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Sistema Nacional de Bienes Estatales Compendio normativo de bienes incautados


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Sistema Nacional de Bienes Estatales


Compendio normativo de bienes incautados

San Isidro, 22 de febrero de 2013


INDICE



I.MARCO NORMATIVO DE LA OFICINA DE EJECUTIVA DE CONTROL DE DROGAS- OFECOD 5

DECRETO LEY Nº 22095, publicada el 02-03-1978, la Ley de represión del tráfico ilícito de drogas 5

LEY Nº 28305, publicada el 29-07-2004, LEY DE CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS 23

DECRETO LEGISLATIVO Nº 824, publicado el 24-04-1996, Ley de Lucha contra el tráfico ilícito de drogas 41

DECRETO SUPREMO Nº 046-88-IN, publicado el 03-12-1988, Bienes decomisados e incautados y en proceso judicial, como consecuencia del Tráfico Ilícito de Drogas, podrán ser adjudicados al Estado o a sus entidades o puestos en remate público transcurrido el plazo de un año 52

DECRETO SUPREMO Nº 39-94-JUS publicado el 23.07.94: Dictan normas que regulan el procedimiento a seguir para la incautación de bienes empleados en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas 54

DECRETO SUPREMO Nº 43-94-JUS publicado el 03.11.94): Modifican el D.S. Nº 39-94-JUS, mediante el cual se dictó normas que regulan el procedimiento de incautación de bienes empleados en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas 56

DECRETO SUPREMO Nº 020-2002-JUS, publicado el 25-05-2002: Modifican artículos del D.S. Nº 039-94-JUS, que regula el procedimiento para la incautación de bienes empleados en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas 57

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 001-IN-OFECOD-F, publicada el 18-03-1987: Reglamento de Administración de Bienes Incautados por Tráfico Ilícito de Drogas de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas 59

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0622-2000-IN-1101, publicada el 25-05-2000: Aprueban Directiva sobre Normas y Procedimientos para la Venta por Subasta Pública de Bienes Incautados por Tráfico Ilícito de Drogas 70

DIRECTIVA GENERAL Nº 006-2004-IN-1104, publicada el 16-04-2004: Normas y Procedimientos para la Venta por Subasta Pública de Joyas y Valores Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas 71

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0697-99-IN/1101, del 05 de Julio de 1999: Aprueba Directiva Nº 022-99-IN. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DROGAS DECOMISADAS POR TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS 76

II.MARCO NORMATIVO DE LA COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI 79

MARCO GENERAL 79

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1104, publicado el 19-04-2012, Decreto Legislativo que modifica la Legislación sobre Pérdida de Dominio. 79

DECRETO SUPREMO Nº 093-2012-PCM, publicado el 08-09-2012: Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre Pérdida de Dominio 90

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1126, publicado el 01-11-2012, Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas. 98

OTRAS NORMAS RELACIONADAS 109

LEY Nº 27938 publicada el 12-03-2003, Ley que autoriza la asignación en uso de los bienes incautados en caso de delitos de secuestro o contra el patrimonio, cometidos en banda 109

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106, publicado el 19-04-2012, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. 111

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº 101-2012-SUNAT, publicada el 15-05-2012: Aprueban disposiciones para la aplicación de la Octava Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1104 124

RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 3107-2012-MP-FN, publicada el 24-11-2012: Aprueban Directiva sobre “Actuación Conjunta entre el Ministerio Público y la SUNAT en Virtud de la Octava Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1104” 126



  1. MARCO NORMATIVO DE LA OFICINA DE EJECUTIVA DE CONTROL DE DROGAS- OFECOD

  • DECRETO LEY Nº 22095, publicada el 02-03-1978, la Ley de represión del tráfico ilícito de drogas

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA


POR CUANTO:
El Gobierno Revolucionario ha dado el Decreto Ley siguiente:
EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO
CONSIDERANDO:
Que la producción ilícita de drogas, su consumo, comercialización interna y externa por diferentes estamentos sociales y la masticación de la hoja de coca, constituyen un grave problema social que es necesario superar, dictándose medidas eficaces dentro de un plan integral de acción;
Que los dispositivos legales en vigencia para reprimir el tráfico ilícito de drogas que producen dependencia, no han resultado suficientes para impedir esta actividad delictuosa, tanto en el orden interno, como en sus ramificaciones internacionales;
Que la drogadicción, en conjunto, constituye un problema importante de Salud Pública, un peligro para la familia y una de las principales causas de estrago físico y mental del ser humano;
Que para la ejecución del lineamiento de política pertinente al objetivo específico del Sector Salud, previsto en el Plan de Gobierno “Túpac Amaru”, debe intensificarse, en concordancia con la permanente acción moralizadora del Estado, la represión del tráfico ilícito de drogas y la prevención de su uso indebido, a la vez que se debe normar, controlar y sancionar aquellas otras actividades de que manera directa o indirecta propenden al desarrollo de dicho tráfico, a fin de combatirlo y conseguir su erradicación, a la par que se logra la rehabilitación del drogadicto;
Que las acciones antes mencionadas deben a su vez estar orientadas al cumplimiento de los Convenios Internacionales vigentes, en especial al destinado a lograr la progresiva erradicación del cultivo de coca, con excepción del correspondiente para usos industriales y médico-científicos;
De conformidad con el Artículo 5 del Decreto Ley Nº 17063;
En uso de las facultades de que está investido; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Ha dado el Decreto Ley siguiente:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Son objetivos de la presente Ley la represión del tráfico ilícito de drogas que producen dependencia; la prevención de su uso indebido; la rehabilitación biosicosocial del drogadicto y la reducción de los cultivos de la planta de coca.
Artículo 2.- Para alcanzar los objetivos a que se refiere el artículo anterior, se establecen las normas tendentes a perseguir y reprimir el tráfico ilícito de drogas; se precisan las medidas educativas y sanitarias para prevenir su uso indebido; se disponen la creación de centros de tratamiento y rehabilitación del drogadicto y se establece un régimen para la reducción gradual de los cultivos de planta de coca, limitándolos a los fines estrictamente científicos e industriales, en armonía con el cambio de hábitos de consumo.
Artículo 3.- Los lineamientos de política orientados al logro de los objetivos enunciados serán establecidos por un Comité Multisectorial de Control de Drogas, integrado por los Ministros: del Interior, quien lo presidirá, de Agricultura y Alimentación; de Industria, Comercio, Turismo e Integración; de Educación; de Salud y un Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República, designado por su Sala Plena. (1)(2)(3)(4)
(1) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Ley N° 22926, publicado el 13-03-1980, se incorpora en el Comité Multisectorial de Control de Drogas, creado por el presente Artículo, al Ministerio de Economía y Finanzas.
(2) Confrontar con los Artículos 1, 2 y 8 del Decreto Ley Nº 22926, publicado el 13 marzo 1980.
(3) El Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-86-JUS publicado el 31-12-86 incorpora al Ministro de Justicia en el Comité Multisectorial de Control de Drogas al Ministro de Economía y Finanzas.
(4) Confrontar con los Artículos 2, 3 y siguientes del Decreto Legislativo Nº 824, publicado el 24 abril 1996.
Artículo 4.- El Ministerio de Educación en concordancia con el Ministerio de Salud, considerará en todos los programas de formación de profesionales de la Educación, los diversos aspectos del uso indebido de drogas, ligados a la problemática de la salud física y mental del educando.
Asimismo, desarrollará acciones de información y orientación a los educandos y a los grupos organizados de la comunidad.
Artículo 5.- En las currícula de los diferentes Programas Académicos de nivel superior, se considerará materias relacionadas con el problema del uso indebido de drogas.
Artículo 6.- El Ministerio de Educación en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, dispondrá las medidas necesarias para resolver los diferentes problemas que puedan presentarse en los centros educativos estatales y no estatales, relacionados con el uso indebido de drogas, a nivel escolar.(*)
(*) Confrontar con los Artículos 2, 3 y siguientes del Decreto Legislativo Nº 824, publicado el 24 abril 1996.
Artículo 7.- El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, desarrollará programas de investigación, estudios epidemiológicos, médicos, científicos y de capacitación técnica sobre el problema de la drogadicción.
Artículo 8.- Las acciones de las instituciones particulares comprendidas en el área educativa relacionadas con la problemática de las drogas, serán coordinadas con los Sectores de Salud y de Educación, los cuales brindarán la información y asesoría correspondientes.
Artículo 9.- El Sistema Nacional de Información en coordinación con los Ministerios de Salud y de Educación, difundirá y normará la información destinada al público para prevenir el uso indebido de drogas.
CAPITULO II

DE LAS PREVISIONES
Artículo 10.- El Ministerio de Salud fijará anualmente las previsiones en materia de drogas para ser destinadas a uso médico o científico. Dichas previsiones establecerán:
a) La cantidad anual requerida para el consumo médico científico.
b) La parte de la cantidad referida en el inciso anterior que se dedicará:
1. A la elaboración de otras drogas.
2. A preparados con uno o varios ingredientes que ofrezcan muy poco o ningún peligro de abuso, debido que la droga no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro para la salud pública; y,
3. A sustancias derivadas que no producen dependencia.
c) La estimación de las necesidades de adormidera y de otras especies vegetales sujetas a fiscalización, para su eventual cultivo por el Estado;
d) La existencia de drogas al 31 de diciembre del año anterior al que se refieren las previsiones;
e) Las cantidades de drogas necesarias para agregar a las reservas, que constituyen las existencias especiales; y,
f) La cantidad necesaria de las distintas drogas para fines de exportación.
Asimismo, podrá fijarse previsiones suplementarias, cuando se produzcan situaciones que lo justifiquen.
Artículo 11.- Los Organismos Estatales facultados para efectuar exportaciones o importaciones de drogas, requerirán de la correspondiente autorización sanitaria otorgada por el Ministerio de Salud.
La autorización indicará:
a) La denominación común internacional de la droga, si la tuviera.
b) La cantidad y la forma en que la sustancia se exporta o importa, el nombre y dirección del importador y del exportador, en ambos casos; y,
c) El período dentro del cual habrá de efectuarse la importación o exportación, el que no podrá ser mayor de ciento ochenta días.
Artículo 12.- La autorización sanitaria a que se refiere el artículo anterior, se denominará Certificado Oficial de Importación, Exportación o en Tránsito, según la operación correspondiente y será expedida en triplicado, de acuerdo con los respectivos reglamentos, caducando a los ciento ochenta días de su fecha de emisión.
Artículo 13.- Las operaciones de importación y exportación de drogas solamente se efectuarán por las aduanas del puerto del Callao y del Aeropuerto Internacional Lima-Callao, con la excepción de hojas de coca que también podrán hacerse por los puertos de Salaverry y Matarani.
Artículo 14.- Constituye monopolio estatal la importación y exportación de las drogas y medicamentos comprendidos en las listas I al VI, anexas al presente Decreto Ley, en estricta necesidad a su uso científico, médico y veterinario.
Artículo 15.- Las adquisiciones a que se refiere el artículo anterior, tratándose de situaciones de emergencia, no estarán sujetas al requisito de licitación pública.
Artículo 16.- La autoridad competente del Sector Salud, determinará la condiciones en que las drogas objeto del monopolio estatal podrán ser adquiridas por:
a) Laboratorios autorizados para elaborar medicamentos que la contengan;
b) Farmacias y Boticas;
c) Hospitales o Establecimientos de asistencia médica;
d) Instituciones científicas y universitarias;
e) Enfermos hiperalgésicos, en cantidades superiores a la posología para 24 horas; y,
f) Profesionales encargados del diagnóstico y tratamiento desadictivo de fármaco-dependientes, así como profesionales encargados de su aplicación veterinaria.
CAPITULO III

DE LA RECUPERACION DEL DROGADICTO
Artículo 17.- El Estado emprenderá las acciones necesarias para lograr la recuperación de los drogadictos, las que comprenderán:(*)
a) El tratamiento médico-desadictivo; y,

b) La rehabilitación bio-psico-social


(*) Confrontar con los Artículos 2, 3 y siguientes del Decreto Legislativo Nº 824, publicado el 24 abril 1996
Artículo 18.- Para los fines a que se contrae el artículo anterior, se establecerán en las Areas de Salud los servicios especializados en tratamiento de la drogadicción, conjuntamente o en coordinación con los servicios de rehabilitación bio-psico-social.(*)
(*) Confrontar con los Artículos 2, 3 y siguientes del Decreto Legislativo Nº 824, publicado el 24 abril 1996
Artículo 19.- El Gobierno dispondrá la creación y funcionamiento de Centros Estatales de Rehabilitación Fármaco-Dependientes y promoverá la creación de establecimientos privados de igual índole, cuyo régimen estará caracterizado por la asistencia social, médica y educativa prestada en forma dinámica e integral por un sistema sanitario, higiénico y alimenticio, operado por personal especializado.(*)
(*) Confrontar con los Artículos 2, 3 y siguientes del Decreto Legislativo Nº 824, publicado el 24 abril 1996
Artículo 20.- El drogadicto deberá ser sometido a tratamiento, el que podrá llevarse a cabo:
a) En su domicilio;

b) En establecimientos privados; y,

c) En Centros Estatales de Rehabilitación para Fármaco-Dependientes.
Artículo 21.- La asistencia a los drogadictos en los Centros Estatales puede ser solicitada:
a) Por el mismo drogadicto;

b) Por sus pacientes; y,



c) Por la autoridad judicial.
Artículo 22.- El Juez de Primera Instancia podrá disponer a pedido del Ministerio Público, o de parte interesada, la curatela del drogadicto no incurso en investigación como presunto autor de delito, que exponga a su familia a caer en la miseria o amenace la seguridad propia o ajena, o atente contra la moral y las buenas costumbres, pudiendo ordenar, de acuerdo a la capacidad económica, su internamiento en un centro estatal de rehabilitación o establecimiento privado.
Artículo 23.- Las medidas judiciales contenidas en el artículo anterior serán levantadas por la autoridad judicial competente cuando se acredite la total rehabilitación del drogadicto.
Artículo 24.- Cuando se trate de un drogadicto mayor de edad, no incurso en investigación como presunto autor del delito, la autoridad policial pondrá el hecho en conocimiento del Juez de Turno en lo Civil, quien lo citará dentro del término de cuarentiocho horas, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública, para interrogarlo.
Establecida la condición de drogadicto, el Juez convocará a los allegados del compareciente y dictará las medidas que considere conveniente para su rehabilitación.
Artículo 25.- Cuando se trate de un menor de edad que se encuentre drogado y no incurso en investigación como presunto autor de acto considerado como delito o falta, será puesto a disposición de sus padres, tutores o de las personas que lo tienen a su cuidado, dentro del término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad, remitiendo un informe al Juez de Menores, para que dicte las medidas pertinentes. Si el menor no estuviera a cargo de ninguna persona será puesto dentro del mismo término y bajo igual responsabilidad, a disposición del Juez de Menores.
Artículo 26.- El mayor o menor de edad que fuera reiterante en la drogadicción, obligatoriamente será internado por orden del Juez de Primera Instancia en lo Civil o del Juez de Menores, respectivamente, en un Centro de Rehabilitación para Fármaco-Dependientes.
Artículo 27.- El Juez de Primera Instancia en lo Civil o el de Menores, según corresponda de oficio podrá trabar embargo en los bienes del drogadicto o de sus representantes legales, a fin de solventar los gastos de rehabilitación.
Artículo 28.- La condición de drogadicto sólo se determinará previo peritaje médico legal, expedido a solicitud del Juez competente y con citación del representante del Ministerio Público, este último obligatoriamente presenciará el examen del estado mental que haga el Juez.
Los peritos médicos tendrán en cuenta la naturaleza y cantidad de las sustancias que han producido la dependencia, así como la historia y situación clínica del sindicato.
Artículo 29.- Cuando un drogadicto haya sido procesado como autor del delito de tráfico ilícito de drogas, el Tribunal podrá disponer su internamiento en un Centro Estatal de Rehabilitación para Fármaco-Dependiente, a cuyo término será puesto a disposición del Tribunal para que le imponga la condena penal compatible con el delito.
Artículo 30.- Cuando un drogadicto sea extranjero no residente, será expulsado del país, siempre que no esté comprendido como presunto autor de delito.
CAPITULO IV

DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONTROL
Artículo 31.- Queda terminantemente prohibido el cultivo de coca y almácigos en nuevas áreas del territorio nacional. Esta prohibición incluye renovaciones y recalces en los cultivos existentes.
Artículo 32.- El Estado fiscalizará el cultivo de todas las variedades de coca, adormidera y marihuana. Por Decreto Supremo, se podrá incorporar otras especies dentro del régimen de control.
Artículo 33.- Erradicado o sustituido el cultivo de la coca de los predios de propiedad individual y de las empresas asociativas, sólo el Estado a través de ENACO, podrá desarrollar dicho cultivo, cuando lo justifique su industrialización, exportación, uso medicinal o fines de investigación científica. El cultivo de las demás especies vegetales sujetas a fiscalización, será de exclusividad del Estado y únicamente para los fines que se indican en el párrafo anterior.
Artículo 34.- Los predios no conducidos directamente por sus propietarios y que se encuentren con cultivos de coca, serán afectados y expropiados prioritariamente por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, debiendo cancelarse del Registro de Productores de la Empresa Nacional de la Coca, a sus propietarios.
Artículo 35.- Serán incautados por el Estado y adjudicados a favor de los campesinos sin tierra, los predios de propiedad individual que total o parcialmente estuvieran cultivados con coca y no procedieran sus propietarios a sustituir o erradicar dichos cultivos dentro de los términos siguientes:
a) Predios de más de diez hectáreas, dentro de dos años computados desde la fecha de vigencia de la presente Ley; y,(*)
(*) Confrontar con los Artículos 1, 2 y 8 del Decreto Ley Nº 22926, publicado el 13 marzo 1980.
b) Predios de cinco a diez hectáreas, dentro de tres años computados desde la fecha de vigencia de la presente Ley.(*)
(*) Confrontar con los Artículos 1, 2 y 8 del Decreto Ley Nº 22926, publicado el 13 marzo 1980.
Artículo 36.- El Ministerio de Agricultura y Alimentación propondrá anualmente al Comité Multisectorial las áreas de erradicación y las de sustitución gradual del cultivo de coca, según el caso, de los predios de propiedad individual de menos de cinco hectáreas y los de las empresas asociativas, de acuerdo a la mayor capacidad de uso de la calidad de los suelos.(*)
(*) Confrontar con los Artículos 3 y 7 del Decreto Legislativo Nº 753, publicado el 12 noviembre 1991.
Artículo 37.- La Policía Forestal de la Guardia Civil del Perú colaborará especialmente en la aplicación y control de las normas de reducción y sustitución de los cultivos de coca, así como de los concernientes al cultivo de especies vegetales prohibidos; poniendo a los infractores inmediatamente a disposición de la Policía de Investigaciones del Perú, para los fines de Ley. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Ley N° 22926, publicado el 13-03-1980, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 37.- La Guardia Civil del Perú colaborará especialmente en la aplicación y control de las normas de reducción y sustitución de los cultivos de coca, así como de los concernientes al cultivo de especies vegetales prohibidos; poniendo a los infractores inmediatamente a disposición de la Policía de Investigaciones del Perú, para los fines de Ley”.
Artículo 38.- En los Proyectos de Asentamiento Rural que apruebe el Ministerio de Agricultura y Alimentación, tendrán prioridad en la adjudicación los campesinos cultivadores de la hoja de coca que estén comprendidos en los programas de erradicación; asimismo, estos campesinos tendrán preferencia en los contratos de reforestación que otorgue dicho Ministerio.(*)
(*) Confrontar con los Artículos 1, 2 y 8 del Decreto Ley Nº 22926, publicado el 13 marzo 1980.
Artículo 39.- Queda prohibido otorgar, bajo ningún título, asistencia técnica, crediticia, insumos, implementos o maquinaria, para predios total o parcialmente cultivados de coca, salvo para la sustitución de cultivo de la coca por otros cultivos.
Artículo 40.- El Ministerio de Agricultura y Alimentación, efectuará los estudios necesarios destinados a la sustitución de la coca por otros cultivos.
Artículo 41.- Sólo el Estado, mediante la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), realizará la comercialización interna y externa de la hoja de coca. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27634 publicada el 16-01-2002, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 41.- El Estado a través de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima -ENACO S.A.- realizará la industrialización y comercialización de la hoja de coca proveniente exclusivamente de los predios empadronados en aplicación de la primera disposición transitoria del Decreto Ley Nº 22095.
La industrialización comprende la elaboración de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y demás derivados de la hoja de coca de producción lícita con fines benéficos.”
Artículo 42.- Quedan sujetas a fiscalización los productos o insumos industriales utilizados en la elaboración de drogas, según relación aprobada por Decreto Supremo.
Artículo 43.- Los importadores y fabricantes de los insumos sujetos a fiscalización, llevarán un Registro Especial de Ventas en el que se indicará la cantidad vendida, nombre y apellidos del comprador, domicilio comercial y real de éste, así como el lugar donde ha sido entregada la mercadería; conforme a las disposiciones que establezca al respecto el Decreto Supremo a que se refiere el artículo anterior.
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