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Sentencia t-070/07 accion de tutela contra sentencias-reiteración de jurisprudencia accion de tutela contra sentencias


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Sentencia T-070/07
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Procedencia excepcional
CORTE CONSTITUCIONAL-Aplicación precedente atendiendo el efecto erga omnes de los fallos de constitucionalidad
VIA DE HECHO-Defectos para calificar una sentencia como tal
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Es más adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de procedibilidad” que el de “vía de hecho”
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Obligatoriedad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se debe verificar en cada caso concreto la procedencia
ACCION DE TUTELA-Procedencia por vulneración o amenaza de derechos fundamentales por acción u omisión de cualquier autoridad pública/JUEZ-Es autoridad pública y sus providencias constituyen su principal forma de acción/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia cuando constituyen vías de hecho/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos erga omnes
CORTE CONSTITUCIONAL-Interpretación con autoridad de sus mismas sentencias
ACCION DE TUTELA PARA RELIQUIDACION DE PENSIONES-Cumplimiento de requisitos genéricos de procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Decisión de darle trámite se ajusta a lo establecido por la Corte Constitucional/CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva
REGIMEN DE TRANSICION SEGUN LEY 100 DE 1993-Pensionados cumplen requisitos previstos en la Ley 33 de 1985
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Fórmula de cálculo
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Reconocimiento en sentencias de instancia/INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Inconformidad con fórmula aplicada por los jueces
SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No incurrió en vía de hecho pues aplicó la fórmula y lo previsto en artículo 36 de la ley 100/93 para obtener la indexación de la primera mesada pensional
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Actualización del promedio devengado anualmente y no globalmente según artículo 36 de la Ley 100/93
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Improcedencia por interpretación de la ley
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No existe falta de motivación
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No desconoció el precedente jurisprudencial

Reiteración de Jurisprudencia


Referencia: expedientes acumulados T-1424117 y T-1431017.1
Acciones de tutela instauradas por separado por Jorge Rubio Ávila; y por Gustavo Patiño Carrillo y otros contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente:

Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Bogotá D.C., primero (1) de febrero de dos mil siete (2007).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dentro del expediente T-1424117 en el proceso instaurado a través de apoderado judicial por Jorge Rubio Ávila y dentro del expediente T-1431017 en el proceso instaurado por Gustavo Patiño Carrillo, Antonio Gómez, Hugo Salvador Zambrano Acuña, Bernarda Alicia Garreta, Leonel Rivas Minota, Héctor Jaime López Gil, José Antonio Macias Sopo y Esau Andrade Obregón actuando en nombre propio y como agentes oficiosos de los señores Salvador Triana, Luis Eduardo Silva Cortés, Carlos Alberto Arciniégas Galindo, Nolasco Olaya Prieto, Nohora Herrera de Quintero, Álvaro León Martínez Balcazar y Ramón Eugenio Duque Hincapié contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

I. ANTECEDENTES
1. Demandas de tutela


  • Expediente T-1424117

Jorge Rubio Ávila a través de apoderado judicial instauró el 10 de mayo de 2006, acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que ésta le vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso. Sostiene que la accionada incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo al inaplicar normas constitucionales. Los hechos que fundamentan la acción de tutela son los siguientes:


1. Afirma el accionante, que estuvo vinculado al Banco Cafetero entre el 2 de noviembre de 1963 y el 31 de julio de 1988, razón por la que mediante Resolución No.030 del 6 de marzo de 2000, la entidad bancaria le reconoció la pensión de jubilación oficial, en la que no tuvo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y desconoció que el promedio salarial para determinar el monto de la pensión debería ser indexado.
2. Por lo anterior, instauró demanda en proceso ordinario laboral contra el Banco Cafetero, para obtener la reliquidación de la primera mesada pensional, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplicando la variación del Índice de Precios al Consumidor – IPC, que afectó la base de liquidación a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo, hasta la fecha en que empezó a disfrutar de la pensión de jubilación.
3. Al contestar la demanda el Banco Cafetero, aceptó la relación laboral y el salario devengado y argumentó que la pensión que reconoció es la prevista en el régimen pensional de la ley 100 de 1993 y por tanto la primera mesada pensional deberá indexarla el ISS o la entidad administradora de pensiones, cuando asuma la pensión del actor en la parte que corresponda.
4. En su sentencia del 13 de mayo de 2003, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, D.C. condenó a la demandada a reajustar el valor inicial de la pensión de jubilación a la cantidad mensual de $1.120.170 y a pagar las diferencias que resulten al realizar la reliquidación de la mesada y el reajuste de las mesadas adicionales.
5. El Banco apeló la sentencia del Juzgado, la cual fue modificada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en providencia del día 29 de octubre de 2004, al considerar que la mesada inicial de la pensión de jubilación a que tiene derecho el actor debía ser la cantidad de $942.474.17 a partir del 19 de enero de 2000.
6. El Banco Cafetero interpuso recurso de casación, el cual fue resuelto mediante sentencia del día 14 de marzo de 2006, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que decidió casar la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., y por tanto modificó el fallo de primera instancia al ordenar al Banco Cafetero reajustar la pensión en la suma de $388.705, con los incrementos legales.
Por lo anterior, considera que el fallo proferido por el alto tribunal, ha vulnerado su derecho fundamental a la igualdad por cuanto pese a encontrarse en circunstancias similares a la de otros pensionados en los que la misma corporación ha reconocido la indexación de la primera mesada pensional, se apartó de su propio precedente y resolvió desfavorablemente las pretensiones del actor profiriendo un fallo abiertamente discriminatorio. En su escrito de demanda, cita algunas de las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia para señalar la vulneración aludida y la vía de hecho en que se ha incurrido.
Así las cosas, solicita se deje sin efecto la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y se libren las órdenes que el fallo contenga, directamente a la entidad bancaria por ser la que debe reconocer, liquidar y pagar la pensión de jubilación del accionante.
Trámite previo.
Previo a iniciar el trámite de la presente acción de tutela, la misma fue instaurada a través de apoderado judicial por el señor Jorge Rubio Ávila, contra la sentencia de casación dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 14 de marzo de 2006.
Mediante providencia proferida el 30 de mayo de 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazó la demanda de tutela, por cuanto estaba dirigida contra una sentencia de casación de la Sala Laboral, la cual es “intangible e inmutable”, y por tanto sus decisiones expedidas en su condición de órgano límite pueden controvertirse por ninguna otra autoridad judicial, bajo ningún pretexto por cuanto no existe corporación o entidad que tenga jerarquía superior en esa área funcional.
En vista de lo anterior, y con fundamento en el Auto 004 del 17 de febrero de 2004 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que autoriza, como máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, acudir ante cualquier juez para presentar las acciones de tutela, en caso de rechazo del trámite de la acción de tutela contra providencias judiciales, mediante auto del 20 de junio de 2006, la sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, admitió el trámite de la acción de tutela presentada por el señor Jorge Rubio Ávila.
- Expediente T-1431017
Gustavo Patiño Carrillo, Antonio Gómez, Hugo Salvador Zambrano Acuña, Bernarda Alicia Carreta, Leones Rivas Minota, Héctor Jaime López Gil, José Antonio Macias Sopo y Esas Andrade Obregón actuando en nombre propio y como agentes oficiosos de los señores Salvador Tirana, Luís Eduardo Silva Cortés, Carlos Alberto Arciniegas Galindo, Nolasco Olaya Prieto, Nohora Herrera de Quintero, Álvaro León Martínez Balcazar y Ramón Eugenio Duque Hincapié, instauraron acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Los hechos que fundamentan la acción son los siguientes:
1. Los accionantes mediante apoderado judicial demandaron laboralmente al Banco Popular S.A., con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con la indexación de la primera mesada.
2. Mediante sentencia proferida el 21 de febrero de 2003, el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., condenó a la entidad bancaria a pagar la pensión de jubilación a la mayoría de los demandantes excepto a José Antonio Macias Sopo, Esau Andrade Obregón, Bernarda Garreta de Ortega, Carlos Arciniegas Galindo y Álvaro León Martínez Balcazar.2 Consideró el Juzgado que para establecer el monto de la pensión de jubilación se debía actualizar el ingreso base “tal como lo ha entendido la Corte, apoyada en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100/93”.
3. No obstante que el despacho judicial accedió a indexar la primera mesada, con la fórmula matemática que incluye el IPC, al momento de aplicar la fórmula, se cometieron errores que antes de actualizar los salarios arrojaron guarismos por debajo del salario mínimo. Por lo anterior, en el escrito de apelación de la sentencia de primera instancia, los demandantes efectuaron de manera correcta la operación matemática que el Juzgado había anunciado, arrojando ese ejercicio resultados distintos a los liquidados por el Juzgado.
4. Pese a lo anterior, mediante sentencia proferida el 16 de mayo de 2003, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., incurrió en el mismo error respecto de la operación matemática y además tomó como bases salariales sumas que no corresponden a la realidad.3
5. Los demandantes interpusieron recurso extraordinario de casación, sustentado básicamente en los errores cometidos por los falladores de instancia en la indexación de la primera mesada pensional, el cual fue resuelto mediante sentencia del 2 de febrero de 2005, por la Sala de Casación Laboral, en la que concluyó que el sentenciador no incurrió en el error anunciado.
Por lo anterior, estiman los accionantes que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad, toda vez que en casos similares, cuyos radicados citan en el escrito, ha ordenado actualizar la base salarial para liquidar el monto de las mesadas pensionales de los extrabajadores del Banco Popular, con lo cual se ha dado en este caso un trato desigual y discriminatorio alejado de toda razonabilidad. Adicionalmente consideran que el alto Tribunal ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso al no haber aplicado en debida forma las normas de la Constitución Política, la Ley 100 de 1993 y la propia jurisprudencia sobre indexación del salario base para liquidar el moto de la primera mesada pensional.
Así las cosas, solicitan se restablezca los derechos fundamentales que consideran vulnerados y se ordene a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia modificar la Sentencia del 2 de febrero de 2005, para aplicar de manera correcta la actualización de la base salarial para liquidar el monto de las mesadas pensionales y se efectúen las operaciones matemáticas del caso.
Trámite previo.
Previo a iniciar el trámite de la presente acción de tutela, la misma fue instaurada a nombre propio por el señor Gustavo Patiño Carrillo y otros, contra la sentencia de casación dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 2 de febrero de 2005.
Mediante providencia proferida el 9 de mayo de 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazó la acción de tutela, por cuanto estaba dirigida contra una sentencia de casación de la Sala Laboral, la cual es “intangible e inmutable”, y por tanto sus decisiones, expedidas en su condición de órgano límite no pueden ser controvertidas por ninguna otra autoridad judicial, bajo ningún pretexto por cuanto no existe corporación o entidad que tenga jerarquía superior en esa área funcional.
En vista de lo anterior, y con fundamento en el Auto 004 del 17 de febrero de 2004 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, el 23 de junio de 2006, los accionantes a nombre propio instauraron la demanda de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, la cual fue admitida mediante auto del 6 de julio de 2006.
2. Contestación de las entidades accionadas


  • Expediente T-1424117.


Corte Suprema de Justicia.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante memorial radicado el 30 de junio de 2006, dio respuesta a la acción de tutela precisando que el Consejo Superior de la Judicatura no puede asumir el conocimiento y el trámite de la presente acción de tutela, toda vez que el asunto fue objeto de sentencia por parte de esa corporación, a través de la sentencia que puso fin al recurso extraordinario de casación interpuesto por Bancafé y en consecuencia no puede ser nuevamente intentada ante una autoridad judicial diferente.
De otra parte, sostiene que la Constitución Política no previó expresamente la tutela contra decisiones judiciales y el conocimiento del recurso de casación es atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y, por tanto, ningún otro órgano ni corporación de justicia puede producir decisiones en este campo. Como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria es el órgano de límite y sus decisiones no pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad pues son intangibles, últimas y definitivas.
Adicionalmente, considera que el Decreto 1382 de 2000, revisado en su legalidad por el Consejo de Estado, asigna a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las demandas que se presenten contra sus propios actos y no al Consejo Superior de la Judicatura.
Así mismo considera que la Corte Constitucional no se encuentra autorizada para atribuir competencias judiciales toda vez que la misma esta reservada al legislador. Esa arbitraria atribución de competencias induce en error al usuario del servicio y congestiona los órganos judiciales, así lo ha sostenido la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en reciente fallo.
Por lo anterior, concluye que no tiene ningún efecto jurídico la atribución de competencias efectuada por la Corte Constitucional para conocer de esas acciones a otras autoridades judiciales distintas de las señaladas en el ordenamiento legal y, en consecuencia considera que la Corte Constitucional ha actuado por fuera de sus funciones, con desconocimiento de los principios propios del estado de derecho, razón por la cual debe declararse la nulidad de lo actuado y rechazarse la presente acción de tutela.
Banco Cafetero.
Mediante escrito presentado ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, la apoderada general del Banco Cafetero en Liquidación dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos:
En primer lugar, efectuó algunas precisiones en relación con la naturaleza jurídica de la entidad accionada y sobre las decisiones judiciales y su cumplimiento por parte del Banco. Aseguró que, en acatamiento del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, procedió a realizar la reliquidación correcta mensual y reconciliación de valores pagados a los pensionados, lo que arrojó la suma de $10.095.922 a favor del accionante, que fue consignada en depósito judicial el día 25 de mayo de 2006, correspondiente al reajuste de la mesadas pensionales durante el periodo comprendido entre el 19 de enero de 2000 y el 18 de enero de 2005, fecha a partir de la cual fue extinguida la pensión de jubilación oficial en virtud de las normas que regulan la compatibilidad de pensiones.
Así entonces, siendo claro la forma como el Banco ha dado cumplimiento al fallo, es imperioso concluir la improcedencia del amparo solicitado por estar conforme a lo dispuesto a las sentencias judiciales que hicieron tránsito a cosa juzgada y además por cuanto no se dan los presupuesto de hecho y de derecho para solicitar la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados, en tanto que mediante sentencia judicial ya se dispuso la actualización de la pensión y las sumas que resultaron a favor del accionante ya fueron pagadas.
Concluye que al no evidenciarse una trasgresión del ordenamiento en la Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, ni la existencia de una vía de hecho, ésta no puede ser revocada por vía de tutela, pues se vulneraría el principio de la cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía funcional de los jueces.
Por último, en relación con la fórmula empleada para la liquidación, sostiene que es la más acertada y la que ha sido reiterada en innumerables oportunidades por la Corte Suprema de Justicia, en varios de sus fallos que cita en el escrito de respuesta. También afirma que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca ha concluido la inexistencia de una vía de hecho en algunos de sus fallos en los que se solicitó por vía de tutela que la actualización de la mesada pensional se liquidara de diferente manera.
- Expediente T-1431017.
Corte Suprema de Justicia.
Mediante memorial del 12 de julio de 2006 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dio respuesta a la acción de tutela para indicar en primer lugar que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca carece de competencia para conocer de la acción de tutela instaurada contra la Corte Suprema de Justicia, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1382 de 2000, actualmente vigente, lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión que corresponda.
En segundo lugar, insiste en que la acción de tutela debe ser rechazada pues la Constitución Política no previó expresamente la tutela contra decisiones judiciales y por cuanto el conocimiento del recurso extraordinario de casación es atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y, por tanto, ningún órgano ni corporación de justicia puede producir decisiones en este campo.
Como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria la Corte Suprema de Justicia es un órgano límite y por tanto sus decisiones no pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad, son intangibles, últimas y definitivas dentro de la respectiva especialidad.
En consecuencia, se deberá declarar la falta de competencia para conocer la presente acción de tutela, rechazarla, o en su defecto, declararla improcedente.
Banco Popular.
Mediante escrito presentado el 12 de julio de 2006 la Asistente de Asuntos Laborales (E) del Banco Popular intervino como entidad con interés jurídico en la presente acción de tutela para solicitar el rechazo de la misma, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
En primer lugar, considera que la acción de tutela no procede contra sentencias debidamente ejecutoriadas y, además por cuanto este mecanismo no fue creado como una instancia adicional o paralela a las establecidas legalmente o como un mecanismo para lograr la reapertura de procesos ya fallados y corregir las deficiencias en que incurrió en su trámite.
Al declararse la inexequibilidad de las normas que permitían la tutela contra decisiones judiciales es claro que ninguna otra autoridad tiene la facultad legal o constitucional de modificar o alterar las sentencias que han hecho transito de cosa juzgada .
Sostiene que en virtud del principio de la autonomía de los jueces las decisiones judiciales no pueden ser interferidas, anuladas o cambiadas por otro juez o funcionario diferente al del proceso y, por tanto, un juez de tutela no puede invadir el ámbito de otras jurisdicciones para resolver puntos, aspectos de derecho, cuyo conocimiento ha reservado a la misma Constitución para éstas.
Con el proceder del demandante al acudir a este mecanismo, se están violando principios constitucionales como el de la cosa juzgada y el de la autonomía funcional de los jueces a mas de que incurre en obstrucción del acceso a la administración de justicia y al rompimiento de la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, con lo cual se concluye que el amparo no procede contra ninguna providencia judicial.
3. Decisiones de Instancia
Expediente T-1424117
Primera instancia.
Mediante Sentencia proferida el 5 de julio de 2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negó el amparo solicitado.
Precisa en primer lugar el fallador, la competencia de la Sala de decisión para conocer de las acciones de tutela formuladas por cualquier persona que reclama el amparo de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales y el carácter extraordinario, supletivo y subsidiario de ese mecanismo constitucional ante la inexistencia de otros medios de defensa judicial y su utilización transitoria ante la presencia de un prejuicio irremediable.
Dados los anteriores planteamientos, sostiene que en el presente caso, la competencia de la acción fue asumida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en virtud del contenido del auto del 3 de febrero de 2003, proferido por la Sala Plena de la Corte Constitucional que autoriza a los accionantes para solicitar ante cualquier juez la protección de sus derechos fundamentales mediante la acción de tutela siempre que, como en este caso, el amparo haya sido rechazado por el órgano competente para fallar de fondo.
Considera el fallador que no se presenta la vía de hecho alegada por el tutelante, en tanto que se dispuso la actualización de su primera mesada pensional, y además por que el fallo cuestionado se encuentra sustentado en la Sentencia del 30 de noviembre de 2000, proferida por la misma corporación, que determina la manera como se actualiza la pensión cuando el actor no ha devengado salario alguno ni cotizado durante el periodo de tiempo previsto en la Ley. Otra cosa, es que sin expresarlo en concreto pretenda el accionante atacar por vía de tutela la aplicación de la fórmula que empleó la Sala de Casación para liquidar la actualización de su pensión, que inclusive generó una reliquidación y un pago por parte del Banco.
Por el hecho de no acoger la fórmula usada por el Tribunal para determinar el monto de la indexación, no puede tildarse la decisión de caprichosa o arbitraría, pues al contrario denota una posición razonada ante el tema en cuestión y además, alcanzó el valor de cosa juzgada. Tampoco se puede predicar del fallo cuestionado la incurrencia en una vía de hecho, pues la interpretación dada al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ante las diversas posiciones interpretativas existentes al interior de la corporación, ha sido sustentada en la jurisprudencia de manera razonada y dentro de un marco jurídico que depende de la autonomía funcional y la independencia propia de los jueces, lo que hace improcedente entonces la acción de tutela.
De otra parte sostiene que estando los funcionarios judiciales al dictar sus providencias sometidos al imperio de la ley y siendo la jurisprudencia un criterio auxiliar, el precedente judicial no es obligatorio y en consecuencia no puede tacharse tales decisiones de irregulares máxime cuando en las mismas se ha observado el principio de la equidad.
Por lo anterior concluye que no es posible afirmar que la autoridad accionada, haya incurrido en una arbitrariedad contraria al ordenamiento legal, toda vez que la decisión cuestionada fue adoptada con un criterio jurisprudencial mayoritario, sometido al imperio de la ley y no a su voluntad o capricho, dado que han sido tomadas dentro del marco funcional que le asiste a la Sala accionada.
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