de Niza: (a) el 26% de votos en el Consejo de Ministros; (b) el 22% de los escaños en el Parlamento a partir de junio; (c) 33% de comisionados en la Comisión Europea, que se elevará a 40% desde noviembre. La nueva constitución prevé alterar estas relaciones de fuerza establecidas en Niza (ver Análisis – diciembre de 2003), aunque la decisión británica de llamar a un plebiscito en torno a esta cuestión (con resultado probablemente negativo) parece introducir un impasse a su sanción. La población británica recela de un proyecto constitucional que parece diseñado para acentuar el poder del bloque frente al de las instituciones “nacionales” (ante todo el control de las variables monetarias y de los sistemas de seguridad social), mientras que franceses y alemanes temen ante el poder político de los “nuevos”, especialmente por su postura pro-norteamericana.

Pero las posturas frente a la ampliación se relacionan también íntimamente con la lucha por los mercados y en este sentido resulta difícil identificarlas con “intereses nacionales”. En general– y aún en Reino Unido– el capital más concentrado se pronunció a favor de la ampliación mientras que los capitales menores y buena parte de los sectores populares tendieron a posturas de oposición (fuertes en Francia, Alemania, y aún en Polonia). Es que la estructura económica resultante de la apertura acelerada a la economía de mercado ha hecho de estos países un campo fértil para cierto tipo de “colonización” vía IED (inversión extranjera directa), que a largo plazo debilitará a los capitales menores. Sin embargo, estos países compiten por recibir dicha inversión, reduciendo a cero los impuestos sobre los beneficios reinvertidos (Estonia) o bajando la tasa impositiva para sociedades anónimas (Polonia, Eslovaquia). Polonia privatizó entre 1990 y 2003 más de 5.000 empresas, pasando la proporción del PBI en manos de empresas públicas del 90% al 16% en dicho lapso (a un costo social particularmente elevado: casi un 20% de desocupación). Pero la captura de ex-empresas estatales representa sólo un 40% de la IED occidental en los ocho países del este. La supresión de aranceles entre los miembros comunitarios hace más rentable la inversión extranjera en sectores –como el automotriz–, para los cuales los costos del transporte desalientan una deslocalización a grandes distancias. “Para los constructores, el costo del trabajo es, en estos países, cuatro veces más barato que en los países occidentales, pero atención: el salario no representa más que el 18% del precio de venta de un automóvil” (LF 29/4). En los ’90, Volkswagen, FIAT-General Motors, Renault y Peugeot-Citroën han sumado inversiones por casi U$S 24.000 millones, por lo cual se producen actualmente 1,4 millones de unidades en la región (el 80% para reexportación). Se prevé la expansión de esta cifra a 3,5 millones de unidades en los próximos años. Eslovaquia, “la nueva Detroit”, acaparará el 25% de este total, transformándose así en el principal productor de automóviles del continente (LF 29/4). En cuanto a la producción de motores, Polonia (FIAT-General Motors) y Hungría (Volkswagen) concentran el 85% de la producción de la región (unos 3 millones de unidades y 4 millones previstas para 2006), de la cual un 80% se reexporta a Europa Occidental. Sin embargo, la reexportación no es el único horizonte de las grandes automotrices del Oeste: al nivel de crecimiento anual de los ocho países del este (en promedio un 5%), se estima un mercado local para 2,4 millones de vehículos en 2010 y 4 millones en 2020. Las grandes inversiones en el sector automotriz generan efectos de arrastre considerables (por cada empleo que crean se calcula que generan indirectamente otros cinco) y esto explica el florecimiento de PyMES en los países del este (la “pobre” Polonia cuenta con 1,5 millón de empresas contra 2,3 millones de la “opulenta” Francia – LF 27/4), así como el malestar de las PyMES de Europa Occidental, que se ven privadas de este estímulo por obra de las deslocalizaciones. Pero, a largo plazo, resulta difícil pensar como resistirán las sub-capitalizadas empresas del este a la concentración por parte de grandes capitales extranjeros. “La suma de capitales de los mercados bursátiles de los diez países que se suman a la UE no representan más que el 4% de la capitalización bursátil sólo de Euronext, que agrupa a las bolsas de París, Bruselas y Ámsterdam” (LF 27/4). En algunos sectores la centralización ya marcha a pasos acelerados: la banca de los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) está controlada por bancos suecos; los bancos, a su vez, controlan los estratégicos puertos, privatizados en la década del ’90, por donde pasa el 60% del petróleo ruso que resulta esencial para la UE, ya que importa de Rusia el 21% del petróleo que consume (LF 20/4 y LM 24/4). En Varsovia, la irrupción de grandes cadenas de hipermercados (Casino Carrefour, Metro, Tesco, Auchan) pulveriza a los supermercados locales. La cantidad de hipermercados supera aquí la del distrito industrial francés de Lyon (LF 27/4). En República Checa, el capital alemán controla un 32,6% de los mercados y un 80% de la prensa escrita (LF 16/4). Dichas cifras –y las que presenta el cuadro 1– revelan la velocidad con que los capitales se posicionaron para aprovechar la coyuntura favorable: “La República Checa hizo todo lo que estuvo a su alcance para persuadir a la automotriz Hyundai a que eligiera una ubicación al noroeste de Praga para instalar una nueva planta con un valor de U$S 830 millones, incluso le ofreció a la surcoreana 200 hectáreas de terreno industrial en una de las ubicaciones más codiciadas por U$S 8,40. Pero luego de dos años de lobby frenético, Hyundai optó el mes pasado por Eslovaquia. Los sueldos checos, otrora un imán para la inversión, han aumentado demasiado. (...) El aumento de los sueldos asociado con la afiliación al bloque y los límites europeos a los beneficios tributarios están alejando a muchas empresas que están reconsiderando sus planes de inversión. (...) Desde cerveceras a automotrices resaltan que los salarios no son lo único que toman en cuenta a la hora de decidir dónde invertir. Hyundai dice que al elegir Europa, en lugar de China, se ahorrará un 35% de los aranceles a las importaciones que la UE cobra a los autos fabricados fuera de sus fronteras” (WSJ 28/4).




Seguridad

Medio Oriente: EE.UU. comanda una alianza cada vez más frágil

La violencia que vemos en Irak es un arrebato de elementos extremistas y despiadados. No se trata de una guerra civil ni de un levantamiento popular. La mayor parte de Irak se encuentra relativamente estable” (WP 14/4). Esto declaraba el presidente Bush, al mismo tiempo que daba la señal más clara de que, lejos de reducir las tropas a 115.000 –como se tenía planeado–, se incrementará el número de las actuales 135.000. Los dichos resultaron ser la confirmación de lo que se admite desde el Pentágono y las Fuerzas Armadas como una “problemática situación”, luego de un mes en el que se registró la mayor cantidad de bajas de la coalición, superando incluso a las de toda la invasión. El mes comenzó con las sangrientas imágenes del ataque a un convoy en Fallujah (epicentro de la resistencia sunnita), el 31/3. En él, perecieron cuatro agentes de seguridad privada de la empresa Blackwater USA. Desde los medios se intentó destacar el salvajismo iraquí y, a su vez, licuar la naturaleza del hecho y la función de las víctimas. A partir de este acontecimiento, la resistencia sunnita al norte y oeste de Bagdad cobró nuevos bríos, al tiempo que fue el catalizador de un extendido levantamiento chiíta en todo el territorio, desde Bagdad hacia el sur. Inclusive el relativamente calmo territorio bajo control kurdo fue un escenario de conflicto, aunque de menor intensidad. Principalmente, las milicias de Al-Mahdi, conducidas por el irredento Ayatollah Moqtada Al-Sadr (sobre quién pesa una orden de captura en “suspenso” por parte de EE.UU. - NYT 7/4), tomaron municipalidades, comisarías, bases y puestos militares en diferentes ciudades. A estos frentes de batalla se sumaron secuestros generalizados de extranjeros de cualquier nacionalidad, seguidas de liberaciones selectivas en relación al país de origen. Todo ello acompañado de manifestaciones de apoyo a las acciones armadas, reclutamiento de hombres y recolección de fondos, pertrechos y víveres para el sostenimiento de las mismas. Todo parece indicar que es el comienzo de cierta unidad en la lucha contra la invasión, pues “en el más claro signo de la convergencia entre los levantamientos sunnita y chiíta, las mezquitas chiítas llamaban al pueblo a ayudar a los sunnitas en Fallujah, mientras los residentes de los barrios sunnitas vitoreaban a Sadr y sus seguidores” (WP 8/4).

Al mismo tiempo, en el otro bando, la alianza se deteriora continuamente. Ya la abandonaron –o se encuentran en ese proceso– España, Tailandia, Honduras, República Dominicana, Nueva Zelanda, Kazajstán y Nicaragua, lo que representa aproximadamente unos 2.600 efectivos menos. Otros reducen su accionar por cuestiones de seguridad, como Ucrania –cuyos 1.600 soldados abandonaron puestos clave en Kut–, Polonia –que no incrementará sus 2.460 efectivos– y Japón –con 370 asistentes cada vez con menor movilidad. Del resto, algunos aliados clave como Australia (800 efectivos) o Italia (3.000) enfrentan una férrea oposición doméstica, que en el primer caso puede transformarse en un revés en las elecciones presidenciales de este año. Por otro lado, internamente, las fuerzas de seguridad entrenadas por EE.UU., los Cuerpos de Defensa Civil Iraquí (ICDC, por sus siglas en inglés), “se partieron a la mitad, un 40% desertó y un 10% se pasó a la resistencia” (C 23/4). Aún así, de los que quedan cabría contar algunos infiltrados, como los que realizaron la emboscada de Fallujah mencionada más arriba. Asimismo, conscientes de su poca utilidad en la práctica y luego de ceder cierta iniciativa a la ONU de cara al restablecimiento de la soberanía, “EE.UU. y el enviado de la ONU decidieron excluir del nuevo gobierno a la mayoría de los políticos miembros del Gobierno Provisional establecido desde al año pasado, (...) en primer lugar a Ahmed Chalabi, un chiíta que por años fue el favorito del Pentágono y del Vicepresidente Cheney. (...) Inclusive Washington considera seriamente cancelar los U$S 340.000 mensuales de financiación a su partido, el Congreso Nacional Iraquí” (WP 24/4).

Pero entonces, ¿en qué fuerzas se apoyará de ahora en más? Por supuesto, siempre tenemos a la fiel corona inglesa, aunque se la ponga a prueba: “Los oficiales británicos (...) consideran que la actitud violenta y pesada de las tropas norteamericanas ha vuelto peor la situación. (...) Los diplomáticos británicos no dan más información porque no la tienen, (...) las líneas con el administrador Bremer están cortadas” (C 20/4). El verse obligados a “permitir que los ex-miembros del partido Baath (de Saddam Hussein) y ex-oficiales del ejército retornen a sus antiguos trabajos” (WP 24/4), o el depender de fuerzas poco dóciles como “gurkas de Nepal o ex-soldados sudafricanos del apartheid (...) que llegaron de la mano de decenas de compañías de seguridad privadas” (NYT 19/4), deja al descubierto el aislamiento internacional y cierto grado de disputa interna al interior de la clase política norteamericana. En efecto, siendo actualmente la segunda fuerza en número (alcanzan los 20.000 hombres), la seguridad privada parece encaminada a convertirse en un apoyo vital para la intervención armada, a juzgar por “el intenso lobby que están haciendo las empresas de seguridad privada para obtener permiso de portación de armamento pesado” y así obtener un porcentaje aún mayor al “25% –de los U$S 18.000 millones invertidos en la reconstrucción– que absorbe la seguridad privada, (...) bastante más que el 10% originalmente presupuestado” (NYT 19/4).

Esta situación sin una salida clara provocó fisuras en el frente interno. “Nunca he visto una cuestión que divida tanto a los republicanos en toda mi carrera política” (NYT 19/4), se despachó Richard Viguerie, un prominente conservador. Los halcones neoconservadores están siendo acorralados por los conservadores tradicionales luego de gozar de extendidos halagos un año atrás por lo que parecía una rápida victoria. Los neoconservadores, “considerados descendientes de un grupo compuesto mayormente por intelectuales judíos que viraron de izquierda a derecha al calor de la guerra fría (...) consideran que el poder militar de EE.UU. puede ser usado para el bien de la humanidad” (NYT 19/4). Se agrupan principalmente en el Hudson Institute, cuentan –entre otras– con la publicación The Weekly Standard y sus representantes más importantes son el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, William Kristol y Gary Schmitt. En esta cuestión se encuentran hoy más cerca del candidato liberal demócrata John Kerry (proclive a enviar más tropas) que de los conservadores tradicionales, quienes se agrupan en el Club for Growth y en la American Conservative Union y publican la National Review. Entre estos útlimos, se destacan Pat Buchanan, William Buckley, Stephen Moore y uno de los pocos legisladores que votaron contra la invasión, el representante de Tennessee, John Duncan Jr. Actualmente, sus posiciones se acercan notablemente con otra facción liberal no militarista representada principalmente por el Cato Institute. Entre estas dos facciones, el presidente George W. Bush (del históricamente agresivo estado de Texas y ferviente metodista), tercia predominantemente hacia el sector neoconservador con nociones representativas de un “destino manifiesto divino” para su país, permanente en la derecha religiosa principalmente protestante. En este contexto, podemos observar dos hechos que, marcando un nuevo rumbo para la política norteamericana, muestran el desarrollo del conflicto.

En primer lugar, la cuestión de la investigación de los atentados de septiembre de 2001. La comisión independiente que investiga los hechos, luego de citar a numerosos funcionarios, como el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y la consejera nacional de Seguridad Condoleezza Rice, tomó declaraciones a puertas cerradas al presidente Bush y al vicepresidene Cheney (C 30/4). Si bien las mismas no fueron realizadas bajo juramento ni grabadas, las revelaciones que de ellas emergieron son una clara muestra de la endeble fortaleza de la alianza política gobernante. Por eso, supuestamente, las conclusiones de las investigaciones no se conocerán hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2004 (ver Análisis – febrero 2004). Las evidencias son tajantes: “el 6 de agosto de 2001, el Presidente Bush recibió un memorandum titulado ‘Bin Laden decidido a atacar territorio de EE.UU.’ (...) Asimismo, oficiales de inteligencia recibieron información, en mayo de 2001, de que un grupo de seguidores de Bin Laden se proponía atacar EE.UU. con explosivos. (...) En otro memorandum clasificado, enviado el 4 de julio de 2001 a Condoleezza Rice (...) de parte del grupo contraterrorista dirigido por Richard Clarke, se describían los pasos que se debían tomar para poner al país bajo alerta terrorista” (NYT 10/4).



En segundo lugar, la posición norteamericana frente al recrudecimiento del conflicto palestino-israelí. Luego de asesinar al 22 de marzo al líder de Hamas, el jeque Ahmed Yassin, el ejército israelí realizó una acción similar con su sucesor Abdel Aziz Rantisi el 17 de abril. Más allá de las masivas manifestaciones palestinas clamando venganza y de la condena internacional, tanto el Presidente George Bush como su rival para las elecciones de noviembre, el senador demócrata por Massachussets John Kerry apoyaron el ejercicio de “autodefensa” (C 19/4). Obviamente, el proceso de paz está fenecido desde hace tiempo y parece ser que la resistencia palestina a la política unilateral israelí cada vez queda más aislada, sin capacidad de tener algo de iniciativa política. Pocas voces palestinas aparecen en los medios para expresar opiniones sobre las recientes iniciativas del premier israelí Ariel Sharon, excepto cuando expresan su furia y brindan plafón para las acciones militares de las organizaciones armadas islámicas. De esta forma, observan aturdidos la construcción de la muralla que divide los territorios palestinos no ocupados por los asentamientos ilegales israelíes, materialización del avance del plan unilateral de Sharon. “El Presidente Bush apoyó el reclamo de sectores de la Ribera Oeste ocupada en la guerra de 1967 y afirmó que los refugiados palestinos no pueden esperar retornar a sus hogares en Israel, un explícito giro en la política norteamericana. (...) Dijo que sería irreal un retorno a los límites previos a la guerra, avalando que grandes asentamientos considerados por largo tiempo como ilegales por la diplomacia norteamericana e internacional persistan. (...) Apoyando públicamente una estrategia israelí sin intervención palestina, dejó de lado una política de más de 20 años que señalaba a los asentamientos como trabas al proceso de paz. (...) Sharon propone retirar 7.500 pobladores judíos de 21 asentamientos en Gaza (...) y cerrar 4 pequeños asentamientos con 500 en la Ribera Oeste, donde más de 200.000 israelíes se asentaron desde la guerra de 1967. Representantes de la extrema derecha de la coalición gobernante expresaron su rechazo a la medida. (...) En su carta a Bush, manifestó que se acelerará la construcción de la muralla, pero aceptó la posición diciendo que ‘es temporaria más que permanente’” (NYT 15/4). Siguiendo el razonamiento, es sólo cuestión de años para que la muralla sea una realidad imperturbable, máxime teniendo en cuenta la reacción de una parte importante del pueblo israelí: “70.000 israelíes marcharon por la franja de Gaza en la mayor manifestación pública en contra del plan del premier Sharon de retirar soldados y pobladores de esa región” (NYT 28/4). Asimismo, Sharon enfrenta un referéndum no vinculante sobre la cuestión al interior de su partido, el Likud.

Conflicto Social

Ampliación de la UE: el “dumping social”

Los cálculos oficiales de la Comisión Europea estiman poco preocupante la afluencia de inmigrantes del este (unas 220.000 personas en los próximos 5 años – LF 30/4), pero las perspectivas pueden ser más preocupantes para los cientos de miles de trabajadores que a principios de abril se movilizaron en Alemania, Francia e Italia contra los recortes al estado de bienestar. Se argumenta que el efecto de la “mano de obra barata” (ver cuadro 2) tenderá a atenuarse en la medida en que la equiparación de normas comunitarias se acentúe. Pero también es cierto que, bajo la amenaza de la deslocalización, los grandes agrupamientos patronales llevan a cabo una campaña para flexibilizar las condiciones de trabajo en los países occidentales. La MEDEF francesa encabeza una “revisión” a la jornada de 35 horas semanales y la prensa de derecha se entusiasma con el “ejemplo” que viene del este: “Como en todas las sociedades nuevas, se respira un aire de dinamismo y flexibilidad que París y Berlín han olvidado. En el este, nada de 35 horas. Allá se trabaja. A menudo en dos o tres empleos a la vez, para reunir un ingreso frecuentemente magro” (LF 27/4). La duración “legal” del trabajo en el este es de 44,4 horas semanales, contra un promedio de 38,2 en el oeste.



Detrás de los bajos salarios está el fenómeno de desintegración de las estructuras sindicales operado en los ’90. “De 4,4 millones de militantes sindicales que contenía la República Checa a principios de la transición, no quedan más que 900.000. La misma tendencia se da en Eslovaquia y Polonia. ‘Solidaridad’, sindicato de masas que llegó a reunir 8 millones de adherentes (...) se ha escindido en innumerables partidos de derecha o de centro. (...) Las ‘terapias de choque’, el desempleo en masa, las privatizaciones y la liberalización de los años ’90 han dado golpes fatales a los sindicatos. La división hizo el resto. Hungría no cuenta más que con una decena de sindicatos para 10 millones de habitantes” (LF 27/4). Berlusconi, en Italia, intenta imponer un “servicio mínimo” para trabajadores de áreas consideradas claves, iniciativa inspirada en la legislación de Estonia, Hungría y República Checa, en donde los funcionarios no tienen derecho a huelga y los despidos de sindicalistas constituyen prácticas corrientes. También se ha extendido la sub-contratación, lo que asegura a las empresas la rescisión de contratos sin indemnización y el pago de aportes a cargo de los propios trabajadores. En Francia, en Alemania, en Italia, el gran capital puede aún optar por deslocalizar la producción. Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, arraigadas localmente por su imposibilidad de desarrollar una producción de escala y por los gastos que implica la deslocalización, dependen aún más de las reformas de los sistemas laborales, aun cuando, a mediano plazo, deban fatalmente sufrir por la depresión en los niveles de consumo que afectan ya a los países “motores” de la economía europea.


América Latina

La situación en el continente por la disputa de nuevos mercados se vuelve cada vez más intensa. Las reuniones siguen su marcha y los fracasos no pueden ocultar que el proceso de integración comercial sigue su rumbo. Ante la negativa del MERCOSUR de sumarse a un acuerdo con EE.UU. dentro del ALCA en los términos que plantea el país del norte, se realizan esfuerzos por un acuerdo similar fuera de aquel. Por otro lado se siguen achicando las diferencias con la Unión Europea (UE) para llegar a un acuerdo que sería el más grande del mundo (en caso de que no prospere el ALCA). Por su parte, el MERCOSUR –especialmente Brasil– buscan fuerzas para las futuras negociaciones y el acceso a nuevos mercados: tal es el caso del acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que permite crear una zona libre de comercio entre los países de Sudamérica.

En materia política, la crisis y la recesión en la mayoría de los países sigue desestabilizando no sólo a los regímenes políticos, sino que también apunta a la democracia misma, uno de los pilares –junto al neoliberalismo de la década de los '80 y '90– que promovían la solución de los problemas y necesidades de la población.

Por último, el intento de aislar las alternativas al sistema tienen suertes dispares. Si por un lado se logró votar en contra de Cuba en la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU, esto sólo se logró con la intervención personal del propio presidente norteamericano Bush y con una declaración final bastante menos ambiciosa de los que éste quería. También hay que destacar el papel de los medios masivos de comunicación en su intento de ocultar el papel de Venezuela en la crisis Argentina y la acción de ese país para con el resto de la región, intentando crear una alternativa al neoliberalismo.


Pelea por las ganancias

Algunos hechos en este último mes parecen confirmar las tendencias que explicábamos en la edición anterior. Por un lado, con respecto a las negociaciones ante el FMI, varios países de América Latina se han sumado a la iniciativa lanzada por Lula y Kirchner de que dicho organismo multilateral de crédito no considere como gastos las inversiones en planes sociales y obras públicas. Por otro lado, el acuerdo comercial con la UE ya tiene pautas y plazos claros, siendo ya –además de una necesidad ante las conflictivas negociaciones en torno a un ALCA “light”– una realidad, al menos en acuerdos, plazos y pautas. A esta situación regional de acuerdos se suma la implementación del acuerdo de libre comercio entre la CAN y el MERCOSUR, acordado hace algún tiempo atrás, pero que todavía estaba sin implementarse. La novedad, en esta sintonía, fue la pública declaración de necesidad de ingresar al MERCOSUR por parte de México, quien, si bien alguna vez había manifestado que deseaba lograr algún tipo de acuerdo, nunca lo había declarado como una necesidad.

Negociaciones estancadas por ALCA

Nuevamente las discusiones en torno al proceso de conformación del ALCA (un mercado común unificado de Alaska a Tierra del Fuego, sin ningún tipo de barreras arancelarias) quedaron estancadas, debido a las diferencias entre los diferentes bloques regionales. Los temas en discusión (denominados "sensibles") siguen siendo la agricultura para los países integrantes del MERCOSUR y las compras gubernamentales y apertura de los servicios públicos para EE.UU. Para Martín Redrado, representante argentino, "los Estados Unidos quieren tener la posibilidad de reintroducir los subsidios, y para nosotros deben eliminarse por completo. Ese es el concepto que nos separa" (LN 1/4). No obstante, Redrado admitió que "los Estados Unidos están dispuestos a tratar las distorsiones de sus subsidios internos" y remarcó que en ese sentido "hubo un acercamiento, pero todavía falta". Si bien EE.UU. plantea revisar los subsidios, quiere dejar una cláusula que posibilite reintroducirlos en caso de que la Unión Europea introduzca productos subsidiados en el continente.

Regis Arslanian, uno de los delegados por Brasil, apuntó que la voluntad del MERCOSUR es concluir las negociaciones, aunque señaló que "no hay manera de imaginar un acuerdo con tarifas cero y con subsidios" al agro (LN, 2/4). En esta sintonía, nuevamente Eduardo Duhalde, ex presidente argentino, ahora presidente del Consejo de Representantes Permanentes del MERCOSUR, acusó a EE.UU. de sostener un criterio "muy egoísta" en el proceso de creación del ALCA: "Ellos (EEUU) quieren el ALCA para que sus empresas no tengan ningún tipo de obstáculo para ingresar en el comercio de bienes y servicios, pero nunca piensan que tiene que ser una cosa de ida y vuelta", en referencia al proteccionismo agrícola norteamericano (LN 11/4. Véase Análisis de Coyuntura anterior).

Esta situación produjo la suspensión de las negociaciones en Puebla, previstas para el mes de abril, que fueron postergadas sin fecha.

Debido a este empantanamiento los países integrantes del MERCOSUR no descartan establecer acuerdos regionales con EE.UU. y Canadá, impulsando el formato del 4 + 1, es decir, el MERCOSUR negociando con EE.UU. y Canadá por separado.

El proceso de integración comercial no se detiene: UE, CAN, México.

Con respecto a las estrategias regionales, es sabido que el MERCOSUR está buscando un acuerdo con la UE desde hace tiempo y que esto se debe tanto a las necesidades comerciales de ambos bloques, como así también a posicionamientos políticos, tanto en relación con el ALCA como también en las negociaciones en la OMC. En un encuentro en Bruselas, ambos bloques hicieron la presentación de las propuestas comerciales, sobre los productos y aranceles que serán establecidos para lograr un futuro acuerdo comercial. Principalmente los rubros donde se están poniendo de acuerdo para lanzar a partir de octubre la liberalización del comercio entre los bloques tienen que ver con la agroindustria, los servicios y las inversiones públicas. El MERCOSUR espera que la UE mejore las ofertas agrícolas, mientras que la UE espera que se mejoren las ofertas en bienes industriales y servicios: "Tenemos intereses ofensivos [conseguir más mercados] en agricultura, agroindustria, servicios, inversiones y compras gubernamentales", apuntó Arancha González, vocero del comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy. El acuerdo podría terminar de plasmarse en la próxima Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar a fines de mayo.

Es nuevamente Duhalde el que con sus dichos deja en claro parte de la estrategia del MERCOSUR: “nuestros países aislados difícilmente puedan hacerse escuchar por la mayor potencia mundial. Los Estados Unidos de América, a fuerza de ser la mayor nación del planeta, han ignorado siempre a sus vecinos continentales (...) nosotros queremos el ALCA pero no el que define Colin Powell. Mientras se demora el ALCA nuestra voluntad integradora avanza en las negociaciones con la UE, (...) cuyo paradigma de integración [económica, social, cultural] logrado luego de cincuenta años es el camino a seguir por nuestros países”.

Las negociaciones con los Estados Unidos, Canadá y la UE son vitales para el Mercosur, ya que representan los principales mercados de las exportaciones del bloque integrado por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En 2003, las exportaciones conjuntas del MERCOSUR ascendieron a US$ 106.031 millones, de las cuales más de un cuarto correspondió a ventas a los países de América del Norte, mientras que un porcentaje levemente inferior (23%) correspondió a las ventas del bloque a la Unión Europea (LN 10/4)

Por otra parte, un viejo anhelo del MERCOSUR terminó de concretarse gracias a la implementación de un acuerdo de libre comercio con sus vecinos de la CAN (Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú). Estos dos últimos son estados asociados al MERCOSUR, por lo que ya formaban parte de acuerdos comerciales con el bloque. Pero con el resto de los países de la CAN –Colombia, Venezuela y Ecuador– faltaban definir los términos para seguir liberalizando las barreras arancelarias para el subcontinente. Por primera vez en ocho años todos los países de la CAN concluyeron sus negociaciones con el MERCOSUR, por lo que ya se puede hablar de un área de libre comercio entre ambos bloques, es decir, en toda Sudamérica, ya que Chile mantiene acuerdos bilaterales tanto con el MERCOSUR como con la CAN. De todas formas, desde el punto de vista estrictamente comercial, la desgravación para los productos que se intercambian será gradual; incluso algunas mercancías tendrán que esperar 15 años para dejar de tener aranceles. En este segmento, el MERCOSUR puso los productos textiles, el papel y el acero, en tanto que Ecuador, Colombia y Venezuela pusieron productos agrícolas –como el trigo o la soja– y los automóviles. Otros productos se desgravarán de manera instantánea. El MERCOSUR suma así un nuevo mercado de 109 millones de habitantes, que anualmente importa productos por más de US$ 40.000 millones. Son los primeros pasos en la implementación de este acuerdo, que será presentado en julio en una cumbre entre el MERCOSUR y la CAN, que tendrá como anfitrión al presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez. Veremos en Quito, para ese encuentro, cómo se van delineando las relaciones políticas en torno a este acuerdo comercial, ya que, como es mencionado siempre en este Análisis, muchos países tienen pisos diferentes en las negociaciones en torno al ALCA y a las estrategias políticas necesarias para negociar (Brasil no ocupa el mismo lugar que Chile, Ecuador o Colombia y Venezuela, directamente, se excluye del acuerdo).

Por último, México pateó el tablero al pedir la solicitud formal de integración al MERCOSUR. Si bien ya había habido algunas conversaciones para establecer acuerdos, el pedido formal del canciller mexicano de que “en seis meses queremos estar en el MERCOSUR” (C 17/04), sorprendió a los dirigentes de los países que integran el acuerdo regional. Socio de EE.UU. en el anticipo del ALCA, es decir, el NAFTA, cuesta asociar a México la necesidad imperiosa de buscar aliados por el sur, a sabiendas que 85% de las exportaciones de ese país se destinan al país del norte. Pero, en materia de subsidios agrícolas, México se había sumado a negociaciones con países como Argentina y Brasil, es decir, estaba con los débiles ante los más fuertes. Ahora bien, tampoco es tan sorprendente si tomamos en cuenta el estado conflictivo de las negociaciones en torno al ALCA –lo que se traduce en esta necesidad de integración al MERCOSUR– y deja entrever, por expresarlo de alguna manera, un “jugar a dos puntas”. Dicho juego no es visto como excluyente por el canciller mexicano, quien declaró: “No estamos privilegiando el MERCOSUR sobre el ALCA, porque a nosotros nos interesa trabajar en ambas dimensiones simultáneamente de manera regional” (C 15/04). El pedido de integración tiene que ser evaluado por todos los miembros integrantes del MERCOSUR, quienes deben elaborar una respuesta –y estrategia– en común.

Negociaciones con el FMI

Pocos días después de aquella “Minicumbre” entre Lula y Kirchner, donde acordaron presentarle al FMI la posibilidad de excluir de la consideración del déficit a la inversión pública –cuestión que el Fondo ya había anunciado como posible–, varios países de América del Sur se sumaron a la propuesta. El presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, declaró que “vamos a iniciar [con Argentina y Brasil] una seria negociación para lograr la reconsideración de la deuda externa, cuyos pagos no nos permiten invertir realmente como queremos para el desarrollo social y humano” (C 30/03). La situación de Paraguay con respecto al Fondo no difiere de los demás países de la región: ha incrementado su endeudamiento en los últimos tiempos –inclus con la gestión de Duarte– y está al borde de lo que se conoce técnicamente como “cesación de pagos”. En Uruguay, el candidato presidencial del Frente Amplio –con amplias posibilidades de llegar al poder en octubre próximo– había manifestado la necesidad de que “un país tan pequeño como Uruguay debía negociar la deuda en bloque, junto con Brasil y Argentina” (C 30/03) y se sumó a la iniciativa planteada por los socios más importantes del MERCOSUR.. Pero el corolario de la situación fue la Carta de Lima –firmada por Argentina,. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela– que plantea, ante la situación de endeudamiento, cesación de pagos y negociaciones con el FMI, “que los países latinoamericanos hicieron fuertes ajustes fiscales con los que normalizaron sus cuentas, sin embargo, la caída de las inversiones en infraestructura ha reducido la formación bruta del capital fijo, comprometiendo así el PBI a mediano plazo”. En sintonía con la Declaración de Río (firmada en aquella “Minicumbre” entre Argentina y Brasil) la Carta de Lima adhirió “al reclamo de que la inversión en infraestructura no sea considerada como un gasto a la hora de hacer las cuentas fiscales” (C 31/03).

Con respecto a las negociaciones con el FMI, los resultados fueron cosechados por el mejor alumno del Fondo, es decir, Brasil, quién fue el único país al que el FMI le otorgó dicha concesión, luego de la reunión en Washington entre Anne Krueger y Antonio Palocci. La exclusión de Argentina, al menos por el momento, consiste en que dicho organismo teme “que el país tome como gasto corriente las inversiones cuando todavía faltan hacer reformas estructurales” (LN 27/04). Además, se puede entender como una respuesta a las estrategias que utilizó Argentina –ya que los acuerdos con el FMI se vinieron haciendo país por país– en las negociaciones para evitar el default, aunque sólo a las estrategias, ya que, en definitiva, terminó pagando y renovando el acuerdo, tal cual lo hace siempre Brasil.


Coyuntura Política

Crisis y Democracia

Como ya afirmamos muchas veces en este Análisis, las crisis económicas y sociales que golpearon y golpean al continente hacen que los gobiernos instalados por el voto terminen su mandato de manera abrupta, sumidos en revueltas populares y estallidos sociales. Los gobiernos derribados por estas movilizaciones, fueron los que aplicaron en su totalidad políticas económicas neoliberales, que implicaron una profundización de la brecha económica y un aumento de la pobreza y marginación. La clase dirigente y los principales organismos internacionales llaman a esto "Crisis de Gobernabilidad". Pero la situación cambia de tono cuando se pone en jaque el propio sistema democrático. Esta no es la primera vez que surgen datos o estadísticas sobre la falta de consenso en el sistema democrático como forma de gobierno que permita solucionar los problemas de la gente, pero sí la primera en la que se establece un claro aumento porcentual en la elección de regímenes autoritarios en el caso de que llegasen a paliar la delicada situación económica: "El 54,7% de los consultados preferiría un régimen autoritario si esto garantizara una mejora económica", porcentaje que superaría a la elección de un gobierno democrático (C 21/4). Sólo el 43% de los encuestados respalda de manera incondicional la democracia, aunque los partidos políticos son el blanco de las acusaciones: el 59% dice que no cumplen su papel.

Caso ejemplar de esto es la situación que se vive en

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