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Sintraime corte Suprema de Justicia


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República de Colombia

S
egunda instancia Tutela No. 69742
SINTRAIME

Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS
Magistrado Ponente:

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

Aprobado Acta No. 338


Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil trece (2013)
1. VISTOS:
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Transportadora y Comercializadora del Sector –SINTRAIME- Seccionales La Jagua de Ibirico, Valledupar y Chiriguaná, contra la sentencia proferida el 30 de agosto de 2013, por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de la cual negó la acción de tutela intentada contra el Ministerio de Trabajo, y las sociedades TRATECCOL LTDA y DIMANTEC LTDA, por la presunta vulneración de las garantías constitucionales de trabajadores sindicalizados, al debido proceso, mínimo vital, dignidad humana, igualdad, debido proceso, libre ejercicio de la actividad sindical, entre otros. Se integró al contradictorio a las empresas DRUMMOND LTDA y GECOLSA.

2. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

1. Informó el apoderado de SINTRAIME, que las empresa TRATECCOL y DIMANTEC LTDA, el 23 de julio de 2013, suspendieron sin previa autorización del MINISTERIO DEL TRABAJO, los contratos laborales de los trabajadores sindicalizados afiliados a esa asociación en las Seccionales La Jagua de Ibirico, Valledupar y Chiriguaná, justificando tal proceder en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, referidas a la huelga adelantada por trabajadores sindicalizados de las empresa DRUMMOND LTDA en las minas “EL DESCANSO” y “PRIBBENOW”.


2. Señaló el representante del sindicato, que TRATECCOL y DIMANTEC LTDA, a pesar de disponer de otros proyectos o frentes de trabajo con su cliente GECOLSA, en los que hubiera podido ubicar transitoriamente a los trabajadores que prestan sus servicios en las referidas minas de la DRUMMOND, prefirió suspender los contratos de trabajo de sus afiliados y tan sólo reubicó a los trabajadores no sindicalizados.
3. Advierte que la suspensión automática de los contratos de trabajo por el tiempo que dure la huelga, solo opera en relación con las partes en conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 449 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, para el caso en comento, la sociedad DRUMMOND LTDA y sus trabajadores directos, que pertenecen al sindicato SINTRAMINERGÉTICA.
4. Agregó que previo a la declaratoria de huelga de los trabajadores de la DRUMMOND, el presidente del sindicato SINTRAIME, elevó varias peticiones a las empresas accionadas, solicitando la reubicación de sus afiliados en otros frentes de trabajo, en razón del impacto que se preveía, incluso proponiendo se decretaran vacaciones colectivas o capacitaciones; soluciones que aduce no se tuvieron en cuenta.
5. Que igualmente, el presidente del sindicato, solicitó al Ministerio de Trabajo, Dirección Territorial Cesar, su intervención en el conflicto laboral, sin embargo, se le informó que no se había radicado solicitud alguna, sobre la suspensión de los contratos de dichos trabajadores y que en el caso de generarse se limitaría a actuar de conformidad con lo estipulado en el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, absteniendo de iniciar acción alguna en contra de las accionadas.
6. En vista de lo anterior, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Transportadora y Comercializadora del Sector SINTRAIME a través de apoderado, acude al juez de tutela para que se ordene a i) TRATECCOL y DIMANTEC LTDA, “pague los salarios a sus trabajadores que prestan los servicios en las minas “El Descanso y Pribbenow” de propiedad de la empresa DRUMMOND LTDA afiliados a las seccionales de ese sindicato LA JAGUA DE IBIRICO, VALLEDUPAR y CHIRIGUANÁ y que en lo sucesivo se les siga pagando a partir del día 23 de julio de 2013, fecha en la cual se les comunicó sobre la suspensión de sus contratos laborales” y al MINISTERIO DE TRABAJO, “inicie investigación administrativa en contra de TRATECCOL y DIMANTEC LTDA, por la arbitraria suspensión de los contratos laborales a los trabajadores que prestan sus servicios en las minas “El Descanso y Pribbenow” de propiedad de la empresa DRUMMOND LTDA”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN:
Una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, admitió la demanda de tutela, notificó la iniciación de la actuación a las entidades accionadas y vinculó a los terceros que pudieran verse afectados con la decisión que ponga fin a la solicitud de amparo incoada por el sindicato accionante.
Durante el traslado ofreció respuesta:

i) Los doctores NICOLAS YEMAIL CHARUM y OSWALDO JOSÉ ANDRÉS MAHECHA, en su condición de apoderados especiales de DIMANTEC y TRATECCOL, respectivamente, al unísono señalaron que no todos sus trabajadores prestan servicios en ejecución del contrato celebrado con GECOLSA en los complejos mineros de DRUMMOND LIMITED.


Destacaron igualmente que sus representadas notificaron al Ministerio de Trabajo, Chiriguaná, sobre la suspensión de los contratos de trabajo, el 23 de julio de 2013, no obstante, recibieron respuesta el 2 de agosto del mismo año, donde se indicó por dicha autoridad que por tratarse de un caso de fuerza mayor o caso fortuito no requería de autorización, conforme lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 50 de 1990.
Agregaron que existe concepto emitido por el Inspector José Gregorio Márquez, que da cuenta del bloqueo existente en la entrada de la mina por parte del sindicato SINTRAMIENERGÉTICA, lo que imposibilita el ingreso del personal a desarrollar sus actividades.
Finalmente aclararon que la suspensión de los contratos se dispuso no solo para el personal sindicalizado, sino también para los no asociados.
ii) El doctor JOHN SANTIAGO RUÍZ ALFONSO, Asesor Adscrito a la Oficina Jurídica del Ministerio de Trabajo, informó que ofreció respuesta a la petición del sindicato calendada fecha 25 de julio de 2013, en los siguientes términos:
Le comunicamos que ante nuestras oficinas no se ha solicitado el trámite de autorización para la suspensión de los contratos de trabajo por parte de las empresas antes mencionadas, por el contrario se allegó documento donde se nos informa la decisión de la empresa de suspender los contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad a lo que establece el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, fundamentando la causal respectiva en el hecho del cese de actividades promovida por SINTRAMINIENERGÉICA en la empresa Drummond Ltda, quien es cliente de las empresas GECOLSA y NTS National Truck Services S.A.
Vale la pena aclarar que para el caso en concreto, no es necesario que medie autorización del Ministerio por cuanto es el empleador quien una vez identificada la circunstancia de fuerza mayor apoyado en las normas del CST, puede decidir acerca de las suspensión de los contratos informando de tal decisión al inspector de trabajo, según lo dispone el artículo 67 numeral 2º.”
Adjunto copia de las comunicaciones de suspensión de contratos hechas por las empresas TRATECCOL y DIMATEC LTDA.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:
La Corporación referenciada previo el estudio de las copias que hacen parte de este trámite constitucional resolvió negar el amparo solicitado por encontrar ausente el requisito de subsidiariedad de la acción, al advertir que los demandantes cuenta con otro medio para lograr el reconocimiento y pago de sus salarios, esto es a través de un proceso ordinario donde se pueda generar un adecuado debate probatorio. Señaló además que los derechos pretendidos son de contenido netamente económico y no se logró demostró trasgresión de derechos por parte de las entidades accionadas.
5. IMPUGNACIÓN:
Inconforme con la decisión del Tribunal, el apoderado especial de SINTRAIME Seccionales La Jagua de Ibírico, Valledupar y Chiriguaná, la recurrió y con argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial de tutela, solicitó su revocatoria, insistiendo que es válido acudir a la vía constitucional por tratarse de derechos del trabajo, ligados “a la calidad de vida del trabajador, puesto que este y su familia dependen de su salario para sobrevivir, pues de no ser así, muy probablemente no trabajaría de suerte que un proceso judicial ordinario no es una alternativa efectiva, puesto que expondría al trabajador a tener dificultades para su sobrevivencia por un tiempo imposible de soportar, llegando a comprometer seriamente derechos fundamentales del trabajador.”

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA:
1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.
2. La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario y residual, ya que está concebida como medio de protección a falta de otra vía procesal idónea y oportuna para conseguir el amparo integral del derecho vulnerado, o como mecanismo transitorio (excepcionalmente definitivo) ante la inminencia de un perjuicio irremediable.

 

3. En cuanto al incumplimiento en el pago de salarios y otras retribuciones laborales, la Corte Constitucional ha sostenido que la falta de contraprestación por la labor desempeñada genera “en la mayoría de los casos, una crisis de ingreso que le impide atender sus necesidades y las de su familia”,1 configurándose entonces la conculcación del derecho fundamental al ingreso mínimo que posibilite la subsistencia digna, ameritándose el amparo constitucional.



Bajo tal entendido, la referida corporación ha señalado unas hipótesis fácticas, que deben ser verificadas para que proceda el reconocimiento y pago de los salarios por vía de tutela, a saber:

 

i) Que exista un incumplimiento en el pago del salario al trabajador, que por su parte, haya cumplido sus obligaciones laborales.



 

ii) Que el incumplimiento implique una vulneración al mínimo vital de la persona, presumible cuando el retardo es prolongado o indefinido, dependiendo de cada situación en concreto.

 

iii) La presunción de afectación al mínimo vital debe ser desvirtuada por el demandado o por el administrador de justicia, mientras que al actor solo le  corresponde alegar y probar, siquiera sumariamente, que el incumplimiento salarial lo coloca en situación crítica, debido a la carencia de recursos de otra procedencia, que permitan asegurar la subsistencia digna.

 

iv) Los argumentos económicos, presupuestales o financieros no justifican que se omita el cubrimiento oportuno de los emolumentos, sin que ello obste para que dichos factores sean tenidos en cuenta al momento de impartir la orden tutelar, en cuanto a la procuración de los recursos necesarios para hacer efectivo el pago.”2 
4. En el asunto objeto de estudio, es claro que el sindicato no aportó prueba si quiera sumaria de la afectación de los derechos al mínimo vital de alguno o todos de sus afiliados, solamente se limitaron a señalar que en razón del conflicto laboral y la consecuente suspensión de contratos laborales, se generó la vulneración, sin tener en cuenta que por tratarse de una situación transitoria, pues finalmente se aportó comunicación de la empresa DIMANTEC LTDA, donde se indica que se reanudaron los contratos el pasado 15 de septiembre, dicho lapso bien pudo haberse soportado ejerciendo otro tipo de actividad laboral, sin que exista evidencia que alguno de los asociados estaba en imposibilidad de hacerlo o lograrlo.
5. Además, como bien señala el Tribunal, no es la acción de tutela el escenario para entrar a considerar si el proceder de las empresas fue o no ajustado a la ley, por existir los mecanismos adecuados, esto es la jurisdicción ordinaria, vía en la que igualmente se podrá solicitar el pago del salario dejados de percibir, además que dicho proceder tampoco fue descalificado por el Ministerio de Trabajo.
6. Ahora bien, en relación con la actuación del Ministerio de Trabajo, tampoco se advierte vulneración de derechos fundamentales, así se aprecia de la respuesta brindada al sindicato, como también la allegada en el marco de esta acción constitucional, quien constata que fue comunicado sobre la suspensión de los contratos laborales de las empresas TRATECCOL Y DIMANTEC LTDA, sin embargo, por tratarse de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito no era necesario que mediara autorización, conforme lo señalado en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990. Sin embargo, los actos administrativos emanados por dicha entidad pueden igualmente ser controvertidos en la jurisdicción contenciosa administrativa.

7. Ahora bien, pertinente es igualmente señalar que si la petición de amparo tiene por finalidad la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, es evidente que carece de objeto cuando la acción u omisión de la autoridad pública o de los particulares, en los casos expresamente previstos en la ley y que se denuncia como vulneradora de derechos, ha cesado, situación ante la cual la protección constitucional deviene improcedente


8. La anterior precisión resulta del todo aplicable al asunto objeto de estudio, si se tiene en cuenta que tal como lo puso de presente el doctor NICOLAS YEMAIL CHARUM, apoderado especial de DIMANTEC LTDA, el pasado 15 de septiembre de 2013, cesaron las causas que generaron la suspensión de los contratos laborales y se citó a todos los trabajadores para reactivar labores, siendo notificados a través de los principales periódicos del Departamento y corriendo traslado al Ministerio de Trabajo.
9. Vistas así las cosas y sin lugar a dudas, las anteriores circunstancias llevan a inferir a la Sala que en este evento se presentó el fenómeno conocido en los trámites del amparo constitucional como “hecho superado” que sustenta la declaratoria de improcedencia de la tutela, en atención a lo previsto en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, razón por la cual se confirmará la sentencia objeto de impugnación, pues en virtud de tal situación procesal, cualquier pronunciamiento del juez en este momento carecería de objeto, al desaparecer la razón de ser del instituto, que es la protección inmediata de los derechos fundamentales que se invocan en la demanda, criterio igualmente sostenido por la Corte Constitucional al precisar que:
El hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que carece de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela.
En efecto, si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.3
En tales circunstancias, este recurso jurídico resultaba improcedente por carencia de objeto o sustracción de materia porque el hecho que inicialmente vulneró o amenazó con lesionar el derecho fundamental respectivo, desapareció.

En mérito de lo expuesto, la Corte suprema de Justicia, Sala de Decisión Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,



RESUELVE:
1.- CONFIRMAR la decisión proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de agosto de 2013. Y,
2.- REMITIR el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ


NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA



Secretaria

1 Corte Constitucional, Sentencia T-552 de 2009, reiterado T-093 de 2010

2 Corte Constitucional, Sentencia T-208 de 2011

3 Corte Constitucional. Sentencia. SU.540-07, reiterado sentencias T-585 de 2010 y T-058 de 2011



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